El Gobierno subirá el IVA de las mascarillas en enero pese a que su uso aún es obligatorio​

El Gobierno subirá el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 4% al 21% a partir del 1 de enero de 2022. Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, revertirán los tipos reducidos para productos covid, medida aprobada en 2020, meses después del estallido de la pandemia.

Aunque el propio proyecto de Presupuestos recoge que las reducciones de los tipos de gravamen aplicables a mascarillas quirúrgicas desechables estarían vigentes hasta finales de 2022, desde el Ministerio de Hacienda explican que se trata de un error y confirman que el IVA del 4% al cubrebocas se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, tal y como lo establece el Real Decreto-ley 34/2020 en el que se aprobó esta medida.

La subida del IVA de este producto de primera necesidad se produce cuando aún es obligatorio llevar la mascarilla en interiores para prevenir contagios de covid-19. Además, ayer, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió que la mascarilla aún seguirán con nosotros porque el coronavirus sigue presente. En línea con lo anterior, la responsable del ramo precisó que nunca dijo que el uso obligatorio de mascarillas concluiría en la primavera de 2022. "La mascarilla ha llegado para quedarse, al menos mientras estén presentes el virus de la gripe u otros virus posibles en este tiempo otoñal", afirmó.

En la misma línea se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que advirtió el jueves que sería conveniente que siguiéramos llevando las mascarillas. En una entrevista en 'La Sexta' en que se le preguntó para cuándo el fin de la obligatoriedad de su uso, el líder del Ejecutivo rechazó poner fecha y añadió que la mascarilla se mantendrá mientras lo recomienden los expertos sanitarios.

Más allá de la obligatoriedad, Sánchez ponía en valor el hecho de que la mayoría de la población sigue usando mascarillas en los exteriores pese a que su uso ya no es obligatorio, algo que, según explicaba, se produce porque la gente tiene la conciencia de que el virus sigue presente.

El fin del tipo reducido para el IVA de las mascarillas es una de las cuestiones que Hacienda detalla como factor que contribuirá al aumento de los ingresos generales por IVA en 2022 en un 9,5%. Los presupuestos presentados por el Gobierno para 2022 son los que más gasto y recaudación plantean en la historia.

Esta subida en el IVA de las mascarillas, que entrará en vigor días después de que se inicie el invierno, época de mayor incidencia de las enfermedades víricas, se produce además en un momento de fuerte incremento de costes para la población. La subida de materias primas y los suministros energéticos están llevando la inflación a su nivel más alto en 13 años. El último dato del IPC advierte un incremento del 4%.

La subida del IVA de las mascarillas no es el único producto de primera necesidad que contempla Hacienda en la elaboración de sus presupuestos. En su presentación también incluye la subida del IVA de la electricidad, actualmente también rebajado al 10% por el fuerte encarecimiento del recibo de la luz.

Tanto en el caso de las mascarillas como con la luz, el Ministerio de Hacienda fue reticente en un primer momento para finalmente acabar bajando la carga tributaria por las circunstancias excepcionales que se vivía, en 2020 con la crisis sanitaria y en 2021 con la energética. De hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en un primer momento que no se podía bajar el IVA a las mascarillas porque lo impedía la normativa europea. No obstante, posteriormente Bruselas confirmó que los estados miembros, sí podían hacer modificaciones como así se le había advertido al Gobierno español meses antes.

Montero ha recalcado en diversas ocasiones que la Comisión Europea ha apercibido a España por el elevado número de productos que gozan de IVA reducido y superreducido en España.

 

Italia, la legislación más dura: sin certificado covid, ni sueldo ni trabajo​

Italia se convertirá a partir de este viernes 15 de octubre en el primer país del mundo en implementar el certificado covid como medida obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado, según informan los medios locales. La medida ha levantado polémica entre sindicatos, políticos y empresas. Algunos apuntan a que habrá escasez de personal en lugar de impulsar la vacunación.

Más del 80% de los italianos mayores de 12 años presentan la pauta completa de vacunación contra la covid y además existe un pasaporte covid obligatorio para los profesores, pero el Gobierno del primer ministro Mario Draghi considera que estas medidas no son suficientes para garantizar un nivel alto de inmunidad, prevenir nuevos brotes y evitar una recaída en la actividad económica -como ocurrió en 2020 y a principios del 2021-.

Italia fue el primer país europeo afectado por la pandemia​

Italia fue el primer país europeo que se vio afectado por la epidemia de coronavirus en febrero del 2020. Las muertes por la enfermedad se cifran en más de 130.000. Estos datos han hecho que el Ejecutivo central, apoyado por los partidos de la coalición, aprobara a mediados de septiembre la normativa más estricta del mundo contra la covid19 hasta el momento: la obligación de que todos los empleados presenten un 'pase verde', certificado covid, para acceder a sus lugares de trabajo.

También se puede presentar una prueba negativa del virus dentro de las 48 horas previas o un certificado de recuperación reciente del contagio. Los partidos de ultraderecha ‘Liga’ y ‘Hermanos de Italia’, junto a algunos sindicatos, afirman que para evitar una escasez de personal, las pruebas de covid deberían ampliarse de 48 a 72 horas de validez y proponen que sean gratuitas para aquellos que no están vacunados.

"No vamos a poder conceder una prueba de covid cada 48 horas a todos los no vacunados. Los empresarios con los que estoy en contacto están muy preocupados", ha precisado al respecto Luca Zaia, gobernador de Véneto.

A los empleados que se nieguen a cumplir la normativa se les suspenderá el pago del salario, además de recibir una multa de 1.500 euros. Los empleadores que dejen trabajar a personas sin el documento sanitario tendrán una multa de 600 a 1.000 euros. Las personas tampoco podrán optar por trabajar desde casa, teletrabajo, para eximir la norma.

Según ha indicado el sindicato UIL en un comunicado, "se trata de una medida muy restrictiva que puede afectar gravemente a la estabilidad social y agravar una situación ya de por sí complicada". El 15% de los trabajadores del sector privado y unas 250.000 personas de los cerca de 3,2 millones de empleados del Estado no están vacunados, lo que equivale al 7,8%, según una estimación del Ministerio de la Función Pública de Italia.

A un día de que entre en vigor la vacuna obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado del país, algunos partidos políticos piden aliviar la medida, mientras los sindicatos amenazan con continuar las manifestaciones y realizar bloqueos en zonas cruciales para la economía de Italia.

Los sindicatos protestaron por la implementación de la norma covid más estricta del mundo​

La medida de implementar el certificado covid ha desencadenado numerosas manifestaciones que han terminado en revueltas, incendios y destrucción de propiedad pública, pese a que la mayoría de la población de Italia respalda la política del 'pase verde', según algunas encuestas de opinión pública del país.

Las movilizaciones del pasado sábado organizadas por sindicatos como CUB, USB y Cobas, congregaron en Milán a cerca de 2.000 personas, en Génova a 2.500, al menos 2.000 en Turín y otras 1.000 en Trieste, donde los trabajadores que se niegan a la vacuna han amenazado con bloquear el principal puerto económico de la localidad, si no se anula la implementación de la norma.

Las movilizaciones en el centro de Roma terminaron en una batalla campal: dejaron 12 detenidos y 600 identificaciones. Según las autoridades se ha demostrado las infultración de grupos fascistas y de ultraderecha entre los considerados antivacunas.

Como consecuencia de las revueltas del pasado fin de semana, empezó una propuesta por parte del Partido Democrático para que se disuelva ‘Forza Nuova’, una de las organizaciones fascistas que las autoridades identificaron como una de las encargadas de generar el caos el pasado sábado y la principal instigadora de los destrozos a la sede del sindicato de izquierda Cgil.

 

Adiós a los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de Balears​

El dispositivo de control sanitario de los puertos y aeropuertos de Balears dejará de estar operativo el próximo 31 de octubre para los viajeros procedentes del resto de España. Cabe recordar que el Govern lo puso en marcha el 5 de diciembre de 2020 con el objetivo de controlar la pandemia y evitar la entrada de posibles nuevos casos de COVID -19 en las Islas. En el caso de los viajeros internacionales, la decisión es del Gobierno central, y dependerá del país de origen.

La Conselleria de Salut ha explicado que ha decidido dejar de hacer estos controles en los puertos y aeropuertos para los pasajeros provenientes del resto del Estado teniendo en cuenta el alto índice de vacunación en España —el 78 % de la población tiene la pauta completa— y la bajada de la incidencia acumulada a 14 días, de 41 casos por 100.000 habitantes.

Este operativo de control de la COVID-19 para proteger a la población durante las diversas oleadas de la pandemia —cuando la incidencia de la enfermedad era más alta— y para garantizar una movilidad segura de la población entre las diferentes comunidades autónomas ha supuesto un coste para el IB-Salut de aproximadamente 8,3 millones de euros durante los once meses de funcionamiento.

Durante este tiempo Salut ha hecho 822.820 controles en los puertos y aeropuertos (486.313 en Mallorca; 109.775 en Menorca; 205.609 en Eivissa y 21.123 en Formentera). En estos se han detectado 308 test de antígenos positivos (179 en Mallorca; 24 en Menorca; 101 en Eivissa y 4 en Formentera). «Estas cifras suponen que desde el mes de diciembre de 2020, gracias a los controles efectuados, se han cerrado 1.540 cadenas de contagios de la COVID-19», han destacado desde la citada Conselleria.

Desde que empezó el operativo 285.767 pasajeros han aportado su PCR hecha en origen. Al COVID Exprés han acudido 5.443 viajeros, mientras que 10.051 personas han optado por el aislamiento. Además, 282.589 personas han estado exentas de presentar ni someterse a ningún tipo de prueba, por el hecho de estar menos de 72 horas en las Islas Baleares: tripulaciones, deportistas federados, transportistas, menores, o pasajeros de viajes interislas.

 

Un juez de Nueva York prohíbe que un padre vea a su hija de 3 años hasta que no se vacune​

Parece que con esto de la vacunación nos estamos encontrando con una nueva “arma de guerra” para que las parejas que se divorcian se hagan daño entre ellos a través de los hijos. Es muy triste, pero es una realidad absoluta que en los divorcios los hijos son utilizados a menudo por sus progenitores para perjudicarse entre ellos. Pero la noticia que nos ha llegado de Estados Unidos ya es rizar el rizo.

Y es que un juez de la ciudad de Nueva York, Matthew Cooper, ha decido suspender los derechos de visita de un padre a su hija de 3 años hasta que no se vacune. Esta sentencia ha sido dictada por este juez en base a una demanda presentada por el abogado Evan Schein a principio de septiembre, quien actúa en nombre de la madre.

Según dicta el juez Cooper en su sentencia: “Los peligros de permanecer voluntariamente sin vacunar durante el encuentro con un niño mientras el virus COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud y seguridad de los niños no pueden subestimarse”. Y añade: “Desafortunadamente, y en mi opinión, incomprensiblemente, una minoría considerable, aprovechando la desinformación, las teorías de la conspiración y las nociones confusas de ‘libertad individual’, ha rechazado todas las oportunidades de ser vacunados”.

El abogado de la madre, por supuesto, está muy satisfecho con esta decisión. Pero el abogado del padre, Lloyd Rosen, ha advertido del peligro que supone una sentencia como esta para todos: “Mi cliente no es un teórico de la conspiración, simplemente le preocupa la vacuna. Ha oído hablar de los efectos secundarios”. Y ha añadido, “este juez debe pensar que 80 millones de estadounidenses que no están vacunados están poniendo a sus hijos en riesgo o daño inminente y, por lo tanto, los tribunales deben intervenir y alejar a esos niños de sus padres. Es absurdo”.

Como verán, el mundo está cada vez más loco tragándose una farsa como esta. Es evidente que los que más poder tienen están al servicio de lo que les dicten farmacéuticas y gobiernos. Poca valentía vemos en los jueces para plantar cara y que se imponga la ley y la racionalidad.




 

Los empresarios catalanes piden suspender de empleo y sueldo a trabajadores sin certificado Covid​

El secretario general de Pimec -micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña-, Josep Ginesta, ha pedido que “se suspenda el contrato de trabajo y la persona deje de recibir su sueldo” si no aporta el pasaporte Covid, que acredita la pauta completa de vacunación, o pruebas que demuestren que tienen bajo riesgo de contagiar, como un test de antígenos con resultado negativo.

En una entrevista a Rac1, Ginesta ha defendido que esta medida “no limita los derechos individuales”, sino que fortalece los colectivos y el interés común, y favorece que los centros de trabajo sean espacios de bajo contagio. Ha propuesto establecer un mecanismo de control a través de una aplicación móvil que “verifique el estado de la persona” porque, según él, unos 350.000 trabajadores catalanes no están vacunados, así lo ha publicado el digital Nius Diario en un artículo que puedes leer en este enlace.

Es decir, los empresarios pretenden que los trabajadores que no estén vacunados dejen de trabajar y, por lo tanto, tampoco reciban su salario, en un ejercicio que atenta contra la libertad individual y contra el derecho de las personas a informar sobre su estado de salud.

Habría que preguntarse si a estos de Pimec les ha ocurrido igual que a los de la CEOE, que tras la incorporación de Pfizer a la patronal empezaron a pedir que la vacuna fuera obligatoria, a lo mejor es que han recibido dinero, a lo mejor se ha incorporado algún laboratorio farmacéutico a su organización, o a lo mejor, simplemente, es que les encanta el control sobre las personas y les encanta eso de someter al diferente…, viendo el pin que luce el tal Josep Ginesta se explica todo.

 



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España se desmarca de Italia y no pedirá el certificado covid para trabajar: «La ley no lo permite»​

Los expertos lo tienen claro. España no pedirá el certificado covid a los trabajadores para acudir a las empresas porque vulnera derechos fundamentales y podría provocar una avalancha de litigios en la Justicia, en los que el empleado tendría las de ganar por la regulación de la legislación española y a falta de una ‘ley de pandemias’ -tal y como solicito la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno de Pedro Sánchez-. Un requisito fundamental, desde este lunes, en Italia.

Así lo ha explicado Carlos Lacaci, socio director de Lacaci & Delgado Abogados, en conversaciones con este diario que asegura que «en España es complicado obligar a los empleados a presentar el certificado covid para acudir a su puesto de trabajo, jurídicamente hablando, porque la vacunación no es obligatoria». «Es cierto que tampoco lo es en Italia, pero allí lo han encajado legislando y a los que no tengan la pauta completa se les podrá abrir un expediente sancionador con multas administrativas, pero nunca se les podrá despedir», añade.

«En caso de que se pida en España, entran en conflicto dos derechos fundamentales que tienen que tener todos los trabajadores. Uno de ellos es el artículo 43 de la Constitución que reconoce el derecho a la protección de la salud pública, en el que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y prestaciones de los servicios necesarios», asegura Lacaci.

El socio director de Lacaci & Delgado Abogados recalca que «también es obligatorio defender el derecho a la integridad física de las personas y su propia intimidad por el que para cualquier asunto sanitario se necesita autorización judicial». Esto es que el trabajador no tiene porque revelar a su empresa sí está vacunado o no y, ni mucho menos debe hacerlo por obligación.

Por su parte, Adriana Delgado, socia directora de Lacaci & Delgado, dice que «la única forma de obligar a los empleados a acudir a los centros de trabajo presentado el certificado covid es decretando un nuevo estado de alarma a través de la regulación de medidas preventivas o la modificación de la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública para regular la vacunación obligatoria».

«En la actualidad, las empresas españolas no pueden exigirlo a sus trabajadores ya contratados que forman parte de las plantillas de la compañía, pero si pueden hacerlo en los procesos de selección de nuevos candidatos y la aplicación de sanciones serían improcedentes, aunque hay cierta discriminación», critica Delgado.

Sin covid, ¿o sin sida?​

Fernando Fanego, asesor jurídico de MaxCapital Abogados, asegura que concurren circunstancias comprometidas. «Hay empresarios, tal y como ha confirmado CEOE, que están de acuerdo con la obligación de acudir a los puestos de trabajo con un certificado covid para velar por la salud de sus trabajadores y evitar que con la irresponsabilidad, o no, de alguno de ellos contagie al resto de la plantilla», puntualiza.

«No obstante, hay que recordar que, tal y como está la legislación en España, no es posible pedir el certificado covid a los trabajadores porque afecta a los derechos fundamentales», explica Fanego. «Es como si te piden estar libre de cualquier enfermedad, el sida por ejemplo», añade.

Jesús Torres Mateos, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, señala que «hay determinadas cosas que afectan a la libertad de las personas y de carácter personal como son los datos médicos, que son confidenciales y que sólo se pueden dar si se quiere el empleado». «Hay formas y medios de hacer compatibles las dos cosas sin utilizar medidas contundentes», añaden.

 

Letonia impone un confinamiento estricto y el ministro de Sanidad envía un ridículo mensaje a los letones​

Mientras el despiste generalizado y las ganas de no saber nada de una buena parte de la población provoca que, el hecho de que en una residencia de ancianos suban de repente los contagios justo después de recibir la tercera dosis no les genere dudas o preguntas, ahora nos encontramos con nuevas evidencias de la gran farsa que estamos viviendo en Letonia.

El gobierno de aquel país ha ordenado un confinamiento estricto de la población durante 4 semanas y un toque de queda nocturno. En Letonia, según ‘Datos Macro‘, se ha vacunado al 49,66% de la población y los contagios se han disparado. Curioso, ¿verdad?

Las medidas fueron adoptadas en una reunión con el equipo de crisis y deberán ser formalizadas en el próximo Consejo de Ministros, previsiblemente el miércoles. El toque de queda nocturno se implantará desde las 20.00 a las 05.00 de la mañana. Solo se autorizará salir a la calle para trasladarse al puesto de trabajo, en aquellos casos en que no se pueda trabajar desde casa, así como para comprar productos esenciales y otras actividades básicas.

Ahora, lo mejor ha sido el mensaje que ha enviado el ministro de Sanidad letón, Daniels Pavluts, a la población cuando ha anunciado estas medidas: “pido perdón, a todos los letones responsables que se han vacunado, hemos fracasado como gobierno y como sociedad. Ahora pedimos a todos que suspendan sus vidas durante algunas semanas”.

Veamos, ¿los vacunados también tienen que estar confinados? No lo entendemos muy bien porque, si están inmunizados, ¿cómo es posible que ellos también se tengan que confinar? ¡Si entre ellos no se pueden contagiar! ¿O no era así? Venga, va. Sigamos con la farsa a ver si es posible que la gente se vaya enterando de la estafa aunque sea poco a poco.


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