Viaje a la Nueva Normalidad 🛣️
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Se populariza el 'bote antimultas' para participar en las fiestas prohibidas durante el coronavirus
Nuevas imágenes de fiestas en la calle y la playa en plena pandemia de coronavirus en España. Las últimas son de una fiesta en Burriana, en Castellón. La situación ha llevado al ayuntamiento de la localidad a utilizar drones y un coche camuflado para impedir esos encuentros. Estaban sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad.
Las multas por participar en estos eventos pueden superar los 30.000 euros pero se está popularizando entre los jóvenes el 'bote anticovid'. Al llegar a las fiestas, los jóvenes hacen su aportación en alcohol y en dinero. "Así se paga la multa y quienes organizan la fiesta no tienen que preocuparse", afirma un joven.
En Internet hay anuncios en los que se busca gente para organizar nuevas fiestas privadas. Se buscan strippers o gogós con o sin experiencia para fiestas y drags para despedidas de solteros. Incluso hay eventos que buscan camareros y azafatas en Madrid.
Las sanciones por botellón se han multiplicado por cinco en Murcia, casi 1.000 en una semana. En un colegio mayor de Valencia, la policía ya tiene 40 identificados por las fiestas ilegales de comienzo de curso.
www.antena3.com
Nuevas imágenes de fiestas en la calle y la playa en plena pandemia de coronavirus en España. Las últimas son de una fiesta en Burriana, en Castellón. La situación ha llevado al ayuntamiento de la localidad a utilizar drones y un coche camuflado para impedir esos encuentros. Estaban sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad.
Las multas por participar en estos eventos pueden superar los 30.000 euros pero se está popularizando entre los jóvenes el 'bote anticovid'. Al llegar a las fiestas, los jóvenes hacen su aportación en alcohol y en dinero. "Así se paga la multa y quienes organizan la fiesta no tienen que preocuparse", afirma un joven.
En Internet hay anuncios en los que se busca gente para organizar nuevas fiestas privadas. Se buscan strippers o gogós con o sin experiencia para fiestas y drags para despedidas de solteros. Incluso hay eventos que buscan camareros y azafatas en Madrid.
Las sanciones por botellón se han multiplicado por cinco en Murcia, casi 1.000 en una semana. En un colegio mayor de Valencia, la policía ya tiene 40 identificados por las fiestas ilegales de comienzo de curso.
Se populariza el 'bote antimultas' para participar en las fiestas prohibidas durante el coronavirus
Se populariza el 'bote antimultas' para participar en las fiestas prohibidas durante el coronavirus
www.antena3.com
De casa al trabajo y del trabajo a casa: el coronavirus hace realidad el sueño capitalista de una población controlada y militarizada
Diego Herchhoren.— El gobierno español va a implantar en los próximos días un toque de queda que, sumado a las restricciones ya aprobadas en todas las Comunidades Autónomas, suprimirá las ya menguadas libertades de movimientos a tres casos: trabajo, estudios o trámites. La ausencia de lecturas críticas sobre la información existente respecto a la pandemia y la aceptación del relato oficial tiene escasos precedentes en la izquierda española.
Origen militar del término
El llamado toque de queda es una institución de carácter militar, adoptada generalmente en escenarios de guerra o de excepcionalidad política (disturbios, crisis sociales) que consiste en la restricción a cualquier persona de permanecer o circular por las calles de manera libre y sin una justificación considerada válida por la autoridad del momento. Hay que retroceder a la época de Franco para recordar la última vez que se implantó esta figura, normalmente anudada a una declaración de Estado de Excepción.
Para apreciar en sus debidos términos toda la charlatanería de «analistas» y «virólogos» que nos van a intentar convencer de lo bueno que esta esta medida, y que despierta un increíble sentimiento de adhesión entre el joven progresista preocupado por «la pandemia» y el Comisario torturador que organiza las patrullas que se «excederán» en el uso de la fuerza cuando vean a una persona por la calle; para poner en evidencia la mezquindad y la fragilidad de todo este movimiento, casi patriótico, que hay detrás de los calificativos de «irresponsables» a quienes no aceptamos que nuestras libertades sean pisoteadas, necesitamos contemplar todo este espectáculo desde un punto de vista situado fuera de los límites estrictos del virus, de la enfermedad o de la aparente disputa política entre Gobierno y Comunidades Autónomas.
Toque de queda y militarización planificada
Un reciente artículo de Carlota García Encina, analista del Real Instituto Elcano, describía la pandemia de coronavirus como «una oportunidad para la OTAN». Concretamente expresaba que «la universalidad del coronavirus hace que la OTAN deba defender a los 30 como si fueran uno solo, pasando del “uno para todos y todos para uno” al “todos para todos”.
En el año 2003, y anticipándose a los hechos como el tramposo jugador de póker que anticipa sus resultados, la OTAN difundió -no fue secreto-el informe Urban Operations in the Year 2020, un análisis socioeconómico de la situación en Europa donde anticipaba una crisis social sin precedentes en la historia del capitalismo, donde la pobreza urbana «podría crecer significativamente en el futuro, conduciendo a posibles sublevaciones, desordenes civiles y amenazas para la seguridad que impondrán la intervención de las autoridades locales«.
El análisis era solo un anticipo de la crisis que el sistema capitalista estaba fraguando. Naciones Unidas evaluó en el año 2019, y contando con los datos a 31 de diciembre de 2018 (es decir, a menos de año y medio de la «crisis del coronavirus»), que el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los menores de 18 años, se encontraban en situación de pobreza. Que más del 55% tuvo dificultades para llegar a fin de mes, y que el 5,4% tuvo carencias severas (acceso a luz, agua potable, calefacción, etc.). El paro oficial era del 13,78%, más del doble de la media de la UE y el paro juvenil era del 30,51% entre menores de 25 años. Insistimos, antes del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020.
«Nueva excepcionalidad»
Desde aquella fecha, España ha vivido la normalización de la militarización de las calles primero mediante la Operación Balmis (que toma el nombre de Francisco Javier Balmis, un médico militar que utilizó a 22 niños huérfanos para experimentar e inocularles la viruela) y luego mediante las paulatinas restricciones a la libertad de movimientos, que serán vigilados de cerca por las fuerzas de seguridad. El pretexto no era como en otras ocasiones un grupo terrorista o una catástrofe climática.
Hay dos formas de analizar las premisas de todas estas decisiones, para luego decidir si debemos cuestionar o no el relato oficial «científico» que las motivan. El primer estado que debemos constatar es, si previo a todas estas restricciones existían motivos de alarma entre el poder político y económico para adoptar, libres de virus, decisiones parecidas. No podemos entrar a examinar aquí, naturalmente, aspectos más precisos de naturaleza biológica que aparentemente son las que guían la acción política del gobierno de coalición, pero sí debe llamarnos la atención la extraordinaria coincidencia de tiempos, decisiones y situaciones de una economía malograda y socialmente explosiva.
Toda investigación de un hecho («crisis del coronavirus») tiene que partir de las circunstancias que la rodean para obtener conclusiones precisas, y no al revés. El origen de esta crisis que está empobreciendo a millones de personas no podemos circunscribirla al 14 de marzo de 2020, porque como hemos visto, el problema venía de mucho antes.
Si a esto le sumamos que muchas de las decisiones que están transformando la sociedad hacia un modelo privatista (encerrado en casa) e individualista (normalizando la supresión de derechos) se hicieron en base a criterios de un «comité de expertos» que no ha existido nunca, podremos activar una alarma de que esto no es solamente cosa de un «puto virus».
Pero la segunda cuestión que necesitamos verificar es el efecto disuasorio del ejercicio de esos derechos implican estas decisiones, porque incluso la izquierda está aceptando el relato oficial de los hechos con una asombrosa pasividad.
¿Debemos cumplir con las restricciones?
Paul Von Hindenburg, quien llegó al poder gracias a su fortuna familiar, y con credenciales fabricadas por dicha fortuna, terminó con la Constitución alemana de Weimar de 1919 al firmar el Decreto de Incendios del Reichstag y marcar el comienzo de algo que en el momento de ser aprobado nadie llamaba fascismo. En el contexto actual, la sucesión de reglamentaciones de esta «nueva excepcionalidad» otorga una delegación extraordinaria de funciones en los agentes de la policía o de la guardia civil.
Con este poder otorgado, no hay lugar para dar marcha atrás. El toque de queda que en las próximas horas va a instaurarse puede ser eliminado algún día del BOE, pero el sentido de esta medida es que la psicología de masas incorpore a su conducta una disciplinada actitud ante la realidad que nos rodea.
Y lo que nos rodea es la que ya conocemos. Frente a la pregunta de si debemos o no cumplir con las restricciones que nos impone el Estado (confinamiento, aislamiento, no reuniones, no ocio), debemos preguntarnos (al igual que debíamos hacerlo antes del 14 de marzo) si estamos dispuestos a aceptar o no que la pobreza y la represión formen parte de nuestras vidas.
diario-octubre.com
Diego Herchhoren.— El gobierno español va a implantar en los próximos días un toque de queda que, sumado a las restricciones ya aprobadas en todas las Comunidades Autónomas, suprimirá las ya menguadas libertades de movimientos a tres casos: trabajo, estudios o trámites. La ausencia de lecturas críticas sobre la información existente respecto a la pandemia y la aceptación del relato oficial tiene escasos precedentes en la izquierda española.
Origen militar del término
El llamado toque de queda es una institución de carácter militar, adoptada generalmente en escenarios de guerra o de excepcionalidad política (disturbios, crisis sociales) que consiste en la restricción a cualquier persona de permanecer o circular por las calles de manera libre y sin una justificación considerada válida por la autoridad del momento. Hay que retroceder a la época de Franco para recordar la última vez que se implantó esta figura, normalmente anudada a una declaración de Estado de Excepción.
Para apreciar en sus debidos términos toda la charlatanería de «analistas» y «virólogos» que nos van a intentar convencer de lo bueno que esta esta medida, y que despierta un increíble sentimiento de adhesión entre el joven progresista preocupado por «la pandemia» y el Comisario torturador que organiza las patrullas que se «excederán» en el uso de la fuerza cuando vean a una persona por la calle; para poner en evidencia la mezquindad y la fragilidad de todo este movimiento, casi patriótico, que hay detrás de los calificativos de «irresponsables» a quienes no aceptamos que nuestras libertades sean pisoteadas, necesitamos contemplar todo este espectáculo desde un punto de vista situado fuera de los límites estrictos del virus, de la enfermedad o de la aparente disputa política entre Gobierno y Comunidades Autónomas.
Toque de queda y militarización planificada
Un reciente artículo de Carlota García Encina, analista del Real Instituto Elcano, describía la pandemia de coronavirus como «una oportunidad para la OTAN». Concretamente expresaba que «la universalidad del coronavirus hace que la OTAN deba defender a los 30 como si fueran uno solo, pasando del “uno para todos y todos para uno” al “todos para todos”.
En el año 2003, y anticipándose a los hechos como el tramposo jugador de póker que anticipa sus resultados, la OTAN difundió -no fue secreto-el informe Urban Operations in the Year 2020, un análisis socioeconómico de la situación en Europa donde anticipaba una crisis social sin precedentes en la historia del capitalismo, donde la pobreza urbana «podría crecer significativamente en el futuro, conduciendo a posibles sublevaciones, desordenes civiles y amenazas para la seguridad que impondrán la intervención de las autoridades locales«.
El análisis era solo un anticipo de la crisis que el sistema capitalista estaba fraguando. Naciones Unidas evaluó en el año 2019, y contando con los datos a 31 de diciembre de 2018 (es decir, a menos de año y medio de la «crisis del coronavirus»), que el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los menores de 18 años, se encontraban en situación de pobreza. Que más del 55% tuvo dificultades para llegar a fin de mes, y que el 5,4% tuvo carencias severas (acceso a luz, agua potable, calefacción, etc.). El paro oficial era del 13,78%, más del doble de la media de la UE y el paro juvenil era del 30,51% entre menores de 25 años. Insistimos, antes del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020.
«Nueva excepcionalidad»
Desde aquella fecha, España ha vivido la normalización de la militarización de las calles primero mediante la Operación Balmis (que toma el nombre de Francisco Javier Balmis, un médico militar que utilizó a 22 niños huérfanos para experimentar e inocularles la viruela) y luego mediante las paulatinas restricciones a la libertad de movimientos, que serán vigilados de cerca por las fuerzas de seguridad. El pretexto no era como en otras ocasiones un grupo terrorista o una catástrofe climática.
Hay dos formas de analizar las premisas de todas estas decisiones, para luego decidir si debemos cuestionar o no el relato oficial «científico» que las motivan. El primer estado que debemos constatar es, si previo a todas estas restricciones existían motivos de alarma entre el poder político y económico para adoptar, libres de virus, decisiones parecidas. No podemos entrar a examinar aquí, naturalmente, aspectos más precisos de naturaleza biológica que aparentemente son las que guían la acción política del gobierno de coalición, pero sí debe llamarnos la atención la extraordinaria coincidencia de tiempos, decisiones y situaciones de una economía malograda y socialmente explosiva.
Toda investigación de un hecho («crisis del coronavirus») tiene que partir de las circunstancias que la rodean para obtener conclusiones precisas, y no al revés. El origen de esta crisis que está empobreciendo a millones de personas no podemos circunscribirla al 14 de marzo de 2020, porque como hemos visto, el problema venía de mucho antes.
Si a esto le sumamos que muchas de las decisiones que están transformando la sociedad hacia un modelo privatista (encerrado en casa) e individualista (normalizando la supresión de derechos) se hicieron en base a criterios de un «comité de expertos» que no ha existido nunca, podremos activar una alarma de que esto no es solamente cosa de un «puto virus».
Pero la segunda cuestión que necesitamos verificar es el efecto disuasorio del ejercicio de esos derechos implican estas decisiones, porque incluso la izquierda está aceptando el relato oficial de los hechos con una asombrosa pasividad.
¿Debemos cumplir con las restricciones?
Paul Von Hindenburg, quien llegó al poder gracias a su fortuna familiar, y con credenciales fabricadas por dicha fortuna, terminó con la Constitución alemana de Weimar de 1919 al firmar el Decreto de Incendios del Reichstag y marcar el comienzo de algo que en el momento de ser aprobado nadie llamaba fascismo. En el contexto actual, la sucesión de reglamentaciones de esta «nueva excepcionalidad» otorga una delegación extraordinaria de funciones en los agentes de la policía o de la guardia civil.
Con este poder otorgado, no hay lugar para dar marcha atrás. El toque de queda que en las próximas horas va a instaurarse puede ser eliminado algún día del BOE, pero el sentido de esta medida es que la psicología de masas incorpore a su conducta una disciplinada actitud ante la realidad que nos rodea.
Y lo que nos rodea es la que ya conocemos. Frente a la pregunta de si debemos o no cumplir con las restricciones que nos impone el Estado (confinamiento, aislamiento, no reuniones, no ocio), debemos preguntarnos (al igual que debíamos hacerlo antes del 14 de marzo) si estamos dispuestos a aceptar o no que la pobreza y la represión formen parte de nuestras vidas.
De casa al trabajo y del trabajo a casa: el coronavirus hace realidad el sueño capitalista de una población controlada y militarizada
Diego Herchhoren.— El gobierno español va a implantar en los próximos días un toque de queda que, sumado a las restricciones ya aprobadas en todas las Comunidades Autónomas, suprimirá las ya menguadas libertades de movimientos a tres casos: trabajo, estudios o trámites. La ausencia de lecturas...
diario-octubre.com
Testimonio de una madre: "Controlan cada movimiento de mi hija y la tienen asustada con la discriminación"
Los colegios españoles se han convertido en centros de tortura para los niños. Espero que algún día lo paguen.
Testimonio de una madre que nos ha escrito a Infancia y Verdad:
"Mi hija mayor tiene 6 años, empezó el colegio como casi todos sus compañeros, el 14 de septiembre.
El primer día fue duro pero decidimos que intentaríamos que siguiera yendo y aguantar, aguantar porque todo el mundo te dice que sólo es por no acostumbrarse.
Pero los problemas iban a peor, mi hija lo pasaba realmente mal con la mascarilla, le dolía la cabeza, se sentía mareada, no podía concentrarse, al sentir que se ahogaba se ponía nerviosa, le daba ganas de vomitar.
Para colmo, mi hija se resfrió y, al no poder tener una buena expulsión de los mocos, lo poco higiénico que es llevar una mascarilla estornudada todo el día, se lo comenté a su tutora, pero ésta sólo se limitó a dar aviso a sus superiores, no recibí más respuesta.
Tampoco recibí una confirmación cuando querían que hiciera educación física con mascarilla, sólo que lo comunicaba a sus superiores.
La segunda semana busqué ayuda de la pediatra, pero ésta se negó en rotundo a hacer un certificado, mi hija tenía vegetaciones adenoideal, diagnosticado hace años y sólo le dio un informe con este diagnóstico, nada más.
El primer día de la tercera semana fue la gota que colmo el vaso, mi hija rompió a llorar desconsoladamente porque no aguantaba más, el uso de la mascarilla y las medidas repetitivas y constantes de lavado de manos la estaban martirizando.
Decidimos no llevarla al cole hasta poder hablar con dirección, pero nuestra sorpresa fue que el centro tampoco podría ayudarnos si no presentábamos un certificado que confirmase la situación de nuestra hija. Pusimos una queja en el centro de salud de mi hija, nos llamaron y esta vez nos dieron un informe que pone que el uso de la mascarilla agrava los síntomas de salud de mi hija.
Presentamos esto por correo al cole y le dijimos que iría sin mascarilla y que no autorizábamos a la toma de temperatura y lavados de mano con hidrogel. Al principio la directora nos dijo que la aislarían y le pondrían una mascarilla en las entradas, salidas y espacios comunes, sin autorización ninguna por parte de nosotros, así nos negamos, que si queríamos que no le pusieran una mascarilla nosotros tendríamos que enviar un escrito desautorizando esa decisión.
Hicimos lo que nos pidió pero aun así tienen a mi hija aislada sin poder tener contacto alguno más que con una docente en un aula y un trozo de patio. Todo esto porque no lleva mascarilla y hasta que a la directora le digan si mi hija puede ir o no con sus compañeros, o si puede o no llevar mascarilla. Me pregunto, ¿Quién más que su madre tiene autoridad para decidir si mi hija lleva mascarilla?, creo que la respuesta sería un juez, pero hasta entonces nos siguen presionando y discriminando a mi hija.
El comedor escolar quiso tomar las mismas medidas, dejándola en la misma aula que la retiene el cole, después de hablar con la coordinadora cambió de decisión y con instrucciones de la directora y la jefa de estudios, le dijo que podían llevar al comedor pero a diferencia de los demás niños, debe de tener dos metros de distancia, deberá entrar cuando todos ya estén sentados y para que nadie se cruce con ella, saldrían por el lateral del comedor. Controlan cada movimiento de mi hija y la tienen asustada con la discriminación que le están haciendo. Me pregunta "Mamá, ¿soy mala?, creo que nadie me quiere en el cole."
Ayer estaba muy tristona, las clases las va haciendo pero el comedor ayer le dejaron ir en el mismo patio que el resto, le dijeron a los demás niños que no se acerquen a ella y no compartan nada con ella, la pusieron en un esquina y no le dejaban correr ni salir de esa esquina. Hoy no ya no la envío, hasta que se solucione, la pobre está afectada, no entiende nada.
Esta situación nos está afectando psicológicamente a toda la familia. Intentamos estar serenos y armoniosos por nuestras hijas pero necesitamos apoyo."
nomoriridiota.blogspot.com
Los colegios españoles se han convertido en centros de tortura para los niños. Espero que algún día lo paguen.
Testimonio de una madre que nos ha escrito a Infancia y Verdad:
"Mi hija mayor tiene 6 años, empezó el colegio como casi todos sus compañeros, el 14 de septiembre.
El primer día fue duro pero decidimos que intentaríamos que siguiera yendo y aguantar, aguantar porque todo el mundo te dice que sólo es por no acostumbrarse.
Pero los problemas iban a peor, mi hija lo pasaba realmente mal con la mascarilla, le dolía la cabeza, se sentía mareada, no podía concentrarse, al sentir que se ahogaba se ponía nerviosa, le daba ganas de vomitar.
Para colmo, mi hija se resfrió y, al no poder tener una buena expulsión de los mocos, lo poco higiénico que es llevar una mascarilla estornudada todo el día, se lo comenté a su tutora, pero ésta sólo se limitó a dar aviso a sus superiores, no recibí más respuesta.
Tampoco recibí una confirmación cuando querían que hiciera educación física con mascarilla, sólo que lo comunicaba a sus superiores.
La segunda semana busqué ayuda de la pediatra, pero ésta se negó en rotundo a hacer un certificado, mi hija tenía vegetaciones adenoideal, diagnosticado hace años y sólo le dio un informe con este diagnóstico, nada más.
El primer día de la tercera semana fue la gota que colmo el vaso, mi hija rompió a llorar desconsoladamente porque no aguantaba más, el uso de la mascarilla y las medidas repetitivas y constantes de lavado de manos la estaban martirizando.
Decidimos no llevarla al cole hasta poder hablar con dirección, pero nuestra sorpresa fue que el centro tampoco podría ayudarnos si no presentábamos un certificado que confirmase la situación de nuestra hija. Pusimos una queja en el centro de salud de mi hija, nos llamaron y esta vez nos dieron un informe que pone que el uso de la mascarilla agrava los síntomas de salud de mi hija.
Presentamos esto por correo al cole y le dijimos que iría sin mascarilla y que no autorizábamos a la toma de temperatura y lavados de mano con hidrogel. Al principio la directora nos dijo que la aislarían y le pondrían una mascarilla en las entradas, salidas y espacios comunes, sin autorización ninguna por parte de nosotros, así nos negamos, que si queríamos que no le pusieran una mascarilla nosotros tendríamos que enviar un escrito desautorizando esa decisión.
Hicimos lo que nos pidió pero aun así tienen a mi hija aislada sin poder tener contacto alguno más que con una docente en un aula y un trozo de patio. Todo esto porque no lleva mascarilla y hasta que a la directora le digan si mi hija puede ir o no con sus compañeros, o si puede o no llevar mascarilla. Me pregunto, ¿Quién más que su madre tiene autoridad para decidir si mi hija lleva mascarilla?, creo que la respuesta sería un juez, pero hasta entonces nos siguen presionando y discriminando a mi hija.
El comedor escolar quiso tomar las mismas medidas, dejándola en la misma aula que la retiene el cole, después de hablar con la coordinadora cambió de decisión y con instrucciones de la directora y la jefa de estudios, le dijo que podían llevar al comedor pero a diferencia de los demás niños, debe de tener dos metros de distancia, deberá entrar cuando todos ya estén sentados y para que nadie se cruce con ella, saldrían por el lateral del comedor. Controlan cada movimiento de mi hija y la tienen asustada con la discriminación que le están haciendo. Me pregunta "Mamá, ¿soy mala?, creo que nadie me quiere en el cole."
Ayer estaba muy tristona, las clases las va haciendo pero el comedor ayer le dejaron ir en el mismo patio que el resto, le dijeron a los demás niños que no se acerquen a ella y no compartan nada con ella, la pusieron en un esquina y no le dejaban correr ni salir de esa esquina. Hoy no ya no la envío, hasta que se solucione, la pobre está afectada, no entiende nada.
Esta situación nos está afectando psicológicamente a toda la familia. Intentamos estar serenos y armoniosos por nuestras hijas pero necesitamos apoyo."
Testimonio de una madre: "Controlan cada movimiento de mi hija y la tienen asustada con la discriminación"
Los colegios españoles se han convertido en centros de tortura para los niños. Espero que algún día lo paguen. Testimonio de una madre que ...
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Irlanda podría multar con hasta 2.500 euros y seis meses de cárcel por hacer fiestas en casa tras decretar el nivel máximo de alerta por covid-19
El Gobierno de Irlanda ha propuesto imponer sanciones penales y monetarias a quienes organicen fiestas en su casa o infrinjan las nuevas restricciones para combatir el rebrote de covid-19 en el país.
En virtud de la legislación acordada este martes, que se prevé sea aprobada por el Parlamento en los próximos días, organizar fiestas en domicilios particulares acarreará una multa de 1.000 euros (alrededor de 1.180 dólares) y una pena de cárcel de un mes. Asimismo, las multas 'in situ' serán de hasta 500 euros (unos 590 dólares), recoge el diario The Irish Times.
En detalle, las autoridades tendrán la facultad ingresar a la casa donde tenga lugar la reunión y pedir al propietario que la detenga. En caso de no hacerlo, se impondrá la multa, que aumentará a 1.500 euros (1.700 dólares) tras una segunda infracción o prisión por tres meses, o ambos castigos. De repetirse la violación por tercera vez, la sanción será de 2.500 euros (2.900 dólares) y seis meses tras las rejas.
Irlanda introdujo este jueves por seis semanas su nivel más alto de restricciones en un intento por detener la propagación del coronavirus. El estricto confinamiento, además de prohibir las reuniones familiares (excepto bodas y funerales de hasta 25 personas), limitará los paseos y salidas a un radio de cinco kilómetros de la casa. Los bares y restaurantes trabajarán solo a domicilio, las escuelas continuarán abiertas y la visita a los mercados deberá limitarse a la compra de artículos esenciales, entre otras limitaciones.
El Gobierno está considerado imponer multas también a quienes desacaten tales parámetros. Cualquiera que realice un viaje no esencial a más de 5 km de su hogar podría enfrentar una penalización de 60 euros (70 dólares) y el no pago resultaría en un cobro mayor, la comparecencia ante un tribunal y una posible condena penal. Los ciudadanos que se abstengan de usar tapabocas en el transporte público o en establecimientos comerciales enfrentarán asimismo sanciones.
actualidad.rt.com
El Gobierno de Irlanda ha propuesto imponer sanciones penales y monetarias a quienes organicen fiestas en su casa o infrinjan las nuevas restricciones para combatir el rebrote de covid-19 en el país.
En virtud de la legislación acordada este martes, que se prevé sea aprobada por el Parlamento en los próximos días, organizar fiestas en domicilios particulares acarreará una multa de 1.000 euros (alrededor de 1.180 dólares) y una pena de cárcel de un mes. Asimismo, las multas 'in situ' serán de hasta 500 euros (unos 590 dólares), recoge el diario The Irish Times.
En detalle, las autoridades tendrán la facultad ingresar a la casa donde tenga lugar la reunión y pedir al propietario que la detenga. En caso de no hacerlo, se impondrá la multa, que aumentará a 1.500 euros (1.700 dólares) tras una segunda infracción o prisión por tres meses, o ambos castigos. De repetirse la violación por tercera vez, la sanción será de 2.500 euros (2.900 dólares) y seis meses tras las rejas.
Irlanda introdujo este jueves por seis semanas su nivel más alto de restricciones en un intento por detener la propagación del coronavirus. El estricto confinamiento, además de prohibir las reuniones familiares (excepto bodas y funerales de hasta 25 personas), limitará los paseos y salidas a un radio de cinco kilómetros de la casa. Los bares y restaurantes trabajarán solo a domicilio, las escuelas continuarán abiertas y la visita a los mercados deberá limitarse a la compra de artículos esenciales, entre otras limitaciones.
El Gobierno está considerado imponer multas también a quienes desacaten tales parámetros. Cualquiera que realice un viaje no esencial a más de 5 km de su hogar podría enfrentar una penalización de 60 euros (70 dólares) y el no pago resultaría en un cobro mayor, la comparecencia ante un tribunal y una posible condena penal. Los ciudadanos que se abstengan de usar tapabocas en el transporte público o en establecimientos comerciales enfrentarán asimismo sanciones.
Irlanda podría multar con hasta 2.500 euros y seis meses de cárcel por hacer fiestas en casa tras decretar el nivel máximo de alerta por covid-19
Dublín introdujo este jueves su nivel más alto de restricciones por el coronavirus. El estricto confinamiento, además de prohibir las reuniones familiares, limitará los paseos y salidas a un radio de cinco kilómetros del domicilio.
“Mi cuñada no murió de covid, murió por abandono”
Extremadura investiga la muerte por coronavirus de una mujer de 47 años en su casa sin recibir atención médica presencial
https://elpais.com/sociedad/2020-10...-de-covid-murio-por-abandono.html#comentarios
A Soledad Torrado se le quiebra la voz cuando piensa en los últimos días de vida de su cuñada Julia Rangel, de 47 años y vecina de Aceuchal (Badajoz). En menos de una semana, cuenta Torrado, pasó de tener un simple malestar a superar los 39 grados de fiebre, sufrir asfixia, echar espuma por la boca y delirar. Tras dar positivo el día 13 de octubre por coronavirus junto con su marido José Manuel y su hijo Ismael, se confinó en su casa a la espera de una pronta recuperación, pero su situación, precisan varios familiares, no paró de empeorar. Pese a las reiteradas llamadas al centro de salud, dicen sus allegados, no recibieron una visita de un médico hasta el 18 de octubre, cuando ya era demasiado tarde. “Ese día, primero por teléfono, la doctora le dijo que esos síntomas eran de los nervios, que se tomase otro trankimazin [medicamento que la ya fallecida tomaba desde hacía años por prescripción médica]. Volvieron a llamar porque no mejoraba y cuando fue por fin a su casa les dijo: 'Ahora sí que está mal”, cuenta Torrado, que ejerce de portavoz de la familia. Media hora más tarde de ese episodio, y tras llevarla en ambulancia al hospital Tierra de Barros (Almendralejo, Badajoz), Rangel murió.
Como queja, Ana Belén Rosa, nuera de Rangel, envió este lunes una carta al consejero de Salud de Extremadura, José María Vergeles, donde relataba lo sucedido y le solicitaba que se abriera un expediente disciplinario y sancionador a los responsables “que omitieron las llamadas reiteradas”. La Junta de Extremadura solicitó este jueves al Servicio Extremeño de Salud (SES) que abra una investigación para esclarecer los hechos. En un comunicado, la Junta reiteró “su puesta a disposición de la familia de la fallecida”. No obstante, los familiares precisaron que ni el consejero de Salud ni el centro médico han contactado con ellos. Este jueves, los casos por covid-19 en Extremadura eran 15.648.
La familia, que está estudiando poner una denuncia contra el SES, afirma que ha intentado contactar con el centro médico para conocer el nombre de la doctora que supuestamente cometió la negligencia, pero los responsables, asegura Torrado, desconocen quién estaba de guardia el día que falleció. “Me dijeron que lo mejor que podía hacer era rellenar una hoja de reclamaciones. ¿Lo ves normal? Como si fuera un bar y la comida estuviera mala”, comenta la familiar. Preguntada por estos detalles, la Junta de Extremadura respondió que, hasta no terminar la investigación, prefieren guardar silencio. Este diario ha intentado, sin éxito, localizar a la doctora que atendió a la afectada para que diera su versión de los hechos.
La familia asevera que desde el primer momento que Rangel se encerró en casa, el centro de salud “le daba largas” diciendo que sus dolencias eran comunes y que, al ser joven y no tener patologías previas, no era una persona de riesgo. “En una ocasión la médico le dijo a mi hermano que, cuando dieran todos negativos, lo que tenía que hacer era llevar a mi cuñada a un psiquiatra”, cuenta Torrado.
La afectada llegó sola al hospital, su marido y su hijo Ismael se tuvieron que quedar en casa al ser positivos. Cuando sus otros dos hijos, José Manuel y Francisco Javier, alcanzaron el hospital Rangel ya había muerto. “Llegué allí y me encontré a uno de ellos y se me tiró al cuello. Los médicos le acababan de comunicar cómo había muerto mi cuñada, pero estaba paralizado. Me dijo: ‘Tata, solo sé que mi madre está muerta’”, cuenta Torrado, que no deja de pensar que si un doctor hubiera visitado a su familiar un solo día antes, aún seguiría viva. “Es muy duro. Pensar en mi sobrino Ismael de 22 años limpiándole, como estuvo haciendo, la espuma de la boca a su madre y que la doctora le dijera a mi hermano por teléfono que eso era de los nervios”, dice.
Las personas cercanas a Rangel no dudan de la valentía y dedicación del resto de médicos. “En el hospital Tierra de Barros lo dieron todo por salvarla, pero era tarde. Nos preguntaron si queríamos hacerle la autopsia para conocer de que había muerto, pero dijimos que no. Todos lo sabemos. Mi cuñada no ha muerto de covid, ha muerto por abandono”.
UNA SOLA AMBULANCIA PARA MÁS DE 5.500 VECINOS
El Ayuntamiento de Aceuchal ha puesto una queja ante las autoridades sanitarias extremeñas por la “situación deficitaria de la atención primaria en la localidad”. En una misiva dirigida al consejero de Salud, José María Vergeles, el Consistorio ha mostrado el malestar general que ha provocado la muerte de Julia Rangel. El alcalde, Joaquín Rodríguez, señala que los vecinos no dejan de quejarse “por la atención que se les presta en el centro de salud”, donde los médicos están “desbordados”, cuentan con una sola línea de atención telefónica y una única ambulancia para más de 5.500 vecinos. “Están asustados e impotentes ante la falta de medios para ser atendidos”, explica Rodríguez. Soledad Torrado se queja: “La ambulancia tardó muchísimo y solo iba el conductor. Mi hermano y mi sobrino, ambos con covid, tuvieron que salir a la calle para ayudarle porque solo no podía. Si hubiera llegado antes tal vez mi cuñada se habría salvado”.
elpais.com
Extremadura investiga la muerte por coronavirus de una mujer de 47 años en su casa sin recibir atención médica presencial
https://elpais.com/sociedad/2020-10...-de-covid-murio-por-abandono.html#comentarios
A Soledad Torrado se le quiebra la voz cuando piensa en los últimos días de vida de su cuñada Julia Rangel, de 47 años y vecina de Aceuchal (Badajoz). En menos de una semana, cuenta Torrado, pasó de tener un simple malestar a superar los 39 grados de fiebre, sufrir asfixia, echar espuma por la boca y delirar. Tras dar positivo el día 13 de octubre por coronavirus junto con su marido José Manuel y su hijo Ismael, se confinó en su casa a la espera de una pronta recuperación, pero su situación, precisan varios familiares, no paró de empeorar. Pese a las reiteradas llamadas al centro de salud, dicen sus allegados, no recibieron una visita de un médico hasta el 18 de octubre, cuando ya era demasiado tarde. “Ese día, primero por teléfono, la doctora le dijo que esos síntomas eran de los nervios, que se tomase otro trankimazin [medicamento que la ya fallecida tomaba desde hacía años por prescripción médica]. Volvieron a llamar porque no mejoraba y cuando fue por fin a su casa les dijo: 'Ahora sí que está mal”, cuenta Torrado, que ejerce de portavoz de la familia. Media hora más tarde de ese episodio, y tras llevarla en ambulancia al hospital Tierra de Barros (Almendralejo, Badajoz), Rangel murió.
Como queja, Ana Belén Rosa, nuera de Rangel, envió este lunes una carta al consejero de Salud de Extremadura, José María Vergeles, donde relataba lo sucedido y le solicitaba que se abriera un expediente disciplinario y sancionador a los responsables “que omitieron las llamadas reiteradas”. La Junta de Extremadura solicitó este jueves al Servicio Extremeño de Salud (SES) que abra una investigación para esclarecer los hechos. En un comunicado, la Junta reiteró “su puesta a disposición de la familia de la fallecida”. No obstante, los familiares precisaron que ni el consejero de Salud ni el centro médico han contactado con ellos. Este jueves, los casos por covid-19 en Extremadura eran 15.648.
La familia, que está estudiando poner una denuncia contra el SES, afirma que ha intentado contactar con el centro médico para conocer el nombre de la doctora que supuestamente cometió la negligencia, pero los responsables, asegura Torrado, desconocen quién estaba de guardia el día que falleció. “Me dijeron que lo mejor que podía hacer era rellenar una hoja de reclamaciones. ¿Lo ves normal? Como si fuera un bar y la comida estuviera mala”, comenta la familiar. Preguntada por estos detalles, la Junta de Extremadura respondió que, hasta no terminar la investigación, prefieren guardar silencio. Este diario ha intentado, sin éxito, localizar a la doctora que atendió a la afectada para que diera su versión de los hechos.
La familia asevera que desde el primer momento que Rangel se encerró en casa, el centro de salud “le daba largas” diciendo que sus dolencias eran comunes y que, al ser joven y no tener patologías previas, no era una persona de riesgo. “En una ocasión la médico le dijo a mi hermano que, cuando dieran todos negativos, lo que tenía que hacer era llevar a mi cuñada a un psiquiatra”, cuenta Torrado.
La afectada llegó sola al hospital, su marido y su hijo Ismael se tuvieron que quedar en casa al ser positivos. Cuando sus otros dos hijos, José Manuel y Francisco Javier, alcanzaron el hospital Rangel ya había muerto. “Llegué allí y me encontré a uno de ellos y se me tiró al cuello. Los médicos le acababan de comunicar cómo había muerto mi cuñada, pero estaba paralizado. Me dijo: ‘Tata, solo sé que mi madre está muerta’”, cuenta Torrado, que no deja de pensar que si un doctor hubiera visitado a su familiar un solo día antes, aún seguiría viva. “Es muy duro. Pensar en mi sobrino Ismael de 22 años limpiándole, como estuvo haciendo, la espuma de la boca a su madre y que la doctora le dijera a mi hermano por teléfono que eso era de los nervios”, dice.
Las personas cercanas a Rangel no dudan de la valentía y dedicación del resto de médicos. “En el hospital Tierra de Barros lo dieron todo por salvarla, pero era tarde. Nos preguntaron si queríamos hacerle la autopsia para conocer de que había muerto, pero dijimos que no. Todos lo sabemos. Mi cuñada no ha muerto de covid, ha muerto por abandono”.
UNA SOLA AMBULANCIA PARA MÁS DE 5.500 VECINOS
El Ayuntamiento de Aceuchal ha puesto una queja ante las autoridades sanitarias extremeñas por la “situación deficitaria de la atención primaria en la localidad”. En una misiva dirigida al consejero de Salud, José María Vergeles, el Consistorio ha mostrado el malestar general que ha provocado la muerte de Julia Rangel. El alcalde, Joaquín Rodríguez, señala que los vecinos no dejan de quejarse “por la atención que se les presta en el centro de salud”, donde los médicos están “desbordados”, cuentan con una sola línea de atención telefónica y una única ambulancia para más de 5.500 vecinos. “Están asustados e impotentes ante la falta de medios para ser atendidos”, explica Rodríguez. Soledad Torrado se queja: “La ambulancia tardó muchísimo y solo iba el conductor. Mi hermano y mi sobrino, ambos con covid, tuvieron que salir a la calle para ayudarle porque solo no podía. Si hubiera llegado antes tal vez mi cuñada se habría salvado”.
“Mi cuñada no murió de covid, murió por abandono”
Extremadura investiga la muerte por coronavirus de una mujer de 47 años en su casa sin recibir atención médica presencial
Inventan la mascarilla definitiva: aniquila al coronavirus con un filtro térmico
Con varios meses de experiencia en lo que supone vivir bajo una pandemia mundial, es bien sabido que las mascarillas se han convertido en una de las armas más eficaces para filtrar el COVID-19 y reducir así su riesgo de infección. Ahora, con esto sobre la mesa, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) pretende dar un paso más y crear un modelo que, directamente, inactive la acción del virus mediante el calor.
Los investigadores del centro bostoniano pretenden desarrollar mascarillas que incorporen una malla de cobre calentada con batería. Este filtro, por decirlo llanamente, permite que el aire fluya repetidamente a través de la máscara e inactive cualquier partícula viral —principalmente debido a las altas temperaturas en el tejido—. Si su proceso de producción llega a término, dice el equipo del MIT, tanto los profesionales de la salud como la gente de a pie podrían disfrutar de una nueva medida de protección, sobre todo para situaciones en las que el distanciamiento social se vuelva imposible, como es el caso del transporte público.
"Este es un concepto de mascarilla completamente nuevo en el sentido de que no bloquea principalmente el virus, sino que deja que el virus pase a través de la máscara, pero lo desacelera y la inactiva", precisa Michael Strano, profesor del MIT y autor del artículo, en la web de la institución. Según el catedrático, los primeros prototipos ya están en marcha y pronto comenzarán las pruebas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con varios colaboradores.
Strano y el profesor asociado Jacopo Buongiorno comenzaron a explorar conceptos para nuevos tipos de mascarillas en el mes marzo, poco después de que el MIT intensificara las operaciones de investigación en el campus para tratar el coronavirus en sus distintas áreas. En el caso de la pareja, los profesores se unieron a otros miembros del claustro y a sus alumnos más destacados para realizar una posible mejora de los distintos tipos de mascarillas ofertadas en el mercado especializado. Con el tiempo, se percataron de que ninguna eliminaba al virus mediante calentamiento.
"Las que usamos ahora están diseñadas para capturar al virus. Ofrecen protección, pero nadie piensa realmente en desactivarlo y esterilizar el aire", concreta Strano sobre el germen del proyecto. Con esta idea en la mente, el equipo se propuso diseñar una mascarilla que, efectivamente, matara a los virus. Para ello, optaron por utilizar una malla de cobre como elemento de calentamiento y captura. "La gran mayoría de las máscaras de hoy en día funcionan por filtración, filtrando las partículas por tamaño o carga eléctrica, pero no por inactivación térmica", complementa Faucher.
Los investigadores calcularon la rapidez con la que los distintos tipos de coronavirus se degradan a diferentes temperaturas y condiciones, encontrando que una temperatura de unos 90 grados podría lograr entre 1.000 y un millón de veces la reducción de las partículas virales, dependiendo del tamaño final de la mascarilla. Además era sencillo de lograr, ya que podía alcanzarse mediante una corriente eléctrica sobre una malla de cobre de 0,1 milímetros, mejorando así la capacidad de producción y de duración de las baterías —actualmente los prototipos cuentan con varias horas de autonomía antes de recargarse—.
"Por supuesto, debemos tener en cuenta la seguridad y la comodidad de los usuarios de la máscara", apostilla Faucher. "El aire se enfriará después de la inactivación viral para que la mascarilla sea cómoda y segura de usar". Esto es, que a medida que la persona que usa la mascarilla inspira y espira, el flujo de aire se invierte continuamente, permitiendo que cualquier virus en la malla esté dando vueltas sobre el tejido hasta desactivarse por completo; al estar recubierta de neopreno y aislada por calor, las partículas no pueden escapar de ella y aseguran que el aire se perciba frío para el que la lleve puesta.
Estas mascarillas serían, eso sí, más caras que las de tela o las quirúrgicas, pero según los investigadores podrían ser útiles en situaciones en las que el riesgo de exposición es muy alto y el coste no es tan importante. De momento, en todo caso, no hay precio a la vista de su hipotética comercialización.
www.businessinsider.es
Con varios meses de experiencia en lo que supone vivir bajo una pandemia mundial, es bien sabido que las mascarillas se han convertido en una de las armas más eficaces para filtrar el COVID-19 y reducir así su riesgo de infección. Ahora, con esto sobre la mesa, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) pretende dar un paso más y crear un modelo que, directamente, inactive la acción del virus mediante el calor.
Los investigadores del centro bostoniano pretenden desarrollar mascarillas que incorporen una malla de cobre calentada con batería. Este filtro, por decirlo llanamente, permite que el aire fluya repetidamente a través de la máscara e inactive cualquier partícula viral —principalmente debido a las altas temperaturas en el tejido—. Si su proceso de producción llega a término, dice el equipo del MIT, tanto los profesionales de la salud como la gente de a pie podrían disfrutar de una nueva medida de protección, sobre todo para situaciones en las que el distanciamiento social se vuelva imposible, como es el caso del transporte público.
"Este es un concepto de mascarilla completamente nuevo en el sentido de que no bloquea principalmente el virus, sino que deja que el virus pase a través de la máscara, pero lo desacelera y la inactiva", precisa Michael Strano, profesor del MIT y autor del artículo, en la web de la institución. Según el catedrático, los primeros prototipos ya están en marcha y pronto comenzarán las pruebas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con varios colaboradores.
Strano y el profesor asociado Jacopo Buongiorno comenzaron a explorar conceptos para nuevos tipos de mascarillas en el mes marzo, poco después de que el MIT intensificara las operaciones de investigación en el campus para tratar el coronavirus en sus distintas áreas. En el caso de la pareja, los profesores se unieron a otros miembros del claustro y a sus alumnos más destacados para realizar una posible mejora de los distintos tipos de mascarillas ofertadas en el mercado especializado. Con el tiempo, se percataron de que ninguna eliminaba al virus mediante calentamiento.
"Las que usamos ahora están diseñadas para capturar al virus. Ofrecen protección, pero nadie piensa realmente en desactivarlo y esterilizar el aire", concreta Strano sobre el germen del proyecto. Con esta idea en la mente, el equipo se propuso diseñar una mascarilla que, efectivamente, matara a los virus. Para ello, optaron por utilizar una malla de cobre como elemento de calentamiento y captura. "La gran mayoría de las máscaras de hoy en día funcionan por filtración, filtrando las partículas por tamaño o carga eléctrica, pero no por inactivación térmica", complementa Faucher.
Los investigadores calcularon la rapidez con la que los distintos tipos de coronavirus se degradan a diferentes temperaturas y condiciones, encontrando que una temperatura de unos 90 grados podría lograr entre 1.000 y un millón de veces la reducción de las partículas virales, dependiendo del tamaño final de la mascarilla. Además era sencillo de lograr, ya que podía alcanzarse mediante una corriente eléctrica sobre una malla de cobre de 0,1 milímetros, mejorando así la capacidad de producción y de duración de las baterías —actualmente los prototipos cuentan con varias horas de autonomía antes de recargarse—.
"Por supuesto, debemos tener en cuenta la seguridad y la comodidad de los usuarios de la máscara", apostilla Faucher. "El aire se enfriará después de la inactivación viral para que la mascarilla sea cómoda y segura de usar". Esto es, que a medida que la persona que usa la mascarilla inspira y espira, el flujo de aire se invierte continuamente, permitiendo que cualquier virus en la malla esté dando vueltas sobre el tejido hasta desactivarse por completo; al estar recubierta de neopreno y aislada por calor, las partículas no pueden escapar de ella y aseguran que el aire se perciba frío para el que la lleve puesta.
Estas mascarillas serían, eso sí, más caras que las de tela o las quirúrgicas, pero según los investigadores podrían ser útiles en situaciones en las que el riesgo de exposición es muy alto y el coste no es tan importante. De momento, en todo caso, no hay precio a la vista de su hipotética comercialización.
Inventan la mascarilla definitiva: aniquila al coronavirus con un filtro térmico
Científicos del MIT han desarrollado una mascarilla que desactiva completamente al coronavirus mediante un filtro de calor que funciona con batería.
www.businessinsider.es
Dinamarca impone la mascarilla en los locales públicos y prohíbe el alcohol a las 22 horas
El gobierno danés ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos cerrados, sean cines, comercios u hospitales, así la prohibición de vender alcohol a partir de las 22.00, anunció la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Asimismo, las reuniones quedarán limitadas a un máximo de diez personas -hasta ahora, el máximo eran 50-, mientras que se recomienda restringir en lo posible la actividad social.
"Todos estamos cansados de esta situación, echamos de menos el contacto espontáneo y la vida que teníamos", indicó la jefa del gobierno, al anunciar estas medidas, para añadir que "lamentablemente, vamos a tener que vivir con el virus aún un tiempo, ya que esa amenaza no ha pasado".
Las nuevas restricciones, que entrarán en vigor de forma escalonada entre el 26 y el 29 próximos, siguen a la decisión del gobierno de la socialdemócrata Frederiksen, comunicada ayer, de cerrar su frontera con Alemania para el turismo ante el repunte de casos de coronavirus.
Permitidos los desplazamientos por motivos laborales
El jueves se habían registrado en Dinamarca el máximo diario de nuevos casos de covid-19, con 760 nuevas infecciones; lo mismo ocurrió en Alemania, con casi 11.300 contagios.
Así, solo podrán cruzar la frontera los alemanes que puedan acreditar motivos laborales o familiares, así como los que tengan una segunda residencia en territorio danés.
Copenhague desaconsejó además todo viaje al extranjero con más de 30 nuevos casos de covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos siete días, lo que ahora incluye a todos los países de Europa menos Noruega, Grecia y algunas regiones suecas.
El total de contagios verificados en Dinamarca durante toda la pandemia es de 37.760, con 694 víctimas mortales y una incidencia, por 14 días y 100.000 habitantes, de 113.8 contagios, según cifras del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo.
www.vozpopuli.com
El gobierno danés ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos cerrados, sean cines, comercios u hospitales, así la prohibición de vender alcohol a partir de las 22.00, anunció la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Asimismo, las reuniones quedarán limitadas a un máximo de diez personas -hasta ahora, el máximo eran 50-, mientras que se recomienda restringir en lo posible la actividad social.
"Todos estamos cansados de esta situación, echamos de menos el contacto espontáneo y la vida que teníamos", indicó la jefa del gobierno, al anunciar estas medidas, para añadir que "lamentablemente, vamos a tener que vivir con el virus aún un tiempo, ya que esa amenaza no ha pasado".
Las nuevas restricciones, que entrarán en vigor de forma escalonada entre el 26 y el 29 próximos, siguen a la decisión del gobierno de la socialdemócrata Frederiksen, comunicada ayer, de cerrar su frontera con Alemania para el turismo ante el repunte de casos de coronavirus.
Permitidos los desplazamientos por motivos laborales
El jueves se habían registrado en Dinamarca el máximo diario de nuevos casos de covid-19, con 760 nuevas infecciones; lo mismo ocurrió en Alemania, con casi 11.300 contagios.
Así, solo podrán cruzar la frontera los alemanes que puedan acreditar motivos laborales o familiares, así como los que tengan una segunda residencia en territorio danés.
Copenhague desaconsejó además todo viaje al extranjero con más de 30 nuevos casos de covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos siete días, lo que ahora incluye a todos los países de Europa menos Noruega, Grecia y algunas regiones suecas.
El total de contagios verificados en Dinamarca durante toda la pandemia es de 37.760, con 694 víctimas mortales y una incidencia, por 14 días y 100.000 habitantes, de 113.8 contagios, según cifras del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo.
Dinamarca impone la mascarilla en los locales públicos y prohíbe el alcohol a las 22 horas
<p>Las reuniones familiares quedarán limitadas a un máximo de diez personas</p>
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Los trabajadores afectados por los ERTE podrán ser despedidos en noviembre
Finaliza la prohibición de despedir durante 6 meses a los trabajadores que dejaron el ERTE el pasado mes de mayo, por lo que se avecina un mes de noviembre complicado en materia de desempleo
Los primeros afectados por esta situación serán los más de 380.000 empleados que se reincorporaron a la actividad laboral en el mes de mayo, con las fases iniciales de la desescalada. Se cumplen desde entonces los seis meses durante los cuales el Ministerio de Trabajo prohíbe despedir a las empresas que se acogieron a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Despidos en masa tras los ERTE
A partir de noviembre se prevé una avalancha de despidos de todos aquellos trabajadores que se han ido reincorporando a sus puestos de una u otra manera. Y es que el cómputo comienza a contar desde el mismo momento de la vuelta al trabajo, sea de manera parcial o total, y aunque no afecte a la totalidad de la plantilla.
De esta manera, una persona que trabaje en una empresa que se acogiera a los ERTE en su momento y se haya reincorporado en octubre podría ser despedida en noviembre si sus compañeros volvieron al trabajo en mayo.
La economía, atacada por el virus
Debido a la falta de liquidez que sufren las empresas tras el impacto del coronavirus, desde el Consejo General de Colegios de Gestores de España esperan unos meses dramáticos en cuantos a despidos. Según este organismo, una amplia mayoría de las empresas “no ha recuperado el nivel de ingresos previo a la pandemia”.
Un plan del Gobierno
En este sentido, los gestores administrativos requieren al Gobierno de Sánchez un “plan específico” rápido y claro que evite la bancarrota de los empresarios. La mayor preocupación a corto plazo son las PYMEs, que encuentran grandes dificultades para mantenerse a flote.
Es de esperar que el próximo mes de noviembre muchas empresas con trabajadores en ERTE opten por la opción de despedir a gran parte de estos trabajadores y la tasa de desempleo se vea notablemente afectada en nuestro país.
www.noticiastrabajo.es
Finaliza la prohibición de despedir durante 6 meses a los trabajadores que dejaron el ERTE el pasado mes de mayo, por lo que se avecina un mes de noviembre complicado en materia de desempleo
Los primeros afectados por esta situación serán los más de 380.000 empleados que se reincorporaron a la actividad laboral en el mes de mayo, con las fases iniciales de la desescalada. Se cumplen desde entonces los seis meses durante los cuales el Ministerio de Trabajo prohíbe despedir a las empresas que se acogieron a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Despidos en masa tras los ERTE
A partir de noviembre se prevé una avalancha de despidos de todos aquellos trabajadores que se han ido reincorporando a sus puestos de una u otra manera. Y es que el cómputo comienza a contar desde el mismo momento de la vuelta al trabajo, sea de manera parcial o total, y aunque no afecte a la totalidad de la plantilla.
De esta manera, una persona que trabaje en una empresa que se acogiera a los ERTE en su momento y se haya reincorporado en octubre podría ser despedida en noviembre si sus compañeros volvieron al trabajo en mayo.
La economía, atacada por el virus
Debido a la falta de liquidez que sufren las empresas tras el impacto del coronavirus, desde el Consejo General de Colegios de Gestores de España esperan unos meses dramáticos en cuantos a despidos. Según este organismo, una amplia mayoría de las empresas “no ha recuperado el nivel de ingresos previo a la pandemia”.
Un plan del Gobierno
En este sentido, los gestores administrativos requieren al Gobierno de Sánchez un “plan específico” rápido y claro que evite la bancarrota de los empresarios. La mayor preocupación a corto plazo son las PYMEs, que encuentran grandes dificultades para mantenerse a flote.
Es de esperar que el próximo mes de noviembre muchas empresas con trabajadores en ERTE opten por la opción de despedir a gran parte de estos trabajadores y la tasa de desempleo se vea notablemente afectada en nuestro país.
Los trabajadores afectados por los ERTE podrán ser despedidos en noviembre
Debido a la falta de liquidez de muchas empresas, estas se ven obligadas a despedir a sus trabajadores aún sabiendo de las multas por llevar a cabo tal acción.
Ana Isabel Alberca: "Mi madre tuvo seis citas telefónicas y al final murió de un cáncer con metástasis"
ALEJANDRA DE LA FUENTE
El 2020 será un año recordado como el año en el que el coronavirus llegó a nuestras vidas y se llevó miles de ellas. Un año en el que, confinados, los diferentes presidentes iban dando indicaciones y los epidemiólogos, en el caso de España Fernando Simón, notificaban y analizaban las cifras de muertos y contagios cada día.
En España, la pandemia saturó la sanidad pública y paralizó el tratamiento y detección de otro tipo de enfermedades que seguían avanzando sin saber que existía el temido coronavirus, agravándose por los meses sin seguimiento e, incluso, haciendo que aquellos que las padecían falleciesen por la escasa o nula atención.
Estos enfermos han tenido que ver cómo mejoraban o empeoraban mientras estaban encerrados, han tenido que soportar dolores que en cualquier otro momento no habrían tenido que aguantar y han tenido que contarle a un teléfono sus síntomas y sus preocupaciones, soportando la espera de una cita presencial. Muchos de estos enfermos han tenido que autoconvencerse de que no les pasaba nada, aunque, en el fondo, sabían que algo no iba bien.
Este fue el caso de María Jesús Leal que por dolores en la zona lumbar y de la espalda acudió a su médico de cabecera el 27 de febrero y el 5 de marzo.
Éste le mandó una radiografía, pero dada la situación por el auge del coronavirus fue anulada. Por ello, la familia decidió hacerla de forma privada y, al remitírsela, el médico de cabecera pautó, vía telefónica, medicación para la lumbalgia y la artrosis.
El día 15 de marzo María Jesús sufrió una caída perdiendo el conocimiento. Se la llevó una ambulancia al hospital Gómez Ulla (Madrid) y allí le realizaron un electrocardiograma, una analítica y una radiografía de cadera, pero después de darle unos puntos de sutura la mandaron de nuevo a su casa por la presencia de coronavirus en el hospital.
Los dolores nunca desaparecieron y cada semana que pasaba subían de grado. Por eso, tanto ella como la familia, no dejaron de insistir a los médicos. Desde el 15 de marzo hasta el 21 de mayo María Jesús tuvo seis consultas telefónicas y en ningún momento le dieron una cita presencial, pese a que el dolor iba en aumento y ella se lo notificaba al médico.
El día 21 de mayo, tras no conseguir cita presencial, acudió a las urgencias del Hospital Gómez Ulla, donde le volvieron a hacer una radiografía y a mandarla a casa con el mismo tratamiento y diagnóstico.
"Vives la rabia y la impotencia de ver sufrir a un ser querido y no poder hacer nada y ya sólo pides citas presenciales", cuenta a Público su hija Ana Isabel Alberca.
María Jesús fue atendida en consulta de forma presencial el 10 de junio y tras otra radiografía y una discusión, la familia consiguió que fuera derivada a un especialista en reumatología en el Hospital Clínico San Carlos.
"Acudió por primera vez a consulta de reumatología el 15 de junio. Le explicamos el problema que presentaba desde hacía meses y todos los antecedentes. De nuevo, desde el hospital pidieron una radiografía, pero insistimos en que ya le habían hecho varias, que ya la habían radiado suficiente y que el diagnóstico siempre es el mismo. Le pedimos que en lugar de radiografía le hiciera una resonancia, pero nos la negó y dio como diagnóstico lumbago no especificado, le pautó tratamiento y una revisión en quince días", cuenta su hija.
María Jesús volvió a consulta de reumatología el 29 de junio. Y, con la radiografía, fue diagnosticada de bursitis/tendinitis del trocánter y lumbago no especificado, además de artrosis, pero nada grave. Volviéndose a casa sin la resonancia que los hijas solicitaban una y otra vez.
Tras una última consulta de reumatología el 13 de julio en la que el diagnóstico no había variado, los hijas tomaron la decisión de llevar a su madre a la sanidad privada para la realización de pruebas.
"Nuestra madre tenía muchos dolores, algunos de ellos se hacían insoportables y sólo tenía consultas con el médico de cabecera de forma telefónica. Por eso, llegamos a la decisión de llevarla a la sanidad privada", cuenta Alberca.
El día 10 de agosto, María Jesús acudió a un traumatólogo privado y se le realizó la solicitada resonancia. Dos días después, el médico explicó a la familia que lo que se veía en la resonancia no era nada bueno y les aconsejó que acudan a urgencias de inmediato.
Ese mismo día, ingresó por urgencias en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y su hija cuenta a Público que, cuando le preguntaron si era consciente de que podía ser algo muy grave ella respondió que para vivir con esos dolores prefería morir. Cinco días después del ingreso le realizaron un TAC de cuello a pelvis en el que se observó que tenía metástasis en hígado, pulmón, costillas y espalda, pero sin detectar el cáncer primario que lo originaba. Al día siguiente le realizaron una biopsia y después un TAC cerebral, encontrando metástasis cerebral con muy mal pronóstico.
El día 16 de septiembre a las 12:35, 34 días después del diagnóstico, María Jesús Leal falleció por parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid a los 82 años de edad.
"Mi madre ha fallecido porque se paralizó la sanidad pública para las enfermedades que no eran covid. La sanidad tiene que ser presencial y atender todos los tipos de enfermedades, no solo la covid. Hay enfermedades que no se pueden tratar por teléfono al igual que no se puede apagar un incendio con una conversación telefónica. La covid no nos está haciendo mejores, está dejando una sanidad pública totalmente precaria y deshumanizada", ha querido denunciar su hija contando la historia de su madre a Público.
www.publico.es
ALEJANDRA DE LA FUENTE
El 2020 será un año recordado como el año en el que el coronavirus llegó a nuestras vidas y se llevó miles de ellas. Un año en el que, confinados, los diferentes presidentes iban dando indicaciones y los epidemiólogos, en el caso de España Fernando Simón, notificaban y analizaban las cifras de muertos y contagios cada día.
En España, la pandemia saturó la sanidad pública y paralizó el tratamiento y detección de otro tipo de enfermedades que seguían avanzando sin saber que existía el temido coronavirus, agravándose por los meses sin seguimiento e, incluso, haciendo que aquellos que las padecían falleciesen por la escasa o nula atención.
Estos enfermos han tenido que ver cómo mejoraban o empeoraban mientras estaban encerrados, han tenido que soportar dolores que en cualquier otro momento no habrían tenido que aguantar y han tenido que contarle a un teléfono sus síntomas y sus preocupaciones, soportando la espera de una cita presencial. Muchos de estos enfermos han tenido que autoconvencerse de que no les pasaba nada, aunque, en el fondo, sabían que algo no iba bien.
Este fue el caso de María Jesús Leal que por dolores en la zona lumbar y de la espalda acudió a su médico de cabecera el 27 de febrero y el 5 de marzo.
Éste le mandó una radiografía, pero dada la situación por el auge del coronavirus fue anulada. Por ello, la familia decidió hacerla de forma privada y, al remitírsela, el médico de cabecera pautó, vía telefónica, medicación para la lumbalgia y la artrosis.
El día 15 de marzo María Jesús sufrió una caída perdiendo el conocimiento. Se la llevó una ambulancia al hospital Gómez Ulla (Madrid) y allí le realizaron un electrocardiograma, una analítica y una radiografía de cadera, pero después de darle unos puntos de sutura la mandaron de nuevo a su casa por la presencia de coronavirus en el hospital.
Los dolores nunca desaparecieron y cada semana que pasaba subían de grado. Por eso, tanto ella como la familia, no dejaron de insistir a los médicos. Desde el 15 de marzo hasta el 21 de mayo María Jesús tuvo seis consultas telefónicas y en ningún momento le dieron una cita presencial, pese a que el dolor iba en aumento y ella se lo notificaba al médico.
El día 21 de mayo, tras no conseguir cita presencial, acudió a las urgencias del Hospital Gómez Ulla, donde le volvieron a hacer una radiografía y a mandarla a casa con el mismo tratamiento y diagnóstico.
"Vives la rabia y la impotencia de ver sufrir a un ser querido y no poder hacer nada y ya sólo pides citas presenciales", cuenta a Público su hija Ana Isabel Alberca.
María Jesús fue atendida en consulta de forma presencial el 10 de junio y tras otra radiografía y una discusión, la familia consiguió que fuera derivada a un especialista en reumatología en el Hospital Clínico San Carlos.
"Acudió por primera vez a consulta de reumatología el 15 de junio. Le explicamos el problema que presentaba desde hacía meses y todos los antecedentes. De nuevo, desde el hospital pidieron una radiografía, pero insistimos en que ya le habían hecho varias, que ya la habían radiado suficiente y que el diagnóstico siempre es el mismo. Le pedimos que en lugar de radiografía le hiciera una resonancia, pero nos la negó y dio como diagnóstico lumbago no especificado, le pautó tratamiento y una revisión en quince días", cuenta su hija.
María Jesús volvió a consulta de reumatología el 29 de junio. Y, con la radiografía, fue diagnosticada de bursitis/tendinitis del trocánter y lumbago no especificado, además de artrosis, pero nada grave. Volviéndose a casa sin la resonancia que los hijas solicitaban una y otra vez.
Tras una última consulta de reumatología el 13 de julio en la que el diagnóstico no había variado, los hijas tomaron la decisión de llevar a su madre a la sanidad privada para la realización de pruebas.
"Nuestra madre tenía muchos dolores, algunos de ellos se hacían insoportables y sólo tenía consultas con el médico de cabecera de forma telefónica. Por eso, llegamos a la decisión de llevarla a la sanidad privada", cuenta Alberca.
El día 10 de agosto, María Jesús acudió a un traumatólogo privado y se le realizó la solicitada resonancia. Dos días después, el médico explicó a la familia que lo que se veía en la resonancia no era nada bueno y les aconsejó que acudan a urgencias de inmediato.
Ese mismo día, ingresó por urgencias en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y su hija cuenta a Público que, cuando le preguntaron si era consciente de que podía ser algo muy grave ella respondió que para vivir con esos dolores prefería morir. Cinco días después del ingreso le realizaron un TAC de cuello a pelvis en el que se observó que tenía metástasis en hígado, pulmón, costillas y espalda, pero sin detectar el cáncer primario que lo originaba. Al día siguiente le realizaron una biopsia y después un TAC cerebral, encontrando metástasis cerebral con muy mal pronóstico.
El día 16 de septiembre a las 12:35, 34 días después del diagnóstico, María Jesús Leal falleció por parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid a los 82 años de edad.
"Mi madre ha fallecido porque se paralizó la sanidad pública para las enfermedades que no eran covid. La sanidad tiene que ser presencial y atender todos los tipos de enfermedades, no solo la covid. Hay enfermedades que no se pueden tratar por teléfono al igual que no se puede apagar un incendio con una conversación telefónica. La covid no nos está haciendo mejores, está dejando una sanidad pública totalmente precaria y deshumanizada", ha querido denunciar su hija contando la historia de su madre a Público.
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Cuando María Jesús Leal consiguió que le hicieran un TAC la prueba reveló que tenía metástasis en hígado, pulmón, costillas y espalda, dejándole solo 34 días de vida....
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