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Suspenden de empleo y sueldo durante 1 año, 7 meses y 15 días al Policía Local de Alicante, Rafa Navarro, por negarse a usar la mascarilla​

Estamos luchando por nuestra libertad y por nuestros derechos, por eso es importante que se apoye sin ninguna fisura a las personas que, valientemente, deciden enfrentarse a los políticos y a los lacayos que, en nombre de esos políticos a los que poco o nada les importan nuestras vidas, pretenden arruinarnos económica, física y moralmente.

Hoy, el Policía Local de Alicante, Rafa Navarro, ha recibido la resolución que el ayuntamiento de su ciudad ha tomado contra él por negarse a poner en peligro su salud, obligándole a usar la mascarilla todos los días en su jornada laboral. Rafa Navarro se negó a hacerlo porque entiende, como entendemos muchos, que esas mascarillas que nos obligan a llevar estos políticos miserables perjudican seriamente nuestra salud por una razón muy sencilla clara y evidente, una razón que hasta el más tonto puede entender: Si no respiras, te mueres. Esto le cuesta una suspensión de empleo y sueldo de 1 año, 7 meses y 15 días.

Y después nos contarán que si el virus te puede contagiar, que tu puedes contagiar a los demás, que si pitos, o que si flautas. Pero, ¿dónde? ¿En la calle? ¿En el campo? ¿En una playa? Y los fulanos que salen por televisión y que, además, jalean y apoyan ese ilógico uso de mascarillas, ¿por qué no las llevan puestas? ¿Hasta que exagerado extremo nos está tomando toda esta gentuza por imbéciles? Porque es cierto que hay mucho imbécil, puede que incluso demasiado, pero no todos somos imbéciles hasta un extremo tan exagerado como el que nos toma esta gentuza que nos gobierna.

Esto es lo que decíamos al principio de este artículo, a las personas hay que apoyarla y mostrarles nuestra solidaridad. ¿O acaso prefieren a esos fantasmas que van como generales por la vida intentando amargar la vida al prójimo y que han quedado retratados en tantos y tantos vídeos? No, ¿verdad? Pues todo nuestro apoyo a Rafa Navarro. Ojalá hubiera muchos como él, si esto fuera así, la tomadura de pelo se acabaría mañana mismo.





Fuerza Rafacop 💪
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que la vacunación obligatoria es "necesaria en una sociedad democrática"​

Este fallo ha sido considerado histórico, ya que es la primera vez que el TEDH se pronuncia sobre la vacunación obligatoria contra las enfermedades infantiles.

Las vacunas infantiles obligatorias son "necesarias en las sociedades democráticas" y todo niño tiene que estar protegido. Así lo dictaminó este 8 de abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en respuesta a una denuncia presentada en República Checa. El caso fue llevado a los tribunales por varios padres de familia del país centroeuropeo que habían sido multados o a cuyos hijos se les había negado el acceso a una guardería por no tener las vacunas obligatorias infantiles, informa Deutsche Welle.

Estas personas alegaban que su derecho al respeto a la vida privada estaba siendo violentado, pero el tribunal desestimó sus demandas. En tanto en Republica Checa existe la obligación legal de vacunar a los menores contra nueve enfermedades (difteria, tétano, tos ferina, hepatitis B y sarampión, entre otras), el TEDH determinó que estas políticas de salud eran coherentes con los intereses y el bienestar de los niños.

"El objetivo tiene que ser que todo niño esté protegido contra enfermedades graves, mediante la vacunación o en virtud de la inmunidad colectiva", puntualizó la Justicia europea.

Sentencia histórica​

Este fallo ha sido considerado histórico, ya que es la primera vez que el TEDH se pronuncia sobre la vacunación obligatoria contra las enfermedades infantiles. Y aunque no se refiere directamente a las vacunas contra el covid-19, los expertos creen que podría tener implicaciones para las próximas campañas de vacunación contra el virus y en los esfuerzos para poner fin a la pandemia. Esta sentencia podría "reforzar la posibilidad de una vacunación obligatoria en las condiciones de la actual epidemia", asegura Nicolas Hervieu, experto legal en temas de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Los países de Europa han sufrido una ola de desinformación sobre el tema de las vacunas y la pandemia que ha provocado escepticismo entre ciertos sectores de la población. Muchas personas niegan la existencia del virus, mientras que otros rechazan que ellos o sus familias sean vacunados. En este contexto, la decisión del TEDH ha sentado un precedente de que las vacunas obligatorias no contravienen la Convención Europea de Derechos Humanos.

 

Sanidad amplía el uso de la vacuna de AstraZeneca a personas entre 60 y 69 años​

España empezará a usar la vacuna de AstraZeneca con personas de entre 66 y 69 años. La Comisión de Salud Pública ha acordado este jueves utilizar la vacuna anglosueca para inmunizar a este grupo, que se unirán al de los ciudadanos de entre 60 y 65 años después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaran el miércoles frenar el proceso para las personas mayores de 60 años.

La Comisión de Salud Pública ha decidido además en su reunión de esta tarde posponer la inmunización de aquellas personas menores de 60 años que estaban priorizadas en la estrategia para recibir el suero de la Universidad de Oxford que aún no hayan recibido el primer pinchazo.

Para los que ya hayan recibido la primera dosis, los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades comunicarán próximamente su decisión sobre la segunda dosis "según se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la EMA y en comunicación con otros países de la UE".

"Beneficios por encima de los riesgos"​

La decisión llega después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitiera un informe en el que confirmaba la existencia de una "posible relación" entre la vacuna de AstraZeneca y casos muy infrecuentes de coágulos sanguíneos. Según las conclusiones alcanzadas por el comité de seguridad (PRAC) de la EMA, los coágulos de sangre “inusuales” con bajas plaquetas “deben incluirse como efectos secundarios muy raros” de la vacuna de AstraZeneca, en base a “todas las pruebas disponibles actualmente”, incluyendo el asesoramiento de un grupo especial de expertos.

Aún así, la EMA había recomendado seguir con su utilización sin fijar límites de edad, asegurando que "los beneficios derivados siguen estando muy por encima de los riesgos", una pauta que no han seguido varios países, entre ellos España.

"La EMA continuará monitoreando toda la evidencia científica disponible sobre la efectividad y seguridad de todas las vacunas covid-19 autorizadas y emitirá más recomendaciones, si es necesario, sobre la base de evidencia sólida", ha dicho Emer Cooke, directora ejecutiva de EMA, que ha añadido que “es importante que las personas vacunadas como los médicos son conscientes de los signos y síntomas de estos trastornos inusuales de la coagulación de la sangre y pueden detectarlos rápidamente para minimizar el riesgo ".

Hasta ahora la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de los 15 días posteriores a la vacunación. Según ha confirmado la presidenta del PRAC, Sabine Straus, se ha llevado a cabo "una revisión detallada de 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral y 24 casos de trombosis de la vena esplácnica en la base de datos de seguridad de medicamentos de la UE (EudraVigilance) al 22 de marzo de 2021", de los cuales "18 fueron fatales".

 

Francia inyectará Pfizer y Moderna como 'segunda' dosis de AstraZeneca​

Los menores de 55 años en Francia que ya fueron inoculados con la primera dosis de AstraZeneca recibirán un segundo pinchazo con una profilaxis de un laboratorio diferente, previsiblemente Pfizer o Moderna que son los otras dos marcas disponibles por el momento en la Unión Europea. El ministro de Sanidad, Olivier Véran, adelantó hoy en declaraciones en la emisora RTL, que la medida afectará a unas 600.000 personas, que serán inoculadas con otra fórmula antes de que se cumplan las 12 semanas preceptivas que marcaba AstraZeneca para el segundo pinchazo.

La Alta Autoridad de Salud (HAS), el organismo que marca las directrices del Gobierno galo, ya suspendió el pasado 19 de marzo las inoculaciones de la profilaxis anglosueca por debajo de los 55 años tras la aparición de los primeros episodios de trombos entre personas relativamente jóvenes –particularmente mujeres menores de 60 años- que habían sido inoculadas con la fórmula de la Universidad de Oxford.

España, sin embargo, tras un parón de una semana el mes pasado, retomó la inoculación de AstraZeneca hasta el pasado jueves con inyecciones a todo tipo de trabajadores esenciales por debajo de los 65 años (fundamentalmente policías y personal docente), por lo que el número de personas inoculadas con la primera dosis y que no pueden ser vacunadas con el segundo pinchazo al no haber cumplido los 60 es mucho mayor que en el país vecino. Según las estimaciones de Sanidad, son unos 2 millones de personas las que se han quedado en ese limbo sanitario.

Sin estudios​

La opción 'gala' de inocular la segunda dosis es una de las posibilidades que estudia la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública, el organismo que en España estudia qué hacer con el segundo pinchazo de las personas ya inoculadas con AstraZeneca. Aunque la decisión del país vecino de mezclar profilaxis podría marcar también el camino en España, lo cierto es que los expertos de la Ponencia tienen muchas dudas sobre este cóctel. Ya avisan desde este organismo que los ensayos sobre la mezcla de vacunas contra el coronavirus todavía son muy incipientes, sobre todo porque las prisas que marcaron la investigación de las profilaxis impidieron profundizar en un primer momento en la interacción de diferentes fórmulas. En cualquier caso, en la Ponencia hay muchas voces que insisten en que no ven claro usar las vacunas de Pfizer o Moderna como recuerdo, ya que son profilaxis basadas en el ARN mensajero, mientras que la de AstraZeneca se fundamenta en el adenovirus del chimpace. La única similar sería la de Janssen, que debería llegar a España en los próximos días, que usa también como fundamento el adenovirus pero esta vez humano.

Hoy mismo, Margarita del Val, viróloga, inmunóloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) y una de las cabezas más visibles de la comunidad científica española, avisó «no se pueden hacer experimentos» combinando dosis de vacunas diferentes.

La segunda vía que estudia la Ponencia, tal y como adelantó Carolina Darias el mismo miércoles cuando Sanidad anunció que suspendía la vacunación AstraZeneca a los menores de 60 años, es directamente dejar sin el segundo pinchazo a estos dos millones de personas, confiando en que, tal y como asegura en sus indicaciones el laboratorio británico, alcancen una inmunidad cercana al 70%. Esta solución –no obstante- según los expertos de Salud Pública probablemente obligaría a inocular de nuevo una nueva dosis antes de un año por la posibilidad de una rápida pérdida de la inmunidad.

Aunque Carolina Darias nunca ha hablado de la posibilidad de recular e inmunizar con la segunda dosis de AstraZeneca a esos 2 millones de trabajadores esenciales que ya tienen la primera, esta opción sí que sigue siendo defendida con firmeza por parte de la Ponencia, según confirmaron este mismo viernes fuentes cercanas a la misma. Este grupo de expertos defiende que la Agencia Europea del Medicamento (EMA), a pesar de reconocer que hay «vínculos» entre los trombos y la vacuna, ha seguido instando a los 27 a usar la profilaxis sin ningún tipo de límite de edad en la franja superior. Y hasta ahora, nunca Sanidad había desoído las recomendaciones de la EMA, que insiste en que los beneficios de la inoculación con AstraZeneca siguen siendo muy superiores a los riesgos, sobre todo en los grupos de edades más avanzadas.

A pesar de que la suspensión de la vacunación a los menores de 60 mantiene en vilo a centenares de miles de personas y a sus familias, la Ponencia no quiere precipitarse en una decisión. Los expertos, revelaron hoy fuentes de Sanidad, siguen analizando la literatura publicada y los casos detectados para tomar una decisión.


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El gobierno británico pretende que los pubs controlen los teléfonos de sus clientes por ver si están registrados en una aplicación de “Prueba y Rastreo” del Servicio Nacional de Salud​

La distopía ha llegado por completo a nuestras vidas y cada día nos encontramos con una prueba más por parte de los gobiernos de cualquier lugar del mundo, en este caso el británico que parece irse dirigiendo a pasos agigantados hacia un gobierno completamente orwelliano en el que todos estaremos absolutamente controlados por el estado.

El gobierno de Boris Johnson va a permitir que los pubs abran a partir del lunes, pero solo sus jardines y terrazas, no en el exterior. Como si de un “amado líder” se tratara dándole a su pueblo ciertas libertades, esta concesión la ha realizado con condiciones. La condición es que todos los pubs deberán controlar en su entrada los teléfonos móviles de sus clientes y deberán asegurarse de que estén registrados en la aplicación del NHS (Sistema Nacional de Salud) Test and Trace.

Los pubs que no realicen ese control están amenazados con recibir multas de hasta 1.000 libras si no lo llevan a cabo. Según un informe del London Telegraph , cualquiera que desee beber en el jardín de un pub en Gran Bretaña a partir del lunes (solo se abrirán las áreas exteriores) se verá obligado a entregar su teléfono al personal del lugar, que debe verificar que la persona esté registrada en la aplicación del gobierno.

Para ello, el pub deberá escanear por medio de código QR o dejar registrado en papel si sus clientes cumplen esas condiciones. Esta aplicación que, en teoría, es completamente voluntaria sería obligada para aquel que desee tomarse una cerveza en un pub. Como verán, lo de la voluntariedad es completamente sarcástico puesto que, poco a poco, están pasando a convertirla en obligatoria así, como quien no quiere la cosa.

Imaginen cuando implanten el pasaporte COVID con lo mucho que le gusta a esta gentuza que nos gobierna controlar nuestras vidas y nuestros movimientos. Como no nos despertemos pronto y nos levantemos, cuando nos queramos dar cuenta nuestras vidas dependerán absolutamente de la decisión de cualquier gobierno autoritario del mundo que, en estos momentos, parecen ser todos.

 

Multado por saltarse el cierre perimetral cuando iba a comprar comida para su mujer celiaca: "Es una vergüenza"​

Los cierres perimetrales de provincias, comarcas o comunidades autónomas se viven con absoluta normalidad en la actualidad, pero hace algo más de un año eran impensables, como sucede con muchas restricciones por el coronavirus. Los encargados de hacer cumplir estos cierres son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, aunque en muchas regiones es principalmente la Guardia Civil. Sin embargo, existen una serie de excepciones por las que se puede esquivar esta restricción, y precisamente ha sido una de ellas la que ha provocado un polémico caso.

Maria Piedad es una mujer que vive en el municipio de Vitigudino, en la provincia de Salamanca. Allí todos le conocen como Mari. Está casada y tienen tres hijos, uno de ellos con discapacidad. Además, fue diagnosticada celiaca en 2018 y esto le ha provocado algunas complicaciones a nivel de salud. La última fue una anemia, que le ha tenido de baja laboral una temporada y le impedía muchos días el poder levantarse incluso de la cama.

Vitigudino está a 64 kilómetros de Salamanca y es "el lugar más cercano para comprar productos sin gluten", explica a 20Minutos. Cuando padecía la anemia y se le agotó la comida de la que puede alimentarse, su marido se subió al coche y abandonó el pueblo camino de Salamanca, acompañado de su hijo con discapacidad, al que no podían dejar a solas con la madre en su estado. En ese momento había un cierre perimetral del municipio, y fue entonces cuando dos agentes de la Guardia Civil detuvieron su vehículo y comenzaron la conversación.

"Yo estaba hablando con él por videollamada cuando le pararon, porque no conoce Salamanca y a veces le indico por donde ir. Además, mi médica me hizo un certificado donde figura que soy celiaca y que mi marido puede viajar a la ciudad para comprarme alimentos. El agente se dirigió a él sin mascarilla y cuando leyó el documento, se rió y dijo que era un papel ridículo, que solo era una excusa para ir a la ciudad y que se lo había inventado", explica Mari.

La situación cada vez fue más tensa, la mujer trataba de enseñarle por la videollamada al agente más documentos donde figura que es celíaca mientras que el agente no creía nada de su versión. En este ambiente nervioso, "a mi hijo le dio una crisis epiléptica, porque debido a su discapacidad sufre estos ataques cuando se asusta. En ese momento, mi marido salió del coche para atenderle y fue la gota que colmó el vaso. Le dijo que no tenía autorización para levantarse y le multó por incumplir el cierre perimetral", asegura la madre, que presenció los hechos a través de la videollamada.

Tras recibir la multa, el agente -que era el sargento del cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta, asegura Mari- le envió una patrulla "para que le siguiera desde donde estaban hasta que saliese de Salamanca, para asegurarse de que no parara a comprar. Y se volvió a casa sin ningún alimento sin gluten. Pude comer porque nos hizo el favor un amigo de mi marido que viene a trabajar al pueblo. Es una vergüenza", denuncia la mujer.

El Defensor del Pueblo sale en su defensa​

Estos hechos ocurrieron a principios de marzo, pero la multa con la sanción no les llegó hasta hace apenas unos días. Fue entonces cuando Mari comenzó a pedir ayuda para denunciar lo que para ella es "a todas luces una injusticia". Logró contactar con la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), quien puso una queja formal ante el Defensor del Pueblo.

Este organismo respondió este martes defendiendo a Mari y a su esposo, con una carta en la que detalla que "siempre que las personas indicadas puedan demostrar su condición de enfermos celiacos o la de menores a su cargo, el desplazamiento a los lugares de venta de productos especializados entra dentro de las causas justificadas para la circulación, según el artículo 7 del Real Decreto 463/2020".

Dispuesta a ir a los tribunales si es necesario​

Mari tiene muy claro que va a hacer todo lo posible por no pagar los 601 euros de multa que le impusieron a su marido. "Tengo ya una cita para ir a la Junta de Castilla y León y hacer un escrito formal para denunciar este atropello", apunta Mari. Además, señala que su médica le ha hecho nuevos informes donde justifica la necesidad del desplazamiento de su marido, "porque era muy necesario y yo no tenía porque morir de hambre".

Por otro lado, Mari explica que ya se ha puesto en contacto con un abogado, quien le ha explicado que "no tengo que pagar esa multa y que iremos a juicio si es necesario, porque padeces la enfermedad". Además, asegura que cuenta con el respaldo de varias asociaciones de celíacos y con el testimonio del amigo de su marido, que le trajo la comida y está dispuesto a declarar.

Por último, denuncia que la Guardia Civil de ese cuartel se ha guardado la matrícula del coche de su marido y cada vez que acude a Salamanca "están detrás de él y le siguen" e incluso le llegaron a decir que "los celiacos lo son para que lo que les da la gana y son excusas baratas", a lo que contestó que su mujer había estado cerca de morir por esta enfermedad. "Nos hemos sentido humillados", concluye Mari.

Desde la Guardia Civil han indicado a 20Minutos que optan por no hacer valoraciones respecto a la denuncia de esta ciudadana.

 

La Agencia Europea del Medicamento pretende aprobar una nueva vacuna, a pesar de que ya hay casos de trombos y fallecimientos en EEUU​

La verdad es que no dejamos de preguntarnos para qué sirven organismos médicos oficiales como la Agencia Europea del Medicamento (EMA), si lo único que están demostrando es que la salud de los ciudadanos europeos les importa un pimiento y solo están empeñados en aprobar la utilización de vacunas en Europa, tengan estas el riesgo que tenga.

Nos enteramos ahora que están investigando cuatro casos de tromboembólicos graves después de recibir la vacuna contra la COVID-19 de Janssen. Son casos graves de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre después de la vacunación. Un caso ocurrió en un ensayo clínico y tres casos ocurrieron durante el lanzamiento de la vacuna en los EEUU. En uno de los casos, el paciente falleció.

Pero, a pesar de todo esto, la versión oficial de la EMA, de momento, es que “sstos informes apuntan a una “señal de seguridad”, pero “actualmente no está claro si existe una asociación causal entre la vacunación con COVID-19 Vaccine Janssen y estas afecciones”. Es decir, volvemos con el cuento de las casualidades.

Pero por si esto fuera poco, a pesar de que todavía no está aprobado el uso de esa vacuna en Europa, la EMA también nos cuenta que tiene intención de hacerlo en las próximas semanas, vamos, que van a aprobar que la gente se inyecte una bomba de relojería de otra empresa distinta, en este caso de Johnson & Johnson.

¿Qué narices investigan entonces? ¿De qué sirve que se estén produciendo todos estos efectos secundarios si, a pesar de ello, tienen la intención de aprobar su uso para Europa igualmente? Nos da la sensación que la EMA, más que la Agencia Europea del Medicamento, es la Agencia Europea de las Comisiones millonarias. ¡Qué escándalo!

 

El doctor Gaona, otro de los personajes más decepcionantes que hemos visto en el último año, hace apología de la vacuna para los niños llevando a un siniestro personaje a su programa​

De lo poco positivo que hemos podido sacar de este terrible año es que, personajes a los que antes admirábamos, se han quitado la careta y han demostrado cómo son realmente. Uno de ellos es Iker Jiménez, el otro, un invitado habitual de su programa: El doctor José Miguel Gaona.

En pleno confinamiento, Gaona creó un canal de YouTube llamado ‘La Reunión Secreta’ que nos mantuvo engañados mucho tiempo. En nuestro caso fue hasta que le realizó una entrevista a Daniel Estulin muy interesante y al día siguiente, los mismos responsables del canal, sorprendentemente, la hicieron desaparecer.

En ese canal van de alternativos, de políticamente incorrectos, pero en realidad no lo son. Firmes defensores del discurso oficial, juegan, para llevarse visitas a su canal, con la baza de criticar al gobierno de Pedro Sánchez, pero sin salirse del guión establecido. Ahora se utiliza mucho un término que no nos gusta utilizar demasiado, el de “disidencia controlada”, bien, pues Gaona sería un claro ejemplo de “disidencia controlada”.

En los últimos días, Gaona llevaba a su programa a un doctor llamado Salvador Macip. Y le preguntaba a este tipo, mientras encima de él figuraba un rótulo que decía “no se lo digas a nadie” como si fueran valientes “disidentes”, sobre la vacunación de los niños. Y el tal Macip este, con una pinta de miserable de mucho cuidado, defendía la vacunación a los niños desde los seis meses de edad, así, con un par.

Y todo para que, una vez estuviera vacunada una gran parte de la población, no fuera contagiada por los niños, a quienes miserables como estos culpabilizan de lo que está sucediendo. Lamentable lo de Gaona, lamentable su falsario programa y mucho más lamentable este tal Macip.





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La Comunidad de Madrid contrata a un ‘cobrador del frac’ para gestionar las multas covid​

El Ejecutivo regional argumenta que el volumen de las denuncias obliga a externalizar la tramitación de las sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso validó el miércoles un contrato de 582.252 euros para externalizar la tramitación de las denuncias y sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria con la que se intenta combatir la pandemia del coronavirus. “El volumen de las denuncias recibidas y los consecuentes expedientes sancionadores suponen una sobrecarga de trabajo”, justifica el Ejecutivo regional en la documentación a la que accedió EL PAÍS, y que refleja incentivos para que la empresa contratada logre que los ciudadanos paguen: un 15% de lo recaudado.

Entre el 26 de marzo y el 4 de abril, la Policía Municipal de Madrid interpuso 4.654 propuestas de sanción a personas que no respetaron el toque de queda —vigente desde las once de la noche a las seis de la mañana—; y 1.980 por no usar la mascarilla en lugares en los que era obligatorio. En esas mismas fechas, los agentes de la capital intervinieron en 117 fiestas ilegales al día. El balance de la Semana Santa dimensiona la ingente cantidad de expedientes sancionadores que está teniendo que gestionar la Comunidad de Madrid por incumplimiento de las normas anticovid, y han servido de excusa para que la Administración haya externalizado su tramitación, y las gestiones para su cobro.

“Las denuncias que se están recibiendo provienen desde múltiples lugares de emisión (ayuntamientos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales, otros agentes de la autoridad de distintos ámbitos sectoriales como agentes forestales, servicios de inspección, etcétera) y por diferentes canales y soportes (en un importante porcentaje se trata de documentos manuscritos, lo que dificulta o ralentiza su comprobación y clasificación)”, se argumenta en el contrato.

En él se admite que el número de denuncias que se han recibido y, por tanto, los expedientes sancionadores que se han abierto, van en aumento y suponen una “sobrecarga de trabajo sobrevenida” que supera con creces la capacidad del actual equipo de la Consejería de Sanidad y de los medios de los que disponen.

Multas millonarias​

El Ejecutivo regional considera la tarea tan ingente que ha obligado a la empresa contratada a contar con una oficina de 200 metros cuadrados, en la que trabajen un coordinador, cinco abogados y ocho administrativos. A cambio, el adjudicatario percibirá por la prestación del servicio un precio fijo de 16 euros más IVA (21%) por expediente gestionado. Y no solo eso. Tendrá un incentivo parecido a los del cobrador del frac, según se lee en el acuerdo firmado con la empresa Servicios de Colaboración Integral: “Se establece un componente variable en función de la recaudación efectivamente obtenida de un 15% más IVA (21%) de la cantidad liquidada y cobrada en cada expediente dentro del periodo voluntario de ingreso”.

Aunque la Administración justifica la necesidad de hacer el esfuerzo en el efecto ejemplificador que tendrán las sanciones en un momento clave para la lucha contra la pandemia, el botín potencial que encierran las decenas de miles de propuestas de sanción no es un tema menor.

Así, las multas por infracciones leves y graves pueden llegar hasta los 15.025,30 euros; las sanciones muy graves abarcan desde esos 15.025,30 hasta 120.202,42 euros si las firma el consejero de Sanidad; y pueden llegar hasta los 601.012,11 euros si las decide el Consejo de Gobierno.

“Resulta necesario una actuación ágil y rápida para corregir las conductas infractoras con la mayor celeridad posible y así, por un lado, prevenir comportamientos indeseables que pueden suponer un riesgo para la salud pública y, por otro, fomentar la observancia y adhesión al cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención”, justifica el contrato, firmado el 22 de marzo, justo después del puente de San José, que dejó 65 detenidos y casi 1.500 multas por fiestas y reuniones ilegales en Madrid. “[Las sanciones son] el principal instrumento que permite corregir aquellas conductas individuales que determinan una inobservancia de las medidas adoptadas en aras de proteger la salud pública”.

Una forma de decir lo mismo que asegura el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cada vez que le preguntan por las fiestas ilegales que se celebran cada noche en pisos turísticos de toda la región: “Con lo que está pasando con la pandemia, cada vez que las veo, no puedo entenderlo”.

 

Ante la erupción del volcán Le Soufriere, el Primer Ministro de la isla San Vicente y las Granadinas dice que solo serán evacuadas las personas vacunadas​

Esto ya es impresionante. Lo que está pasando en el mundo es absolutamente dantesco, inaudito y propio de una película de terror o de ciencia ficción increíble de creer.

El volcán La Soufriere, que ha estado inactivo durante décadas, entró en erupción el viernes temprano en el lado este de San Vicente, lanzando columnas de ceniza a casi 10 kilómetros de altura. La isla de San Vicente y las Granadinas tiene una población de unas cien mil personas y dieciséis mil de ellas se encuentran viviendo en la zona cero de la erupción.

Santa Lucía, Granada, Barbados y Antigua se ofrecieron como voluntarios para aceptar refugiados con la condición de que estuvieran completamente vacunados. Varias líneas de cruceros han enviado un total de cinco barcos para la misión de rescate, pero también con esta condición.




Y sorprendentemente, eso es lo que ha hecho el Primer Ministro de la isla, anunciar que solo podrán ser evacuadas las personas que estén vacunadas: “El médico jefe estará identificando a las personas ya vacunadas para que podamos subirlas al barco”, dijo Gonsalves, reiterando que “solo los que estén vacunados”.




A los que no estén vacunados ya saben que se mueran de asco y con los efectos devastadores que provoque el volcán. Ya lo tenemos claro, el mundo está absolutamente loco.

 

Pfizer, BioNTech request emergency authorization to vaccinate 12- to 15-year-olds​

Pfizer and its German partner BioNTech requested to amend their emergency use authorization with the Food and Drug Administration (FDA) on Friday to get approval to administer their COVID-19 vaccine to 12- to 15-year-olds.

The move would expand the FDA's emergency approval for the vaccine, which is currently only available for those 16 and older. The two companies said they plan to request similar age extensions from other regulatory authorities worldwide in the coming days.

Pfizer and BioNTech cited research unveiled last month that found its vaccine is 100 percent effective in children ages 12 to 15.

“These submissions represent a critical step in Pfizer’s and BioNTech’s ongoing efforts to support governments in broadening global vaccination efforts,” the companies said in a release.

“The companies look forward to working closely with the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and other worldwide regulatory authorities as part of the companies’ efforts to expand emergency or conditional authorization of their COVID-19 vaccine in 12- to 15-year-olds as quickly as possible,” the statement continued.

On March 31, the companies declared that the third phase trial of 2,260 adolescents resulted in no COVID-19 cases among those vaccinated, with 18 cases identified in the placebo group. The side effects among the adolescents who received the vaccine were “generally consistent” with those observed among participants aged 16 to 25.

At the time, Pfizer and BioNTech said they would file for emergency use authorization as soon as possible, and Pfizer CEO Albert Bourla said he hoped to start vaccinating 12- to 15-year-olds before the start of the next school year.

The Pfizer-BioNTech vaccine was the first vaccine to earn an emergency use authorization in the U.S. in December, followed soon after by Moderna’s vaccine. But the Pfizer-BioNTech vaccine is the only immunization authorized for 16- and 17-year-olds, while Moderna's and Johnson & Johnson's vaccines are restricted for those 18 and older.

Last month, Moderna announced that it started testing its vaccine on children between the ages of six months and 12 years old in a study in the U.S. and Canada.

More than 90.2 million Pfizer-BioNTech vaccine doses have been administered in the U.S., more than the almost 80 million Moderna vaccine doses and the nearly 5 million Johnson & Johnson doses, according to Centers for Disease Control and Prevention (CDC) data.

As of Thursday, more than a quarter of U.S. adults over 18 have been fully vaccinated.

Although children can spread the virus to others, they are less likely to develop a severe illness or die from COVID-19. Less than 12 percent of confirmed COVID-19 cases and less than 0.2 percent of deaths were among those 17 and younger, according to CDC data.