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Pedro Sánchez presionó personalmente al presidente del TC para frenar la sentencia contra el estado de alarma​

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionó en persona al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, para frenar la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento acordado por el Ejecutivo durante el primer estado de alarma por la pandemia de la covid-19.

El Alto Tribunal aprobó este miércoles por 6 votos a favor y 5 en contra la ponencia redactada por el magistrado conservador Pedro González Trevijano que estima parcialmente el recurso presentado por Vox el pasado año. La sentencia declara inconstitucional el confinamiento que ordenó el Ejecutivo al considerar que los derechos fundamentales de circulación y reunión fueron suspendidos y no limitados por el estado de alarma. Por ello, la medida del Gobierno era propia del estado de excepción y no del estado de alarma.

La sentencia de González Trevijano, cuyo contenido íntegro se dará a conocer en los próximos días, fue respaldada por los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Pedro Narváez, Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares y la vicepresidenta del Alto Tribunal, la progresista Encarnación Roca. Por otro lado, formulaban votos particulares contra la resolución el propio presidente del Constitucional, el conservador Juan José González Rivas, el magistrado conservador Andrés Ollero, y los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Pedro Sánchez "ha presionado a González Rivas en persona en los últimos meses en los diferentes actos públicos en los que ambos han coincidido para frenar la sentencia contra el estado de alarma. En estos actos públicos, Sánchez mantenía una conversación aparte con González Rivas, pero a la vista de las otras personas presentes".

"González Rivas claudicó a la presión de Sánchez y por ello, fue uno de los 5 magistrados del Tribunal Constitucional que votó en contra de la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento", añaden. Tal y como desveló este diario, González Rivas ya consiguió bloquear la sentencia cuando fue debatida el mes pasado en el primer pleno del Constitucional, rechazando la ponencia de González Trevijano junto a los magistrados progresistas que lidera Conde-Pumpido. De hecho, el propio presidente del TC intentó infructuosamente posponer la votación de la sentencia de este mismo miércoles hasta después del verano.

Otras fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que las presiones del Ejecutivo al Alto Tribunal se recrudecieron el mes pasado tras filtrarse el contenido de la ponencia de González Trevijano. "La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha mantenido conversaciones con la magistrada progresista del TC y amiga personal suya, María Luisa Balaguer. Por su parte, el propio Pedro Sánchez asumió en persona las conversaciones con el presidente del Constitucional, González Rivas", destacan.

Recordamos que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la progresista Encarnación Roca, que votó a favor de la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento, denunció en el pleno de este miércoles haber recibido presiones de Carmen Calvo a través de una llamada telefónica.

Las presiones de De la Vega a Casas que desveló LD​

No es la primera vez que se denuncian las presiones por parte de un Gobierno socialista al Tribunal Constitucional. Las cámaras de Libertad Digital Televisión captaron en exclusiva en el año 2007 la bronca de la entonces vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, a la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, durante el desfile de la Hispanidad.

La bronca a la magistrada llegaba poco después de que el Gobierno de Zapatero anunciase su intención de recusar a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional a través de la Abogacía del Estado cuando la institución debía decidir sobre un recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña.

 

Las autoridades de Moscú cancelan el sistema de códigos QR para acceder a restaurantes, bares y cafeterías​

El sistema de códigos QR utilizado en Moscú para acceder a restaurantes, bares y cafeterías, se eliminará a partir del próximo lunes, el 19 de julio, informó este viernes el alcalde de la capital de Rusia, Serguéi Sobianin. "Debido a la mejora de la situación y la buena dinámica de vacunación, hemos tomado una serie de decisiones importantes, [...] a partir del 19 de julio cancelaremos los códigos QR obligatorios en la restauración", declaró el funcionario durante la reunión del Presidium del Consejo Estatal de coordinación de la lucha contra el coronavirus.

El acceso a cafeterías y otros establecimientos de restauración en Moscú fue restringido el pasado 28 de junio ante el aumento de contagios del covid-19. La regla estipuló que solo podrían acceder los clientes con protección frente a la enfermedad, verificada a través del código QR.

 

Un hospital de Galicia prohíbe que los enfermos sean acompañados de personas no vacunadas​

Parece que Vladimir Feijoov quiere convertir a Galicia en su dacha particular y a los gallegos en los habitantes de una enorme cheka en la que tenerlos a todos vigilados, controlados y sometidos con la excusa del virus de las narices.

Toda esta crisis “sanitaria” está demostrando que Feijoo es uno de los personajes más prescindibles de la política y de la sociedad española, con permiso de miles de políticos vividores y chusqueros más. Empezó intentándolo con aquella dictatorial ley a la que se llamó Ley Auschwitz, pero fue inmediatamente tumbada en los tribunales.

Pero para Vladimir lo importante es demostrar a todos los gallegos que el que manda allí es él y que es el reyezuelo que les ha tocado aguantar para que les “salve” de un virus que no está demostrando ser otra cosa que una mala estafa de todos los gobiernos para conseguir hacer lo que está haciendo Feijoov, montar una dictadura.

Y el tipo llega a extremos insospechados en ese afán dictatorial que tiene como lo es la persecución a la que somete incluso a las personas que caigan enfermas y tengan que ser ingresadas, aunque no sea del puñetero virus. Y es que prohíbe que esas personas que tienen que ser ingresadas puedan ser acompañadas de un familiar que no esté vacunado.

Así, como lo leen. Y suponemos que no será solo cosa del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que es el hospital donde se ha fotografiado este cartel. Suponemos que será cosa de todos los hospitales gallegos y del Servicio Gallego de Salud, por obra y gracia de este impresentable presidente autonómico.

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En Perú se inventan una nueva variante, a este paso van a agotar el alfabeto griego; que lo llamen variantes vacunas y se dejen de monsergas​

Es alucinante la forma en la que políticos, medios de comunicación y sanitarios vendidos pretenden estirar el cuento este del virus hasta el agotamiento. Es alucinante la forma en la que nos mienten para justificar los contagios provocados por los vacunados, porque eso es lo que realmente está pasando. Pero es más alucinante, todavía, que haya un buen número de personas que sigan tragándose esta monserga sin darse cuenta de lo que en realidad está pasando.

Ahora nos encontramos con que un medio de comunicación peruano, Andina, se ha sacado de la manga una nueva variante con la que aterrorizar a todo el mundo y justificar los contagios que, en realidad, están siendo provocados por la vacunación. Nos cuentan que en la región de Piura ha surgido una nueva variante, la variante Iota (I en el alfabeto griego).

Es decir, no han conseguido secuenciar ni aislar el virus una sola vez pero se sacan variantes de la manga como si no hubiera un mañana. ¿Y qué tal si nos ahorramos monsergas y llamamos a las cosas por su nombre? Porque esas no son variantes del virus, lo que en realidad estamos viendo son los contagios provocados por las vacunas.

Pero claro, la realidad hay que esconderla como sea porque si se cuenta a lo mejor todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Por favor, despierten, no pueden disimular peor y no se lo pueden estar dejando todo más claro y diáfano.

 

Si vives en Extremadura y no estás vacunado, el gobierno extremeño no te da permiso para irte de vacaciones​

Es tremendo lo que tenemos que aguantar en esta país, los vividores que tenemos como políticos, lo caraduras que son y cómo les está gustando últimamente ir de reyezuelos por la vida a esos que dirigen los gobiernos de las comunidades autónomas.

Nos encontramos con un nuevo ejemplo en Extremadura, esa comunidad autónoma que preside un tipo que atacó a Sánc-HEZ cuando fue expulsado de la secretaría general del PSOE y que ahora le pone el trasero en pompa.

Vean la noticia porque ya es como para clamar al cielo. Según publican varios medios, los extremeños que residan en localidades aisladas que acrediten estar vacunados podrán salir de vacaciones. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado flexibilizar las medidas de restricción de la movilidad, tales como los cierres perimetrales de localidades, para aquellas personas que puedan acreditar que tienen la pauta completa de la vacunación contra la Covid-19, a fin de conjugar el derecho a la protección de la salud con el disfrute de las vacaciones.

Es decir, si está usted vacunado sus amados lideres le dan permiso para irse de vacaciones, pero si no está usted vacunado, no. Tendrá que quedarse en casita haciendo lo que le manden esos a los que vota y paga todos los meses porque no le van a dar permiso para salir de su localidad. Qué bueno, ¿verdad?

Y si quieren salir de vacaciones se tendrán que poner esa vacuna que el propio Fernández Vara reconocía de una forma miserable que es experimental y que habían empezado por probarla en los ancianos: “Ahora que estamos terminando de vacunar en las residencias… me ratifico en la prudencia de los primeros. Esta es una vacuna que se ha aprobado en un tiempo excepcionalmente corto y creo que, como responsables públicos, el mantener esa prudencia inicial para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados era una actitud prudente”.

(De lo más ruin y miserable que hemos escuchado: Guillermo Fernández Vara reconoce que han usado a los ancianos de residencias como conejillos de indias con las vacunas)

Sinvergüenzas.

 

Pfizer estima aplicar su vacuna contra el Covid-19 a bebés desde los 6 meses a partir de 2022 (a pesar del bajo riesgo estimado para esa franja etaria)​

A pesar de que las posibilidades de enfermar gravemente y morir en niños pequeños por Covid-19 fue estimada en solo 2 por millón, por un estudio publicado por universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, Pfizer-BioNTech informó que en el caso de los niños de 5 a 11 años los informes podrían estar listos para septiembre próximo y, según cuáles sean sus resultados, pedirá que le otorgue la autorización de emergencia para ser rápidamente aplicada. Los datos de los niños de 2 a 5 años podrían llegar poco después y en los de 6 meses a 2 años estimó que reuniría los informes necesarios hacia octubre o noviembre para presentarlos ante la FDA. En EEUU las autorizaciones de la FDA suelen tardar varias semanas por lo que los inoculantes para los niños más pequeños, estarían listos para los primeros días de 2022.

Pfizer-BioNTech es la única que hasta el momento cuenta con la autorización de emergencia para ser aplicada en adolescentes de entre 12 y 18 años, por parte de la Administración de Medicinas y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés), lo mismo que, en Argentina, por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Moderna tramita que su vacuna reciba la misma aprobación.

Ambos laboratorios se encuentran desarrollando ensayos clínicos en niños de 6 meses a 11 años. La investigación de Pfizer incluye a más de 4.600 participantes que fueron divididos en tres grupos de edad: niños de 5 a 11 años, de 2 a 5 años y bebés de 6 meses a 2 años.

“No puedo imaginar que estemos en condiciones de considerar siquiera cómo utilizar estas vacunas hasta el mismo final del 2021, entrando en el primer trimestre de 2022”, opinó Buddy Creech, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt y uno de los investigadores principales de la vacuna pediátrica contra el COVID-19 de la compañía Moderna.

“Tiene todo que ver con la madurez del sistema inmunológico, y eso no se correlaciona uno a uno con el tamaño del niño”, expresó William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Vanderbilt y asesor en materia de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Los científicos evalúan el riesgo de que la vacuna potencie la posibilidad de que los niños se contagien, una precaución que se viene adoptando en todas las investigaciones de este tipo desde que en la década de 1960 se aplicó una vacuna contra el Virus Respiratorio Sincital (VRS) y se empeoró la circulación de la enfermedad. También han presentado dudas acerca de que la vacuna no empeore una rara pero grave enfermedad relacionada con el COVID-19 llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) que puede generar anomalías neurológicas y muertes.

“Hay que asegurarse de que la vacuna no está empeorando eso”, dijo Peter Hotez, inmunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine.

Con respecto a la probabilidad de los niños de enfermarse, se tres nuevos estudios preliminares dirigidos por el University College London (UCL), la Universidad de Bristol, la Universidad de York y la Universidad de Liverpool, que se presentarán al Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido. , el Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estos nuevos estudios muestran que los riesgos de enfermedad grave o muerte por SARS-CoV-2 son extremadamente bajos en niños y jóvenes”, dijo el profesor Russell Viner del UCL Great Ormond Street Institute of Child Health y autor principal de dos de los estudios. La profesora Lorna Fraser de la Universidad de York, agregó: “Es importante recordar que los riesgos son muy bajos para todos los niños y jóvenes. Incluso cuando encontramos mayores riesgos para algunos grupos con problemas médicos graves, estos riesgos aún eran muy pequeños en comparación con los riesgos observados en los adultos”.

Un estudio vinculado, publicado en el servidor ‘ResearchSquare’ y que analiza los datos de Inglaterra, concluyó que 25 niños y jóvenes habían muerto como resultado de COVID-19, lo que equivale a un riesgo absoluto de muerte por COVID-19 de uno en 481.000, o aproximadamente dos en un millón.

Si las vacunas no previenen el contagio sino “cursar con gravedad y morir por la enfermedad”, pero la probabilidad de morir en niños pequeños es estimada en una cifra tan baja como 2 por millón, cabe preguntarse cuál es la relación costo-beneficio para exponer a los mismos a terapias génicas experimentales con imposibilidad de saber los posibles efectos adversos en el mediano y largo plazo.

 

El Gobierno se embolsa los 115 millones de las multas pagadas en el estado de alarma inconstitucional​

La sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma anula de facto las multas impuestas por saltarse el confinamiento. Sin embargo, el fallo del Tribunal de Garantías especifica que no se podrá solicitar la devolución de aquellas sanciones que ya sean firmes, es decir, que ya se hayan abonado por parte de los infractores. Por tanto, de los cerca de 720 millones que el Estado preveía ingresar, los 115 millones que ya se han cobrado o están en proceso seguirán en las arcas públicas.

Es más, la cifra podría ser incluso superior, pues los últimos datos hechos públicos son del 30 de abril. Aunque la falta de refuerzo de las plantillas de funcionarios encargados de la tramitación de estas sanciones ha llevado a que la cantidad total sea menor de lo que podría haber sido: esto es así porque el año anterior, 2019, todas las subdelegaciones del Gobierno tramitaron 63.000 sanciones en todo un año, mientras que en 2020 fueron 1,2 millones en sólo tres meses, lo que desbordó a las plantillas existentes. Según los últimos datos conocidos, de los 115 millones, 85 ya los tiene el Estado por pronto pago, el resto, deberán recaudarse en los próximos meses.

1,2 millones de multas​

Los ingresos para el erario que esperaba el Gobierno de Sánchez no eran asunto baladí, pues durante el primer estado de alarma se impusieron un total de 1,2 millones de multas en toda España. Las cuantías de las sanciones oscilaban entre los 600 euros y los 10.400 de las más graves que fueron impuestas por organizar y/o participar en actividades de grupos que supusieran un riesgo de contagio.

En cuanto a los lugares donde más dinero se preveía recaudar estaba Andalucía, donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado firmaron 194.000 denuncias, seguida por la Comunidad de Madrid con 183.000 y la Comunidad Valenciana con 167.000. De hecho, sólo estas tres comunidades han acumulado el 48% del total de multas impuestas durante el estado de alarma, ahora declarado inconstitucional.

La sentencia del magistrado Pedro González Trevijano dice, cuando se refiere a las consecuencias del propio fallo, que «deben declararse no susceptibles de ser revisados como consecuencia de la nulidad que en esta sentencia se declara, no sólo los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes».

Así, la propia sentencia cierra la puerta al aluvión de reclamaciones por las multas impuestas que se esperaba que hubiera si finalmente, como ha sucedido, se declaraba la inconstitucionalidad del estado de alarma de Pedro Sánchez.

Inconstitucional sin reclamaciones​

No es la única puerta que ha cerrado el Tribunal de Garantías, pues también dice el fallo que no se podrán realizar reclamaciones patrimoniales, lo que deja a las empresas obligadas a cerrar y que, obviamente, tuvieron pérdidas millonarias, sin posibilidad de recurrir. Sobre este punto, la sentencia dice que «al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio».

La sentencia​

La sentencia del Tribunal Constitucional se ha erigido como una de las más importantes emitidas en los últimos años. Según el ponente, y otros cinco magistrdos -hay cinco votos en contra- «no hubo una limitación de derechos sino un vaciamiento» de los mismos, por lo que habría que haber decretado el estado de excepción, y no de alarma. Asimismo, el fallo redactado por el magistrado Pedro González Trevijano también explica, al respecto de lo anterior, que desde el Ejecutivo «quisieron limitar derechos sin decirlo».

 

Aviso de los expertos: los contagios no se frenan solos y urgen restricciones contundentes​

Los expertos avisan que los contagios de COVID-19 no se frenarán solos y reclaman restricciones inmediatas y contundentes en Baleares. «La situación necesita actuaciones, la tendencia al alza no se para por sí sola», declara el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Joan Carles March. En su opinión, «la situación actual de la pandemia obliga a poner algunas medidas que ayuden a bajar el número de infecciones que hay en estos momentos, este viernes se ha vuelto a registrar un nuevo récord en la pandemia. La realidad que vemos en las medidas que están poniendo en marcha otras CCAA es que es necesario hacerlo también en las Islas».

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, sostiene que «sin duda hay que tomar medidas». A su modo de ver se debe hacer por «el mensaje implícito que supone para toda la población, significa que hay un problema que abordar», así como por «la medida en sí, que seguramente contribuirá a reducir la transmisión».

El epidemiólogo Matíes Torrent también es partidario de adoptar restricciones, principalmente que eviten las aglomeraciones y los contactos interpersonales de las personas no vacunadas y en el uso de medidas de protección, como la mascarilla.

¿Qué medidas se pueden aplicar?​

1. Toque de queda. March explica que «se trata de una actuación que implica la prohibición o restricción a cualquier ciudadano de circular libremente por las calles o de permanecer en lugares públicos sin una justificación que se considere válida a determinadas horas. Lo habitual es que se aplique de 1:00 ó 1:30 a 6:00 de la madrugada». A su modo de ver, «es una opción que podrían ponerse en marcha para evitar la propagación de la pandemia».

Torrent también es partidario de implantar esta restricción, pero siempre acompañada de otras que eviten aglomeraciones».

2. Control de los botellones: El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública sostiene que «el botellón, una de las actividades en las que pueden estar relajándose las medidas de prevención, es una apuesta segura por el contagio. Es necesario que los ayuntamientos controlen los botellones y las reuniones en la calle. Y todo ello con un llamamiento a la responsabilidad y con vigilancia de las fiestas y botellones que es necesario intensificar. Hay que plantearse poner sanciones también».

3. Actuaciones con los jóvenes. March considera que es clave «ya que tienen más contactos que los mayores, no quieren delatar a conocidos y tienen miedo por sus padres. Y es que los jóvenes saben lo que hay que hacer. Pero poco a poco han perdido el miedo al virus y comprueban que si algún amigo se ha contagiado, no le ha pasado nada, sólo ha estado confinado y prácticamente sin síntomas. Al final, en ese entorno, tienden a socializar, unirse en fiestas, casas y eventos todos juntos. El problema es que a ciertas horas de la madrugada, muchas veces, el alcohol está demasiado presente».

4. La vacunación. Torrent insiste en que se debe aspirar a vacunar al 100 % de la población y considera fundamental que se restrinjan las actividades a los no vacunados. Pone como ejemplo que en países como Francia ya se está haciendo.

Por su parte, March hace especial hincapié en la vacunación de los jóvenes y de las personas que tienen una sola dosis puesta, principalmente las de 60-69 años. «Los jóvenes no están vacunados y además ahora hay variantes del virus que lo extienden mucho más rápido». Por ello, entiende que «es importante hacerles ver que para que esto se recupere se tienen que vacunar en cuanto puedan».

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha animado a los ciudadanos a vacunarse antes de irse de vacaciones y a no posponer la inoculación para la vuelta de los viajes.

5. Mantener las medidas de seguridad, a pesar de estar vacunados. March y Torrent insisten en la necesidad de seguir haciendo uso de la mascarilla. «Los jóvenes ven, después de más de un año de pandemia y distancia social, el volver a relacionarse con sus amigos y recuperar las actividades que solían hacer como una vía de escape en un contexto complejo. Los jóvenes no son más irresponsables ni egoístas que otros grupos de edad, pero se les ve como tales porque protagonizan los contagios», puntualiza el especialista en Salud Pública.

6. Limitar las interacciones. Las reuniones sociales se deberían limitar especialmente por la noche. Es imprescindible la restricción de la interacción y además, en la línea de lo planteado de toque de queda, de la movilidad nocturna, que sabemos que es muy eficaz.

7. Limitar los contactos. El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha asegurado que «se deben intentar limitar al máximo el número de personas con las que tenemos contacto» y utilizar la mascarilla siempre que no se puedan guardar la distancia de seguridad.

8. Cribados. March recomienda hacerlos en determinados grupos poblacionales en situaciones determinadas. «Es importante incrementar el número de test».

9. Rastreo. También sostiene que se debe hacer un control de los contagiados con un rastreo eficaz

10. Reprogramar la situación de los hospitales. El especialista en Salud Pública lo considera «imprescindible». «Esto afectará a las intervenciones quirúrgicas y a las consultas de los pacientes crónicos, con los que habrá que hacer actuaciones adicionales para conseguir mejorar su situación», concluye.

El Govern está trabajando en un paquete de medidas, que tiene previsto presentar a principios de la próxima semana, según ha manifestado la consellera de Salut; ha avanzado que estarán principalmente dirigidas a los jóvenes.

 

A la 'caza' de los 358.124 andaluces sin vacuna de más de 40 años​

Son exactamente 358.124 y tienen entre 40 y 69 años. Se han convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias porque son un talón de Aquiles en la estrategia de inmunización de toda la comunidad andaluza.

Y lo son porque esas 358.124 personas deberían haber estado ya completamente inmunizadas, o casi, y, sin embargo, no han recibido ni una sola dosis de las vacunas disponibles. Ni Pfizer, ni Moderna, ni Janssen.

Los motivos son variados, pero con un mínimo común denominador, su escasa o nula voluntad para recibir el pinchazo en el que ahora mismo descansa todo el plan para tratar de vencer al Covid-19 y terminar con una crisis sanitaria que dura ya más de un año.

Una buena parte de ellos no ha sido inmunizado, según la Junta, porque no ha querido, otros porque no han podido por circunstancias diversas y otra parte, más pequeña, porque su localización ha resultado imposible.

Al Gobierno andaluz le preocupa, y mucho, que un número tan elevado de adultos, susceptibles por tanto de desarrollar la enfermedad con síntomas graves, sin inmunizar y se ha lanzado, por eso, a la caza de estos hombres y mujeres a los que está haciendo llamamientos continuos desde hace unos días para que cambien de idea y se vacunen.

Casi cada día, desde la Junta de Andalucía se apela a la responsabilidad de este colectivo. Hoy mismo, tanto el vicepresidente, Juan Marín, como el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, han salido a advertir del riesgo y a pedir que corran a inmunizarse.

No sólo porque es un agujero en el objetivo de la inmunización de grupo, sino sobre todo porque el rebrote de los contagios y la cada vez mayor expansión de la variante Delta les coloca en un riesgo considerable.

Marín insistió ayer en que en cada provincia se ha señalado un centro de vacunación en el que estas personas pueden acudir a inmunizarse, además de las vacunaciones masivas y sin cita previa que se están organizado cada vez con mayor frecuencia.

En esta línea, el vicepresidente insistió en que el 63% de los pacientes que ahora mismo están en las UCI de los hospitales «no han querido vacunarse». Pero es que, además, ni siquiera la vacuna es una garantía total, puesto que entre el 15 y el 17% de esos enfermos graves, apuntó Aguirre, recibieron la pauta completa. El resto, hasta el cien por cien, recibieron una sola dosis de la vacuna antes de infectarse y enfermar.

Mientras tanto, la evolución de la pandemia no da tregua y los nuevos contagios volvieron ayer a dispararse en la comunidad andaluza. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, se registraron 3.610 nuevos casos, la mayor cifra de nuevos positivos en solo 24 horas desde el pasado 7 de febrero, cuando se alcanzaron los 3.685. Además, es el segundo día en el que se superan los 3.500.

La tasa de incidencia escala, de esta manera, hasta los 353,6 casos por cada 100.000 habitantes, aunque entre los jóvenes de 15 a 30 años -los que más están sin vacunar- se dispara a mil casos.

Los hospitalizados también aumentan hasta los 686, 18 más en la última jornada, de los que 132 están en la UCI.

 

El gobierno australiano obliga a hacer cuarentenas a personas no infectadas rastreando sus tarjetas de crédito​

Imaginamos que a estas alturas de la película todos tenemos claro que los gobiernos están obsesionados con que paguemos con tarjeta de crédito y nos olvidemos del efectivo para tenernos más controlados de lo que ya nos tienen, pero la noticia que nos ha llegado sobre Australia y sobre lo que hace el gobierno globalista de aquel país ya nos ha dejado helados.

Resulta que desde el gobierno se dedican a rastrear los pagos con tarjetas de crédito de todos los australianos. Pues atentos, si un australiano ha estado en un establecimiento por el que haya pasado alguien que haya dado positivo por el virus, el gobierno se pone en contacto con el primero y aunque no se compruebe si es positivo o no, le obligan a encerrarse en su casa y a hacer una cuarentena.

Convendrán con nosotros que con esto ya nos hemos encontrado de sopetón con aquello del gran hermano te vigila. Esta es una forma de aterrar a la población y de decirle que no podrá hacer absolutamente nada sin que el gobierno se entere. Por eso no dejan de hacernos tanta gracia esos personajes que van tan felices por la vida pagando con el móvil, pasando la tarjeta por encima del lector del datáfono y considerando que esa modernidad es maravillosa.

Dense cuenta del extremo al que se está llegando porque esto es cada día más fuerte y más grave. Si no paramos los pies entre todos a esta gentuza, esto cada día irá a peor. Tengan en cuenta que la implantación de las dictaduras por parte de todos los gobiernos va ya a una velocidad inimaginable hace tan solo un año. Solo depende de nosotros dejarnos llevar hacia una locura distópica en la que será casi imposible hacer una vida normal y tranquila.