Viaje a la Nueva Normalidad 🛣️
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Una ganadora de Gran Hermano atacada por los medios por compartir conferencias de ‘Médicos por la Verdad’ y no estar de acuerdo con la versión oficial sobre el coronavirus
Ya se sabe que en España desde hace ya demasiados años, quien no esté de acuerdo con la versión oficial que se diga sobre lo que sea será atacado, perseguido e incluso insultado por los medios de comunicación en lugar de darle la oportunidad de dar su versión puesto que, normalmente, no hay argumentos que se puedan utilizar contra él.Y en estos tiempos de coronavirus la cosa no es que haya cambiado a mejor, es que ha ido incluso a peor y se ha agravado. Los médicos, científicos, profesionales de cualquier sector e incluso las personas famosas o anónimas, son atacadas, insultadas y perseguidas por no claudicar con la verdad oficial. Ya saben que ahora no hay opción al debate, o comulgas con ellos o eres negacionista y antivacunas, aunque no niegues la existencia de un virus e incluso estés a favor de las vacunas, pero las que estén testadas y probadas, no como esas que nos pretenden meter en el cuerpo con la excusa del virus.
Personajes famosos como Miguel Bosé han sufrido insultos y ataques muy graves solo por dar su opinión. Ahora ha sido una ganadora de Gran Hermano quien ha dado su opinión contraria a la versión oficial y quien ha sufrido los ataques de, por ejemplo, el periódico ‘La Opinión de Málaga‘. Se trata de la malagueña Sabrina Mahi, que ganó ‘Gran Hermano’ en su edición del año 2001, y a la que este medio malagueño califica de “negacionista del Covid”, además de “juguete roto”, solo por decir lo que dice del coronavirus, compartir conferencias de ‘Médicos por la Verdad’ y vivir en el anonimato.
Este medio malagueño se ha metido en su cuenta de Instagram y la ha sacado a la luz para poder poner en evidencia su “negacionismo”. Viendo este tipo de cosas solo deseamos que llegue el día en el que todos estos medios, políticos y científicos que están jugando con nuestras vidas por dinero, en su mayor parte, se sienten delante de un juez no solo por engañar a la gente, también por perseguir e insultar a quien no comulgue con la verdad oficial, de esto o de lo que sea.
Una ganadora de Gran Hermano atacada por los medios por compartir conferencias de 'Médicos por la Verdad' y no estar de acuerdo con la versión oficial sobre el coronavirus - El Diestro
Una ganadora de Gran Hermano atacada por los medios por compartir conferencias de 'Médicos por la Verdad' y no estar de acuerdo con la versión oficial sobre el coronavirus
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Un denunciante cuenta que en residencias de ancianos alemanas se está vacunando a muchos residentes a la fuerza y estos acaban falleciendo
Parece que mucha gente alrededor del mundo se está empezando a mover y comienzan las denuncias, aunque sea anónimas, de lo que se está haciendo con los ancianos alrededor de todo el mundo. Según informa ‘Health Impact News‘ un denunciante anónimo, empleado de una residencia de ancianos, ha contado que en su centro han fallecido 8 de los 31 residentes después de que se les hubiera inyectado la vacuna experimental de Pfizer en contra de su voluntad y a la fuerza.Este hecho ha sido relatado por el fiscal alemán Reiner Fuellmich, quien anteriormente había declarado que los responsables del “Escándalo de Corona” deben ser procesados penalmente por Crímenes de Lesa Humanidad. También ha presentado una demanda contra los “FactCheckers” de Facebook y recientemente ha publicado una entrevista con un denunciante que trabaja en un residencia de ancianos en Berlín.
El denunciante cuenta cómo soldados alemanes acompañaban a las enfermeras para administrar las vacunas, que no hubo ningún consentimiento informado y cómo algunos, que se resistieron, fueron vacunados a la fuerza. También cuenta cómo la salud de los ancianos cayó en picado poco después de la vacunación y que todo eso provocó la muerte de 8 de los 31 residentes en pocas semanas.
Si bien algunos de estos residentes, presuntamente, padecían demencia, todos ellos gozaban de buena salud física antes de serles inyectadas las vacunas. Siempre habían dado negativo para coronavirus, pero poco después de ser vacunados comenzaron a dar positivo. Añadió, además, que las muertes de estos pobres ancianos fueron completamente inhumanas.
La residencia de ancianos en la que sucedieron estos hechos es AGAPLESION Bethanien Havelgarten en Berlín-Spandau. La abogada Viviane Fischer ha presentado una denuncia penal ante la fiscalía y también ha informado de los hechos a la policía.
Ya empiezan a ser muchas las personas que se empiezan a revelar en otros países con todo lo que está sucediendo y el drama y la tragedia que todo esto está provocando en los ancianos, sobre todo, en los que viven en residencias de ancianos. La eugenesia que se está practicando con ellos es cada vez más evidente. Los cómplices y participantes en esta tragedia, los que callan, los que la alientan y los que la practican tienen que pagar por ello y ser sentados de inmediato en los tribunales de justicia.
No es normal que esto esté pasando justo delante de nuestras narices y mucha gente permanezca en silencio e inamovible como si no pasara nada. Mientras tanto, en España lo que más importa es manifestarse por el encarcelamiento de Pablo Hasél, menuda sociedad que tenemos.
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Un denunciante cuenta que en residencias de ancianos alemanas se está vacunando a muchos residentes a la fuerza y estos acaban falleciendo
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Los abusos de poder de la policía española
Los abusos de poder policiales no son una realidad ajena a España, de hecho, son más habituales de lo que popularmente se cree. Aunque a menudo existe en el imaginario como una circunstancia muy minoritaria y más propia de países con deficiencias democráticas, en lo últimos tiempos se ha podido apreciar como, de manera aparentemente cada vez más habitual, se dan escándalos policiales que como mínimo plantean la necesidad de reflexionar acerca del papel y de la actuación de las fuerzas de seguridad del estado y sobre las legislaciones que se le aplican.Casos como el de Dani Jiménez, joven de Algeciras que falleció el pasado mes de junio encerrado en un calabozo presuntamente como resultado de supuestos abusos policiales, forman parte de una larga lista de excesos del poder policial que consiguen salir a la luz gracias al trabajos de organizaciones en favor de los derechos humanos, organismos internacionales y la propia labor documental ciudadana. Todos tienen en común el objetivo de denunciar las prácticas abusivas de los cuerpos policiales españoles.
Plataformas como SOS Racismo han registrado hasta 571 casos de brutalidad policial en España durante los últimos 20 años; y no es raro encontrarse de manera periódica con algún video o documento que denuncie actuaciones abusivas realizadas por agentes de policía, en el ejercicio (o no) de sus funciones.
Estas actuaciones a menudo quedan amparadas por una serie de mecanismos jurídicos y legales, protocolos ambiguos, por la nula transparencia de los cuerpos con el exterior, o incluso por la mera conformidad social respecto a los abusos.
En ocasiones tienen que ser los propios agentes los que aceptan públicamente esta realidad ante la falta de claridad o transparencia, como cuando el jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent i Peña, reconocía en TV3 que efectivamente existe un “sesgo étnico” en el campo de las identificaciones policiales, o como cuando la propia Policía Nacional reconoce que ha utilizado por “error” fuego real a la hora de disolver manifestaciones pacíficas.
La cuestión es dilucidar si estos abusos son, como efectivamente se suele defender, simples casos aislados o “manzanas podridas”, o si responden a problemas sistemáticos más profundos: la falta de transparencia y democratización dentro de los cuerpos policiales, la abusiva relación de poder que separa a los agentes respecto a los ciudadanos y/o una legislación que facilita que se den estos abusos de poder de la policía.
Recopilación de casos recientes de abusos de poder de la policía
Solo en las últimas semanas se han producido una serie de abusos policiales que merece la pena denunciar y tener presentes. A continuación, se exponen algunos de que más repercusión han tenido durante esta primera mitad de mes, periodo muy corto de tiempo, pero en el que se han dado varios casos, todos ellos documentados.Día 6 de febrero
Un grupo de policías nacionales agreden a 3 jóvenes en mitad de una calle de Madrid, reduciendo violentamente y de manera grupal a uno de ellos a base de golpes.
La justificación de esta actuación parece deberse a la apariencia “punk” de los jóvenes, y la actuación se llevó a cabo bajo la creencia de que estos iban camino de una manifestación cercana, y convocada de manera legal, en favor de la libertad de Pablo Hasél.
Es importante señalar que, al mismo tiempo, y cerca del lugar de la agresión, se producía una manifestación fascista (esta sí, convocada de manera ilegal) y que no fue disuelta por los efectivos policiales.
Además, estos agentes amenazaron a los jóvenes amigos de la víctima, que habían grabado la agresión policial, con denunciarles si hacían públicas las imágenes de los abusos.
Día 8 de febrero
Dos policías municipales agreden a dos personas que grababan cómo se realizaba una detención en el municipio de Arrecife.
Los agentes utilizaron la violencia de manera no proporcional y redujeron a golpes a ambos, imposibilitando por tanto que estos pudieran continuar documentando la detención.
Los agentes aplican un uso excesivo de la fuerza contra personas que realizaban un derecho fundamental como es el de la información.
Día 9 de febrero
Los Mossos reprimen a un grupo de vecinos que trataban de impedir un desahucio en Cataluña. Un desahucio que se produce en medio de una crisis sanitaria global y que la policía trató de llevar a cabo cargando violentamente contra los vecinos que se solidarizaron con la familia y trataban de detener el desalojo.
Dia 12 de febrero
Dos policías locales agreden a un grupo de amigos, tres de ellos canarios y otro argentino, y a otro hombre de ascendencia nepalí porque “no llevaban las mascarillas puestas”.Los agentes lanzaron insultos racistas como “sudaca de mierda” y “moro” y posteriormente les agredieron físicamente, mostrándoles sus respectivas placas de manera amenazante a la vez que afirman que “nosotros somos la autoridad”.
Día 13 de febrero
Dos policías nacionales fuera de servicio agreden en Linares a un padre y a su hija menor de 14 años. Los policías, conocidos localmente por sus malos tratos y abusos, se encontraban fuera de servicio y aparentemente bajo los efectos de las drogas y del alcohol.
Estos atacaron violentamente al hombre, el cual, según su propio testimonio, trataba de defender a su hija del acoso de uno de los policías. Los agentes, lejos de arrepentirse, se regodearon e increparon a los ciudadanos que les insultaban y que señalaban su mala conducta.
Del mismo modo, uno de ellos reconoce que agredió a la menor “por meterse donde no la llamaban”. En uno de los vídeos que se difundieron por redes sociales se puede ver incluso a uno de ellos bailando ante las palabras de los demás.
Uno de esos mismos agentes ha sido denunciado por otro joven del municipio, Álvaro Simarro, el cual narra como en 2018 fue amenazado por el agente tras verse involucrado en una pelea similar a la de este año.
Según el joven, el agente incurrió en amenazas e intimidación mientras que él se encontraba arrestado, diciéndole el agente textualmente que “te vas a tener que ir de Linares”, “te vas a quedar sin dientes”, o “tu hijo cuando salgas de la cárcel no te va a reconocer”, entre muchas otras amenazas.
En este caso, los abusos de poder y la mala praxis de estos agentes provocaron una respuesta inmediata de los vecinos en forma de protestas que, irónicamente, se saldaron con más abusos, por ejemplo, con el disparo de un arma de fuego a uno de los manifestantes.
Aunque los dos agresores han sido encarcelados de forma preventiva, pareciendo que esta vez la justicia actúa de manera consecuente, varios sindicatos policiales han salido en su defensa, señalando que esta medida es desproporcionada o que no se miden todos los casos de manera justa.
Día 14 de febrero
En Jerez, un agente de policía agrede a un hombre en la puerta de su casa tras solicitarle este el número de placa.
El policía, lejos de identificarse, agredió al hombre al mismo tiempo que le insultaba bajo la mirada pasiva del resto de sus compañeros; una pasividad que se traduce en normalización y amparo del abuso.
Día 16 de febrero
En este caso, el abuso de poder de la policía se produce en Barreiro, Lugo.
Un vídeo difundido por redes sociales muestra como un joven discute cara a cara con un agente de policía, y según se recrudece el conflicto, el agente agarra del cuello al joven y lo arrincona contra una pared, donde en cuestión de segundos es rodeado y golpeado por al menos cuatro policías más.
Posteriormente es lanzado al suelo donde es detenido por tres de ellos.
Día 17 de febrero
Tras el encarcelamiento de Pablo Hasél, se convocaron varias concentración de protesta por toda España que, en general, han transcurrido sin incidentes.
Sin embargo, en Valencia se sucedieron cargas policiales para disolver una protesta que estaba siendo pacífica. En las grabaciones difundidas se aprecia que los agentes persiguen a los manifestantes y golpean de manera reiterada.
En uno de los vídeos, un agente de las UIP golpea repetidamente una bicicleta sostenida por un chico que lo único que hace es retirarse hacia atrás para evitar ser golpeado.
Tras este breve recopilatorio de abusos actuales, la cuestión que es, ¿cómo puede ser posible que en una “democracia plena” con “normalidad democrática” como España ocurran estos hechos?
Esa pregunta tiene múltiples respuestas, pues hay muchos factores que dan como resultado estos hechos, algunas legales, otras jurídicas, otras psicológicas y otras sociales.
Indudablemente, que España haya atravesado hace relativamente poco casi 40 años de dictadura militar, con toda la represión que ello conlleva, y que el sistema y la infraestructura policial haya sido heredada por la actual monarquía parlamentaria sin depuración de cargos y de responsabilidades, tiene mucho que ver.
Sin embargo, existen también hechos más concretos que han generado o al menos han facilitado la expansión y normalización de estos abusos de poder de la policía.
Ley de Seguridad Ciudadana o ‘Ley Mordaza’: amparo legal de los abusos de poder
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) de 1 de julio de 2015, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy (PP) como respuesta al clima de inestabilidad social posterior a la crisis económica y social del 2008, con el objetivo implícito y no reconocido de frenar las continuas y masivas movilizaciones sociales organizadas en las calles como forma de protesta ante la desigualdad creciente, la corrupción institucional y la bajada general de calidad de vida, en lo que popularmente se llamó Movimiento 15-M.Desde el principio de su tramitación el proyecto contó con el rechazo total de todos los grupos políticos, agentes sociales, y organizaciones defensoras de los derechos humanos y las libertades civiles.
La norma introdujo una cantidad importante de restricciones a derechos fundamentales a la vez que otorgó de facto una enorme discrecionalidad y capacidad coercitiva a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno del Partido Popular (PP) la retirada de la norma antes incluso de su aprobación, ya que, según el cuerpo de expertos en derechos humanos, “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”.
Del mismo modo, señalaron que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”
Según fuentes del Ministerio del Interior, en sus dos primeros años de vida, desde 2015 hasta 2017, se aplicaron unas 80 multas diarias de media. Unas 73.187 sanciones totales en ese corto periodo de tiempo; siendo los artículos más utilizados de la legislación el número 37.3 y 36.6.
El artículo 37.3 tipifica las infracciones leves y en concreto “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos”.
Por su parte, el artículo 36.6 tipifica las infracciones graves, y concretamente “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”
Según Amnistía Internacional, estos artículos han sido aplicados reiteradamente en contextos sociales de protestas o manifestaciones donde no ocurrieron incidentes violentos o altercados graves, en múltiples actos de ejercicio de la libertad de expresión, o directamente contra personas que ejercían el derecho de información. Las penas que establecen van desde los 601 hasta los 30000 euros.
A los artículos anteriormente señalados habría que sumar otros ejemplos como el artículo 37.4 que trata las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”; el artículo 37.1 que castiga a los promotores u organizadores de manifestaciones no autorizadas (lo que limita la espontaneidad de la acción y organización social); o el famoso artículo 36.23 que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de los agentes durante sus acciones cuando estas puedan poner en peligro las operaciones policiales o su integridad.
Son cientos los ejemplos de los abusos de poder de la policía española que se han llevado a cabo bajo el amparo de estos artículos y de la enorme discrecionalidad que otorgan a las autoridades.
Otro aspecto fundamental que introdujo la “Ley Mordaza” fue el de dar cabida legal a las devoluciones en caliente, amparándolas a través de la disposición adicional Décima de la LOSC.
Las devoluciones en caliente son prácticas denunciada por múltiples ONGs pro derechos humanos que comenzó a aplicarse en el Estado español tras la construcción de la Valla de Ceuta y Melilla en la década de los 90.
En un principio, estos abusos de poder de la policía se realizaron de manera encubierta, y no fue sino gracias al trabajo y la acción de periodistas y organizaciones activistas que la práctica fue expuesta públicamente a comienzos de la década de los 2000.
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, señala que “esta legislación (en referencia a la Ley Mordaza) ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se ha empleado contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social”.
De hecho, la propia ONU volvió a pedir a España el año pasado a través de su Examen Periódico Universal (EPU) (mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa el cumplimiento de los Estados respecto a los DDHH cada 5 años) poner freno a las restricciones introducidas mediante dicha Ley Mordaza.
“A por ellos”: la crisis en Cataluña
Además de la reducción de libertades civiles y la restricción de derechos fundamentales que conllevó la entrada en vigor de la Ley Mordaza, otros dos acontecimientos han sido cruciales para el aumento y la aparente normalización de los abusos de poder de la policía española.
El primero de ellos fue la respuesta política y policial al conjunto de la crisis en Cataluña.
Por parte del Gobierno de España, entonces todavía en manos de Mariano Rajoy, y el conjunto de los Cuerpos Policiales estatales reprimieron de manera desproporcionada el referéndum de autodeterminación del día 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Las imágenes y vídeos de los múltiples abusos policiales durante la jornada dieron la vuelta al mundo, y estos abusos contaron con el respaldo de la mayor parte de los actores políticos del país y de amplios sectores de la sociedad española.
Human Rights Watch, observatorio internacional en defensa de los derechos humanos, afirma que “nuestra detallada investigación de tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en Cataluña”. Kartik Rak, investigador del observatorio, remarca que “puede que la policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos”.
Múltiples organizaciones en favor de los derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional, criticaron los abusos policiales durante el intento de referéndum. El propio Consejo de Europa pidió una “investigación independiente” para las denuncias de abusos de poder de la policía española, pero tanto la fiscalía como el Ministerio de Interior han obstaculizado sistemáticamente las investigaciones.
El Departamento de Salud de Cataluña estimó que fueron unas 893 personas heridas como consecuencia de las actuaciones policiales. Aunque las imágenes y videos son más que claros, y la comunidad internacional condenó a España por ello, el Gobierno popular de Mariano Rajoy defendió (al igual que muchos actores políticos siguen manteniendo actualmente) que los agentes policiales actuaron “prudente, apropiada y proporcionalmente”.
El blanqueamiento mayoritario de los medios de comunicación tradicionales, el respaldo del gobierno, partidos e instituciones estatales, así como el apoyo popular a los policías que marcharon y volvieron de la región bajo gritos de “a por ellos, oé”, tuvieron la consecuencia de normalizar y empoderar las actuaciones abusivas de los cuerpos policiales españoles, los cuáles han estado sintiendo que cuentan con el respaldo legal, popular y moral en el ejercicio de sus actuaciones.
Estado de alarma: escenario de abusos de poder de la policía
Sumado a lo anterior, el momento de mayor auge de los abusos de poder de la policía española se dio durante el periodo de confinamiento domiciliario como consecuencia de la instauración del Estado de alarma a nivel estatal.Entre el 15 de marzo al 2 de mayo de 2020, los diferentes cuerpos de policía a nivel estatal interpusieron “más de un millón de multas” y arrestaron a más de 8.500 personas en todo el país.
El ejecutivo de coalición ha sido hasta la fecha, y a pesar de sus múltiples críticas y promesas de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno que más veces ha visto aplicada la “Ley Mordaza”.
La plataforma Defender a quién defiende, compuesta por 10 organizaciones defensoras de los derechos humanos, registró al menos 87 posibles casos de violencia policial y de abusos por parte de las autoridades durante el breve periodo de tiempo que supuso el confinamiento domiciliario. Amnistía Internacional también lanzó múltiples investigaciones y reafirmó la tendencia hacia los abusos de poder de la policía producidos durante el confinamiento.
A lo largo de todo este periodo de limitaciones civiles y sociales, uno de los cuerpos que más poder y reconocimiento han obtenido (junto al conjunto del personal sanitario) ha sido el cuerpo policial. Su labor de control social durante el último año (sumada a la ya menciona legitimidad y amparo legal que han recibido durante la última década) ha propiciado que muchos de los integrantes de los cuerpos policiales comiencen a presentar conductas autoritarias y abusivas que ya estaban presentes en muchos otros extractos policiales.
Por supuesto, esto no es un alegato en contra de las restricciones impuestas para frenar los contagios del coronavirus, sino a que se aprovechen estas circunstancias para ejercer un abusos de autoridad por parte de los cuerpos policiales.
La policía, el abuso institucional y la extrema derecha
A todo lo comentado anteriormente hay que añadir otro factor fundamental: la relación que los cuerpos, y que, concretamente, muchos de sus integrantes, tienen con la ultraderecha.Sería un error imperdonable realizar un análisis simplista decir que todos los agentes de policía son de extrema derecha. Tampoco sería correcto señalar que los cuerpos policiales son organizaciones “fascistas”, “nazis” o propias de extrema derecha, incluso como institución y como autoridad.
Con esta previa, no se puede negar que, a pesar de que existan muchos agentes u asociaciones policiales de carácter democrático, el conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado presentan un sesgo ultraderechista más que evidente.
Sesgo que afecta profundamente a sus concepciones sobre la democracia, al valor de las libertades civiles en el sistema democrático, a la interpretación que tienen sobre el orden social y político, y al modelo de autoridad que deben de ejercer.
En primer lugar, un factor fundamental para afirmar esto es la evidencia que supuso la pervivencia de muchos cuadros franquistas en los cuerpos policiales del periodo democrático como resultado de la falta de depuración durante la Transición.
El ejemplo más claro de ello fue el trasvase hacia los nuevos cuerpos policiales democráticos de muchos de los integrantes de la Brigada Político Social (BPS): la conocida “policía política” del régimen franquista. Lo mismo sucedió con la Policía Armada, cuerpo encargado de reprimir con dureza cualquier atisbo de disidencia, conocido popularmente como “los grises” por el color de su uniforme.
La lista de nombres propios de esta policía criminal franquista que pasaron de desempeñar grandes cargos de poder en el régimen franquista a desempeñarlos directamente en el régimen democrático es enorme.
El investigador, Pablo Alcántara Pérez, muestra en un trabajo como los métodos y crímenes de estos policías se trasladaron a la policía de la democracia sin ser juzgados como consecuencia de la Ley de Amnistía: “no hubo ningún tipo de depuración de los policías”, afirmó en una entrevista para el periódico Publico.
Como ejemplos: Billy el Niño, seguramente el nombre más conocido de la larga lista; Pascual Honrado de la Fuente, admitido en 1977 en el Cuerpo General de Policía, y conocido por ser el torturador de Gerardo Iglesias, quien fuera líder del Partido Comunista entre 1982 y 1988 y de Izquierda Unida entre 1986 y 1989; Benjamín Solsona, alias “El Galleta”, torturador de trabajadores y estudiantes, nombrado en 1980 Jefe Superior de Policía de Bilbao; Atilano del Valle, galardonado con la Cruz al Mérito Policial en 1975; Jesús González Reglero, Roberto Conesa, entre un largo etcétera.
La persistencia de estos personajes en grandes puestos de poder ha condicionado las decisiones, actuaciones y rutinas de la nueva policía democrática española. Prueba de ello son las múltiples denuncias que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha presentado contra España denunciando torturas y abusos de poder de la policía.
Según Pablo Alcántara Pérez, “claramente hay una línea de continuidad entre la impunidad de los crímenes del franquismo y las condenas que hay contra España por el hecho de no investigar de manera real y efectiva las denuncias de torturas”.
De igual forma, la predisposición de los Cuerpos de Seguridad del Estado para funcionar como arma arrojadiza contra rivales políticos es otra línea de continuidad entre las tácticas de la policía franquista y la actual policía democrática.
No son pocos los casos de brigadas y grupos policiales que se han creado desde el poder, y que comúnmente han sido liderados por miembros provenientes o vinculados con el franquismo o ideologías cercanas, contra grupos y partidos directamente considerados como “enemigos de España”, como los GRAPO, la banda terrorista ETA o no hace mucho tiempo, Podemos y el independentismo catalán; cabe añadir que los objetivos de estos grupos policiales represivos han sido los que normalmente la extrema derecha suele considerar como sus enemigos (izquierda, nacionalistas, independentistas…) y no han existido casos de grupos policiales que funcionaran como arma contra grupos o partidos de derecha o extrema derecha. El sesgo ideológico se muestra bastante evidente.
La historiografía, de hecho, define como “guerra sucia” a los abusos de poder en forma de violencia y represión utilizada por los aparatos policiales con la connivencia del Gobierno de España para luchar contra el terrorismo y que durante los años 80 tomó forma de “terrorismo de Estado” con la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), conformado a su vez a partir de grupos violentos ultraderechistas como el Batallón Vasco Español, culpable por ejemplo del asesinato de la activista de izquierdas Yolanda González.
A día de hoy, se ha denunciado en múltiples ocasiones que para la justicia y las fuerzas policiales españolas no exista el terrorismo fascista.
El segundo ejemplo de esta vinculación con la extrema derecha lo ofrecen los datos agregados. En este caso, la relación que existe entre porcentaje de voto a Vox, máximo representante actual de la ultraderecha española, y distritos electorales en los que se ubican cuarteles y bases militares.
Siendo Vox es el partido número uno entre los militares, tampoco resulta sorprendente observar cómo ha conseguido adelantar al PP, arrebatándole su hegemonía, dentro de los cuartes de la Guardia Civil. En las elecciones de abril de 2019, el partido de ultraderecha ya consiguió de media un 16,7% de voto en las zonas donde se situaban cuartes de la Guardia Civil, consiguiendo el primer puesto en muchas de ellas como en la Dirección General del cuerpo en Madrid.
A primera vista podría parecer que los datos no muestran un gran predominio, pero hay que tener en cuenta otros factores. Primero, que son datos de abril de 2019, momento en el que Vox se situaba como quinta fuerza electoral, por lo que actualmente el porcentaje de voto debe de ser mucho más elevado como resultado del desplome de apoyo electoral de Ciudadanos (el cual era en esas elecciones segunda fuerza política en los cuarteles). Segundo, los resultados electorales deben complementarse con otras formas de apoyo político.
En este sentido, la tercera línea de vinculación se encontraría en la radicalización de los sindicatos policiales y la vinculación de estos con el partido ultraderechista. La demostración más clara de ello es el auge y hegemonía actual del sindicato Jupol, surgido de la plataforma Jusapol.
Jusapol fue creada en el año 2017 como una asociación “apolítica y asindical” cuyo objetivo residía, cómo su propio nombre sugiere, en la equiparación salarial con las policías autonómicas. Justicia Salarial Policial. Debido a su enorme vinculación y simpatía con Vox, es conocido popularmente como el “Vox policial”.
Desde sus inicios, diferentes partidos políticos han intentado utilizarlos políticamente. El ejemplo más claro de ello fue Ciudadanos, pero con el partido que mejor relación y conexión han logrado ha sido con Vox.
No es de extrañar puesto que, bajo la capa superficial de reivindicaciones salariales, el sindicato esconde un evidente ultranacionalismo español, e incluso ciertos rasgos xenófobos.
Jusapol fue la única plataforma policial que no condenó la represión del 1 de octubre en Cataluña y, además, rindieron homenaje a los antidisturbios que participaron en la misma.
De igual forma, el sindicato apoyó abiertamente la candidatura de Vox para las elecciones andaluzas de 2018, dirigentes del partido ultra participan activamente en sus manifestaciones y dan voz a sus reivindicaciones, y muchos de sus miembros son abiertamente del partido o de partidos de extrema derecha como el subinspector Alfredo Perdiguero o el youtuber Jandro Lion, por ejemplo.
El sindicato presenta una tendencia clara hacia posiciones de ultraderecha. Más concretamente, presenta una simpatía más que evidente hacia Vox. El motivo de por qué es un ejemplo de la vinculación de la ultraderecha y de los cuerpos policiales es que este sindicato posee actualmente 8 de los 14 puestos del Consejo de la Policía, ganando las elecciones al Consejo con un 58,4% de los votos en 2019. Porcentaje que se evidencia aún más al añadirlos numerosos casos de chats, imágenes o declaraciones ultraderechistas de muchos de sus miembros.
Conclusiones
Al tenor de lo expuesto en el artículo, podría concluirse que los abusos de poder de la policía española son un problema persistente, importante y preocupante que, además, está en alza.La ingente cantidad de casos, la impunidad de los agresores y la pasividad o complicidad del resto de integrantes de los cuerpos son elementos habituales a pesar de los esfuerzos individuales o grupales de muchos sectores de los mismos que tienen como objetivo un correcto funcionamiento de las actuaciones policiales.
Solo a través de la derogación de la Ley Mordaza, de una depuración y control de los elementos más radicales dentro de los cuerpos, de la formación de los agentes en torno a valores democráticos y cívicos, y de mecanismos de protección ciudadana contra los abusos, se podrán conseguir mitigar y reducir la triste realidad que representa actualmente la violencia policial.
Los abusos de poder de la policía española
En España, los abusos de poder de la policía han ido en aumento, si bien siempre han sido un problema debido a ciertas particularidades...
aldescubierto.org
Una mujer de 80 años es expulsada del hospital por coger de la mano a su marido
Kim Crevatin y su familia han estado sorteando las cambiantes restricciones de la Covid-19 en los hospitales y residencias de larga duración de New Brunswick desde que comenzó la pandemia.
Esta mujer de Riverview entiende la necesidad de mantener a salvo a las poblaciones vulnerables, pero cree que debería haber más compasión para personas como su padre, que tiene Alzheimer y vive en el hospital mientras espera cama en una residencia.
"Puede decir algunas palabras, pero en realidad no puede comunicarse", dijo Crevatin sobre su padre, Kendyl Terris. "La única forma de comunicarnos con él es a través del tacto, sujetándole la mano, hablándole, abrazándole. Todavía responde con abrazos: te devuelve el abrazo si le abrazas".
Terris había estado en una residencia de cuidados especiales, pero su estado se deterioró rápidamente cuando se suspendieron las visitas al principio de la pandemia, y fue trasladado al Hospital de Moncton en julio.
Mientras la provincia estaba en la fase amarilla de su plan de recuperación de la pandemia en verano y gran parte del otoño, la madre de Crevatin, de 80 años, y otros familiares pudieron visitar el hospital todos los días. Crevatin describe el hecho de poder ver a su padre como algo que "eleva el corazón" y dijo que sus padres se agarraban de la mano durante horas.
"Podíamos escuchar música con él y estar muy cerca de él", dijo.
Su padre fue trasladado a la quinta planta del hospital después de las Navidades y la familia se sorprendió al descubrir que las normas para las visitas habían cambiado, aunque la región seguía en fase amarilla.
"De repente no podíamos cogerle la mano. Tuvimos que sentarnos en la silla con una X marcada en el suelo que estaba a dos metros de distancia y nos quedamos en plan: 'Vaya, ¿sabes?, esto es muy diferente'".
"Quizás se pueda hacer una excepción"
Crevatin dijo que su madre, Lonny, fue escoltada fuera del hospital por la seguridad después de que una enfermera la "sorprendiera" extendiendo la mano de su marido poco después del traslado a la quinta planta.
"La mayoría de las enfermeras de esa unidad eran fantásticas y muy comprensivas, pero había una pareja que estaba muy metida... en seguir las reglas", dijo.
"Llevan 60 años casados. Es muy duro para mi madre no cogerle la mano, no acercarse a él, no tocarle, sobre todo porque es nuestra única forma de comunicarnos con él".
Cuando la enfermera le pidió a su madre que volviera a su silla, a dos metros de distancia, lo hizo, pero Crevatin dijo que aun así llamaron a dos guardias de seguridad, que escoltaron a su madre fuera del hospital.
"Está llorando a mares porque esto es muy embarazoso para ella. Y siente que ha hecho algo malo, que es una criminal".
Crevatin dijo que un empleado del hospital que revisa a los visitantes vio lo que estaba sucediendo y le entregó a su madre una tarjeta, sugiriéndole que se pusiera en contacto con el defensor del paciente. Uno de los guardias de seguridad se disculpó y le dijo a su madre: "Sólo hago mi trabajo. No estoy necesariamente de acuerdo con lo que tengo que hacer aquí".
Comentario: Como en el caso de estos dos empleados que sólo "hacen su trabajo", se nos obliga a hacer cosas que van en contra de nuestra conciencia, de lo contrario no habría respuestas como esta. ¿De verdad el fin justifica los medios?
Poco después de ese incidente, la región de Moncton volvió a la fase naranja de recuperación el 6 de enero, y desde entonces no se permite a nadie visitar a Kendyl Terris.
Crevatin ha hablado con el defensor del paciente y con la dirección del hospital, y ha dicho que la gente le sigue diciendo que "no eres la única que está pasando por esta situación".
Aunque lo entiende, quiere que Horizon Health considere la posibilidad de hacer excepciones para las familias que tienen a sus seres queridos "viviendo en el hospital sin tener culpa alguna" mientras esperan las camas de la residencia.
"Tal vez se podría hacer una excepción en la que una persona pudiera entrar al menos para verlos, para que sepan que alguien sigue allí", dijo.
"Mi padre no es alguien que acaba de ser operado, no es alguien que está enfermo y acaba de entrar y puede comunicarse contigo y volver a casa".
En su página web, Horizon Health afirma que desde que la zona de Moncton ha vuelto a la fase naranja, "se han establecido estrictas restricciones a los visitantes.
Un portavoz de Horizon Health no respondió a las preguntas específicas de la CBC sobre el caso de la familia, incluyendo el día en que Lonny Terris fue escoltada fuera del hospital.
"Esencialmente, no se permiten visitas durante la fase naranja, con unas pocas excepciones", dijo el asesor principal de comunicaciones Kris McDavid en un correo electrónico.
Comentario: Se podría pensar que esto justificaría una excepción. ¿Qué sentido tiene proteger la vida de las personas cuando las matas al mismo tiempo? ¿Qué clase de vida es esa?
La ministra de Sanidad, Dorothy Shephard, dijo que es una "situación difícil" para muchas familias.
"Hemos recibido muchas peticiones para que se permita el régimen de visitas, y de ninguna manera queremos cargar con esta dificultad a las familias, pero el hecho es que el riesgo de abrir el régimen de visitas es extremadamente alto", dijo Shephard durante una conferencia de prensa el martes.
"Serán conversaciones que se mantendrán, se evaluarán de forma continua, y si se pueden hacer cambios seremos los primeros en hacerlos, pero se trata de gestionar el riesgo de los más vulnerables".
Cayendo en el olvido
Crevatin tiene la esperanza de que su padre sea trasladado pronto a una residencia de ancianos y que su madre pueda volver a visitarlo.
Mientras tanto, le preocupa que personas como su padre queden al margen.
Comentario: Este es uno de los problemas de un enfoque único para todos.
"Hay una excepción para los pacientes paliativos (que debería haber), así que creo que tal vez haya que estudiar también otras posibles excepciones".
Crevatin dijo que su madre "no ha estado muy bien" y está luchando después de semanas sin comunicación con su marido.
"Ella ha estado tratando de mantenerse tan positiva como puede", dijo. "Tengo un niño de siete y otro de doce años y a ella le encanta venir a verlos y que la animen, así que eso es lo que ha estado tratando de hacer".
Una mujer de 80 años es expulsada del hospital por coger de la mano a su marido -- Sott.net
Traducido por el equipo de SOTT.net en español (Canadá) - Kim Crevatin y su familia han estado sorteando las cambiantes restricciones de la Covid-19 en los hospitales y residencias de larga duración de New Brunswick desde que comenzó la pandemia....
es.sott.net
Rich Business-Class Flyers Now Exempt From Wearing A Mask
Flying in first class comes with lots of perks, but Cathay Pacific Airways is upping the ante during the pandemic by exempting wealthy passengers from wearing masks in certain situations, according to Executive Traveller.The Hong Kong-based airliner created a waiver on wearing a mask for first class and business class travelers who are reclined in their seats. The new policy doesn't apply for economy seating as they must keep their masks on at all times.
In a statement, the carrier elaborated more on the mask-wearing exemption, arguing that "seats in first and business class are more spacious with partitions, and passengers are exempted when lying flat for sleep." The airline insisted that its aircraft fleet is equipped with air filtration systems "capable of filtering 99.9999% of dust particles, including virus and bacteria."
The move is all part of an effort to attract wealthy passengers. Airlines worldwide are greatly suffering after more than one year of flight restrictions.
Cathay Pacific is not the first airline to make this exception for wealthy first and business-class travelers; back in June, Qatar Airways said, "business class customers are asked to wear their face shield and mask onboard at their own discretion, as they enjoy more space and privacy."
... and what this shows is the rich and powerful, or at least anyone who can afford (put it on their credit card) a ticket at the front of the plane, may no longer need to abide by COVID rules (and "science") while everyone else in the economy class does. More or less a two-tiered system for COVID rules between rich and poor travelers seems to be developing.
While this exemption is in direct conflict with the CDC's new mandate on mask-wearing - don't expect these special exemptions for the US and European airlines.
Meanwhile, the US's wealthy elites have ditched first-class tickets and purchased private jets. Nevertheless, businesses travel will likely suffer a permanent decline due to the explosion of work-at-home and Zoom meetings.
Travel as we know it is rapidly evolving from pre-pandemic times of mainly business to an increasingly leisure-focus. With that being said, airlines are getting desperate and will continue to offer all sorts of perks to attract passengers.
ZeroHedge
ZeroHedge - On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero
www.zerohedge.com
Así tratan y aterran a nuestros hijos en los colegios, como si estuvieran en Guantánamo: “En el patio no se jugará a nada, bastante es que os dejemos salir al patio”
Terrible audio el que ha publicado un usuario de Twitter de lo que él mismo denomina como un “colegio cualquiera”. Escuchen con atención de qué forma habla esa profesora, o directora, a los alumnos, como si estuvieran en un campo de concentración o en la prisión de Guantánamo. Con amenazas, con gritos, intentando infundirles el máximo terror posible mientras les amedrenta y les cuenta las consecuencias que tendrá saltarse las normas bajándoles nota e incluso informando a los centros de salud.Se está maltratando a nuestros hijos en los colegios y nosotros parece que no queremos verlo, pero la realidad es que, a pesar de su edad, se les está traumatizando por parte de profesores y directores de centro que parecen haberse creído una especie de responsables de campo de concentración o de prisión de máxima seguridad.
¿Sabían ustedes que a sus hijos se les está tratando así cuando van al colegio? ¿Sabían que les prohíben jugar en el patio y que se les amenaza de una forma muy grave si incumplen las normas marcadas por estos “Mengeles” asquerosos? Si no somos capaces de proteger a nuestros propios hijos, si no tenemos la valentía de hacerlo, ¿cómo vamos a tener la valentía de hacer otras cosas en esta vida?
Escuchen con atención, esto es lo que les están haciendo a nuestros hijos en los colegios. ¿Les sorprende?
Así tratan y aterran a nuestros hijos en los colegios, como si estuvieran en Guantánamo: "En el patio no se jugará a nada, bastante es que os dejemos salir al patio" - El Diestro
Así tratan y aterran a nuestros hijos en los colegios, como si estuvieran en Guantánamo: "En el patio no se jugará a nada, bastante es que os dejemos salir al patio"
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Las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson se harán también con niños
Parece que en estos tiempos terribles que estamos viviendo ya da igual todo e incluso con las noticias más preocupantes de las que nos vamos enterando, hay gente a la que le parece fantástico e incluso se alegra por ello.Y eso lo decimos por el jefe de pediatría del hospital Buzzi de Milán, Gianvincenzo Zuccotti, que, tal y como publica SkyTG24, está encantado porque su hospital haya sido uno de los seleccionados para probar la vacuna de Johnson&Johnson contra el cornavirus en niños ya que afirma que: “Recientemente nos hemos enterado de que hemos sido seleccionados entre los centros que desarrollarán este estudio. Espero que podamos salir en un par de meses”.
Se abrirá un proceso de selección de niños para el que se permitirá que sean inscritos pequeños de entre 2 meses a 18 años, aunque Zuccotti ha afirmado que la vacuna se probará solo en mayores de 1 año: “porque es importante salvaguardar el primer año, donde los niños ya reciben varias vacunas. Si hay una buena campaña de vacunación en general, creo que será suficiente para empezar a vacunar a los niños a partir del año de edad. Ha añadido que los niños recibirán dos dosis de esa vacuna.
Y suponemos que para participar de ese ensayo, los niños deberán contar con la autorización de los padres. ¿Pero se imaginan qué puede pasar con esos niños que por ser huérfanos, o por cualquier otro motivo, la patria potestad de los mismos la tenga el estado? Mucho nos tememos que pobres niños, conejillos de indias y voluntarios forzosos no van a faltar. Es terrible todo lo que está pasando.
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