El Consejo de Ministros de Italia aprueba por unanimidad medidas de flexibilización: a partir del 1 de mayo adiós al Pase Verde y obligación de uso de mascarillas en espacios cerrados.

 

El aumento de los casos de covid y gripe retrasa la retirada de las mascarillas​

La comisión de Salud Pública continuará hoy los trabajos para definir el plan de vigilancia de la covid una vez que remite la sexta ola, un plan transitorio a la espera de que se ponga en marcha el año que viene (primer trimestre) una estrategia global de salud pública. Se espera que los responsables del Ministerio de Sanidad y los de salud pública de las comunidades acuerden cuándo y cómo eliminar la obligación de llevar mascarillas en los espacios interiores, aunque fuentes regionales informan a este periódico que el fin de esta prenda se retrasará “unas semanas” en vista de la situación epidemiológica de España.

Esta situación hace referencia no sólo a la covid (ligero aumento de casos, pero no de hospitalización, informan desde el departamento de Carolina Darias), como de la gripe (las comunidades constatan un aumento claro de casos tras más de dos años con el virus bajo mínimos). La mascarilla en ambos casos es el mejor instrumento para combatirlos, por lo que se esperará unas semanas para empezar a eliminarlas de los interiores, salvo en “entornos vulnerables” como hospitales, centros de salud, centros de día y transporte público.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, informó ayer del “crecimiento vertical” de los casos de gripe en Catalunya y reconoció su “preocupación por los estragos que esta enfermedad puede causar en la gente mayor”. Para prevenir el contagio, lo mismo que con la covid: mascarilla, higiene de manos y distancia social, indicó el conseller.

Pese a ello, Argimon sigue defendiendo la retirada las mascarillas (aunque en este momento en un tono menos rotundo), aunque reconoce que no hay consenso entre las comunidades. “Volveremos a debatirlo en el consejo interterritorial de la próxima semana”, explicó.

Hoy Sanidad y comunidades terminarán de perfilar la nueva estrategia de vigilancia de la covid, que estará centrada en el seguimiento de los casos graves y en los “brotes epidémicos en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés”, tal y como hicieron constar en la llamada “declaración de Zaragoza” que suscribieron la semana pasada.


Las autoridades políticas y sanitarias son perfectamente conscientes de su INUTILIDAD y del DAÑO que están causando, especialmente en los niños donde en muchos casos será IRREPARABLE.
Pero les da exactamente igual, su objetivo es hacer el máximo daño posible, ganar dinero y evitar a toda costa la celebración católica de la Semana Santa. Y si la farsa covid ya no es suficiente, pues le echan la culpa a la gripe y listo.
 

Moderna empieza a producir en España 100 millones de vacunas para el mundo​

Lo de Moderna con España es el comienzo de una bonita amistad. Según ha podido confirmar Vozpópuli por fuentes de la compañía, la planta de Granada, que forma parte del acuerdo suscrito con Rovi a largo plazo, ya está produciendo su vacuna contra la covid-19. Faltaba la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), algo que ha conseguido de manera reciente.

Este avance supone que España ya es capaz de producir "end to end" las vacunas de Moderna para el coronavirus. Es decir, que se produce toda la vacuna de principio a fin en nuestro país. La compañía estima que producirá 100 millones de dosis anuales que serán distribuidas no solo en Europa, sino por todo el mundo. La compañía especializada en ARN, en colaboración con la farmacéutica Rovi, ha apostado firmemente por nuestro país para el desarrollo de esta infraestructura, y nos convierte en el principal centro de producción de medicamentos ARN de Europa.

Hasta ahora, España se encargaba del envasado de la mayor parte de los viales de Moderna distribuidos por Europa. La fábrica de Laboratorios Rovi en San Sebastián de los Reyes se encargaba de este proceso. Recibía la 'drug substance' desde Estados Unidos. Ahora, el proceso será más sencillo y rápido al proceder la sustancia directamente de Granada.

España se pone así a la cabeza en Europa en la fabricación de vacunas para esta compañía. Al margen, Moderna cuenta con un centro en Suiza y otro pequeño en Francia, pero ninguno con la capacidad de producción de las fábricas españolas. Tanto en España como en los otros países europeos, Moderna ha apostado por acuerdos de colaboración con otras empresas para fabricar su vacuna.

Una estrategia en línea con una farmacéutica que nació, principalmente, para estudiar las distintas aplicaciones del ARN mensajero. La vacuna contra la covid-19 fue el primero de sus ensayos que llegó a buen puerto tras años sin ningún medicamento en su portfolio y muchos millones de dólares de inversión. La compañía quiere que sus productos sigan la línea de la vacuna: descubrir la patente -de fármacos que utilicen tecnología ARN- y llegar a acuerdos con otras empresas para su producción a gran escala.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se interesó por el proyecto de Moderna en España y visitó las instalaciones de Rovi en Granada a principios de enero. Allí, el jefe del Ejecutivo puso en valor que Moderna haya elegido España para consolidar su presencia en Europa, "siendo nuestro país uno de los principales productores de la vacuna contra la Covid-19 a nivel mundial". Su viaje no estuvo exento de polémica, pues utilizó el Falcón como medio de transporte y aprovechó su estancia allí para acudir a un acto del PSOE andaluz.

Lo que parece que será para largo será la relación de Moderna con Laboratorios Rovi. Recientemente, anunciaron una colaboración a largo plazo para aumentar las capacidades de composición, llenado, aséptico, inspección, etiquetado y envasado de las instalaciones de la compañía española situadas en Madrid, San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares.

Futuros fármacos​

La instalación de Moderna en España a través de los acuerdos con Rovi abre la puerta a la explotación de diversas vías terapéuticas en las que está trabajando la farmacéutica norteamericana. De hecho, como ya contó este diario, Moderna tiene en marcha varios proyectos para desarrollar distintos tipos de vacunas contra el cáncer. Serían tratamientos completamente personalizados. De cada persona con cáncer se extraerían partículas del tumor para desarrollar el antígeno que genere la respuesta inmunitaria deseada.

La compañía tiene en marcha 37 programas de investigación, de los cuales 21 están ya en fase clínica. Entre las líneas terapéuticas en las que está investigando la compañía se encuentran:
  • Vacuna combinada covid-gripe-influenza-virus sincitial respiratorio.
  • Vacuna para virus DNA latentes (VIH, Epstein bar–esclerosis múltiple).
  • Virus Zika.
  • Virus Nipa (potencialmente pandémico según la OMS).
  • Enfermedadesraras.
 

Si creían que se habían olvidado ya de la farsa, desde Austria nos demuestran que no es así​

Estábamos todos tan felices pensando que íbamos a pasar una Semana Santa tranquila y, poco a poco, nos vamos dando cuenta que no. Que no nos van a dejar en paz. Que van a seguir intentando amargarnos la vida. Y viendo lo que están “maquinando” en otros países, nos podemos ir poniendo las barbas a remojar porque, estén seguros, todo esto acabará llegando a España.

En primer lugar, Estados Unidos. Y es que parece ser que Fauci ha dejado caer que volverá a haber nuevos confinamientos, tal y como se informa en el digital ‘Infowars‘. Pero tampoco nos hace falta irnos demasiado lejos, el ejemplo claro es Austria. Y es que, según parece, las autoridades austriacas pretenden imponer, de nuevo, la obligatoriedad de mascarillas en interiores, debido al supuesto aumento de contagios provocado por la “variante” BA.2 Omicron.

Es decir, a medida que en el conflicto entre Rusia y Ucrania parece que podría llegarse a un acuerdo de alto el fuego, por lo que vamos sabiendo de las negociaciones, la historia del virus vuelve a resurgir en todas partes. Y más, teniendo en cuenta que queda poco menos de un mes para que llegue la Semana Santa.

Es decir, se acaba un relato y reintroducen el anterior, así como quien no quiere la cosa. Y la gente, en una gran parte grafenada, lo admitirá con total tranquilidad y se lo creerá todo porque hace ya mucho tiempo que han perdido el raciocinio y el criterio propio. El poco o mucho que tuvieran, ha sucumbido cuando el brebaje experimental ha entrado en su cerebro.

Y en cuanto se vuelva a empezar a hablar de ello en las televisiones, volveremos a ver colas en las farmacias para hacerse las famosas pruebas, con las que da positivo hasta un vaso de agua. Suma y sigue, esto ya es el cuento de nunca acabar.

 

Los contagiados de covid sin síntomas tendrán que acudir igual a su trabajo​

Estaba previsto que el Ministerio de Sanidad publicase este viernes la nueva Estrategia de Vigilancia y Control del Covid 19 con la que, oficialmente, a través de la gestión de la pandemia en España va a entrar en una nueva fase. Otra forma de enfocar el reto sanitario centrada en las personas vulnerables y que deja en un segundo plano los contagios sin síntomas de consideración.

La idea lleva sobre la mesa más de dos meses, desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo aquel criticado discurso en el hablaba de «gripalizar» el covid. El documento se supone que quedó más o menos finiquitado en la reunión de Salud Pública de este jueves, aunque la única información que trascendió a nivel oficial es que se había avanzado en él. Sin embargo, una portavoz del Ministerio de Sanidad, preguntada ayer a este respecto, explicó que los miembros de la comisión «siguen trabajando de manera telemática». Y otras fuentes del departamento que dirige Carolina Darias le dijeron a la agencia Efe que el protocolo sigue abierto para recibir en los próximos días las aportaciones que quieran hacer las comunidades.

Entornos sensibles​

En cualquier caso, a través de las declaraciones de diferentes responsables sanitarios de las comunidades se ha ido conociendo el grueso de lo que implica esta nueva estrategia. «Desaparecen las cuarentenas para la población en general», por lo que solo podrán solicitar la baja laboral aquellas personas que «tengan síntomas de enfermedad» como fiebre, malestar general o dificultad respiratoria», según reveló el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles.

Las bajas covid, por tanto, quedarán reservadas para quienes trabajan en entornos especialmente sensibles como los hospitales, los centros sociosanitarios o los servicios de ayuda a domicilio. Aunque está por ver qué tipo de aislamiento se les indica a estos profesionales y a los propios usuarios en caso de que estén contagiados, pero todo indica a que con carácter general serán cuarentenas de cinco días.

Centrarse en los vulnerables​

Al resto de los infectados lo que se les recomienda es, según Vergeles, que se protejan lo máximo posible en las interacciones sociales que tengan, porque ahora la estrategia es otra: proteger a las personas vulnerables, aquellas que en caso de contraer la infección tienen unas probabilidades más altas de desarrollar cuadros graves. Es decir, las de edad avanzada, con déficits de inmunidad o patologías previas que puedan complicar su evolución.

Desaparece también la realización por sistema de test de antígenos y pruebas PCR a todos los casos sospechosos. Esos recursos diagnósticos quedan a criterio médico. Serán los profesionales sanitarios los que, después de una valoración clínica, decidan si se hacen o no en función de los síntomas y de las características concretas del paciente.

El objetivo ahora ya no es detectar el mayor número posible de contagiados y aislarlos a ellos y sus contactos, como se trató de hacer en los momentos más duros de la pandemia. Lo que se persigue es hacer un seguimiento para identificar los casos graves, un posible incremento de la incidencia y la aparición de nuevas variantes de aquí a marzo del año que viene. A partir de ahí debería estar en funcionamiento el nuevo Sistema de Vigilancia en Salud Pública, que los consejeros de las comunidades y el ministerio acordaron poner en marcha en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud de Zaragoza.

Estrategia en Galicia​

Aunque las directrices son consensuadas a nivel estatal, Galicia está ya preparando la puesta en marcha de la estrategia para agilizar los cambios, que se producirán siempre atendiendo a la evolución epidemiológica. De hecho, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, explicaba hace unas semanas que Galicia desarrollaría un protocolo con diferentes escenarios para actuar en función de la situación.

El principal indicador de seguimiento será a partir de ese momento la carga asistencial (es decir, los casos graves) y ya no se tendrá en cuenta la incidencia en la población general, que pasará a convivir de manera normalizada con el coronavirus.


Se les acabó el chollo xD
 
La vacuna Shingrix, de GSK, es una vacuna producida por técnicas de recombinación de ADN de subunidades adyuvada.

Fuentes autonómicas no descartan, con todo, que otras comunidades se sumen a la vacunación sistemática de determinadas cohortes de mayores de 65 años este mismo año 2022.

La nueva vacunación del herpes zóster se emprende con el reto o la oportunidad de la vacunación en paralelo de las cuartas dosis de covid en los colectivos de inmunodeprimidos.

 

El problema con las mascarillas que nadie vio venir: muchos adolescentes no se las quieren quitar por vergüenza​

“¿Van a quitar la mascarilla en los institutos? Ay, Dios mío, ahora me da vergüenza”. Este tuit de Adriana, cuando se empezó a hablar de que iban a quitar la obligatoriedad de usar el tapabocas en los institutos, suma 52.000 'me gusta'. Casi 52.000 personas que comparten este pensamiento –50 veces más de los seguidores que tiene, no es que tenga una legión de seguidores que todo se lo celebre–, que ha revelado un problema que pocos vieron venir: tras dos años de uso continuado de las mascarillas, ahora son muchos los adolescentes y preadolescentes que no se las quieren quitar y que esperan con aprensión el día que dejen de ser obligatorias también en clase.

“Muchos adolescentes nos hemos acostumbrado tanto a la mascarilla que es como que si nos la quitamos nos sentimos desnudos, ya sea porque a raíz de usarla nos han salido granitos y cosas así, o hay quien está acomplejado con su nariz y prefiere llevarla”, explica Adriana. Unos años más joven es María (tiene 12), pero esgrime similares argumentos. “La hemos llevado mucho tiempo y nos hemos acostumbrado a llevarla, es parte de mí ya y al quitártela te sientes rara”, y explica que le pasa con desconocidos, pero también con sus amigas más cercanas. El fenómeno es difícil de cuantificar, pero es bien real y está bastante extendido. Lo cuentan los propios afectados, lo ven los profesores en los colegios, lo confirman los psicólogos y lo sufren las familias.

Le pasó, para su sorpresa, a José Antonio Lucero, tutor de un 2º de la ESO en Rota, Cádiz. “Empecé a oírlo entre algunos de los alumnos cuando con la última actualización de la normativa se empezó a poder no usar en los patios, Muchos no querían quitársela por vergüenza”, cuenta. “La mascarilla no es solo un elemento que tape imperfecciones que puedan dar reparo, también sirve como barrera de emociones. Los adolescentes ya son de por sí personas que en su concepción del crecimiento y la autoestima intentan a menudo ocultar lo que sienten y han utilizado la mascarilla para eso también”, añade. El asunto, al menos en su caso, ha alcanzado la suficiente dimensión como para abordarlo en las tutorías.

“Nunca hay un solo factor cuando ocurren estas cosas”, explica Pedro Javier Rodríguez, pediatra del servicio de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. “Probablemente haya un factor cultural, hay familias más miedosas que otras –yo tengo alguna que no ha salido de casa en dos años de pandemia–, y otro factor de introversión y timidez; suele ser una suma de todo”, añade.



El psiquiatra abunda, sin dramatizar, en la idea de Lucero de que esta situación puede suponer un problema. “Es preocupante para el neurodesarrollo”, expone. “Los adolescentes aprenden a relacionarse a través de la expresión emocional de otras personas, sobre todo otros adolescentes. Pero si no ves la respuesta a una determinada actitud, ¿cómo aprendes si tu conducta es positiva o negativa? La expresión facial es muy importante para los adolescentes, y todo esto se ha perdido en los dos últimos años”.

La situación es extraña para todos, explica Cristina Alquézar, profesora en un instituto zaragozano. “Sinceramente, me da cierto reparo [quitármela] hasta a mí, cuando lo hago en el patio todos te observan detenidamente, llevan meses conmigo y no saben cómo soy; es muy raro”, cuenta.

Porque, como apunta Alquézar y observa Lucero, en el mundo educativo se da la particularidad de que algunos alumnos y profesores no se conozcan de cara en persona. Lucero es tutor de un 2º de la ESO (13 años), lo que significa que el alumnado de su clase entró en el instituto ya en pandemia, dos años con las mascarillas puesta. “De manera habitual no nos conocemos las caras, al menos no yo como profesor. Supongo que ellos se la habrán visto cuando están comiendo en el recreo o por la tarde en el parque, pero no todos, claro”. Y 24 meses después llega el shock.

“El hábito se adquiere rápido”​

La psicóloga infantil Bárbara Zapico ha observado este fenómeno en niños algo más pequeños, entre 8 y 10 años. “Suele coincidir con gente que es más introvertida, con más inseguridad, que utiliza la mascarilla como las gafas, a modo de protección”, cuenta. “Y casi siempre coincide con niños que tenían ansiedad o fobias previas. Gente premórbida, que ya tenían la preocupación y la trasladan. Llevamos dos años con esto y el hábito se adquiere rápido si es continuo”, explica.

El asunto preocupa a muchas familias, que ven cómo sus hijos recelan de salir a la calle o realizar ciertas actividades. “Mi hija dice que le han dicho muchas veces que está muy guapa con la mascarilla y que no se la va quitar nunca”, cuenta Sara. Supone que se le pasará porque tiene 10 años, pero está inquieta. Como Juan, que explica que su hijo se ha puesto una ortodoncia durante la pandemia, mucha gente del colegio no lo sabe y ahora no quiere que lo averigüen. Los progenitores coinciden en señalar que sus vástagos no tienen un problema de vergüenza con sus amistades cercanas, sino con lo que considerarían conocidos, o incluso los desconocidos.

El fenómeno, a falta de una estadística que lo corrobore, parece una cuestión más de ellas que de ellos. O, como explica Lucero, “a lo mejor es simplemente que ellas lo tratan con más naturalidad, pero los chicos también tienen ese miedo adolescente a los granos”. Encajaría esta circunstancia con el hecho, este sí estudiado a principios de la pandemia, de que los hombres tienden a ser menos propensos a utilizar la mascarilla si no es obligatoria porque no “mola” (no es cool, en el estudio), es vergonzoso y signo de debilidad y estigma, según investigadores de la Universidad Middlesex de Londres, en el Reino Unido, y el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas en Berkeley, California.

Los psicólogos recomiendan abordar la situación progresivamente. “Yo respetaría su decisión, cuanto más lo intentes forzar más lo va a hacer”, cuenta Zapico. “Hay una cosa que se llaman aproximaciones sucesivas, ir poco a poco. Por ejemplo, un día hasta la esquina sin mascarilla, otro día hasta la panadería”, propone. “O unas horas con y otras sin, mascarillas cuanto más transparentes mejor para que se vayan acostumbrando a verse la cara en el espejo o elegir ciertos sitios donde no se las ponen”, añade Rodríguez.

Porque el paso hay que darlo. “Igual que nos hemos adaptado progresivamente a la mascarilla nos tendremos que adaptar a no llevarla. Pero también los adultos, ¿eh?”, recuerda Zapico. Adriana, la adolescente de Sevilla que agrupó a 52.000 personas bajo la idea de la vergüenza de quitárselas, también es consciente de que hay que dar el paso. “Habrá que acostumbrarse y saber controlar las caras que hacemos debajo de la mascarilla sabiendo que nadie nos ve”, dice con sorna.


Putos borregos 😂
 

Última hora del coronavirus | Detectan en Galicia la variante ómicron híbrida​

La actualidad del coronavirus hoy domingo 20 de marzo de 2022 viene marcada por el descubrimiento en Galicia, del servicio de microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, de una ómicron híbrida, que mezcla los dos grandes subtipos de esta variante, las llamadas BA.1 y BA.2, según recoge 'La Voz de Galicia'.

Hasta la fecha, la variante ómicron se considera el virus más contagioso de la historia. La subvariante BA.1 se consolidó en todo el mundo desde diciembre, pero desde enero, circula con cada vez más fuerza la BA.2 (llamada de forma confusa ómicron sigilosa o silenciosa), que es entre un 30 y un 50 % más transmisible. De hecho, recientemente la OMS ha alertado de su propagación por Europa.

Mientras, en España, la incidencia acumulada a 14 días ha subido desde el martes en 13 puntos a los 445 casos por 100.000 habitantes de media nacional, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Es el tercer incremento consecutivo que registra España. La caída de la sexta ola se ha estancado. El indicador continúa en riesgo alto, de acuerdo al semáforo covid.


🤣
 
Los australianos podrían necesitar hasta cinco dosis de la vacuna Covid-19 para recibir una pauta completa.

Pacientes inmunodeprimidos ya recomendados para recibir cuatro dosis.
El Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI) dice que está monitoreando datos internacionales de países que requieren cuatro pinchazos
Casi el 60 por ciento de los australianos elegibles han recibido tres dosis de la vacuna.


🤣
 

Inglaterra empieza con la cuarta inoculación y prevé la quinta para otoño​

Esto es un no parar. Todavía no se han dado cuenta de la realidad y ellos prosiguen erre que erre; ahora resulta que Inglaterra ha anunciado que empiezan con la cuarta inoculación de la vacuna.

Así lo informa el diario In-Mundo, en un artículo que puedes leer en este enlace, y en el que se explica que los mayores de 75 años, los ancianos de las residencias y aquellos con un sistema inmune más vulnerable recibirán la citación a partir de hoy.

Y se añade en esa misma noticia que de momento se desconocen los planes del Gobierno en cuanto a si la cuarta dosis se extenderá a otros grupos de población durante las próximas semanas como ocurrió con las campañas de vacunación anteriores, pero todo parece indicar que, como mínimo, en otoño de este año se producirá una nueva inmunización de todos los estratos de la sociedad para afrontar con las máximas garantías posibles el próximo invierno.

Pues nada, que sigan… y que la gente siga recibiendo pinchazos, que a saber cómo acaban…

 

La crisis de la pandemia y la guerra se saldará con 300.000 cierres de empresas en 2022​

España se enfrenta al cierre de 300.000 empresas este año, según los datos de los gestores administrativos a partir de sus operaciones diarias en todo el territorio. Como comunican a THE OBJECTIVE los gestores, que en el día a día llevan la documentación, declaraciones, y papeles de las pymes, el 95% del tejido productivo español, las llamadas empresas zombi, que el Banco de España hace un año ya cifró en 220.000, caerán por la crisis de precios, suministros y el endurecimiento de la coyuntura, repitiendo la cifra del año anterior.

Ya avanzó este diario la deriva empresarial que aguardaba. El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, en un evento celebrado en el Palacio de las Comunicaciones de Madrid al que asistió THE OBJECTIVE, cifró en la cantidad de 50.000 empresas las quiebras inminentes que antes del conflicto bélico en Ucrania estaban descontadas.

Pero los gestores administrativos, que día a día gestionan los ERTE, las solicitudes de crédito y son conscientes del efecto del alza de precios repercutible al consumidor, han constatado para este diario que se afronta este año el cierre de 300.000 empresas. Han refrendado las cifras adelantadas por el Banco de España, y añaden que las llamadas empresas zombi, en su mayoría, no son empresas meramente insolventes sino quebradas.

Como explica para este diario el vicepresidente de la Asociación de Administradores Concursales (Aspac), Unai Olabarrieta, el conflicto en Ucrania agrava el problema por el alza de precios que se comunica a toda la cadena productiva y, en definitiva, al consumidor. De hecho, Olabarrieta considera que la cifra de 300.000 cierres se quedará corta porque el grueso de las empresas ya ha agotado sus reservas.

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, remacha que muchas pymes no tienen una caja de resistencia superior a cuatro meses de actividad.

El fin de los ERTE arbitrados para paliar los estragos económicos de la pandemia de coronavirus, la devolución de los créditos ICO que ahora se activa, la indefinición sobre cómo acceder a los fondos europeos, entre otros factores, son elementos que minan la caja de las pymes en plena subida de cotizaciones e impuestos.

Muchas empresas no pueden sobrevivir, máxime cuando desde Hacienda, lejos de facilitar la viabilidad del negocio, se endurece el cerco a la actividad, como proponen los inspectores de Hacienda, con su contrarreforma fiscal, que aboga por acotar los fraccionamientos y aplazamientos de pago.

En este contexto, desde Aspac se proponen medidas para rebajar los efectos de las quiebras en el tejido productivo y para alentar la supervivencia empresarial. La asociación ha trasladado a los grupos parlamentarios las necesidades de las empresas para mantener la actividad y el empleo, en plena exigencia de contratación indefinida motivada por la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz aprobada por un voto.

Las empresas piden crédito público, como se ha brindado en otras economías de la eurozona, piden que no se genere confusión en la instrucción de los procedimientos de concurso o quiebra, piden un régimen especial para las microempresas, mayoritarias en España, y según sus datos, el 90% de las concursadas, y también advierten sobre la necesidad de suprimir la disposición por la que se podría crear una plataforma pública de liquidación de bienes que alterase las normas de libre competencia empresarial.

A expensas de cómo evolucione la inflación, abocada a ritmos de dos dígitos en este ejercicio, la situación económica no es proclive para reflotar las empresas que han agotado sus recursos para sobrevivir. Los fondos europeos, como ha reconocido AIReF se están ejecutando tarde, y las medidas del Gobierno se activarán a partir del Consejo de Ministros del 29 de marzo, cuando ya algunas pymes, de las 300.000 que caerán este año, hayan bajado la persiana.

 

El Defensor del Pueblo: la exigencia de Certificado COVID en no vacunados no es discriminatoria​

El Defensor del Pueblo ha señalado que la exigencia del Certificado COVID Digital de la Unión Europea para acceder a determinados lugares cerrados, como establecimientos de hostelería y ocio, o también centros sanitarios o sociosanitarios, no es discriminatoria.

"Con respecto a la queja de que esa exigencia supone una discriminación para los no vacunados, hay que recordar que, en principio, la triple caracterización de este instrumento (certificado de vacunación, de recuperación y de prueba diagnóstica) permite que sea utilizado por todas las personas, salvo que voluntariamente no deseen emplearlo, en cuyo caso deberán cumplir las medidas sanitarias de restricción impuestas en cada país al que viajen", alega el Defensor en su 'Informe anual 2021 y debates en las Cortes Generales'.

La institución recibió "numerosas quejas" relacionadas con la puesta en marcha del Certificado COVID. A partir del mes de agosto, varias CCAA condicionaron la entrada de clientes o usuarios a determinados establecimientos de ocio y espacios públicos cerrados a exhibir una acreditación de estar vacunado, con pauta completa de vacunación, de haber superado la infección o de haber obtenido un resultado negativo en prueba diagnóstica.

Esta medida "extraordinaria y temporal" fue sometida en cada comunidad autónoma a la ratificación del Tribunal Superior de Justicia. Tras ser recurridos, el Tribunal Supremo se pronunció dictaminando la "adecuación y proporcionalidad" de dicha medida.

"A falta de otra regulación, son los criterios del Alto Tribunal los que definen el marco jurídico de referencia en España para el uso de los Certificados COVID. La doctrina del Tribunal Supremo respalda la idoneidad y proporcionalidad de esa exigencia del Certificado COVID para acceder a determinados espacios de uso público", se posiciona el Defensor.

En cualquier caso, la institución liderada por Ángel Gabilondo recalca que esta medida debe ser temporal: "El criterio temporal de aplicación de una medida de estas características es determinante. Como el resto de medidas de prevención limitativas de derechos, en cuanto la situación epidemiológica resulte más favorable, la autoridad sanitaria ha de revisar la medida".

QUEJAS SOBRE VACUNACIÓN​

Por otra parte, el Defensor ha informado de que desde el comienzo de la campaña de vacunación se empezaron a recibir quejas expresando un "desacuerdo" con la no inclusión de algún grupo de población entre los calificados como prioritarios por la estrategia de vacunación, o relacionadas con una situación individual merecedora de una atención especial, por unas determinadas condiciones clínicas de riesgo.

También presentaron quejas ante el Defensor del Pueblo los trabajadores de diferentes sectores que no compartían su no inclusión entre los colectivos considerados esenciales. Igualmente, también de personas que no comprendían cómo sus circunstancias de salud no estaban incluidas en el listado de circunstancias de salud consideradas de muy alto riesgo frente a la COVID-19.

La institución también inició algunas actuaciones referidas a situaciones de personas vulnerables que todavía no habían recibido la vacuna, aun encontrándose en un grupo prioritario. A este respecto, denuncian "los retrasos para que algunas personas con gran dependencia y mayores dificultades para acudir a un centro de salud o centro especial de vacunación recibieran en su domicilio la vacuna".

QUEJAS DE PERSONAS SIN TARJETA SANITARIA Y DESPLAZADOS​

El Defensor también recibió quejas de ciudadanos, algunos de edad muy avanzada y, por lo tanto, considerados prioritarios, que manifestaban su preocupación por el retraso en ser citados, dado que "no contaban con una tarjeta sanitaria o bien porque se encontraban desplazados en otra comunidad autónoma distinta a la suya de residencia habitual".

El Defensor ha constatado "retrasos de varios meses en el caso de residentes de otros Estados de la Unión Europea o de terceros países, que no estaban registrados en los servicios de salud por disponer, o tener que disponer legalmente de un seguro sanitario propio".

Los retrasos también afectaron a mayores desplazados de su residencia. Según las quejas, se trataba de mayores que, durante la pandemia, se habían trasladado a convivir con sus hijos pero podían no haberse registrado en el centro de salud correspondiente y, en consecuencia, desconocían si iban a recibir con normalidad la vacuna o tenían que desplazarse a su lugar de origen.

Una situación distinta, referida también al desplazamiento entre comunidades autónomas, fue la planteada en los meses de julio y agosto, cuando esos desplazamientos tenían su principal razón de ser en motivos vacacionales y cuando la campaña de vacunación ya estaba muy avanzada y permitía que los propios ciudadanos organizaran su calendario para la cita de vacunación.

Sobre este asunto, la institución planteó a Sanidad la conveniencia de acordar "criterios comunes y conocidos por la población, para dar una respuesta clara y más homogénea". "No se dio a conocer ese planteamiento común, y las comunidades autónomas aplicaron criterios diferentes, pero sostenidos básicamente en la necesidad de encontrarse registrado como paciente desplazado en la comunidad autónoma de destino", critica el Defensor.

Según el organismo, uno de los grupos que encontró más dificultades al inicio de la campaña de vacunación fue el de los funcionarios, principalmente jubilados, cuya atención sanitaria está cubierta por las mutuas pero es prestada por seguros privados concertados.

"Fueron muchas las quejas de personas, algunas de edad muy avanzada, que continuaban a la espera de ser citados para vacunarse, a pesar de que su franja de edad ya estaba vacunándose hacía semanas, incluso meses. Esto pone de manifiesto que no todas las CCAA actuaron igual a la hora de incorporar a estas personas", esgrimen.

TIPOS DE VACUNAS​

Igualmente, el Defensor recuerda que la información científica que se iba elaborando al mismo tiempo que avanzaba la vacunación dio lugar a varios cambios en la estrategia de vacunación, como las de otros países, alterando el tipo de vacuna que se destinaba a personas de distintas edades o con condiciones de riesgo mayor.

A las personas que planteaban su queja por esos cambios en las indicaciones de uso se les ha recordado que "no correspondía a una institución como el Defensor del Pueblo revisar decisiones científicas y técnicas de esa naturaleza".

"Además, se mencionaba la cuidadosa exposición de principios éticos que informan la estrategia de vacunación, en la que han participado expertos en diferentes campos, incluida la bioética. Una serie de principios que conjugan los elementos científicos básicos, con el objetivo de llegar a proteger cuanto antes a toda la población, comenzando por quienes tienen más riesgo de padecer una enfermedad grave o morir o están más expuestos en su posición de servicio esencial, y la ineludible consideración del factor de escasez o de efectiva disponibilidad de vacunas", añade el organismo.

Pese a todo, el Defensor reconoce que esos cambios en las recomendaciones de uso de cada vacuna "dieron lugar a una situación compleja". Por ejemplo, recogen el caso de docentes o integrantes de otros colectivos esenciales que habían recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, a los que se les ofreció completar la vacunación con otra de las vacunas disponibles (Pfizer o Moderna).

De forma excepcional, la Comisión de Salud Pública acordó que se les podía ofrecer también una segunda dosis de la misma vacuna de AstraZeneca, pero en ese caso debían consentir expresamente recibir esa vacuna. El Defensor ha respaldado este consentimiento informado: "Acudir a la forma del consentimiento escrito, por unas circunstancias excepcionales adecuadamente explicadas, no contradice el marco legal vigente en esta materia".

 

La pandemia propicia que España sea el mayor consumidor de tranquilizantes del mundo por segundo año consecutivo​

Por segundo año consecutivo, España figura como el país del mundo donde se toman más benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos, sedantes y pastillas para dormir, según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas publicado este mes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad refleja esta tendencia en sus estadísticas, que revelan un crecimiento de más de diez puntos del uso de los tranquilizantes en la última década en nuestro país, un incremento que se ha acentuado durante la pandemia tras un periodo de estancamiento del consumo.

La JIFE, que se encarga en este caso de colaborar con los Gobiernos para garantizar la disponibilidad de sustancias sujetas a control fiscal internacional pero destinadas a usos médicos, señala en su último informe, referido al año 2020, que España es el país que ha comunicado un mayor uso de benzodiazepinas en unidades diarias por cada mil habitantes, seguida de Bélgica, Portugal, Israel, Montenegro y Hungría. Y entre los medicamentos de este tipo más consumidos se encuentran el alprazolam, diazepam, lorazepam y oxazepam.

En 2019, el año previo a la pandemia de la covid, España ya había sido líder mundial en el uso de tranquilizantes e hipnóticos de acuerdo con los datos de consumo que aportó después de haber estado tres años sin notificar a a JIFE sus estadísticas de consumo de estos fármacos. Con respecto a ese informe, sólo nuestro país y Hungría repiten ahora entre los cinco primeros con un consumo de benzodiazepinas situado por encima de las 50 dosis diarias por cada mil habitantes.

España es la más consumidora, pero no figura, en cambio, entre los mayores productores de tranquilizantes e hipnóticos, que son Italia, India, Suiza, China y Estados Unidos, países que acaparan el 95% de la fabricación mundial de estos fármacos, que en 2020 superó las 72 toneladas.

Los datos que aporta España se constatan en la estadística de la Agencia Española de Medicamentos, que refleja un crecimiento del uso de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes con receta médica desde el año 2010, cuando el índice era de 82,50 dosis diarias por cada mil habitantes, hasta 2021, en el que llegó a 93,04, lo que supone un incremento de más de diez puntos. Esa estadística revela, además, que el estancamiento del consumo que se había registrado entre 2014 y 2019 se rompió en 2020, el año en que comenzó la pandemia del coronavirus, con un notable incremento de casi cuatro puntos, y continuó en 2021, con otra subida de 2,5 puntos.

La encuesta sobre salud mental de los españoles durante la pandemia que publicó en febrero de 2021 el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) revela que el 8,8% de la población española ya tomaba antes de la aparición de la covid-19 algún tipo de medicación para tratarse un problema de salud mental, fundamentalmente ansiolíticos, antidepresivos y reguladores del sueño. La mayoría, casi el 69%, dice que ha estado con ese tratamiento más de tres meses y el 77% reconoce que lo seguía tomando tiempo después de que se lo prescribieran.

La pregunta que vuelve a surgir con el nuevo informe de la JIFE es por qué España, que no figura entre los productores de estos medicamentos, es el país que más los usa, donde más se recetan, puesto que los datos de los organismos nacionales e internacionales citados corresponden a un uso lícito de los tranquilizantes e hipnóticos que se prescriben en las consultas médicas para tratar, fundamentalmente, casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. ¿Tiene la población española muchos más problemas de este tipo que la de otros países del mundo?

Los expertos consultados no ven ahí la causa del creciente uso de las benzodiazepinas en nuestro país, sino en una falta de recursos de la sanidad pública, sobre todo en la Atención Primaria, para abordar con más profundidad y tiempo los casos que han de zanjarse ahora con la prescripción de un fármaco, carencias que se han agudizado con la pandemia. Y también lo achacan a un fenómeno cultural, social, que no ha sabido ser abordado desde las estructuras sanitarias.

"La hermanita pobre del Sistema Nacional de Salud"​

El Consejo General de la Psicología de España, en el que están representados los colegios profesionales de psicólogos y psicólogas, tiene una primera respuesta sencilla para aclarar el supuesto enigma de las benzodiacepinas en nuestro país: "La salud mental es siempre la hermanita pobre del Sistema Nacional de Salud", dice su vicepresidente, Fernando Chacón.

Esta organización colegiada lleva años demandando más recursos humanos, más profesionales de la psicología, aunque también considera que faltan en psiquiatría y enfermería especializada en salud mental para responder a la creciente demanda de atención en este ámbito que hay en los centros de salud y hospitales españoles. La cifra la han repetido hasta la saciedad, pero nadie les ha hecho caso todavía: en el Sistema Nacional de Salud de España hay una ratio de entre 5 y 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes que se halla muy lejos de los 18 que hay en otros países del entorno de la Unión Europea. Y con esa ratio resulta imposible, advierten, atender la demanda de atención a problemas de salud mental que llega cada día a los centros sanitarios. Ni siquiera a una mínima parte de ella.

Según Fernando Chacón, esa ratio obedece a que en España aún no se ha incluido la psicología clínica en la cartera de servicios del sistema público de salud, algo que únicamente han hecho algunas comunidades autónomas, pero con programas experimentales y eventuales. Y a falta de personal psicólogo que pueda hacerse cargo de muchos de los casos leves que se acaban resolviendo con una receta de benzodiazepina, son los médicos de cabecera de la Atención Primaria, a la que llegan este tipo de casos, quienes tienen que sacar las castañas del fuego.

El problema es que esos médicos apenas disponen de tiempo para sus consultas en una Atención Primaria generalmente saturada, falta de suficientes recursos, un tiempo que luego, paradójicamente, se alarga cuando el caso, si es grave, se deriva a un especialista, psiquiatra a quien el paciente tardará en ver entre tres y cuatro meses. "Es una aberración, porque los problemas de salud mental se van enquistando, se van agravando con el tiempo si no reciben una atención", explica el vicepresidente del Consejo General de la Psicología.

El Consejo llevó a cabo un ensayo clínico en ocho comunidades autónomas mediante intervenciones psicológicas grupales en Atención Primaria con 1.691 pacientes con trastornos emocionales, el PsicAP, que demostró, a su entender, la mayor eficacia de este tipo de tratamiento con respecto al habitual, al reducir los síntomas de ansiedad, depresión y somáticos de las personas atendidas. Es un modelo similar al que, según Chacón, se desarrolla desde hace unos diez años en Inglaterra con resultados satisfactorios. "En España se ha optado, en cambio, por administrar sólo psicofármacos, que palían los síntomas, pero no los solucionan. Es sólo un remedio paliativo. Si al paciente no se le enseña cómo afrontar el estrés, a mejorar sus habilidades sociales, el problema seguirá", advierte el responsable del Consejo General de la Psicología.

Una "cultura de la medicación" arraigada en España​

En la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) admiten que hay una falta de recursos en la Atención Primaria que puede propiciar la prescripción de benzodiazepinas, pero consideran que hay también otros factores que influyen en los altos índices de uso de estos medicamentos que registra España. Caterina Vicenc forma parte del grupo de Utilización de Fármacos de la SEMFYC y lleva desde 2005 trabajando en una investigación sobre reducción del uso de benzodiazepinas, Benzored, que se lleva a cabo en Baleares, Catalunya y Comunidad Valenciana. A su juicio, y después de la experiencia adquirida en la materia, son múltiples las causas de este problema.

Caterina Vicenc admite que los profesionales de la Atención Primaria disponen de poco tiempo para atender correctamente sus pacientes -"las consultas de cinco minutos no favorecen que se reduzca la prescripción de estos medicamentos, la presión asistencial favorece la medicación", dice-, pero señala que otros países también padecen esa presión, esa falta de medios en su sistema sanitario, y no registran a un uso tan elevado de benzodiazepinas. De ahí que, a su entender, intervengan otros factores culturales y sociales que propician este consumo tan alto de tranquilizantes y pastillas para dormir.

La representante de la Sociedad Española de Medicina Familiar habla de una "cultura de la medicación" con este tipo de fármacos que está arraigada en el sur de Europa, en Portugal, Italia, Francia o España, a diferencia de otros países como Holanda o Gran Bretaña, que registran un uso de las benzodiazepinas hasta siete veces menor. De tal forma ocurre que la pastilla para dormir que aquí se acepta con total normalidad, sobre todo entre las personas mayores, en esos otros países con un menor consumo está muy mal vista.

El proyecto Benzored, realizado mediante encuentros informativos personalizados con pacientes que toman ansiolíticos y pastillas para dormir, ha permitido, según su responsable, que el 45% de los participantes haya dejado de usarlas, un porcentaje que se reduce al 15% entre el grupo de contraste que no participó en las consultas donde se informaba de los riesgos de un consumo prolongado de las benzodiazepinas y de las técnicas para ir dejando de consumirlas de una forma gradual. "El mayor problema es la retirada del medicamento –explica Caterina Vicenc-. Si tomas las pastillas durante unas pocas semanas, no tiene que pasar nada. Pero si las tomas durante más tiempo, generan una dependencia. Aparece de nuevo el insomnio, la ansiedad, y luego le pides al médico que te recete otra caja. Por eso es importante explicar al paciente desde el principio que el uso es temporal, que tiene riesgos si se prolonga. Hay gente que lleva tomándolas 20, 30 años, y es muy difícil retirárselas".

Según la portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar, proyectos como Benzored han contribuido a aumentar en los últimos años la concienciación de profesionales y pacientes contra el uso excesivo de las benzodiazepinas y a acercar la información sobre los riesgos que entraña una utilización prolongada de estos medicamentos, una labor que se tradujo en el estancamiento del consumo que registra la estadística de la AEMPS entre 2014 y 2019. Esa tendencia, sin embargo, se vino al traste -se lamenta Vicenc- con la pandemia del coronavirus, que originó un repunte de los casos de ansiedad e insomnio por el confinamiento de la población y la enfermedad y muerte de miles de personas.

Ese repunte de casos se topó, además, con una Atención Primaria que también hubo de confinarse contra la covid y atender las consultas a través del teléfono, lo que, a juicio de esta experta, hubo de propiciar una mayor prescripción de ansiolíticos e hipnóticos ante la imposibilidad de una atención médica presencial.

Consultas de psicólogos privados, "llenas y con listas de espera"​

La realidad es que la pandemia ha acabado de poner sobre la mesa la situación de la salud mental en España y de la atención que se le presta. El vicepresidente del Consejo General de la Psicología asegura que las consultas privadas de psicólogos y psicólogas "están llenas como nunca, incluso con listas de espera", con bastantes dificultades para encontrar una cita para abordar casos de ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, autolesiones... Sin embargo, la propia organización estatal que representa a estos profesionales considera que este sistema de atención a la salud mental "es inequitativo", puesto que deja fuera a quienes tienen menos recursos económicos.

Una consulta psicológica que de media puede costar unos 60 euros para un tratamiento que puede requerir una intervención semanal durante al menos dos, tres meses para cambiar hábitos, conductas, estructuras de pensamiento, queda fuera del alcance de muchos bolsillos, advierte Fernando Chacón, los bolsillos, precisamente, de las personas que, a causa de sus dificultades económicas, familiares y personales, están sometidas a más factores de estrés y con una mayor intensidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado octubre el Plan de Acción 2021-2014 de Salud Mental y Covid-19, que está dotado con un presupuesto de 100 millones de euros para todo su desarrollo, pero el Consejo General de la Psicología de España sostiene que es "claramente insuficiente" para paliar las deficiencias que arrastra el sistema de atención en nuestro país. En la presentación de ese plan, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo: "Tenemos que actualizar todas nuestras herramientas para poder responder desde un enfoque transversal y de salud pública a los desafíos presentes y futuros".

Efectos del uso abusivo de los tranquilizantes​

En la Guía sobre el Buen Uso de las Benzodiazepinas, publicada por la Sociedad Científica Española sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías, se detallan los riesgos del abuso de estos fármacos, que aparecieron en los años 60 como un gran avance para suplir a los barbitúricos, que ofrecían un mayor riesgo de sobredosis. "Las benzodiazepinas son la forma más rápida y barata de tratar la ansiedad y el insomnio. Pero no es menos cierto que no siempre lo más rápido y barato es lo mejor", se advierte en el prólogo de la publicación.

En la guía se hace referencia a numerosos estudios en los que se concluye que las "benzodiazepinas pierden rápidamente su eficacia como hipnóticos o como ansiolíticos" y en personas mayores de 65 años están asociadas a un deterioro del funcionamiento cognitivo, reducción de movilidad y de las habilidades para conducir, y mayor riesgo de caídas, circunstancias que se agravan con un tratamiento prolongado.

"Con frecuencia –se explica en la guía-, los beneficios terapéuticos de las BZD tienden a disminuir con su consumo continuado, debido al efecto de tolerancia. Sin embargo, los pacientes siguen tomándolas porque al dejarlas experimentan efectos de rebote y síntomas de abstinencia, que incluyen los síntomas por las cuales fueron inicialmente prescritas (ansiedad, insomnio y somatizaciones de la angustia). Y en el consumo a largo plazo, los pacientes tienen la sensación de que la medicación les está ayudando, pero en realidad el mayor beneficio es sólo el alivio de los síntomas de abstinencia".

Fernando Chacón echa de menos campañas informativas que prevengan sobre el uso de ansiolíticos e hipnóticos, dado el consumo tan frecuente y extendido que, según él, les ha convertido en la principal adicción en España, aunque carezcan del estigma que pesa sobre otras sustancias o productos adictivos. "¿Por qué no se ponen en marcha programas preventivos, campañas en las que se informe sobre el abuso de los psicofármacos?", se pregunta este experto.

La última edición de la Encuesta bianual sobre Alcohol y Otras Drogas en España, EDADES, la de 2019-2020, refleja que el 65% de la población de entre 15 y 64 años considera que el consumo de hipnosedantes una vez al mes puede producir muchos o bastantes problemas, un porcentaje que se eleva al 80% cuando el consumo es de al menos una vez por semana, índices que en ambos casos suponen un incremento de tres puntos con respecto a la anterior encuesta, de 2017.

La concepción del riesgo de tomar benzodiazepinas es mayor, según este sondeo del Plan Nacional sobre Drogas, que la que tiene la población española del consumo de alcohol, que se sitúa en el 48% en el caso de beber una o dos cervezas o copas diarias, y en el 50% si son 5-6 el fin de semana, y se coloca más o menos al mismo nivel de la percepción sobre los problemas que entraña el consumo de cannabis.

La misma encuesta revela que en 2019 el 8,6% de la población española de 15 a 64 años había tomado estos medicamentos (con o sin receta) en el último mes, el 12% en el último año. Pero en la franja de las personas de entre 35 y 64 años, el porcentaje de consumo diario se situaba por encima del 8%, que en el caso de las mujeres se acercaba al 11%. Además, el 28,6% de la población reconocía en ese momento que le resultaría sencillo conseguir en sólo 24 horas hipnosedantes sin receta, proporción algo inferior a la que se registraba en 2017, (32,8%).

 

¿Por qué los empleados de Mercadona le tienen que decir a la empresa si están inoculados o no?​

El descaro al que se ha llegado con esto de las inoculaciones en lo que se refiere el pasarse la ley por el forro que está demostrando todo el mundo, nos tiene completamente asombrados. Parece que todos estamos obligados a contar algo que es completamente privado y personal. Y a pesar de lo que se nos quiera hacer ver, no tenemos por qué contarle a nadie si estamos inoculados o no contra el farsavirus.

Lo raro, es que eso es algo que no parece tener demasiado claro ni el interesado, ni muchas empresas que están bordeando la ilegalidad, en cuanto a la ley de protección de datos, o incluso traspasándola en unos cuántos kilómetros.

Pero lo que más nos llama la atención, es que son empresas que por la estructura que tienen, deberían ser más prudentes y no jugársela de esta forma y mucho menos, haciéndolo por escrito. Por eso estamos asombrados con estas fotos que hemos recibido de empleados de Mercadona. Y no, no somos juristas, pero sin serlo, en estas hojas hay muchas cosas que no parecen demasiado legales.

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Íbamos a decir que esto nos parece una forma un tanto descarada de obtener información sanitaria de los empleados, pero qué va, es una forma de lo más descarada y nos parece que incluso ilegal.

Y por cierto, aquello de “todas son eficaces”, ¿lo han comprobado ellos? Porque garantizarlo así, por escrito tal y como lo hacen en Mercadona, nos parece un tanto arriesgado. Y además, esto es mucho peor, nos parece una forma de inducir al empleado a inocularse.

Las fotos han sido tomadas por empleadas de la empresa que, según nos cuentan en el correo, quieren “mantener el anonimato por miedo a represalias”. Además, se nos dice que en la empresa les “presionan con charlas para que se inoculen” y que los que no están inoculados no dicen nada porque los “jefes y compañeros lo dan por hecho” y también se nos cuenta que es “imposible hablar con ningún compañero del tema, todos covidianos al máximo nivel”.

Vamos, como si fuera una secta de inoculados o algo así. Tremendo, ¿no les parece?