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CCOO y UGT piden el pasaporte covid en grandes empresas​

Pasaporte covid para asistir a reuniones, congresos y eventos, comedor de no vacunados... representantes de CCOO y UGT en grandes empresas vienen pidiendo o avalando que se demanden certificados de vacunación que no tienen amparo legal en el marco laboral español, según trasladan fuentes conocedoras, que apuntan que en ocasiones CGT se opone a estas prácticas, que se realizan en consonancia con los protocolos covid de compañías como Santander y Seat.

Estos protocolos los han implantado algunas grandes empresas desde la vuelta del verano. El trabajador que no comunique su certificado de vacunación a los servicios médicos de la empresa deberá hacerse una PCR semanal o diaria, según los casos, si quiere acceder al centro de trabajo, proceso que suele monitorizarse a través de una aplicación. Otras empresas obligan a realizar PCR periódicas en todo caso.

El protocolo covid de Santander, que se presentó en octubre, ha sido avalado por los sindicatos mayoritarios, a pesar de que el banco ha recibido una veintena de demandas de trabajadores por este motivo. Juan José Paredes, secretario general de la CGT en Banco Santander, señala que la entidad presentó el protocolo de forma unilateral y que CGT pidió que se dejase en suspenso mientras no se reuniera el comité de salud laboral y los representantes de los trabajadores, pero no les hicieron caso, traslada. Quien no informe de que está vacunado, está obligado a hacer pruebas de antígenos, apunta Paredes.

Afiliados a CGT, con una representación del 12% en Santander, preguntaron por el protocolo y la vulneración de derechos fundamentales, cuenta su secretario general. CGT ha sopesado presentar demanda por conflicto colectivo, lo que de momento ha desestimado por la dificultad jurídica que cree que entraña el término colectivo en un conflicto que afecta a un grupo de trabajadores.

Las demandas contra Santander alegan vulneración de derechos fundamentales por discriminación, atentado a la intimidad y violación de la integridad física por el protocolo que exigen estas empresas. Esgrimen que se incumple la normativa española sanitaria, laboral y de protección de datos, en la que la vacunación es voluntaria y no se puede pedir a un empleado que dé datos sanitarios ni discriminarle.

Las han presentado una veintena de trabajadores de Santander de distintos puntos de España, entre ellos, Madrid, Sevilla y Málaga, con vistas de los juicios fijadas para enero y febrero. Se trata de procedimientos más ágiles que los que se siguen en general en las demandas laborales al reclamarse vulneración de derechos fundamentales. Se han solicitado medidas cautelares para paralizar el protocolo que no han sido concedidas. Aunque ha habido trabajadores que han podido seguir accediendo al centro de trabajo sin hacerse PCR, no está claro que vaya a seguir así.

La luz verde de los sindicatos mayoritarios al protocolo covid de Santander se acompaña en el caso de CCOO de la petición de certificado de vacunación para reuniones y encuentros, según trasladan fuentes conocedoras.

Otras empresas con demandas de trabajadores en perspectiva son Mediaset y Endesa. En el caso de Mediaset, se acaban de presentar dos, traslada Alexis Aneas, abogado y portavoz de Liberum.

También han planteado amparo sindical tripulantes de cabina de Iberia por la política de PCR de la empresa, según ha podido saber Vozpópuli.

Estos conflictos con sus propios trabajadores llegan cuando empresas y organismos públicos exigen ya el Pasaporte Covid a clientes y proveedores. En algunos casos, analizan bonus o incentivos para los trabajadores vacunados e incluso estudian el despido del que no facilita el Pasaporte porque no puede prestar servicios a clientes que lo exigen. Santander, como el Instituto de Empresa (IE), reclama Certificado Covid para entrar en sus instalaciones.

Las prácticas de CCOO y UGT en algunas grandes empresas no parecen responder al sentir general de las centrales, que han realizado declaraciones alertando de que la vacunación no es obligatoria en España y que es ilegal preguntar por datos sanitarios.

Fuentes de CCOO consideran que "el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pese a recoger la vigilancia de la salud como voluntaria en un principio, establece una serie de excepciones cuando la salud del trabajador sea un peligro para sí mismo o para terceros. Por lo tanto, está fundamentada desde la perspectiva laboral la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en algunos supuestos, lo que no implica que se imponga la vacunación, puesto que la inoculación de una vacuna no forma parte de una vigilancia de la salud ni de un reconocimiento médico, sino que es un tratamiento que la empresa en ningún caso puede obligar a hacer".

Desde CCOO insisten en que "no se podrá despedir ni penalizar a un trabajador por no vacunarse. Esta acción se consideraría una vulneración de los derechos fundamentales, por lo que un despido por ese motivo sería declarado nulo". Pero matizan que, a su juicio, "cuestión diferente es la posibilidad que tiene el empresario de cambiar de ubicación, destino o puesto a las personas que no se vacunen en razón de las circunstancias específicas del trabajo".

Comedor separado​

Trabajadores de Seat trasladaron que la empresa había creado un comedor de no vacunados. A continuación, Seat emitió un comunicado que aseguraba que había llegado a un acuerdo con los sindicatos para "establecer áreas dentro de los comedores de la empresa" que hagan esta distinción.

La empresa automovilística aseguró entonces que se trata de recomendaciones. El máximo líder sindical de UGT en Seat, Matías Carnero, aseguraba que se pretendía "garantizar la salud de quienes no están vacunados y los que sí están vacunados". Asimismo, Carnero detalló que de los 11.000 trabajadores de la planta de Martorell, cinco comieron por separado la semana anterior. Desde Seat trasladaron que el 96% de sus trabajadores están vacunados y recibieron sus dosis en la fábrica.

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, advierte de que la existencia de un comedor de no vacunados es ilegal con la legislación vigente, por discriminatorio y porque atenta contra la intimidad de los datos de salud.

 

Bolivia decreta hasta 10 años de cárcel por no llevar carnet de vacunación a eventos sociales​

El Gobierno de Bolivia anunció este lunes 27 de diciembre sanciones de hasta diez años de cárcel por no llevar el certificado de vacunación contra el coronavirus para asistir a eventos sociales o ingresar en ciertas instalaciones, que entrará en vigor el 1 de enero.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, hizo hincapié en que la medida “no es chiste”.

Asimismo, detalló que las personas que no porten el documento y den positivo por COVID-19 podrán ser sancionados en base a un delito de atentado a la salud pública.

“Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19 estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso”, indicó en declaraciones a la televisión pública boliviana, recogidas por el diario El Deber.

“No es chiste, no es una cosa que salió y (...) el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple”, recalcó.

El decreto 4640 exige la presentación del certificado de vacunación o la presentación de una PCR negativa para poder acceder a ciertos espacios —como instituciones públicas, entidades financieras, religiosas o centros comerciales— y para viajar entre departamentos.

Hasta el momento, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en Bolivia, con casi medio millón de ciudadanos inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud boliviano.

 

Muy fuerte la decisión que ha tomado la Junta de Galicia, lo de Feijóo es como para que no salga de chirona en su vida​

La verdad es que no sabemos muy bien qué o quién se habrá creído Alberto Núñez Feijóo que es, pero lo que está claro es que tiene unas ganas de dictadura que ni el Stalin de su peor época lo superaría. Y es que la última decisión que ha tomado la Junta de Galicia con respecto al coronatimo es como para “mear y no echar gota”, como se dice vulgarmente.

No habiendo sido para ellos suficiente el pasaporte, el toque de queda, o su persecución a los niños para inocularles, ahora, a uno de los tipos más cafres que hay en los reinos de Taifas de toda España, se le ha ocurrido imponer un toque de queda en el ámbito privado. Es decir, en las casas de todos los gallegos para evitar que haya fiestas privadas. Pero ojo, que te permiten dormir en casa de tu familiar si quieres.

Y por si esto fuera poco, se hace eco el Tribunal de Justicia de Galicia demostrando su indecente complicidad y su cobardía con el poder político. Y todo esto en una de las comunidades en la que más gente hay vacunada. ¡¡Toma ya!!

Pero tranquilos porque su alteza Feijóo permite algunas excepciones, demostrando su bondad infinita para con la plebe que tanto le quiere:
  • Aquellas personas que vivan solas, que podrán formar parte de una única unidad familiar de convivencia ampliada.
  • La reunión de personas menores de edad con sus progenitores, en caso de que no convivan en el mismo domicilio.
  • La reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja, cuando vivan en viviendas diferentes.
  • La reunión para el cuidado, atención, asistencia o acompañamiento a personas menores de edad, mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
Este tipo no puede ser más miserable. ¡¡Gallegos, despierten ya coño!!

 

La Policía interviene 300.000 test de antígenos sin autorización en Madrid​

La Policía Nacional ha intervenido unos 300.000 test de antígenos en varias naves de un polígono industrial de la localidad madrileña de Fuenlabrada. En menos de 24 horas los investigadores detectaron y bloquearon la distribución de la mercancía, ya que podría tratarse de productos irregulares por no cumplir con las medidas sanitarias establecidas.

La investigación se inició el pasado martes cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se podrían estar distribuyendo test de antígenos que no cumplían con los protocolos específicos o que no habían superado los ensayos oficiales. Dada la gravedad de los hechos, por la repercusión que podría tener en la seguridad y salud de los consumidores, los investigadores lograron en apenas 24 horas localizar dicha mercancía en un conocido polígono industrial del municipio de Fuenlabrada.

Un millón de test analizados​

Este miércoles los agentes llevaron a cabo un dispositivo policial con el objetivo de inspeccionar estos productos correspondientes a cuatro empresas ubicadas en cinco naves. En total se analizaron alrededor de un millón de test, de los cuales se intervinieron unos 300.000 por deficiencias en los trámites documentales o bien por carecer de autorización para su distribución por lo que no se podrían considerar aptos para su uso.

Por estos hechos se abrió un expediente administrativo sancionador si bien se está pendiente de analizar numerosa documentación por si pudieran haber cometido una acción delictiva.

 

Estados Unidos despide a 200 militares que se negaron a ser vacunados​

Pese al aumento de contagios debido a la variante ómicron, en Estados Unidos aún hay mucha gente que se resiste a las vacunas contra el COVID-19, y no solo entre la población civil, sino también en la milicia. De acuerdo con Axios, 206 marines han sido despedidos del servicio por rehusarse a ser vacunados.

El 21 de diciembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtió que los miembros de la milicia en servicio debían vacunarse o “enfrentar las consecuencias”. Según el organismo, 98 por ciento de sus fuerzas ya estaba vacunado, pero todavía existe un pequeño remanente de soldados y miembros que se niega a hacerlo.

Las consecuencias para los no vacunados van desde la imposibilidad de continuar con su entrenamiento hasta la suspensión de sus pagos e incluso el despido.

Según el reporte de Axios, hay más de 3,200 solicitudes para eximirse de las vacunas por motivos religiosos, aunque ninguna de estas fue aprobada.

Los soldados que se negaron a recibir una vacuna se defienden al decir que se trata de una suerte de purga política encabezada por la administración del presidente Joe Biden. En una charla anónima con Fox News, militares de diversos rangos aseguran que obligarlos a vacunarse es inconstitucional y que tiene como consecuencia la pérdida de buenos soldados.

Para ellos, el problema es que respecto a las vacunas “todo mundo tiene derecho a opinar excepto la milicia, porque no estamos autorizados a oponernos a nuestros líderes”.

De cualquier manera, parece ser que estos reclamos de militares rebeldes caerán en saco roto, porque el Departamento de Defensa de EE.UU. hasta ahora no ha tenido contemplaciones contra quienes desobedecen las órdenes respecto a las vacunas.

 

Sicarios mexicanos azotan a un grupo de personas por no respetar las restricciones impuestas por el crimen organizado en Guerrero​

En un video que circula por las redes sociales se observa a un supuesto sicario azotando a varias personas en Tierra Caliente, en el estado mexicano de Guerrero, por no respetar las restricciones impuestas por el covid-19 y participar en una fiesta.

La grabación muestra a un hombre de espaldas a un camión mientras otro le azota en las piernas. "Llorón hijo de la verga, ¿sabías que no había permisos para eventos, verdad wey?", dice el sicario.

Varios hombres esperan en fila su turno para ser golpeados y se escucha a la persona que filma contar el número de azotes que reciben.



Según el medio Bajo Palabra, que cita fuentes cercanas, la Familia Michoacana, una organización criminal, restringió los eventos debido al incremento de hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus estas últimas semanas.

El medio indica que estas medidas se tomaron después de que Johnny Hurtado Olascoaga, alias 'El Pez' y cabecilla del cártel, fuese hospitalizado por covid-19.

La Familia Michoacana habría impuesto una multa de 20.000 pesos (unos 975 dólares) y 10 azotes a todo aquel que no cumpla las normas.


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Italia prohíbe transporte público a no vacunados contra Covid-19​

El Gobierno italiano decretó que las personas sin vacunar que no hayan tenido coronavirus no podrán usar el transporte público ni consumir en restaurantes al aire libre a partir del próximo 10 de enero.

El premier Mario Draghi dispuso que desde el 10 de enero hasta por lo menos el 31 de marzo las personas que no exhiban un certificado de vacunación o de recuperación de la enfermedad no podrán tomar el transporte público, ir a "hoteles o estructuras receptivas" o utilizar "servicios de restaurantes al aire libre".

El decreto firmado anoche busca acelerar la campaña de vacunación en el país en medio de la difusión de la variante Ómicron del coronavirus, por la que ayer el país registró ayer 98.020 nuevos casos, el máximo desde el inicio de la pandemia.

Hasta ahora, para viajar en tren y en avión bastaba con estar en posesión de un pase sanitario "básico", que podía obtenerse gracias a la vacunación, pero también con una prueba negativa.

Con el nuevo decreto, solo será posible para quienes tengan el denominado "pase verde reforzado" que se obtiene solo con vacunación o certificado de recuperación.

Las nuevas disposiciones, tomadas en acuerdo con el Comité Técnico Científico que asesora al Gobierno, eliminaron además la obligatoriedad de cuarentena para las personas vacunadas que hayan estado en contacto con un caso positivo de coronavirus.

Las medidas estarán en vigencia mientras dure el denominado "estado de emergencia" a nivel nacional, prorrogado hasta el 31 de marzo.

 

La vacunación de niños no despega en Madrid: apenas han acudido dos de cada diez en las dos semanas de campaña​

"Nos hubiese gustado que tuviese un ritmo más alto del que está teniendo". Sin ambages, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, admitió este jueves que la vacunación infantil no ha terminado de despegar en la región. En las dos primeras semanas de la campaña han acudido a ponerse la primera dosis algo más de 114.500 menores de 5 a 11 años. Considerándola por sí sola es una cifra elevada, pero si se relaciona con el total de población a vacunar en este grupo de edad, alrededor de 491.000 niños, se queda escasa.

La cifra de vacunas administradas desde el día 15 de diciembre a los madrileños más jóvenes revela que apenas dos de cada diez (algo más del 23%) tienen la primera dosis del fármaco contra la Covid-19. Este porcentaje de cobertura no se explica ni por la falta de viales ni por la escasez de citas para vacunas.

La Comunidad de Madrid recibió a mediados de diciembre una partida de 204.000 vacunas pediátricas, por lo que tendría disponibles en la actualidad alrededor de 90.000. Los huecos para niños en las agendas de los puntos de vacunación también se cuentan por miles: se abrieron 129.000 y se han ocupado alrededor de 51.000, por lo que hay disponibles en torno a 78.000.

La falta de respuesta de muchas familias a la vacunación de sus hijos menores se debe a cierta reticencia hacia las vacunas pediátricas y desde la Consejería de Sanidad se insiste en que no hay fundamento para las mismas. "Las vacunas son seguras", aseveró Enrique Ruiz Escudero esta semana.

Situación opuesta a la del grupo de 12 a 19 años​

El ritmo de vacunación del grupo de 5 a 11 años en las primeras semanas de vacunación contrasta con el que se dio el pasado verano en la franja de edad inmediatamente superior: de 12 a 19 años. La inmunización para estos jóvenes madrileños se abrió a mediados de julio y adquirió velocidad de crucero casi desde el primer momento: en el primer mes de apertura de citas el 40% de los adolescentes tenía al menos una dosis de la vacuna y el 12%, las dos.

En la actualidad, el 81,9% de estos jóvenes cuenta con la pauta completa de la vacuna, por encima de grupos de edad que llevan más tiempo pudiéndose vacunar, como los de la franja 20-29 años (79,6%), los de 30 a 39 (77,7%) e incluso del grupo 40-49 (87,7%).

"Vacunarse es fundamental"​

La inmunización, subrayó Enrique Ruiz Escudero este jueves, es el elemento que ha posibilitado que la ola de contagios explosiva que se está atravesando en España no esté siendo tan grave como otros episodios anteriores. La pauta completa de la vacuna, reiteró el consejero, reduce en un 70% el riesgo de ingresar en el hospital si se contrae la Covid-19 y hasta en un 80% el peligro de acabar en una cama de UCI.

"La vacunación es lo que nos ha permitido tener una situación de control", remarcó Ruiz Escudero, por eso su departamento seguirá facilitando el acceso a la campaña en los próximos días. Desde el 1 de enero, 10 profesionales de Enfermería se incorporan al dispositivo del Wizink para ofrecer más citas. Se calcula que se podrán abrir en torno a 1.000 huecos más en las agendas cada día.

"Hemos abierto más huecos porque queremos que más madrileños se vacunen (...) vacunarse es fundamental", explicó el consejero. El responsable autonómico espera que la población que aún no está vacunada lo haga. En cuanto a los menores de 5 a 11 años, Ruiz Escudero confió en que más familias sigan pidiendo cita para administrar las 204.000 dosis que tiene disponibles Madrid. Y en enero, la Comunidad espera recibir otra partida con más sueros.

 

Los medios vendidos siguen con sus ridículos ataques contra Rafa Navarro (Cop225)​

Parece que alguien con cierto poder debe andar muy preocupado y obsesionado con nuestro amigo Rafa Navarro porque esto ya no es normal. Si hace unos días eran medios como la SER, ABC o el diario La Información, entre otros, los que atacaban a Navarro tras sacar completamente de contexto unas palabras contra Ximo Puig que dijo en un vídeo, hoy es el diario el ‘Información’ se viene “arriba” con el siguiente titular: “La Fiscalía estudia denunciar al policía local negacionista de Alicante”. Y añaden: “La fiscal de delitos de odio del TSJ analiza el vídeo en el que el agente amenaza al presidente Puig con pegarle dos hostias”.

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Y esto en un país en el que un corto mental como Miguel Lago decía en un programa de televisión, concretamente en el de Risto Mejide, que a los que no se vacunaran había que pegarles una hostia. Nos preguntamos si hay algún fiscal en España que también estudie esas declaraciones y denuncie a este pelota de oficio, tal y como este diario nos cuenta que se pretende actuar contra Rafa Navarro.

Lo que parece estar sucediendo con este asunto es que hay demasiada gente en Alicante que los tiene “de corbata” por el gran número de seguidores que tiene Rafa en las redes sociales. Parece como que temieran que hubiera una especie de efecto contagio con la valentía demostrada por Rafa Navarro y quisieran utilizarle como “cabeza de turco” para dar un “aviso a navegantes”.

De lo que no se dan cuenta es de que eso les va a resultar cada vez más difícil. No solo somos muchos los que mantenemos el mismo discurso que Rafa Navarro, es que cada vez son más las personas que apoyan ese discurso ante la deriva totalitaria que estamos sufriendo en España. Más miedo que vergüenza es lo que tienen y es lógico, porque han demostrado ser unos cobardes desde el primer día y la vergüenza ni la conocen.