Viaje a la Nueva Normalidad 🛣️
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Sentiria regocijo si algun "alumno" de esos lanza la flauta contra el craneo del funcionario publico (o privado, me la suda si es una escuela privada) que tienen delante y que les pide que hagan toda esa mierda.
Amnistía Internacional denuncia que en las residencias de Madrid y Catalunya se han vulnerado hasta cinco derechos humanos
Amnistía Internacional (AI) ha elaborado una nueva investigación sobre la situación que se vivió en las residencias de la Comunidad de Madrid y de Catalunya durante la primera ola de la pandemia, y también la que persiste en la segunda, todavía "muy preocupante". Han analizado, en un proyecto que llevan a cabo desde julio, esas dos comunidades porque son las que mayor incidencia de fallecimientos COVID-19 en residencias tuvieron; y porque "contaban con protocolos y prácticas que supusieron la exclusión de ingreso hospitalario de personas mayores de residencias". La conclusión es que en los centros de las dos regiones se vulneraron cinco derechos humanos: a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar, y a una muerte digna.El informe se llama Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España y toca varios aspectos de los que se dieron en los geriátricos. Entre las primeras cosas que señalan es que faltan datos. Los últimos del Ministerio de Derechos Sociales, un borrador, cifran en 20.268 muertes en residencias durante la primera ola, Médicos Sin Fronteras decía 19.645 personas; pero un informe del Ministerio de Sanidad de julio, sin publicar porque lo aportado por las comunidades era de baja calidad, hablaba de más de 27.000. "A 18 de noviembre de 2020, no hay datos consolidados", recuerda AI, y así es. En junio había 28.000 personas confirmadas fallecidas por COVID-19, pero muchos de esos 20.000 de residencias (alrededor de 50%) no estaban dentro de esos 28.000 porque no estaban diagnosticados.
AI hace hincapié en cómo no se trasladó a enfermos de residencias a hospitales, "en base al lugar en el que residían y otros criterios generales, como la edad o grado de discapacidad o estado de salud". Se refieren a la orden que emitió la Comunidad de Madrid de no derivar sanitariamente a personas en esas condiciones, entre otros documentos como el protocolo que publicó InfoLibre que lo prohibía; y al Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat de Catalunya que recomendaba no ingresar en UCI a pacientes de más de 80 años. Se basan también en testimonios, como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. El médico le dijo que "tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así".
"Amnistía Internacional no cuestiona que, en muchos casos, para las personas mayores con comorbilidades ser enviadas al hospital puede no ser la mejor opción, y que incluso algunas han podido especificar en su plan de atención su preferencia de quedarse en la residencia o, en su caso, sus familiares. También el personal médico puede tomar esa decisión, basada en una evaluación del caso. El problema es que no se les diera una oportunidad de evaluación individualizada, incumpliendo así obligaciones internacionales contraídas por España", resumen la institución internacional. Los protocolos, según les relató el director de Coordinación Sociosanitaria en Madrid, "en teoría sigue vigente, aunque sin emplearse porque no hay contexto de crisis".
Además de que se negase el traslado, las residencias no contaban con condiciones adecuadas por sí mismas para atender a los pacientes COVID-19, "las autoridades han fallado en adoptar medidas alternativas que garanticen la asistencia sanitaria médica adecuada de este grupo vulnerable". Nunca hubo una medicalización, que sí prometió el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, a quien citan. Dijo el 12 de marzo que "las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo". "Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación de recursos (materiales y personales) nunca se llevó a cabo, dejando a las personas mayores que viven en residencias en una situación muy delicada", valora AI.
Ambas cosas, la no derivación y la falta de atención adecuada, vulneró tres derechos: a la salud, a la vida, y a la no discriminación. Las carencias de recursos se aplican también a los cuidados paliativos: "Amnistía Internacional recogió varios testimonios de personas expertas y de personal de residencias que aseguraban que el personal médico sanitario de las residencias normalmente no cuenta con la formación ni con la medicación adecuada para los cuidados paliativos". Además, "en muchos casos, las personas han muerto solas". La suma de los dos factores es por lo que AI achaca a una violación del derecho a una muerte digna. "También suponiendo un trauma para sus familias", apuntan sobre esto.
Encerrados, y sin equipación
Otro apartado del informe está dedicado a cómo estas personas estuvieron solas, encerradas y aisladas. En Madrid se prohibieron totalmente las visitas el mismo 8 de marzo y citan a Elena Valero, hija de un residente fallecido en una residencia de Madrid, que cuenta que entonces se llegó a echar a los familiares "de malas maneras y sin mayores explicaciones" ese mismo día. Entre los trabajadores habla Natalia, gerocultora de una residencia de Barcelona, sobre que a las personas mayores " no se les explicó lo que estaba pasando y muchos pensaron que se les estaba castigando", y destaca "el grave deterioro que ha supuesto para las personas residentes". Todo esto confluye en la vulneración de los otros dos derechos: el de las personas residentes a la vida privada y familiar.El informe de AI comienza con el diagnóstico sobre por qué "se ha hecho evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, han sido insuficientes e inadecuadas, han vulnerado los derechos humanos y han costado miles de vidas", y en consecuencia falló todo lo anterior. El primer repaso es a qué falló para que la COVID-19 se extendiese de aquella manera es la conocida falta de equipamiento: no había ni equipos de protección individual, por lo que muchos trabajadores se contagiaron y tuvieron que cogerse bajas; no había test disponibles, ni protocolos preparados.
A corto plazo: revisar protocolos
La investigación de AI concluye con varias recomendaciones y objetivos. El primero es que no se repitan todos estos errores en la segunda ola, aunque "la situación sigue siendo muy preocupante". Según el informe sobre casos del Ministerio de Sanidad del 12 de noviembre, "los brotes de mayor tamaño continúan ocurriendo en residencias de mayores, algunos con más de 100 casos", esa semana hubo 124 brotes con 1.765 casos asociados. Según un análisis de datos de elDiario.es, la mitad de las muertes COVID-19 siguen produciéndose en estas instituciones para mayores.AI indica que las competencias sobre residencias son de las autonomías, les pide desarrollar políticas públicas dirigidas a la prevención de pandemias y a recoger datos pormenorizados sobre los usuarios de residencias, y a mejorar el sistema de inspección. A corto plazo, a los gobiernos regionales deben" revisar y modificar los protocolos que establecen instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios, a fin de que en ningún caso puedan constituir discriminación en el acceso a la atención sanitaria". Al gobierno central, principalmente, le instan a a apoyar una investigación independiente sobre qué pasó en primavera en las residencias y el papel de las administraciones, estatal y autonómica. Y al Congreso, a impulsar "la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado".
Amnistía Internacional denuncia que en las residencias de Madrid y Catalunya se han vulnerado hasta cinco derechos humanos
La institución ha emitido un duro informe centrándose en esas dos regiones por ser donde más muertes ha habido y donde los protocolos indicaban que no hubiera derivación a hospitales, y concluye que se privó a los usuarios de su derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida...
www.eldiario.es
Mil euros de multa por rechazar la vacuna contra el Covid siendo persona de riesgo
El Gobierno no ha aclarado todavía si impondrá la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus en España. Pero el Ministerio de Sanidad ha comenzado a trabajar en un plan para una “inmunización forzosa” en situaciones que supongan una “grave amenaza para la salud pública”. Contempla incluso fuertes sanciones por negarse a ello.En un principio, el ministro Salvador Illa afirmó hace unas semanas que “no creía conveniente” que fuera obligatoria su inyección. Sin embargo, el propio Ministerio de Sanidad cambió de opinión unos días más tarde y dejó abierta la posibilidad de imponer una vacunación forzosa.
Si fuera necesario y la epidemia lo exigiera, habría herramientas para obligar a la población a vacunarse. “Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará”, han advertido.
Amenaza grave para la salud pública
En España, la vacunación no es obligatoria salvo que lo diga un juez. Las personas, por lo tanto, están en su derecho a negarse a que se le suministre una dosis. Sin embargo, en crisis sanitarias o epidémicas sí que se abre la puerta a hacerlo.La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril lo contempla en su artículo segundo, que dice así:
-- “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.
Vacunación obligatoria con la alarma
Pese a que la vacunación en España es voluntaria, existen antecedentes jurídicos, en el contexto de una situación de brote epidémico, en los que se ha obligado a vacunar.No obstante, en Sanidad consideran que, en un escenario de grave amenaza para la salud pública, la herramienta más garantista desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales es recurrir al decreto de estado de alarma.
La Ley 41/2002 básica y reguladora de la Autonomía del Paciente reconoce este principio de autonomía de la voluntad en su artículo 2ª e., donde garantiza el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos.
Un criterio que respeta la Ley 33/2011 General de Salud Pública. También la propia Constitución española recoge el derecho de cualquier persona a no vacunarse amparándose en el respeto a los derechos de libertad e intimidad.
En el Gobierno se piensa, por ejemplo, en sanitarios y trabajadores de residencias de mayores, pero también en cualquier perfil profesional cuya negativa a vacunarse, valorando el contacto directo que vaya a tener con el resto de la población por su actividad, genere riesgo para otras personas con consecuencias de tipo sancionador.
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que Sanidad no prevé tomar esta decisión tan drástica en las fases iniciales de la campaña de vacunación. En ese momento, las primeras dosis empezarán a llegar con cuentagotas.
Si todo va bien, la campaña comenzará en el mes de enero y se espera que una parte sustancial de la población haya recibido la vacuna en marzo. Ante personas de riesgo que se nieguen, en el Ejecutivo recuerdan que “el calendario de vacunación llega por ahora hasta el mes de mayo, coincidiendo con la vigencia del estado de alarma”.
Modificar el decreto de estado de alarma
Pero la vacunación obligatoria es una medida que no puede adoptarse con el actual decreto sobre el estado de alarma que aprobó el Gobierno el pasado mes de octubre. Esta posibilidad no se contempló entonces.En Sanidad apuestan por introducir un nuevo instrumento legal, al amparo de las atribuciones del Gobierno para decretar el estado de alarma y prever en sus nuevas disposiciones que esta situación incluya, con los matices y excepciones que se consideren precisos, la obligación de inyectarse la vacuna contra el Covid.
“Si es necesario obligar a vacunar a personas que suponen una grave amenaza para la salud pública debemos estar preparados para que, cuando nos enfrentemos a esa situación o un brote importante, no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la legislación prevea expresamente”, defienden.
Multas de más de 1.000 euros por negarse
Otra de las modificaciones que el Ejecutivo se plantea introducir contempla multas por infracciones en materia de salud, que incluya rechazar vacunarse contra el coronavirus. Aunque se prevé darle el tratamiento de infracción leve, las sanciones rondarían los 1.000 euros, según explican a ECD fuentes conocedoras de los planes de Sanidad.Se pretende, explican, que la vía de la imposición de multas para quien no se vacune sea una forma de persuasión institucional para que las personas de riesgo acepten inyectarse la dosis.
También se estudia introducir otra especificación en la nueva normativa para privar el acceso a determinados servicios públicos a quien no se vacune por el riesgo de contagios. “Algo que sería proporcional y justificado”, argumentan fuentes del Gobierno.
Mil euros de multa por rechazar vacunarse contra el Covid siendo persona de riesgo
Sanidad apuesta por modificar el decreto de estado de alarma, vigente durante el plan de vacunación, para introducir la obligatoriedad junto a fuertes sanci...
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Muere sacerdote que recibió la vacuna Moderna.
El padre John Fields fue director de comunicaciones de la Arquidiócesis Católica Ucraniana de Filadelfia.Fields, un sacerdote de Pensilvania que participó en la tercera y última fase del ensayo de la vacuna COVID-19 de Moderna, murió el 27 de noviembre. Tenía 70 años y murió en su casa de Filadelfia.
La causa de la muerte fue un aparente ataque al corazón (?), según el P. Michael Hutsko, pastor de la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Mt. Carmel, Pennsylvania. El P. Fields no tenía COVID-19, el obispo auxiliar Andriy Rabiy, vicario general de la Arquidiócesis, confirmó el lunes.
Un artículo del 23 de noviembre del Catholic News Service informó que cuando el Padre Fields recibió un correo electrónico este verano de la Universidad de Pennsylvania preguntando si le gustaría participar en las pruebas de la vacuna, respondió “sí” inmediatamente
“No lo dudé”, le dijo al servicio de noticias. “Sería una gran oportunidad para luchar contra este molesto virus que apareció de repente y causó estragos en todo el mundo, trayendo la muerte y perturbando cada aspecto de nuestras vidas.”
El P. Fields fue el primer voluntario en el estudio en la Universidad de Pennsylvania, y recibió su primera inyección el 31 de agosto, dijo el SNC.
Dijo que durante la primera semana después de la inyección, tuvo que hacer un reporte diario de su temperatura y cualquier síntoma – fatiga, náuseas, dolor en el lugar de la inyección, hinchazón del brazo, escalofríos o fiebre, o dolores de cabeza, según CNS. Dijo que no tenía ninguno. Recibió una segunda inyección el 1 de octubre, después de la cual no sintió ningún síntoma.
El 26 de octubre, regresó para una evaluación de seguimiento. Debía continuar siendo evaluado durante 25 meses. Se alegró al escuchar la noticia de que la vacuna Moderna estaba mostrando una tasa de efectividad muy alta.
El padre Fields dijo que nunca le preocuparon los riesgos de participar en las pruebas.
El sacerdote expresó la esperanza de que, junto con los casi 30.000 voluntarios de todo Estados Unidos que participaron en el estudio Moderna, “colectivamente podríamos haber ayudado a derrotar este virus mortal y evitar millones de muertes en todo el mundo”. Por esto, estoy agradecido a Dios, por esta oportunidad”.
Madrid no permitirá las campanadas en Sol ni en el resto de plazas públicas de la región
Madrid no permitirá actos de campanadas en ninguna plaza pública de la región, esto implica que quedan suspendidas las tradicionales campanadas en la Puerta del Sol. Además, las cabalgatas de Reyes Magos solo se podrán realizar en recintos acotados, al 50% y con el público sentado. Así lo ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa semanal en la Consejería de Sanidad, donde ha estado acompañado de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.Esos son dos de los ocho puntos que formarán parte de la orden que se va a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con medidas excepcionales y temporales que se prolongarán hasta el 8 de enero. Zapatero ha anunciado que los ayuntamientos deberán adoptar medidas de control de aforo en aquellas vías donde se prevea una alta densidad de personas, la suspensión de nuevas autorizaciones para actividades recreativas, los belenes estarán al 50% en recintos acotados, los mercadillos al aire libre reducirán su aforo a la mitad; las viviendas turísticas deberán vigilar el cumplimiento de la normativa Covid y de las reuniones y se podrán practicar deportes de invierno siempre cumpliendo la normativa.
Además, el viceconsejero ha querido recordar que Madrid cierra desde hoy perimetralmente y que también lo hará durantes las Navidades entre el 23 diciembre y el 6 de enero por orden del Ministerio de Sanidad, una decisión de la que Madrid es «contraria» ya que el impacto va a ser «mínimo» con una tendencia a la baja, más aún «cuando se permite visitar allegados». Ha señalado también que las reuniones durante las fechas clave de Navidad como Nochebuena y Nochevieja serán de un máximo de 10 personas, fechas a las que la Comunidad de Madrid añadirá el Día de Reyes, «una medida que propuso» la región, y el toque de queda se extenderá hasta las 1:30 horas en esos días.
«No es el momento de juntarnos con familiares y amigos con total naturalidad, el esfuerzo que hagamos ahora tendrá su recompensa en el futuro. Como decía Nadal ayer, espero que esto que vivimos ahora pase al recuerdo y podamos volver a ocmpartir y disfrutar de las cosas que nos hacen felices de la manera en la que estábamos acostumbrados», ha sostenido. También ha trasladado un mensaje a los más pequeños: «Ni Papá Noel ni los Reyes Magos se van a ver afectados por las restricciones de movilidad». La entrega de cartas a los Reyes Magos y Papá Noel se realizará en un espacio acotado y aforo del 50%.
Por norma general, incluidos lugares de culto, instalaciones deportivas de interior, hostelería y restauración interior, el Decreto establece la reducción de los aforos en toda la región al 50%. Además, está suspendido el servicio en barra. Las excepciones contempladas a la norma general del 50% son un 75% en teatros, cines y otras instalaciones culturales, un 40% en las salas multiusos polivalentes (como el Wizink Center), las terrazas al aire libre que permanecen al 75%, los establecimientos comerciales con el 75% y los centros de formación no reglada, al 75%.
Salen de las restricciones 11 zonas y 6 municipios
La Comunidad de Madrid continúa con una tendencia descendente en el número de casos por cada 100.000 habitantes a 7 y 14 días y en los ingresos hospitalarios, mostrando una consolidación que se refleja en que 200 de las 286 zonas básicas de salud ya tienen una incidencia acumulada inferior a 250. Así lo ha detallado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que ha anunciado que se levantan las restricciones de movilidad en once zonas básicas de salud y seis municipios a partir del próximo lunes.Las zonas básicas que salen del confinamiento son la de Daroca, en Ciudad Lineal y Vicálvaro-Artilleros en el distrito de Vicálvaro; Cuzco, Alicante y Castilla la Nueva en el municipio de Fuenlabrada; Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo y Collado Villalba Estación, en el municipio de Collado Villalba; además de Alpedrete y Galapagar. Por su parte, las seis localidades que quedan excluidas de las limitaciones de movilidad son Moralzarzal; El Boalo-Cerceda-Mataelpino en la zona básica de salud de Manzanares el Real; los municipios de Colmenar de Oreja, Chinchón y Villaconejos en la zona básica de Colmenar de Oreja; y los municipios de San Martin de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, en la ZBS de San Martín de Valdeiglesias.
Por el contrario, continuarán bajo restricciones de movilidad Guzmán el Bueno (Chamberí) y la Elipa (Ciudad Lineal) y La Moraleja, en Alcobendas. En estos tres núcleos se prorroga por siete días naturales, es decir, desde las 00:00 horas del 7 de diciembre hasta las 00:00 horas del 14 de diciembre. Asimismo, siguen vigentes las restricciones de movilidad, hasta el lunes 14 de diciembre, en la zona básica de Barcelona, en Móstoles.
Respecto a la estrategia regional para frenar el avance de la epidemia, el viceconsejero ha hecho un llamamiento para obtener una respuesta «lo antes posible» sobre la petición de Madrid al Ministerio de Sanidad para que les permitan realizar test de antígenos en las farmacias, un pilar básico, según han defendido, para llegar en buena posición a Navidad.
Madrid no permitirá las campanadas en Sol ni en el resto de plazas públicas de la región
Las cabalgatas de Reyes Magos solo se podrán realizar en recintos acotados, al 50% y con el público sentado
Limitan las videollamadas tras declararse un brote en la residencia Santirso, en Oviedo
Nuevo brote en un geriátrico. La residencia privada Santirso, en Oviedo, tiene a 29 de sus 35 residentes con positivo por covid-19. De ellos, ocho están ingresados en el HUCA, aunque ninguno en la UCI. Además, tres de los doce trabajadores del centro también han contraído el virus.La expansión comenzó el pasado miércoles, cuando en el propio centro detectaron dos residentes positivos tras hacer pruebas serológicas. Personal del Servicio de Salud del Principado (Sespa) se desplazó a Santirso para realizar PCR, lo que se saldó con nueve positivos. Aunque el Sespa intervino el geriátrico, desde entonces el virus se ha propagado, afectando a prácticamente todos los inquilinos.
A esto se han añadido otros problemas. Según indicaron a EL COMERCIO familiares de usuarios, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha limitado las videollamadas y llamadas telefónicas que pueden hacerse a los residentes: sólo una llamada por persona y por día.
El domingo, la dirección del geriátrico se puso en contacto con los familiares para comunicarles que, por órdenes del Sespa, las videollamadas y contactos telefónicos «quedaban prohibidos, bajo amenaza de sanción o incluso de denuncia por un delito». «Desde el Sespa dieron la orden a los administradores del centro de informar de forma general a los familiares sobre la evolución del brote, impidiendo que cada pariente pudiera llamar por su cuenta a su familiar residente para conocer su estado». La razón, adujeron desde el Sespa, era para evitar que los residentes compartieran el mismo teléfono móvil y aumentaran el riesgo de contagio. «¿Cómo voy a enterarme así de cómo está mi madre, de si tiene fiebre o si se encuentra mejor o peor?», asegura la hija de una residente que dio positivo pero es asintomática.
La mujer expuso su caso en redes sociales el domingo y el mensaje se hizo viral. Ayer, ella misma anunció que la residencia Santirso había recibido permiso del Sespa para hacer únicamente una videollamada al día por persona, noticia que en parte la «alivió».
Limitan las videollamadas tras declararse un brote en la residencia Santirso, en Oviedo | El Comercio: Diario de Asturias
El Sespa restringe a una llamada diaria y por persona el contacto con la familia. 29 de sus 35 residentes están contagiados
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