El Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos del nuevo tipo de coronavirus (2019-nCoV), que tiene su origen en un mercado de carne de la ciudad de Wuhan (China) y que ha infectado de momento a 270 personas y ha producido nueve fallecidos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las autoridades están preparadas para "actuar ante cualquier eventualidad".

Así se recoge en el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, que señala que el riesgo de introducción del virus en nuestro país "en este momento, se considera muy bajo".

La Organización Mundial de la Salud ha convocado para este miércoles al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de revisar el estado de la situación en los países afectados, valorar si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y la pertinencia de emitir recomendaciones temporales.

Por otra parte, Corea del Norte ha cerrado al turismo sus fronteras con China y Rusia debido a la propagación de la llamada neumonía de Wuhan, informó a Efe uno de los principales operadores de viajes que trabajan con el hermético país asiático, que de momento no ha hecho ningún anuncio oficial.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el martes el caso de un paciente en el estado de Washington diagnosticado con este virus, el primer caso que se da fuera de Asia.

A pesar del bajo riesgo en nuestro país, se ha convocado a la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta para revisar la situación y la actualización epidemiológica, así como la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta.

Además, según señala el informe, se está elaborando un documento de preguntas y respuestas para la comunicación con los ciudadanos.

Sin conexión directa

Sanidad recuerda que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.

El impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera muy bajo dado que, de ocurrir transmisión persona a persona del virus, ésta es limitada y se asocia a un contacto estrecho, explica el informe.

Según los expertos del programa de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), con sede en Barcelona, el 2019-nCoV es menos agresivo que otros coronavirus conocidos.

Es un virus de la misma familia que el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), y que el MERS (Síndrome Respiratorio del Oriente Medio), enfermedades que se transmiten de animales a humanos, pero también tienen capacidad de transmitirse entre humanos.

Síntomas similares a la gripe

Se les llama coronavirus por la forma del patógeno y principalmente afectan al tracto respiratorio -especialmente los pulmones- causan enfermedad grave y en algunos casos la muerte.

Los principales síntomas son más intensos que una gripe, con fiebre, dolor y malestar general y problemas respiratorios.

En España, el Ccaes mantiene informada a la red de Alertas con actualizaciones periódicas de la situación del brote, que también son accesibles para el público a través de la web.

"Preparados para actuar"

Por su parte, Salvador Illa ha transmitido este miércoles un mensaje de tranquilidad ante la evolución del coronavirus y ha asegurado: "Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad".

En su primera intervención pública tras tomar posesión de la cartera de Sanidad, Illa ha apuntado que el Ministerio está "muy pendiente" de la situación y ha trasladado su confianza en el sistema de coordinación de alertas sanitarias.

Ha anunciado que esta misma mañana va a mantener una reunión de seguimiento con los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad para analizar la situación del brote con los últimos datos disponibles.
"Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación con las comunidades autónomas"
"Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación con las comunidades autónomas y estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad", ha afirmado el ministro.

El Ccaes -ha señalado Illa- está en permanente contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el resto de países de la Unión Europea para adoptar las medidas que sean necesarias para la prevención de cualquier riesgo sanitario en la población, ha asegurado el ministro.

Además, ha indicado que desde el Ministerio se está realizando un seguimiento continuo de la situación de este virus y ha añadido que la información está permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía a través de la página web del departamento.

Illa ha hecho estas declaraciones durante el acto de celebración del 120 aniversario del servicio de Sanidad Exterior. "Nuestros efectivos están preparados para actuar ante cualquier alerta o incidente sanitario que pueda llegar a través de barco o avión", ha subrayado Illa.

 
Todas las medidas aprobadas por el Gobierno para la nueva normalidad: mascarilla obligatoria, PCR rápidos...

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto ley que "sentará las bases que regirán en la nueva normalidad", en el que, entre otras cosas, se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en en la vía pública, bajo sanciones de hasta 100 euros.

El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, declara expresamente la Covid-19 como "enfermedad de declaración obligatoria urgente" y otorga a las comunidades autónomas y entidades locales las funciones de vigilancia, inspección y control.

Así, el real decreto establece una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación a llevar a cabo a partir de la fase 3 de desescalada, cuya superación también la decidirán las comunidades autónomas, "con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos", según se anuncia en el escrito al que ha tenido acceso 20minutos.

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Por lo tanto, el real decreto establecerá las medidas que regirán en la "nueva normalidad" de cada territorio y que entrarán en vigor en todo el país el 22 de junio. ¿Cuáles son estas medidas aprobadas y en qué consisten?

Declaración obligatoria urgente

En primer lugar, el real decreto declara la Covid-19 como "enfermedad de declaración obligatoria urgente" y, por lo tanto, el deber de las comunidades autónomas de informar "cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública". Aún así, tendrán que seguir facilitando los datos de seguimiento y vigilancia epidemológica, así como su capacidad de asistencia.

PCR para todos los casos sospechosos

Asimismo, los servicios de salud tendrán que realizar una prueba diagnóstica por PCR "u otra técnica molecular", siempre que localicen un caso sospechoso y "tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas".

Para ello, cada comunidad autónoma deberá garantizar un número suficiente de profesionales que se dediquen a la prevención y control de enfermedad, "su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada".

Coordinación con residencias

En lo que respecta a las residencias de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes garantizarán la coordinación de estos centros y dispondrán de planes orientados a identificar rápidamente posibles casos entre residentes y trabajadores.

Rastrear posibles contagios

En el caso de necesitar realizar un rastreo de los contactos de las personas potencialmente afectadas, los establecimientos, transportes, o cualquier otro lugar o entidad pública o privada, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias toda la información que alberguen sobre la identificación y datos de los posibles infectados.

Medidas de prevención

Siempre que no se garantice la distancia interpersonal, la obligatoriedad del uso de mascarillas y de medidas de higiene seguirán vigentes en el periodo de la "nueva normalidad". Además, los entornos de trabajo y establecimientos comerciales, también tendrán que contar con ciertas medidas de prevención como la organización de turnos para evitar aglomeraciones.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, las comunidades autónomas garantizarán la disponibilidad y el abastecimiento de mascarillas quirúrgicas, geles hidiroalcohólicos y otros productos necesarios para la protección de la salud.

Controles sanitarios en transporte terrestre y aéreo

En lo que respecta a los aeropuertos y puertos de interés general, el real decreto recoge también una serie de previsiones sobre los controles a realizar en estos espacios.

En los aeropuertos gestionados por Aena, deberán contar con los recursos necesarios para "garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales". Además, los operadores podrán ir adaptando la oferta de transporte según la evolución de la recuperación de la demanda, siempre y cuando aseguren las medidas sanitarias acordadas.

De esta forma, establece también la obligación de que, tanto los operadores de transporte terrestre como los de aéreo, que viajen por más de una provincia con asientos preasignados, guarden la información de cada pasajero "durante un mínimo de cuatro semanas", para que las autoridades sanitarias puedan tener acceso a ellos en caso de necesitar realizar un rastreo.

 



TESTIMONIO IMPORTANTE de la comunidad médica el qie presentamos hoy en LA QUINTA COLUMNA ...

Absolutamente SIN DESPERDICIO, este médico y cirujano nos comenta SIN TAPUJOS lo que TODOS SABEMOS y que algunos aún se niegan a admitir por intereses o cobardía ... Agradecemos su VOZ y la ponemos en conocimiento de los televidentes de este canal para su DIFUSIÓN VITAL e igualmente animamos al resto de personal sanitario, con independencia del escalafón que ocupen, a que SALGAN A LA PALESTRA. Por ética, por moralidad, por su juramento hipocrático y sobre todo, porque el FUTURO NOS PERTENECE A TODOS donde ellos, al igual que nosotros, saldremos muy perjudicados ...

QUE CUNDA EL EJEMPLO ...
 
La OCDE sitúa a España a la cabeza en 2020 del desplome económico mundial con una caída del 14,4% tras el virus

La economía española está a la cabeza del desplome económico mundial este año según las nuevas previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo internacional ha elaborado dos escenarios en función de si hay rebrote del coronavirus y en el más adverso la economía española caerá en 2020 un 14,4%, la mayor de los países industrializados, aunque muy similar al 14,1% previsto en Francia y el 14% en Italia.

"El problema que vemos en España es que sectores muy afectados como el turismo y la hostelería son especialmente importantes para su economía, por eso los datos peores que en otros países de la Eurozona", explica a EL MUNDO el responsable del estudio en la OCDE y exministro portugués Álvaro Pereira. La amplia recesión española obedece al hundimiento del consumo debido a la destrucción de empleo, según el informe que no augura una recuperación rápida total, sino gradual.

En el escenario menos dramático, sin rebrote significativo a la vuelta del verano, la economía española caerá un 11,1% en 2020 y recuperará sólo un 7,5% en 2021. Pero en el más problemático, se despeñará el citado 14,4% para recuperar en 2020 apenas un 5%.

La crisis española será más aguda que en la media de la Eurozona que, en el peor de los casos, caerá un 11,5% en 2020 y crecerá un 3,5% en 2021. También muy por encima de la media mundial que será de caída del 7,6% este año y recuperación del 2,5% el próximo; y de la OCDE (que incluye a EEUU, Canadá. México y otros países no europeos) fijada en recesión del 9,3% y rebrote del 2,2%.

La previsión para España en todos los indicadores es desoladora y superior a la ya dura del Banco de España del pasado lunes. El paro llegará al 20,1% este año en el escenario más adverso sin contar los llamados ERTE y peor aún en 2021 donde llegará al 21,9%. En esta previsión, supera incluso a Grecia y se sitúa a la cabeza de destrucción de empleo de la OCDE.

La deuda pública alcanzará niveles astronómicos del 129,9% este año para bajar al 128,8% el próximo en coherencia con un déficit galopante del 12,5% y del 9,6%.

El informe de la OCDE elogia la reacción de países como España de ampliar rápidamente las Unidades de Cuidados Intensivos, lo que mitiga el daño de un posible rebrote a la vuelta del verano. "La capacidad del sistema sanitario era más bajo de la media de la OCDE antes de la crisis con menos UCIs, pero su número se ha más que duplicado".

También señala que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha tomado "medidas significativas" para intentar sujetar el empleo y la liquidez de las empresas, pero aconseja que tome nuevas medidas de extensión de los ERTE y de los avales y orientarlas más a los sectores más golpeados. Recomienda un aumento temporal de la inversión pública y un plan para relanzar el turismo en colaboración con el sector privado.

 
La fiscalía de París abre una investigación sobre la gestión pública de la crisis del coronavirus en Francia

La Fiscalía de París anunció este martes que ha abierto una investigación preliminar sobre la gestión pública de la crisis de la epidemia de Covid-19por parte de las autoridades francesas, tras haber recibido 62 denuncias que cuestionan dicha gestión en Francia.

Las denuncias se refieren principalmente a cuatro delitos: puesta en peligro de vidas ajenas, no asistencia a persona en peligro, abstención voluntaria de combatir un siniestro peligroso y homicidios y heridas involuntarias, precisó el fiscal del París, Rémy Heitz, en un comunicado de prensa.

La mayoría de denuncias se han presentado contra X, al desconocer los denunciantes la identidad del autor de los hechos. Y prodecen de particulares o colectivos profesionales, como sindicatos o asociaciones.

Los denunciantes cuestionan la actuación durante la crisis sanitaria de "diferentes instancias, estructuras o departamentos ministeriales, así como de responsables administrativos o cargos públicos", explicó Heitz.

La fiscalía de París ha encargado a la Oficina central de lucha contra ataques al Medio Ambiente y a la Salud Pública (OCLAESP) que lleve a cabo la investigación preliminar de la mayoría de las denuncias presentadas, excepto tres relativas a la gestión de la crisis sanitaria en residencias de ancianos que ya están siendo investigadas por la policía francesa.

"Esta investigación judicial tendrá como objetivo establecer los procesos de toma de decisiones puestos en práctica durante la crisis sanitaria con el fin de sacar a la luz eventuales infracciones penales que puedan haberse cometido" por parte de los responsables franceses, precisó el fiscal.

La investigación abierta por la Fiscalía de París no afectará al presidente francés Emmanuel Macron, que tiene inmunidad durante toda la duración de su mandato, ni a los miembros del Gobierno, que dependen de la la Corte de Justicia de la República (CJR). Este tribunal se encarga de juzgar a los miembros del Gobierno por actos delictivos o criminales en el ejercicio de sus funciones.

Hasta ahora este tribunal ha recibido 80 denuncias por la presunta mala gestión de la crisis sanitaria. Entre los miembros del Gobierno denunciados destacan el primer ministro Édouard Philippe; el ministro de Sanidad, Olivier Véran; y su predecesora en el puesto y candidata a la alcaldía de París, Agnès Buzyn. Denuncian, por ejemplo, la falta de mascarillas al inicio de la pandemia tanto para el personal sanitario como para la población general o la mala gestión en las residencias de ancianos, que ha provocado miles de muertos.

Desde que estalló la crisis sanitaria, 29.212 personas han muerto por coronavirus en Francia, lo que sitúa a este país en el tercer puesto por número de fallecidos en Europa, por detrás del Reino Unido (40.580) e Italia (33.964). España ocupa el cuarto lugar con 27.136 muertos por covid-19, según datos de la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

 
La carta en la que se alertó que hospitales de Madrid no admitían a enfermos de residencias

El centro Vitalia de Leganés reclamó durante una semana al Gobierno regional que derivase a sus pacientes con covid-19 a centros hospitalarios. Cuatro ambulancias llegaron al fin el 25 de marzo, pero los contagiados fueron devueltos ese mismo día a la residencia "sin llegar a ser atendidos en el hospital"

La residencia Vitalia de Leganés, en la que fallecieron 43 ancianos en marzo, envió una carta a la Consejería madrileña de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, el día 26 de aquel mes en la que se advertía que pacientes contagiados con covid-19 eran devueltos al centro "sin llegar a ser atendidos en el hospital".

Vozpópuli ha tenido acceso a la carta remitida por la directora del centro, Diana Muñoz, a la Consejería madrileña de Salud (sic), cuya dirección postal coincide con la de Sanidad. También se envió una copia al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien ese mismo día había perdido las competencias sanitarias en las residencias, que quedaron bajo el mando único de su colega de Sanidad.

Por aquel entonces ya habían fallecido un total de 1.065 ancianos en las residencias madrileñas por el brote de coronavirus, es decir cerca del 2% de las 52.031 personas mayores que vivían en las 475 residencias de la región. La cifra de fallecidos fue aumentando en las siguientes semanas hasta superar los 6.000 a principios de junio.

La misiva de la residencia Vitalia resume la catástrofe sanitaria que se vivía dentro del centro tras la irrupción de la covid-19. Cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó el 28 de marzo para labores de desinfección se topó con once cadáveres en una cámara mortuoria abarrotada.




Cuando la directora del centro escribió al consejero madrileño de Sanidad sólo había un caso positivo "confirmado" por covid-19 entre los residentes, pero otros 49 presentaban "síntomas compatibles con el contagio" a los que no se les había realizado los correspondientes test, por lo que se encontraban en aislamiento.

También se hacía hincapié en que desde el 15 de marzo hasta ese día 26 se habían registrado 29 fallecimientos por diversas causas, 22 de los cuales con "sintomatología compatible de Covid-19", aunque no se había podido confirmar que esa hubiera sido la causas del fallecimiento o que estuvieran contagiados.

"Saturación" en la funeraria

La directora de Vitalia detalló que desde el día 18 no se había realizado ninguna derivación hospitalaria de residentes con síntomas del virus pese a las llamadas de auxilio y que el 25, cuando llegaron varias ambulancias para llevarse a cuatro enfermos, éstos últimos fueron devueltos a la residencia al poco tiempo "sin llegar a ser atendidos en el hospital".

También se advertía en ese momento de que existía una "saturación" de los servicios funerarios que hacía que se produjeran "grandes demoras" en la recogida de los cuerpos de las personas fallecidas, tal y como verificó la UME cuando se personó en el lugar.

La propia residencia se encontraba, además, con la dificultad de tener a 17 trabajadores de incapacidad temporal por el virus y a otros 45 de baja sin sintomatología, pero a los que no se habían podido hacer pruebas diagnósticas para saber si estaban contagiados. En total, el 45,9% de la plantilla estaba en su casa por una causa u otra.

Con este panorama tan difícil y tras los decretos del Gobierno central de los días 19 y 21 de marzo, el centro consideró en el momento de redactar la carta que concurrían "dichas circunstancias excepcionales para solicitar el auxilio y la intervención del centro" ante la "imposibilidad" por medios materiales y personales para cumplir con las medidas de aislamiento.

Vitalia logró suplir todas las bajas del personal, pero ello le obligó a configurar una plantilla nueva en un 50% que no estaba familiarizada con los protocolos asistenciales del centro ni cómo se tiene que actuar ante la covid-19.

A ello se unía una "situación compleja" donde había que ponerse y quitarse los equipos de protección "en cada actuación, entre un residente y otro", lo que implicaba "un tiempo cuatro veces superior al de una situación normal". De ahí que la residencia estaba en la tesitura de "doblar" la plantilla actual si quería garantizar una "asepsia adecuada" como se hace en un hospital.

Sin poder retirar los cadáveres

En el último punto de la misiva, y antes de hacer una lista pormenorizada de las necesidades materiales del centro, se reconocía la "imposibilidad" del mismo para "gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por acumulación y retraso de los servicios funerarios".

Fuentes del centro de mayores subrayaron a este medio que no fue la única carta en este sentido, pues cada residencia comunicó a diario al Gobierno madrileño la situación interna, pero sí la más extensa y pormenorizada de marzo ante la dramática situación que se vivía dentro.

Dos días después se produjo el pico de fallecidos -nueve en total-, de los cuales sólo se pudieron entregar tres a la funeraría. La UME logró llevarse otros tres cadáveres ese día y el resto quedaron en la cámara mortuoria junto a otros cuerpos sin vida.

 
Pablo Iglesias no disimula y promociona desde La Moncloa las mascarillas que vende su dircom

No tienen ni principios ni mucho menos finales.

La tropa del vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, cree que pueden hacer de los espacios públicos una especie de mercadillo en la que ofrecer productos de carácter privado.

La última del líder de Unidas Podemos ha sido presentarse en la sala de prensa de La Moncloa para la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 9 de junio de 2020 con una mascarilla promocional.

Porque, qué duda cabe, no se le afea a Iglesias el hecho de que se presente con las consabidas medidas de protección a lugares en los que difícilmente va a ser imposible mantener esa distancia de seguridad.

Lo que sí que clama al cielo es que el mismo político que se presentó al Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobó el primer decreto del estado de alarma sin la preceptiva mascarilla, máxime cuando su pareja, Irene Montero se había infectado del coronavirus en la manifestación feminista del 8-M, o que fue pillado en un supermercado de Galapagar sin cubrise boca y nariz, se presente ahora con una mascarilla con mensaje.

Porque al vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista no se le ocurrió mejor montaje que prestarse a promocionar las mascarillas de la empresa de su director de comunicación, Juanma del Olmo.

La empresa textil, llamada 198, ha fabricado unas mascarillas de corte antifascista, republicano y también a favor de la sanidad pública, que es precisamente la que Iglesias lució durante la rueda de prensa.

El coste de esas mascarillas, de las que hay varios modelos, tiene un coste de 7.95 euros.

Viendo como funcionan en el gabinete socialcomunista, no sería de extrañar que en cualquier momento el encargasen desde el Ministerio de Sanidad la fabricación masiva de esas protecciones y que, posteriormente, las convirtieran en los modelos no solo oficialmente homologados, sino hasta de obligado uso para todos los ciudadanos, so pena de 100 euros de multa.

UNA TIENDA MUY POLÉMICA

Precisamente, la marca ‘198’ ya saltó a la actualidad, y no precisamente por la calidad de los productos ofertados, sino por sus mensajes polémicos y la utilización, cuando menos grotesca, de la imagen de determinados líderes políticos.

Por ejemplo se usó como gancho la imagen del presidente de VOX, Santiago Abascal, para poner en el mercado una camisetas republicanas sin que siquiera se le hubiese pedido el preceptivo permiso al político vasco.

También este establecimiento virtual fue el que impulsó los famosos lemas contra el hoy alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que ‘rebautizaron’ como ‘Carapolla y Caracoño‘.

 
Castilla y León no descarta demandar a Pedro Sánchez por enviarles MENAs con coronavirus

Según ha informado Manuel Mic para el digital Caso Aislado (noticia reproducida en euskalnews.com), la Junta de Castilla y León ha denunciado la situación. Al parecer, la diseminación de inmigrantes por toda España continúa teniendo lugar, y al menos dos de los menas llegados en la última semana a la comunidad han dado positivo en los test de coronavirus que se les han realizado.

Ha sido el vicepresidente Igea quien ha dado la voz de alarma, criticando la falta de cuidado que el Gobierno está teniendo. Además, el líder de Ciudadanos en Castilla y León no descarta demandar al Ejecutivo. «Es inaceptable, no se puede trasladar en esas condiciones, sin conocimiento de las autoridades sanitarias y sin conocimiento de los responsables de la Junta».

El traslado de estos menas, procedentes de Almería, se hizo sin tomar la más mínima medida sanitaria y sin ni siquiera avisar de ello a los responsables de Sanidad en Castilla y León. Y solo después de que uno de ellos tuviese que acudir al hospital con síntomas evidentes de la enfermedad, se puso en marcha el protocolo establecido.

Igea por último ha advertido a Sánchez. Castilla y León no será tratada «como una comunidad de segunda o con una falta de respeto absoluto».

 
Iván Redondo hunde sin querer - o no - al Ministro de Sanidad

El coronavirus ha dejado cerca de 40.000 muertes en España. Aunque el Gobierno se empeñe en rebajar de manera muy significativa, estudios e informes exhaustivos confirmarían que los aproximadamente 27.000 fallecidos que aporta el ejecutivo socialcomunista se quedan cortos. Así lo explicó el periodista de Antena 3 Vicente Vallés durante un informativo y así suman los datos aportados por funerarias y geriátricos.

Se calcula que alrededor de un 70% de los fallecidos por coronavirus eran ancianos. Y muchos de ellos, vivían en residencias. Estas 20.000 personas han perdido la vida lejos de sus familias, que no han podido visitarlos durante su agonía y tampoco, en muchas ocasiones, se han podido despedir de ellos una vez han expirado. La principal responsabilidad, a priori, sería del vicepresidente segundo y ministro de asuntos sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias, pero ahora se abre posibilidad de que el responsable sea otro: Salvador Illa.

Todo ello tras las cartas remitidas por el Grupo Social Lares, la mayor entidad social de España y sin ánimo de lucro, que atiende a personas dependientes o ancianos y cuenta con 35.000 profesionales. La segunda de las cartas contiene peticiones desesperadas ante la inacción del Gobierno. Casi un mes después de la primera carta llega la respuesta, el 7 de abril, en las que Iván Redondo remite las peticiones la "Ministerio de Sanidad", "autoridad competente delegada para la toma de decisiones en el estado de alarma decretado por el Gobierno".

Representa un ataque directo al Ministro Illa y una defensa desmedida del Marqués de Galapagar. Está por ver qué oculta este mensaje de Redondo pero parece claro que Illa se convierta en la cabeza de turco que asuma todas las culpas para que los demás se vayan de rositas.

 



La extraña distribución del COVID-19 por el Mundo es difícil de explicar, en el siguiente video, analizamos unas gráficas que demuestran la aparente falta de lógica en su reparto. ¿Por qué se produce esta heterogénea distribución incluso entre países vecinos?
 
Pablo Iglesias hace el ridículo: los ERTEs de los que presume los introdujo el PP en la reforma laboral que ahora quieren derogar

Ayer Pablo Iglesias sacaba pecho de la gestión de Podemos, y se apuntaba el tanto de los famosos ERTEs. Sin embargo, si echamos la vista atrás, puede comprobarse como esta medida fue aprobada en la reforma laboral del Partido Popular con Mariano Rajoy al mando. De hecho, fue la ministra Fátima Báñez quien defendió la medida en el Congreso de los Diputados.

Aquella reforma fue aprobada en la Cámara Baja con 197 votos a favor, y tanto el PSOE como Izquierda Unida -Podemos entonces no estaba presente en las instituciones- votaron en contra de la misma.

Si no se hubiese implantado en aquel momento la medida de los ERTEs, muchos millones de trabajadores habrían quedado en paro en esta pandemia, y habrían dejado al Gobierno de Podemos y el PSOE sin ningún margen de maniobra.

Y a pesar de ello, se permiten el lujo de enorgullecerse de esa medida, que Pedro Sánchez, presente en aquella votación, votó en contra. Sin embargo, no han tenido problema en negociar con la baza de su derogación completa durante los meses más duros de la democracia.

Y recordemos, que derogar la ley es derogar los ERTEs.

 
Los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de residencias a hospitales en Madrid

La Comunidad no impuso el triaje de ancianos a los hospitales privados, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto

En los días en que los mayores de residencias enfermos de covid-19 eran rechazados por los hospitales públicos sus compañeros con seguro privado gozaron de un salvoconducto para ser atendidos en una cama de hospital en Madrid. La Comunidad impuso su triaje de admisión solo en la red de hospitales públicos, dando una vía de escape a quienes tienen capacidad para pagar por la sanidad privada.

Operadores de la red privada y sus clientes confirman a EL PAÍS que gracias a esa cobertura pudieron sortear la exclusión diseñada por la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia de coronavirus, entre mediados de marzo y mediados de abril.

Para evitar el colapso de sus hospitales públicos, la Consejería de Sanidad elaboró protocolos que excluían a mayores de residencias que estuvieran en fase terminal y con dependencias como moverse en silla de ruedas. Esos documentos asignaban a los 475 centros de Madrid un geriatra de referencia en un hospital público de su zona, para decidir por teléfono si era posible derivar a los enfermos. Pero ese triaje no fue impuesto a la extensa red de más de 40 clínicas y hospitales privados en Madrid, a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, gozaba de un mando único sobre la sanidad pública y privada desde el 12 de marzo.

“Tuvimos cinco o seis casos de residentes que llegaron de residencias en zonas tensionadas”, dice el gerente de la Clínica Santa Elena y presidente de Hospitales Católicos de Madrid, Miguel Ortegón.

Asisa, una aseguradora que gestiona el Hospital de Moncloa, con 235 camas, dice que la Consejería de Sanidad nunca les dijo que tuvieran que seleccionar a los mayores de acuerdo a los criterios del protocolo de exclusión. “Afortunadamente en ningún momento tuvimos que denegar un ingreso”, afirma una portavoz. Tampoco fue rechazado ningún cliente de Sanitas, con tres hospitales en Madrid, o QuirónSalud, con siete centros propios, según sus portavoces.

La hija de una residente en un centro de Madrid capital cuenta que ella misma llamó a Sanitas para que fueran a recoger a su madre, una persona con una gran dependencia que no hubiera pasado el corte de la Sanidad pública. Fue el 3 de abril, uno de los días más críticos de la crisis sanitaria en la región. Cuenta que en una hora de reloj la recogió una ambulancia. Fue una suerte que no tuvieron otros en ese geriátrico, según esta familiar que ruega anonimato porque no quiere exponerse a la atención pública. Ingresó con neumonía bilateral y pasó un mes en el hospital. Cree que su madre hubiera fallecido de no haber sido por esa cobertura privada. Así se lo han dicho las trabajadoras de ese centro. “Lo tengo clarísimo. Me imagino que un montón de gente que no ha tenido mi oportunidad ha perdido la vida”.

Cuando un paciente enfermaba gravemente, los empleados de residencias tenían que llamar al geriatra de enlace del hospital público de referencia para valorar el traslado de acuerdo a sus síntomas, a la saturación de las urgencias y a los criterios del protocolo. Si el enfermo tenía cobertura privada, los cuidadores simplemente llamaban a su seguro para pedir una ambulancia.

Los pacientes del Sistema de Salud público dependían de la evaluación de una red de 22 geriatras de enlace creada por la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Se encontraban en el 12 de Octubre, Alcorcón, Clínico San Carlos, Cruz Roja, El Escorial, Fuenlabrada, Getafe, Gregorio Marañón, Infanta Cristina, Infanta Elena, Infanta Sofía, Fundación Jiménez Díaz (privado con concierto público), La Paz, La Princesa, Móstoles, Príncipe de Asturias, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, Rey Juan Carlos, Severo Ochoa, Sureste y Villalba.

¿Sanidad sin apellidos?

Durante el período aproximado de rechazos hospitalarios, desde el 8 de marzo y hasta el 17 de abril, perdieron la vida en las residencias madrileñas 5.272 personas con covid-19 diagnosticado o síntomas. Esto supone cerca del 90% de los 5.975 fallecidos por la enfermedad en esos centros hasta este martes. Alrededor de 300 familias de fallecidos se han unido ya a varias querellas colectivas contra el Gobierno regional y las residencias.

No hay datos oficiales del número de mayores en residencias que fueron atendidos por la red de hospitales privada durante el período crítico, pero sí hay cifras disponibles que son un indicio de que los de más renta sortearon más fácilmente el triaje. Según datos de la Comunidad del 25 de marzo, solo un 20% de los 102 fallecidos durante la pandemia (21 personas) que vivían en las 25 residencias públicas del Gobierno regional lo hicieron en un hospital. Mientras, el 36% de los 301 muertos que residían en geriátricos privados (108 personas) había sido hospitalizado.

Esta diferencia de trato entre hospitales privados y públicos pone en cuestión que durante la pandemia haya funcionado por completo una “sanidad sin apellidos”, como la han llamado algunos. La sanidad privada, con 6.068 camas en Madrid, ha hecho un gran esfuerzo. El 14 de abril había admitido a más de 1.250 pacientes derivados desde la red pública de hospitales, según datos que dio el consejero Escudero. Pero la intervención de Sanidad no consistió en imponer una contribución a las empresas, sino que eran los propios hospitales privados quienes proponían a diario a la consejería su cuota de camas disponibles.

El grupo que coordinaba los traslados de la red pública a la privada estaba integrado por 12 personas, dos de ellas representantes de la privada, que a diario celebraban una videoconferencia matutina, según el presidente de Hospitales Católicos de Madrid. Los hospitales privados daban su parte de camas disponibles, siempre asegurándose de que quedaría espacio disponible para los clientes de seguros privados. Sanitas tuvo sus índices de ocupación en torno al 95% en los peores días. Hospitales de la red católica como la Clínica Santa Elena, que añadió unas 20 camas a sus 76 habituales, estuvieron casi al límite. A veces Sanidad les enviaba de madrugada autobuses cargados de pacientes enfermos.

“Nos llamaban de la pública y les decíamos que podíamos darles 3, 4, 5, 7 camas, pero siempre tenías que reservar espacio para el paciente que llegaba con seguro”, dice Ortegón.

 
Ayuso anuncia una "investigación interna" dentro de la Comunidad por la situación de residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una "investigación interna" dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de la crisis del coronavirus y se ha mostrado abierta a que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido.

Así lo ha indicado Ayuso en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre cuántos enfermos de Covid-19 mayores de 70 años han sido ingresados en UCI desde el 1 de marzo, a lo que ha contestado que un total de 921.

Fuentes del Gobierno regional han detallado a Europa Press que la presidenta va a pedir un informe por escrito a cada Dirección General de las tres consejerías del mando único sobre todo lo que hicieron (Sanidad, Políticas Sociales y Justicia".

Estas mismas fuentes han desvelado que los documentos que la presidenta ha mostrado en el Pleno, en una intervención posterior, en la Cámara de Vallecas son parte de la información sobre las residencias que se va a analizar.

Además, han recordado que la dirigente madrileña avanzó hace un mes, cuando le preguntaron si habría ceses por la gestión de estos centros, que, tras pasar la crisis, se iban a estudiar las actuaciones y si se detectaban "negligencias" se tomarían medidas.

En su intervención, la dirigente autonómica ha reconocido que este es un "drama" que se ha producido en Madrid, en todas las comunidades autónomas y en otros países y cree que los políticos no deberían "jugar a ser médicos". Ha defendido que se han producido más de 10.000 trasladados de usuarios de residencias a hospitales y ha reconocido que es un virus "letal" para las personas mayores pero que la Comunidad de Madrid, en proporción con otras regiones, ha tenido menos fallecidos en residencias.

"Esto ha ocurrido en Canadá, en Francia, en Noruega... ¿Hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad, por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y cómo reforzar las residencias para un futuro estaremos ahí", ha aseverado.

No estarán, ha proseguido, en afirmaciones que señalen que a los españoles "se les ha dejado morir" ni que ha habido "criterios públicos y privados". "Se ha peleado por cada vida y en cada momento", ha reiterado.

"NO HAY CAUSA QUE JUSTIFIQUE TAL ATROCIDAD", DICE MONASTERIO

Por su parte, Monasterio ha recalcado que todos los ciudadanos son "libres e iguales" en el derecho a la dignidad humana y que el deber del Estado es el "de proteger la vida de los españoles, de todos, también de los ancianos".

Así, la portavoz de Vox ha sugerido que "la muerte de los ancianos en condiciones indignas" tiene que obligar a los dirigentes a "asumir su responsabilidad", por lo que apoyarán la comisión de investigación a la que espera que acuda el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, así como los miembros del Gobierno regional para dar respuesta de lo sucedido.

"Expliquen cuáles son los motivos de que existiera un plan sanitario para discriminar a los ancianos. No hay causa alguna que justifique tal atrocidad", ha lanzado.

 
El secretario de la Delegación admite que conocían los riesgos de la covid antes del 8-M

El secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, ha admitido ante la juez que investiga al delegado José Manuel Franco que conocían los riesgos del coronavirus antes del 8-M. Según han asegurado a Vozpópuli fuentes jurídicas, el testigo ha reconocido que tenían conocimiento -por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid- de las resoluciones del 6 y 7 de marzo emitidas por la Dirección de Salud Pública relativas a las medidas sanitarias en centros de mayores. Ha matizado, sin embargo, que no tenían información vinculada a las manifestaciones.

Talavera es el primero de los 11 testigos citados a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. En su declaración ha respaldado la versión del delegado del Gobierno: no podían prohibir las concentraciones. Este mismo miércoles, Franco ha asegurado que "no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8-M" y que "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios".

Aunque es la primera vez que Talavera comparece ante la juez, ya había respondido a preguntas del juzgado en el marco de los oficios requeridos los primeros dos meses de investigación. Según consta en el primer informe de la Guardia Civil, el 20 de abril el secretario general de la Delegación del Gobierno informó a la Policía Judicial que no había recibido ninguna comunicación sobre la covid-19 por parte de la Comunidad de Madrid hasta después del 14 de marzo, cuando ya se había decretado el estado de alarma.

Los correos de la Comunidad de Madrid

El pasado abril, el equipo de Isabel Díaz Ayuso desmintió esta versión e informó a la magistrada de que la Dirección General de Salud Pública sí había avisado al departamento del Ejecutivo sobre el "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones sobre medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo. Tal y como adelantó Vozpópuli, la Comunidad de Madrid envió la notificación a través de sendos correos electrónicos un día antes de la concentración. En ambos se adjuntaron las resoluciones publicadas el 7 de marzo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) relativas a las medidas sanitarias en los centros de mayores y en los centros de salud.

Ya en abril, la juez emitió un auto en el que requirió a la Delegación del Gobierno que informara sobre cuándo había recibido las resoluciones. En el marco de la petición, detalló el contenido de ambos escritos y destacó que -tal y como ha admitido este miércoles el secretario general- fueron publicados en el BOCM el pasado 7 de marzo, un día antes de la manifestación por el Día de la Mujer y una semana antes de que el Ejecutivo decretara el estado de alarma.

Las conclusiones de la Guardia Civil

La declaración de este miércoles ha tenido lugar un día después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordara seguir con las pesquisas y rechazara la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de archivar las diligencias. Ambas habían requerido el cese de la causa al considerar que no había indicios de delito.

La juez dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirusy permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer.

La magistrada intenta determinar si el Ministerio de Sanidad alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid antes del 8 de marzo. La Guardia Civil ha asegurado en sus informes que el equipo de Franco sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil.