Viaje a la Nueva Normalidad 🛣️
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Récord de parados que no figuran en las cifras oficiales: hay 641.000 que no son considerados como desempleados
No están en las listas oficiales todos los parados que hay y precisamente los que se cuentan aparte son los que ahora más repuntan. Lo que significa que el paro real es mucho más elevado. Según la estadística del ministerio de Trabajo, a finales de noviembre había 3.851.312 desempleados registrados con un crecimiento del 18,6% (605.265) desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, los datos públicos son otros ya que los servicios del SEPE, en manos de las comunidades autónomas, han acumulado en noviembre el récord de parados que no se computan como tales en las estadísticas al haber sido excluidos: por buscar un trabajo con “disponibilidad limitada”, entre ellas el teletrabajo; por encontrarse inmersos en un curso de formación; o por recibir el denominado subsidio agrario al trabajar sólo 20 jornadas anuales.Salen en su conjunto 641.449 parados en este limbo estadístico, un tercio más de los que había antes de la pandemia. Con estas cifras, el paro total rondaría en la actualidad los 4,5 millones trabajadores sin contar los 750.000 afectados aún por los ERTES, que se les considera demandantes de empleo ocupados con trabajo suspendido.
Desde 1985 no se han actualizados los criterios con que se mide el paro registrado y la demanda de empleo en España. Por ejemplo, hace 35 años no se considera parado al trabajador que busca un empleo para teletrabajar, es decir, cuando no existía o era testimonial esta modalidad relacionada con las tecnologías. Es ahora la demanda que más repunta a la espera de lo que suceda con la oferta empresarial.
A partir de 2004 se dividieron en tres los actuales grupos de demandantes de empleo entre: ocupados no parados (los que teniendo empleo buscan otro trabajo o un actividad en pluriempleo); los que buscan trabajo con disponibilidad limitada o “empleo especial” (parados que buscan un trabajo sólo a domicilio, teletrabajo o en el extranjero); y los denominados DENOS (demandantes de empleo no ocupados), es decir, trabajadores agrarios subsidiados, demandantes de servicios previos al empleo (cursos de formación) así como, por ejemplo, estudiantes que buscan su primer trabajo.
La preferencia por el teletrabajo
Lo que más llama la atención es que con la pandemia ha crecido exponencialmente el número de parados que buscan un empleo para teletrabajar desde su domicilio u otro lugar y que se supone que así lo hacen constar en la solicitud que presentan en los servicios de empleo de las comunidades autónomas. El miedo al puesto de trabajo presencial es la causa principal del repunte histórico de estos demandantes de empleo, que se les considera no parados, ya que en el mismo periodo de hace un año (entre febrero y noviembre) la cifra bajó en unos 8.000 (de 231.000 a 223.000).Así, en noviembre de 2020 había 364.569 demandantes no parados con “disponibilidad limitada” frente a los 247.216 que figuraban en febrero, en el mes anterior al primer brote del coronavirus. Nunca se había llegado a esta cifra. El aumento de forma paulatina es de casi un 48% (unos 118.000 más) en nueve meses. El sector servicios es el que más demandantes especiales acumula en noviembre (239.115 frente a los 161.355 de antes de la pandemia); le sigue la Industria con 40.861 (24.449 hace nueve meses); la construcción acumula algo más de 31.000 y 20.000 la agricultura. Y curiosamente los trabajadores sin empleo anterior llegan a 33.295 frente a 26.998 en febrero.
Lo que da a entender también que las nuevas generaciones de trabajadores prefieren solicitar un empleo por teletrabajo en lugar de uno presencial, quizá porque suponen que es en esta actividad dónde se van a producir más ofertas. De todas formas, por edad sale que el 78% de quienes buscan este tipo de trabajo en condiciones “especiales” son mayores de 45 años. Andalucía es la comunidad que más demandantes en estas circunstancias (casi 81.732). Le sigue Cataluña con 58.333 y Madrid con 38.263.
Que este aumento de estos demandantes se debe a la pandemia, independientemente de las dificultades para inscribirse de forma presencial e incluso online en las oficinas públicas de empleo, lo demuestra el dato de que en los peores años de la crisis económica, es decir, en los años de la doble recesión, la cifra se situó en una media de 220.000. Es evidente que los tiempos han cambiado y que la tecnología permite el teletrabajo. Además, por primera vez se ha regulado esta actividad tras un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
Por tanto, la Orden Ministerial de marzo de 1985 necesita una revisión para incluir a estos demandantes de empleo como parados en su caso, así como a otros colectivos que obviamente elevarían el número de desempleados muy por encima de los 3,8 millones actuales. Por ejemplo, es muy habitual que los servicios de empleo de las autonomías intensifiquen los cursos de formación cuando se avecinan elecciones para reducir las cifras oficiales. En todo caso, llama la atención que este repunte entre quienes hacen cursos se está produciendo cuando los cursos de formación presenciales se han parado por el virus y hay muchas dudas sobre la realización de cursos telemáticos.
Así, desde el inicio de la pandemia también ha aumentado el número de demandantes de empleo que se les considera no ocupados (DENOS), pero tampoco son parados, y por tanto, no figuran en las listas del desempleo nacional. En febrero había 238.617 y en noviembre la cifra se situó en 276.880 (un 16% más). El grueso de este colectivo son los Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados (TEASS) de Andalucía y Extremadura. Se trata de unas 180.000 personas según los datos oficiales, aunque por sectores sólo aparecen 48.700 en la agricultura. El resto de los DENOS son en su mayoría parados que están haciendo cursos de formación y que según la jerga oficial demandan servicios de empleo previos al empleo.
Récord de parados que no figuran en las cifras oficiales: hay 641.000 que no son considerados como desempleados
Los registros del SEPE excluyen de la lista de demandantes de empleo a aquellos que buscan "trabajo con disponibilidad limitada", a los que se encuentran en un curso de formación y a los que reciben el subsidio agrario y solo trabajan 20 jornadas anuales
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Sanidad hará un registro de quienes rechacen la vacuna compartido con la UE
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este lunes que dentro del plan de vacunación se irá citando a los ciudadanos y quien rechace la vacuna entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos: «Quedará consignado, pero no es un documento para hacer público», ha dicho.«Lo que les pedimos es que, cuando se les cite, acudan», ha enfatizado Illa en una entrevista en La Sexta, en la que ha insistido en que las vacunas se irán administrando siguiendo escrupulosamente los objetivos fijados en el plan de vacunación.
El titular de Sanidad ha reconocido una tendencia al alza en los contagios en las últimas semanas y ha admitido que ese «incremento gradual» de casos «preocupa mucho".
También ha pronosticado que habrá mutaciones que pueden aumentar la transmisibilidad, pero frente a todos esos «altibajos» ha expuesto la estrategia actual, que, a su juicio, «funciona» pero «sin bajar la guardia».
Sobre la nueva variante británica del coronavirus, que ya está en España, Illa ha reconocido que existe «preocupación», pero ha subrayado que se trata de una cepa que ya estaba secuenciada en el mes de septiembre y, de momento, los casos detectados en Madrid y Andalucía, son personas con síntomas leves.
Y respecto a las medidas de restricción con el Reino Unido, Illa ha dicho que mantendrán las que hay en marcha por ser las «adecuadas», si bien no ha descartado implantar otras adicionales si hacen falta.
El ministro también ha valorado el proceso de vacunación iniciado ayer. Ha reconocido que fue un «momento especial», en el que ha subrayado «el trabajo hecho» y el «esfuerzo combinado entre la ciencia y la industria", pero también se ha referido "a todas las personas que hubieran deseado tener esta vacuna antes, y no pudieron».
Illa ha asegurado que sin la dimensión europea, este proceso no hubiera sido posible. Además, el ministro ha insistido en que, en torno al verano, España y Europa estarán «en una fase de inmunización muy relevante, que permitirá hacer muchas cosas que ahora no se pueden hacer».
«La previsión es que el 9 de mayo estemos en condiciones de poner fin al estado de alarma», ha añadido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que una tercera ola no llevará a un nuevo confinamiento.
Sanidad hará un registro de quienes rechacen la vacuna compartido con la UE
Salvador Illa asegura que el listado será confidencial y no se hará público
Ocho enfermeras reciben una sobredosis de la vacuna antiCovid por error
En las instrucciones de uso lo dice bien claro: “Esta es una ampolla con varias dosis, cuyo contenido ha de ser diluido antes de su aplicación”. Además, en la versión alemana del fármaco, cada uno de los frascos contiene la inscripción “Después de diluido contiene cinco dosis”. La persona encargada de poner las vacunas a un grupo de siete enfermeras y un enfermero en la ciudad alemana de Stralsund, por lo visto, no leyó nada de esto e inyectó a todos ellos todo el contenido de la botellita, una dosis cinco veces superior a la necesaria y recomendada, todo ello según informaciones de la agencia alemana de noticias Dpa.Lo cierto es que la dosis podría ser hasta seis veces mayor, ya que una portavoz del Ministerio de Sanidad alemán anunciaba hoy, en otro contexto, en el diario “Stuttgarter Zeitung” que con la ampolla de Pfizer y Biontec, en realidad, si los enfermeros son hábiles, se podría vacunar a seis personas, ya que en su contenido está calculado un mínimo margen de error a la hora de extraer e inyectar el líquido. Si se extraen e inyectan 3 milímetros exatos hay seis dosis en el preparado.
Cuatro de las ocho enfermeras, trabajadoras de una residencia para la tercera edad, presentan síntomas gripales y han sido ingresadas en observación en un hospital de la región, según explicaba a la prensa el gobernador del distrito de Pomerania Occidental-Rügen, Stefan Kerth. Según informaba dicho político del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), la farmacéutica asegura que en sus ensayos ha probado con dosis mayores a las que se aplican en la vacuna y no se observaron reacciones adversas. En función de la dosis puede aparecer enrojecimiento de la zona del pinchazo así como síntomas gripales.
Ahora bien, en los experimentos se llegó a administrar 100 microgramos y una dosis contiene 30.Con una dosis de 150 microgramos como la inyectada a las enfermeras no se ha experimentado hasta el momento y aún no se sabe cuáles serán los posibles efectos colaterales del fatal error. Fatal porque, si dichos efectos no llegan a ser negativos para los vacunados, sí lo son ya de hecho para las 32 personas que no se han podido vacunar debido al desperdicio de la preciada vacuna.
Y éste no ha sido, por desgracia, el único error en el que se han desaprovechado dosis de la nueva vacuna en Alemania. Un portavoz del distrito de Lichtenfels confirmaba hoy a la Dpa que no se utilizarán unas 1.000 dosis por haberse roto la cadena de frío el sábado, a pesar de que el fabricante comprobó la vacuna y aseguró que no había problemas por ese motivo y que el producto se encontraba intacto. Las vacunas se deberían haber comenzado a dispendiar en la región de Oberfranken este lunes.
Hasta finales de 2020 Biontech distribuirá 1,3 millones de dosis en Alemania, según una portavoz del Ministerio de Salud al diario “Bild”. En el primer cuatrimestre se recibirían unos 13 millones de dosis más, unas 670.000 dosis a la semana. Unos 200 millones de dosis del preparado de Biontech y Pfizer serán vendidos por toda la Unión hasta septiembre del año próximo, según un portavoz de la Comisión comunicaba a la agencia de noticias Reuters.
Ocho enfermeras reciben una sobredosis de la vacuna antiCovid por error
Ocho enfermeras reciben una sobredosis de la vacuna antiCovid por error
www.larazon.es
Unas 300.000 personas siguen sin cobrar el subsidio de los ERTE y 500.000 tienen problemas en liquidaciones
Alrededor de 300.000 personas siguen sin cobrar el subsidio procedente de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y todavía siguen sin subsanarse problemas en las liquidaciones de los ERTE correspondientes a más de 500.000 trabajadores, como errores en el número de hijos, cobros superiores o inferiores a lo que le corresponde y otros.Así se desprende del último barómetro de los gestores administrativos, correspondiente al mes de diciembre con datos recogidos entre el 21 y el 28 de diciembre, que arrojan unas cifras que "siguen siendo demoledoras". Según los datos, 300.000 personas siguen sin cobrar el subsidio procedente del ERTE. De ellas, 205.000 personas están todavía en ERTE y 105.000 personas son trabajadores que estuvieron en ERTE y ya se han reincorporado al trabajo.
Adicionalmente, al menos 500.000 trabajadores siguen con problemas en las cantidades cobradas durante su incorporación en un ERTE. Se trata de problemas que corresponden a no considerar la existencia de descendientes o cualquier otra circunstancia que les está suponiendo cobrar cantidades distintas a las que tienen derecho, en exceso o en defecto.
EL 8,2% DE PYMES ACOGIDAS A LOS PRIMEROS ERTE YA HA DESPEDIDO
Además, el 8,2% de las pymes que presentaron un ERTE acogido al primer real decreto de marzo han procedido a despedir ya a trabajadores, una vez pasados los seis meses correspondientes a la reincorporación del primer trabajador desde el ERTE, en torno a 45.000 empresas.Conforme a los datos obtenidos en el Barómetro, un 1,3% de empresas que han presentado un ERTE han procedido a devolver las ayudas obtenidas por el mismo para poder despedir, debido a no haber superado los problemas derivados del parón sufrido por la actividad.
Por último, un 2,5% de las pymes han sido o están siendo inspeccionadas por la Inspección de Trabajo, y de ellas el 8,2% han sido ya sancionadas. Por otra parte, el 6,7% de las pymes han sido o están siendo inspeccionadas por la Agencia Tributaria y de ellas el 13,7% han sido ya sancionadas.
LOS GESTORES PIDEN QUE SE PONGAN MEDIOS
El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha indicado que el barómetro "vuelve mostrar el caos en el que está sumido el SEPE" y ha denunciado que "a pesar de ser conocedores, aunque no los reconozcan, de los problemas existentes, los gobernantes siguen sin dotar de los medios necesarios al organismo para que pueda de forma urgente ponerse al día".Según sus cálculos, se ven afectadas más de 800.000 personas bien porque no cobran o bien porque los pagos están mal calculados, por ello pide que se pongan ya los medios y se aborde con los funcionarios, que "están haciendo todo lo humanamente posible y más con los medios de los que disponen, y con los agentes sociales".
"Desde el pasado 30 de noviembre, el director general del SEPE tiene una propuesta de los Gestores Administrativos para colaborar con el organismo en la resolución de esta problemática; estamos esperando su respuesta", ha dicho.
Por último, Santiago ha avisado de que "los ERTE están perdiendo eficacia y las pymes ya no pueden más, por lo que están empezando a devolver ayudas y a despedir". "Los gobernantes deben pensar en medidas más estructurales para volver a generar ilusión y confianza, pero, sobre todo, para dar herramientas a las pymes y a los autónomos para sobrevivir", ha enfatizado.
Unas 300.000 personas siguen sin cobrar el subsidio de los ERTE y 500.000 tienen problemas en liquidaciones
Alrededor de 300.000 personas siguen sin cobrar el subsidio procedente de los Expedientes de Regulación...
Primer caso de un familiar que se niega a vacunar a un anciano en una residencia de Sevilla
El rechazo a la vacuna del coronavirus llega a las residencias de mayores de Sevilla. La Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha recibido el primer caso de un familiar que se ha negado a que se vacune a un mayor que reside en un geriátrico de la provincia y que no está plenas facultades para decidir sobre su vacunación por sí mismo, por lo que se ha abierto un procedimiento judicial para que el juez, con la intervención de la Fiscalía, decida si en este caso procede o no la vacunación de este anciano.El fiscal delegado de Personas Mayores, Norberto Sotomayor, ha explicado a este periódico que se trata de una cuestión que hay que "resolver jurídicamente, como cuando los testigos de Jehová se han negado a que se hagan transfusiones de sangre a sus hijos menores de edad".
Desde la Fiscalía son conscientes de que en las residencias de mayores se iban a producir casos de negativas a la vacunación contra el Covid por parte de los tutores o familiares de los ancianos, aunque destacan que en principio "la regla general es que hay que ponerle la vacuna a todo el mundo", salvo que haya una "causa justificada, un informe médico que diga que la persona tiene algún tipo de incompatibilidad con la vacuna, una alergia o una enfermedad que hagan no aconsejable" dicha vacunación, precisa Norberto Sotomayor.
En cualquier caso, prosigue el fiscal, "no puede ser el familiar o el tutor quien decida que a su padre o madre no se le ponga la vacuna". En este sentido, el representante del Ministerio Público insiste en que "la regla general es que todos los mayores que están en las residencias que no pueden decidir por sí mismos han de ponérselas".
Cuestión diferente es cuando la persona mayor está en su "sano juicio", puesto que en este caso son ellos quienes pueden decidir si se ponen la vacuna contra el Covid-19 o no, como el resto de la población. "Lo que no puede uno es tomar una decisión por otro y sobre todo si la misma es contraria a la salud de la persona", ha aseverado Norberto Sotomayor.
De momento sólo se ha producido este primer caso de negativa a la vacunación de un mayor en una residencia de la provincia de Sevilla, pero en los geriátricos ya tienen conocimiento de que otros familiares también se van a negar a la vacunación de los mayores, con lo que habrá más casos similares que irán llegando conforme el proceso de vacunación que se inició el pasado domingo se vaya extendiendo al resto de las 172 residencias de mayores que hay en la provincia, de las que sólo hay diez de titularidad pública, lo que representa el 5,8% del total. En las residencias de Sevilla hay unos 8.000 mayores y 5.200 trabajadores.
La pandemia del coronavirus se ha cebado precisamente en las residencias de mayores, motivo por el cual la vacunación ha comenzado por estos centros. Sólo en Sevilla han fallecido desde marzo pasado 341 personas en estos centros. En la primera ola, se produjeron 151 fallecimientos en las residencias de Sevilla, mientras que en la segunda ola, desde finales de agosto, son ya 190 (184 en residencias de mayores y seis personas en las residencias de discapacidad).
De otro lado, la Fiscalía de Sevilla mantiene abiertas unas diligencias de investigación a dos directoras de tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos, entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados".
Primer caso de un familiar que se niega a vacunar a un anciano en una residencia de Sevilla
La regla general es que "hay que vacunar" a todos los residentes, salvo que haya una causa justificada que no lo aconseje, advierte la Fiscalía
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¿Se podría prohibir fumar en las calles y terrazas?
Desde la asociación Nofumadores.org han pedido prohibir fumar en las calles y las terrazas cuando no se respete la distancia interpersonal de al menos 10 metros.Esta petición sale por las nuevas cepas de coronavirus registradas en el Reino Unido y Sudáfrica y que cuentan con un 70 % más de transmisibilidad, por lo que los aerosoles de los fumadores y el humo de los cigarrillos podrían suponer una vía de contagio peligrosa.
"Los dos metros de distancia deben ser eliminados inmediatamente y fumar caminando por la calle debe ser prohibido, y los cuerpos de seguridad deben hacer su trabajo por respeto a todos los que sí estamos haciendo un esfuerzo por no transmitir nuestros aerosoles", manifiestan desde la asociación.
Se busca prohibir fumar en calles y terrazas por la seguridad mundial
Las nuevas variantes del COVID-19 y según opinan desde la asociación, "requieren que el Gobierno se ponga serio". Además, actualmente según Nofumadores.org "los fumadores tienen un salvoconducto para realizar una actividad peligrosa cuando el resto de la población tiene que usar siempre la mascarilla".La asociación también destaca que "los fumadores caminan con el cigarro en ristre ajenos al peligro que representan".
"En las concurridas calles españolas y en un buen número de terrazas de hostelería no se respetan ni siquiera los dos metros de distancia impuestos, entre otras cosas, por ser una distancia demasiado cercana, lo que pone de relieve la necesidad prohibir fumar, pues esta acción que llevan a cabo supone un agravio comparativo para el resto de la población", argumentan desde Nofumadores.org.
Para seguir defendiendo prohibir fumar en calles y terrazas, desde la asociación recalcan el papel que juegan los aerosoles en la expansión del coronavirus.
Así que piden que los fumadores sean conscientes de lo peligrosos que son los aerosoles como el humo de tabaco expulsado por otra persona.
De esta forma exigen prohibir fumar cerca de otras personas, insistiendo en que las nuevas cepas del COVID-19 hacen que el salvoconducto de los fumadores sea inaceptable por la situación de riesgo alto que vivimos.
Asociaciones médicas y de consumidores piden una hoja de ruta para lograr una prevalencia de fumadores en España inferior al 5 % en 2030
Una veintena de asociaciones médicas y de consumidores han demandado esto de forma conjunta al Gobierno central, y además lamentan que en España no exista "una estrategia clara" para prohibir fumar.En la demanda, las organizaciones firmantes instan al Ejecutivo a “poner los cimientos” de la primera generación sin tabaco para el año 2025 y a llegar al final de la “epidemia tabáquica” en el 2030. A este respecto, denuncian el “fracaso palpable” frente al tabaquismo en España.
Además aseguran que la industria tabaquera y el sector hostelero han permitido que no se hayan implementado medidas “básicas” para luchar contra el tabaco como el empaquetado neutro o la ampliación de espacios sin humo en la hostelería.
En este punto, demandaron la puesta en marcha de una política de precios “agresiva” para establecer un importe disuasorio, así como una fuerte disminución de los puntos de venta.
Entre otras medidas que llevaría prohibir fumar se encuentran la eliminación de la publicidad realizada por ‘influencers’ o la equiparación legal de los nuevos productos para el consumo de tabaco con la cajetilla, entre otras medidas.
Podrían prohibir fumar en calles y terrazas por el COVID-19
La pandemia y las nuevas cepas del virus podrían acabar por prohibir fumar en las calles y terrazas de cualquier lugar por el alto riesgo de contagio.
La Justicia puede obligar a vacunar a mayores incapacitados contra el criterio de sus familiares
La Sección de la Fiscalía de Sevilla especializada en la protección de personas mayores y con discapacidad está tratando un primer caso de un ciudadano que, en representación de su padre dada la situación del mismo, residente de un geriátrico de la provincia, se ha negado a que a esta persona le sea administrada la vacuna contra el coronavirus Covid-19, según ha confirmado Norberto Sotomayor, fiscal delegado de la citada materia.Mediante el procedimiento incoado, según ha explicado en rueda de prensa, será dilucidado si merced a la primacía de la salud del anciano, la Fiscalía solicita la emisión de un auto judicial que ordene administrar la vacuna a esta persona.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, Norberto Sotomayor ha explicado que su departamento está ya afrontando este caso en el que una persona que representa a su padre al estar el mismo incapacitado para tomar decisiones respecto a su propia salud, residiendo este anciano en un centro de personas mayores de la provincia de Sevilla, se ha negado a que le sea administrada la vacuna contra el Covid-19.
En ese sentido, ha expuesto que tiene «noticias» de otros casos en los que parece que algunas personas podrían posicionarse del mismo modo respecto a los familiares cuya representación ostentan a cuenta de la situación de los mismos.
Al respecto, este fiscal especializado en la protección de las personas mayores y con discapacidad ha explicado que en este tipo de casos incide la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, según la cual si se determina como «desacertada» la decisión adoptada en materia sanitaria por los representantes legales de una persona que «carece de capacidad» para decidir por sí misma, puede mediar una «intervención judicial».
Y es que si bien todas las personas pueden decidir si someterse o no a un tratamiento médico, en los casos en los que se adoptan decisiones con relación a otras personas por la incapacidad de las mismas para decidir por sí mismas, pueden suceder «situaciones de conflicto» entre la necesaria defensa de la salud de tales personas y las decisiones tomadas por sus tutores, familiares o allegados al ostentar su representación.
En cualquier caso, según ha precisado, ha de «prevalecer la salud de la persona», con lo que ante esta situación concreta suscitada con relación a un anciano residente en un geriátrico de la provincia de Sevilla, una vez elevado el asunto a la Fiscalía, ha sido incoado un procedimiento para dilucidar, con el «asesoramiento» del médico del anciano y de los peritos médicos forenses que asisten a la Fiscalía y los «criterios» ya descritos, si solicitar a un juzgado que ordene la vacunación del anciano «siempre que no haya ningún problema de incompatibilidad, alergia a la vacuna o cualquier circunstancia que recomendase no administrarla a esta persona».
Si el juzgado no detectase «obstáculos» que impidan administrar la vacuna a esta persona, según ha dicho, «dictará un auto» para que se le administre, con lo que las «consecuencias» de la intervención judicial se traducirían en que no prevalecería la decisión adoptada por el familiar representante de este anciano. «Si un médico determina que por motivos científicos no es bueno ponerle la vacuna, no se hará, pero si no hay obstáculos, la decisión del hijo no puede perjudicar la salud del padre», ha aseverado señalando que se parte de la premisa de que la vacuna "es buena" al haber sido validada por las autoridades sanitarias españolas y europeas.
Indicando que estas situaciones serán tratadas «caso a caso», con «asesoramiento médico» y merced a «criterios» en tal materia, Norberto Sotomayor ha manifestado que actualmente, su departamento está «en contacto» con las autoridades sanitarias para resolver cómo «encauzar» este caso y otros de los que tiene noticias.
La Justicia puede obligar a vacunar a mayores incapacitados contra el criterio de sus familiares
El fiscal de mayores de Sevilla estudia varios casos y dice que hay normativa legal para hacerlo siempre que los médicos consideren que es bueno para su salud, «el bien que debe prevalecer sobre cualquier otro»
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