EL JUCIO A LA DRA. NADIYA POPEL.
Como es costumbre, el Colegió de médicos tira la piedra y amaga la mano.
Tienen la caradura de acusar a la Dra. Nadiya Popel y no tienen lo que hay que tener para dar la cara.
Declaración en la Fiscalía Penal por parte de la Dra. Nadiya Popel. Mahón, 8 de febrero 2024, protagonizada por la propia Dra. y su abogado Luis de Miguel Ortega.
En una sala vacia de gente pero repleta de expectación, se llevó a cabo uno de los juicios más controvertidos del año, donde la atención se centró en una figura médica envuelta en acusaciones serias. El caso, conocido como “Diligencias Previas 376 del 2023”, ha generado un revuelo significativo en la comunidad médica de las Islas Baleares.
La audiencia se inició con un discurso contundente del juez, quien hizo referencia a las acusaciones que pesaban sobre la acusada. Según se informó, la doctora, previamente colegiada en la comunidad autónoma, estaba siendo investigada por presuntamente ofrecer tratamientos médicos altamente cuestionables, incluida la promoción de terapias con lejía y otros productos potencialmente peligrosos para la salud, a través de plataformas de redes sociales, particularmente Telegram.
Uno de los aspectos más alarmantes que se presentaron en el juicio fue la acusación de haber promovido un dispositivo para “eliminar chips” de personas vacunadas, así como la supuesta creación de una sustancia denominada “oro blanco” con fines curativos, todo ello sin base científica sólida y con posibles riesgos para la salud pública.
Ante estas acusaciones, la doctora optó por ejercer su derecho a permanecer en silencio, siguiendo el consejo de su abogado. Sin embargo, durante el interrogatorio, se revelaron detalles intrigantes sobre el desarrollo del caso. Se mencionó que la denuncia penal coincidió con el inicio de un proceso disciplinario administrativo en su contra, lo que planteó interrogantes sobre la motivación y la coordinación detrás de ambas acciones legales.
La defensa de la doctora presentó argumentos sólidos, destacando que los tratamientos ofrecidos se basaban en documentación clínica y experiencias científicas previas. Se enfatizó que estos tratamientos estaban destinados principalmente a pacientes en situaciones desesperadas, quienes buscaban alternativas después de agotar las opciones convencionales de tratamiento.
Testimonios tanto escritos como orales de pacientes satisfechos respaldaron la práctica médica de la doctora, afirmando que los tratamientos les habían proporcionado alivio e incluso curación en algunos casos extremos de enfermedades graves como el cáncer metastásico.
Sin embargo, el punto culminante del juicio fue cuando la doctora expresó su intención de presentar una acusación penal contra los miembros del colegio médico que la habían denunciado, alegando que su deber era defender los derechos de sus pacientes y buscar soluciones accesibles y efectivas para su sanación.
El juicio concluyó con una atmósfera cargada de tensión, mientras se discutían posibles acciones legales adicionales. Aunque se dejaron muchas preguntas sin respuesta, el caso dejó en claro la importancia de la ética médica y la responsabilidad profesional en la práctica clínica.
Las firmas y derechos asociados fueron verificados al cierre de esta sesión, marcando un hito en un caso que seguramente seguirá generando debates en el ámbito legal y médico durante mucho tiempo.
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