Irene Montero fija la fecha de la ley del "sólo sí es sí"

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Ridícula Montero: "Si no hay testigos los jueces tienen pruebas testificales y las declaraciones de los testigos"




La Marquesa de Galapagar ha hecho el ridículo en una entrevista en La Sexta, con El Gran Wyoming. Preguntada por la nueva Ley de Libertad Sexual que pretende penas más severas para los autores de delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, Montero ha explicado que aunque no exista violencia o intimidación será considerada una agresión sexual, eliminando por tanto el concepto de abuso sexual.

También ha repasado la teoría del "sí es sí" y preguntada por Sandra Sabatés qué herramientas tendrán los jueces para valorar la prueba de la víctima si no existen otros medios de prueba como testigos, Montero ha contestado de manera lamentable y ha apuntado que: "Si no hay testigos los jueces tienen pruebas testificales y las declaraciones de los testigos"

Las redes sociales se han hecho eco de este error y han humillado a Montero por está enorme contradicción que demuestra que Montero no tiene ni idea y que el único propósito de esta nueva Ley es imponer su ideología. Unas incoherencias que también sacó a la luz el Ministro de Justicia, muy crítico y contrario a esta Ley.

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La Marquesa de Galapagar se humilla a sí misma en La Sexta ante El Gran Wyoming hablando de la nueva Ley de Libertad Sexual

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El borrador de Irene Montero bajaba 2,5 años las penas a 'La Manada'

La reforma del Código Penal propuesta inicialmente por el Ministerio de Igualdad obligaba a bajar dos años y medio las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los condenados de La Manada. El borrador de la ministra Irene Montero contemplaba una pena máxima para las violaciones más graves de 12 años y medio, frente a los 15 actualmente previstos y que se aplicaron a los cinco acusados de la violación múltiple en los Sanfermines de 2016.

Finalmente, el texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual sufrió numerosas modificaciones por parte del Ministerio de Justicia. Entre las de mayor trascendencia estuvo que las penas máximas posibles para las violaciones volvían a quedar en los actuales 15 años.

El Código Penal establece taxativamente que las reformas legales que beneficien a los ya condenados deben aplicarse retroactivamente. Eso supone que, de haber entrado en vigor la propuesta inicial de Igualdad, la Audiencia de Navarra habría tenido que comunicar a Instituciones Penitenciarias que los condenados de La Manada no debían cumplir 15 años, sino 12 y medio.

Conforme a la ley actual, para alcanzar esos 15 años es necesario que concurra alguna de las circunstancias agravantes previstas. Son cinco: actuación especialmente degradante, actuación en grupo, víctima especialmente vulnerable, aprovechar una relación de superioridad o uso de armas.

En el anteproyecto de Igualdad ya revisado por Justicia se exige que las circunstancias agravantes sean dos. Eso sí, se amplía la lista con otras tres, lo que facilita la concurrencia de varias: actuar con especial violencia, ser o haber sido pareja o haber drogado a la víctima.

EL DEBATE SOBRE LA REBAJA DE CONDENAS

La posibilidad de rebajar las condenas máximas por violación siempre ha estado sobre la mesa. Parte de la doctrina y del mundo judicial han sostenido que el principio de proporcionalidad debería impedir que se penara este delito como un homicidio -también 15 años de pena máxima-.

La propia ministra de Igualdad ha resaltado públicamente que sus propuestas de reforma no eran "punitivas", es decir, que no estaban centradas en la dureza de las penas.

La Comisión de Codificación a la que el Gobierno del PP encargó en 2018 la reforma de los delitos sexuales también llegó a estudiar la posibilidad de atemperar las penas. Finalmente lo descartó y el proyecto que remitió a Justicia mantenía los 15 años para los casos más graves.

El Gobierno no ha querido explicar oficialmente cuál es el texto que llevó el martes al Consejo de Ministros. Se conoce una versión -la que bajaba las penas de La Manada- que fue revisada por varios ministerios. En especial por Justicia, que presentó un informe de 26 folios con precisiones al anteproyecto.

En él se proponía modificar "el arco de pena establecido" para las agresiones sexuales. Algunas propuestas se plasmaron en una versión de anteproyecto que, por ejemplo, ya vuelve al máximo de 15 años.

TRES TIPOS DE VIOLACIONES

Montero ha negado que haya en el anteproyecto una rebaja de penas. "Es inexacto completamente decir que se bajan las penas", dijo públicamente el pasado lunes. Pese ello, la versión corregida del anteproyecto reduce todas las penas de violación, con excepción del caso extremo en el que entraría La Manada.

A efectos de la pena que es posible imponer, existen tres tipos de violaciones -que son las agresiones sexuales con penetración-: las que no van acompañadas de circunstancias que deban agravar la condena, las que sí incluyen una de esas circunstancias y las que van acompañadas de dos o más.

Las penas mínimas en los tres supuestos bajan varios años. Los máximos también bajan en dos de ellos. Si la norma entra en vigor conforme está redactada en la versión ya revisada, el tipo de violación básica conllevaría una pena de entre cuatro y 10 años. Actualmente es entre seis y 12 años.

Cuando concurra una circunstancia de las reseñadas en la ley se penará con prisión de siete a 12 años. Actualmente es de 12 a 15.

Finalmente, en casos como el de La Manada, con dos o más circunstancias agravantes, el máximo seguirá en 15, pero el mínimo posible de condena bajará de los 13 años y medio a los nueve y medio.

Lo que finalmente se apruebe y entre en vigor tendrá que haber sido revisado previamente por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del poder Judicial (CGPJ), que podrán proponer al Gobierno nuevas modificaciones. Eso sin contar las que se puedan producir durante su trámite parlamentario.

El borrador de Irene Montero bajaba 2,5 años las penas a 'La Manada'

La reforma del Código Penal propuesta inicialmente por el Ministerio de Igualdad obligaba a bajar dos años y medio las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los condenados de L

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La ministrilla Irene Montero deja a criterio de la mujer interpretar un piropo como un halago o como violencia sexual

La ex cajera de supermercado Irene Montero, hoy ministra de Igualdad, ha manifestado que una de las novedades de la Ley de Libertades Sexuales es que convierte el acoso callejero en delito reconocido en el Código Penal. Sobre cómo va a tipificarse, la política de extrema izquierda destacó que «lo que se incluye es el acoso ocasional de carácter sexista». «Se incluyen como violencia sexual y, por tanto, como una agresión sexual aquellos acosos ocasionales que se puedan sufrir en cualquier ámbito. Es verdad que se conoce como acoso callejero, pero si se da en un ámbito de trabajo o en un entorno de ocio que no sea la vía pública está contemplado también pueda serlo», argumentó Irene Montero.

Sobre las posibles acusaciones de que la Ley de Libertades Sexuales castiga los ‘piropos’, dijo que si un hombre «le llama ‘guapa’ a una mujer y ella lo interpreta como un halago, que es lo que se supone que es un piropo, no hay problema». «Sin embargo, si hace algo como, por ejemplo, por la noche seguir a una chica, cuando vuelven de una noche de ocio, y la víctima lo denuncia y un juez acredita que es un acoso, el que no tiene claro lo que es un piropo es usted», explicó.

La ministra de Igualdad, en este sentido, destacó que «a lo mejor se está confundiendo un piropo con una conducta que es una violencia sexual». «La sociedad también tiene que hacer una reflexión. Cosas que estaban normalizadas ahora entendemos que son agresiones, violencias machistas que se ejercen contra las mujeres por el hecho de serlo», subrayó.

Una de las claves de la Ley de Libertades Sexuales está en el consentimiento. A partir de ahora se considerará agresión sexual todo acto que no cuente con un consentimiento explícito de la mujer. «Tiene que existir por parte de la mujer un acto explícito evidente, que no tiene por qué ser verbal, de que quiere participar en esa relación sexual», explicó en laSexta.

Irene Montero considera que se trata de ir más allá de un simple cambio del Código Penal. «Ya no hace falta que estemos todo el rato poniendo en cuestión a la víctima. La clave ya no será probar el sometimiento de la víctima, ahora el consentimiento es el centro», sentenció la dirigente de Unidas Podemos, que definió la Ley de Libertades Sexuales como «pionera» y «novedosa».

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Expertos suecos y británicos destrozan a Irene Montero por la Ley de Libertad Sexual

Irene Montero, Marquesa consorte de Galapagar y Ministra de Igualdad por designación directa del Macho Alfa podemita, está demostrando que el cargo le viene grande. Follones constantes, postureo en las redes y una Ley de Libertad Sexual ampliamente criticada por los expertos porque es una chapuza jurídica. Podemos ha querido colar su ideología con calzador en la Ley y no entienden que esto - todavía - no es la Venezuela chavista por la que ellos suspiran.

Las críticas hacia la Ley que prepara Montero han alcanzado cuota internacional. Desde la Universidad de Estocolmo, el jurista Dennis Martinsson considera que "el principal problema que tenemos es la definición misma de qué es consentimiento y qué no lo es. La disposición sobre violación ha sido redactada de manera que lo define solo negativamente, en realidad establece cuando no lo hay. Deja margen para la interpretación y el tribunal interpreta de manera libre el significado".

La abogada Sandra Paul, de Reino Unido, considera que el sistema británico es más seguro ya que se pide la "prueba en dos etapas". En este sentido se establece por un lado si la víctima consintió y del otro si el acusado pensaba "razonablemente" que ese consentimiento existía. Es decir, hay garantias y no es necesario este "sí es sí" explícito que en un país como España provocará situaciones de picaresca.

Expertos suecos y británicos destrozan a Irene Montero por la Ley de Libertad Sexual

Cuestionan con argumentos jurídicos el "solo sí es sí" y otros preceptos que la Marquesa quiere introducir con calzador

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Ni el PSOE ni Podemos han inventado nada, el Código Penal de Primo de Rivera ya condenaba los piropos

La izquierda más radical de este país va de moderna y nos venden medidas que definen como pioneras a nivel mundial para luchar contra el machismo y en defensa de las mujeres. Y si hace unos días nos vendían una modificación legal para calificar los piropos como delito, hemos de decir a PSOE y a Podemos que ellos no han inventando nada y que hace casi cien años en España ya se prohibió esa práctica.

Sí, fue durante la dictadura del General Primo de Rivera cuando se aprobó el Código Penal en 1928, un texto legal que en su artículo 819 dice lo siguiente: «El que, aún con propósito de galantería, se dirigiese a una mujer con gesto, ademanes, o frases groseras o chabacanas, o la asedie con insistencia molesta de palabra o por escrito, será castigado con la pena de arresto de cinco a veinte días o multa de 50 a 500 pesetas».

En este enlace puedes acceder al texto completo del Código Penal de 1928.

Y es que ni Irene Montero ni su banda, ni Carmen Calvo, han inventado nada, ni han innovado en la defensa de la mujer, porque España en 1928 ya legisló sobre esa materia. Así que no nos vendan como novedad mundial algo que, en realidad no lo es, porque ya en la dictadura de Primo de Rivera se prohibieron esas prácticas.

Ni el PSOE ni Podemos han inventado nada, el Código Penal de Primo de Rivera ya condenaba los piropos - El Diestro

Hemos de decir a PSOE y a Podemos que ellos no han inventando nada y que hace casi cien años en España ya se prohibió esa práctica.

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La 'Ley de Libertad Sexual' censurará la publicidad y prohibirá los anuncios de lenceria

La llamada ley Montero, que pretende convertirse en la nueva Ley de Libertad Sexual, está generando mucha polémica. No solo ha caído como una bomba entre la opinión pública, sino que ha dividido al propio Gobierno. El Ministerio de Igualdad la ha bautizado lanzando uno de los eslóganes más surrealistas de todos los tiempos: "para que las mujeres puedan volver solas y borrachas a casa". No hace falta decir nada más, la realidad siempre supera la ficción.

Con la nueva Ley de Libertad Sexual nuestro país convertirá su legislación en las más feminista y restrictiva de toda Europa. Se incluyen nuevos delitos, como el "acoso ocasional", que castiga el acoso puntual, sexista o sexual, contra las mujeres en el entorno callejero o en los espacios de ocio.

Este nuevo tipo penal tiene carácter "leve" y castigará por primera vez "expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria". Por ejemplo, los piropos.

La conocida como 'ley del sí es sí' imputará delitos a toda relación sexual que no sea consentida con un 'sí' explícito por la mujer, lo que abre sin duda un peligroso abismo de ilegalidad y sienta un precedente legal de imprevisibles consecuencias: ¿cómo demostrará cualquier hombre que el sexo era consentido ante un tribunal? ¿La denuncia de cualquier loca despechada servirá para llevar a un varón directamente a la cárcel?

PROHIBIDA LA PUBLICIDAD

Uno de los puntos que ha pasado más desapercibido, pero que es igual de radical, tiene que ver con la publicidad en la que aparezcan mujeres. Bajo el Caballo de Troya de la democracia y la libertad, los comunistas esconden el totalitarismo más atroz: van a prohibir todo lo que no les gusta. Pero recuerda: el fascista eres tú. En el artículo 10 de la nuevo ley se incluye un punto llamado "prevención y sensibilización en el ámbito publicitario". Debajo de ese epígrafe se puede leer que: "se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten las violencias sexuales contra las mujeres".

Además, se considerarán ilícitos "los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar". Esto supone que, en la práctica, un anuncio de perfume en el que una mujer salga en ropa interior puede ser censurado, mientras que si sale un hombre en calzoncillos no pasaría nada. ¿Es esta la igualdad que pregona el feminismo? Para aprobar esta nueva normativa, el Gobierno pretende cambiar, tal y como señala El Independiente, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad 34/1988. Si la Ley no les da la razón, la cambian y se la hacen a medida.

Pero además, la norma no solo afectará a la publicidad en sí, ya que dará especial relevancia a los mensajes "sexistas" lanzados por medios de comunicación. Para ello, pretende formar a los profesionales de la comunicación para capacitarlos e informar "sobre las violencias sexuales con objetividad, sin estereotipos de género, con pleno respeto a la dignidad de las víctimas y su derecho a la libertad, el honor, la intimidad y la propia imagen".

Eso sí, los hombres podrán salir desnudos, en calzoncillos o ser cosificados. No pasa nada. ¿Y si un hombre cobra menos que una mujer por hacer el mismo trabajo? ¿También lo vetarán? ¿Y las chicas que quieran trabajar de azafatas, modelos o prestar su imagen a un evento? ¿Les prohibirán trabajar? ¿La libertad es solo lo que dicen ellas? ¿Es el feminismo la nueva censura del siglo XXI?

La 'Ley de Libertad Sexual' censurará la publicidad y prohibirá los anuncios de lenceria

La nueva 'ley Montero' ilegalizará la publicidad que exhiba el cuerpo femenino para vender productos.

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El Gobierno retira la polémica ley de libertad sexual para volver a cambiarla

El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que se convirtió en el centro de la primera gran crisis del Gobierno de coalición en la antesala de la pandemia, se encuentra paralizado. El Ejecutivo acaba de contactar con los órganos consultivos que debían elaborar informes sobre su contenido para informarles de que retira la petición de estudio que formuló hace un mes. Esta solicitud de retirada del texto enviado obedece, según indica una nota firmada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, a que se espera poder remitir no la versión actual sino otra "más acabada del texto" que incluya "el criterio y las observaciones de otros Ministerios" ajenos al de Igualdad. La iniciativa legislativa fue el buque insignia del departamento que dirige Irene Montero al inicio de la legislatura. El proyecto sigue adelante pero sufrirá modificaciones.

Fuentes del Ministerio de Igualdad atribuyen este paso dado por el ministerio de Campo a un "error humano" de uno de los cargos de Justicia que, según explican, remitió el texto del anteproyecto que fue aprobado en marzo el pasado 14 de julio al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. En ese momento, aún se encontraba a falta de las aportaciones de las secretarías técnicas de distintos departamentos. "No se retira la ley de ningún sitio, simplemente se equivocan al enviarlo", destacan desde el área de Montero. Por su parte, Justicia explica que la retirada del texto se ha debido a un "problema de coordinación" provocado porque entendió que esa tramitación que correspondía a Igualdad, ya estaba hecha. Los informes de las secretarías técnicas suelen realizarse antes de la aprobación del texto y no después.

El departamento de Campo entendió que ya procedía la petición de informe al CGPJ y el Consejo Fiscal, ya que Igualdad pidió el informe técnico de Justicia que, como Ministerio coproponente, es el último que ha de informar. No puede hacerlo, sin embargo, sin recabar previamente el criterio de los órganos antes citados, añade. "Se trata de un malentendido sin transcendencia práctica: cuando se complete por Igualdad la tramitación con los informes de los demás ministerios, se volverá a reiterar la petición de informe a CGPJ y Consejo Fiscal, que es la petición que se ha retirado por una mera cuestión de orden procedimental, y no de fondo", añaden las fuentes consultadas.

El anteproyecto se aprobó 'in extremis' en la antesala de la celebración del 8 de marzo. El Consejo de Ministros la avaló el martes 3 de marzo, a solo unos días de las marchas previstas por el Día Internacional de la Mujer. El empeño de Igualdad en sacarla adelante antes de esa fecha generó tensiones en el Ejecutivo. El Ministerio de Justicia elaboró un informe en el que se ponían de manifiesto numerosas inconsistencias técnicas y los de Montero interpretaron las observaciones como un intento por congelar la iniciativa. El propio Pablo Iglesias realizó unas declaraciones después de que trascendieran las alegaciones del departamento de Juan Carlos Campo en las que indicaba que detrás de ellas había "mucho machista frustrado".

El movimiento que ha ejecutado ahora el Ejecutivo es del todo inusual. Tras la aprobación de un anteproyecto de ley orgánica lo habitual es remitir el texto al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para que los tres organismo examinen su redacción y den su criterio. La intención con este trámite es la de solventar carencias y enriquecer las iniciativas legislativas que, posteriormente, inician su andadura en las cámaras legislativas -Congreso y Senado- donde las leyes sufren nuevos cambios a través de la presentación y aprobación de enmiendas. En este caso, no obstante, el proceso se ha cortado antes de iniciarse. Las fuentes consultadas esperan que el texto definitivo que revisarán los órganos consultivos esté listo el próximo septiembre.

La nota en la que Justicia informa de la retirada, consultada por El Confidencial, aclara que el texto se envió hace justo un mes, el pasado julio. El proceso habitual quedó congelado a consecuencia de la expansión del virus y la imposición del estado de alarma. El argumento ofrecido para recuperar el articulado y entregarlo de nuevo modificado (que el resto de ministerios deben opinar) fue ya hace meses una de las principales críticas de la parte socialista del Gobierno a sus socios.

Lo habitual en la elaboración de leyes es que el Ministerio que impulsa la iniciativa dé parte a sus homólogos de otras carteras con tiempo suficiente para que estos lo examinen y, si ven defectos, los comuniquen para su incorporación. Las prisas para que el anteproyecto viera la luz antes del 8-M cercenaron este trámite. Los ministerios no tuvieron tiempo material de analizar la propuesta de norma y, de hecho, Igualdad fue elaborando borradores con modificaciones hasta unas horas antes de su aprobación y adolecía de problemas técnicos.

Rebaja de penas por agresión grupal

Uno de los problemas que incluía el texto que levantó la inquietud de jueces y fiscales fue la inclusión de penas menores a las actuales para los nuevos delitos de agresión y violación. La agresión grupal, castigada con más o menos años en función de las agravantes afectaría a condenas en casos como el de la Manada. En uno de los borradores del anteproyecto.

El texto acababa con la distinción entre abuso y agresión sexual. En él se castigaban las violaciones con penas de cuatro a 10 años, que podían llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes. Toda penetración sin consentimiento será considerada una violación, tal como establece el Convenio de Estambul aunque la denominación, es decir, el uso del término violación, era meramente simbólica, ya que en la práctica se preveían penas menores a las actuales.

No era este el único punto oscuro. Los juristas señalaban que el borrador del anteproyecto estaba invadido por un espíritu "sociológico" o "político" que no se corresponde con el de un texto legal. También que trataba de rectificar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre asuntos como la valoración del acoso. Hasta el momento, se apreciaba este si la conducta suponía una perturbación grave de la vida de la víctima. Ahora se castigará con la pena de prisión de tres meses a dos años al que acose "de forma insistente y reiterada" de modo que altere "de cualquier modo" el desarrollo de la vida de la víctima.

Otra de las inconsistencias señaladas es la que afecta a actuales condenas por prisión permanente revisable. Pese a las críticas contra este tipo de condena desde las filas del partido al que pertenece Irene Montero, el borrador existente no solo desaprovecha la ocasión de eliminarla para los casos en los que se combina la agresión sexual con el asesinato sino que la redacción actual favorece la imposición de esta pena. El anteproyecto especifica que, si además del atentado a la libertad sexual se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, integridad moral o bienes de la víctima, "se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos".

Justicia fue de los pocos departamentos que sí revisó el articulado. Un total de 15 artículos de 61 y seis de las disposiciones finales de las 22 de las que dispone el anteproyecto que aún se encuentra bajo revisión fueron enmendados. El departamento de Campo criticaba a lo largo de casi 30 páginas que la ley propuesta era "una norma programática" e indicaba que no contenía "proposiciones imperativas" ni establecía "mecanismos suficientes para asegurar su aplicación". "No resulta adecuada la técnica legislativa empleada", decía el documento que reprochaba a Igualdad su forma errática de incluir regulaciones, saltando sin sentido aparente de los artículos a las disposiciones adicionales, o la introducción de contenidos que no requieren rango de ley y para los que bastaría un impulso de "política pública".

El Gobierno retira la polémica ley de libertad sexual para volver a cambiarla

La solicitud de retirada obedece a que se espera poder remitir "una versión más acabada del texto que incluya el criterio y las observaciones de otros Ministerios" ajenos a Igualdad

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El Poder Judicial rechaza por unanimidad los ejes del 'solo sí es sí' de Irene Montero​

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, acogiendo el texto de la ponencia de los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda que se mostraba crítico con la iniciativa más conocida como la Ley del ´si es sí' impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, informan fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.

Este es un paso antes de la tramitación de cada ley que consiste en pedir opinión a los órganos consultivos, entre ellos la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. Su opinión no es vinculante, pero sirve como referencia a la hora de advertir fallos en el texto impulsado por el Gobierno. Este debate se ha producido en el Pleno que están celebrando los vocales del Consejo con la vista puesta en las conversaciones entre PP y PSOE para la renovación del órgano y que incluye a otras instituciones. La reunión ha comenzado a las 10.30 horas y también han acordado posponer los nombramientos de nuevos jueces a la semana que viene para facilitar el acuerdo.

Roser Bach fue propuesta para integrar el órgano por el PSOE, Juan Manuel Fernández por el PP y Pilar Sepúlveda, por el PSOE. Esta última es abogada experta en violencia de género de Sevilla. El informe aprobado critica algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. Los magistrados no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción. De hecho, la consideran "innecesaria" porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento", aunque no incluya una definición del concepto.

Además, cree que el consentimiento plantea una "problemática probatoria" (cuándo existe o no consentimiento), y que las eventuales dificultades procesales para acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad con la incorporación de una definición normativa de un elemento típico. A juicio de los vocales del Pleno del CGPJ, la definición desplaza la carga probatoria, configurando un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad.

"No logrará evitar la victimización"​

"De esta forma, se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", apuntan las observaciones de los magistrados, avanzadas por Europa Press. Del mismo modo, apuntan que esta redacción "no logrará evitar la victimización secundaria" porque "hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes.

Además, cree que la definición de consentimiento contiene "elementos contradictorios" al "admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa". Para eliminar esa contradicción se propone que el precepto se refiera a la voluntad a secas, como, señalan, ya hace el Código Penal, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.

Una de las principales medidas que incorpora esta ley del 'solo sí es sí' es la unión en una misma tipificación de delito el abuso y la agresión sexual. Uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de 'La Manada' de Pamplona. A juicio del Consejo esto entraña riesgos ya que el autor del delito "no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor".

Proponen sustituirlo por una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior. El informe señala, además, que esta medida incurre "en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad". El CGPJ reconoce que, para evitarlo se ha incorporado en la norma un tipo atenuado facultativo que permite al juzgador imponer una pena menos grave en atención a la "menor entidad del hecho". Sin embargo, los magistrados creen que "adolece de imprecisión y falta de taxatividad, dejando un amplísimo margen interpretativo que podría comprometer el principio constitucional de legalidad penal".

La decisión del CGPJ se produce después de que el Consejo Fiscal (la Fiscalía) sí avalase el anteproyecto a finales del año pasado. Entendían que la definición de consentimiento otorga "más claridad a esta figura". Aún así, instaba a mejorar algunos puntos. A estos dos informes, hay que sumar el del Consejo de Estado. Una vez valorado por los tres organismos, este anteproyecto, que fue aprobado como tal por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020, deberá volver a ser aprobado por el Ejecutivo como Proyecto de Ley y después iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El Poder Judicial rechaza por unanimidad los ejes del 'solo sí es sí' de Irene Montero

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, acogiendo el texto

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Sánchez anuncia ante Irene Montero que el Gobierno aprobará la ley del 'solo sí es sí'​

En un acto conjunto con el presidente del Ejecutivo, la ministra de Igualdad ha afirmado que actualmente existe una "cuarta ola feminista" que es "diversa" e "intergeneracional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que el Gobierno aprobará "dentro de muy poco" la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del 'Sí es Sí'.

"Ministra, estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a poder aprobar definitivamente esa Ley del 'sí es sí' para que solo el 'sí' sea 'sí", ha dicho en un acto institucional con motivo de esta efeméride en el que también ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Ya se ha terminado el tiempo en el que las violencias a las que se ven sometidas las mujeres por ser mujeres, físicas, psicológicas y sexuales queden escondidas bajo el silencio y la impunidad", ha señalado el presidente.

Según ha asegurado, desde el Gobierno son "conscientes" de que existe una "deuda" aún con las mujeres, al reconocer que "el machismo es una desigualdad estructural" que exige aprobar medidas transversales en todos los ámbitos y con todos los recursos disponibles.

Si bien, se ha congratulado de las acciones del Gobierno realizadas "con perspectiva de género", mencionando entre ellas, la creación de nuevo de un Ministerio de Igualdad o conseguir la "paridad institucional", además de "un largo etcétera" de medidas.

Así, Sánchez se ha ofrecido para luchar contra la desigualdad de género: "Mi voz está aquí para unirse sin reservas y sin fisuras a la lucha contra los privilegios de todo tipo, pero sobre todo contra esos privilegios que tienen los hombres en nuestras sociedades". Estos "privilegios" son, según Sánchez, "un lastre que solo genera violencia, desigualdad e injusticia".

El presidente también ha hablado sobre cómo la crisis social y económica provocada por la pandemia ha profundizado más en las desigualdades, agrandando las brechas de género y haciendo más "angustiosas" sus consecuencias sobre las mujeres. Por eso, ha recordado que, durante este periodo, el Gobierno tuvo que "acelerar" la "agenda feminista". "En esta lucha nos lo jugamos todo, el progreso, la decencia como país e incluso el crecimiento económico", justifica Sánchez, que ha avisado de que hay "quienes quieren hacer retroceder el camino recorrido".

"Amenaza" de la ultraderecha​

En este sentido, Sánchez se ha referido en concreto a la ultraderecha: "No podemos obviar otra amenaza que es terrible, la aparición de la ultraderecha, con su discurso de odio y su machismo descarnado; la ultraderecha no es una fuerza de resistencia al feminismo, es una fuerza de retroceso".

Así, el presidente del Gobierno ha afirmado que la ultraderecha "no se limita a frenar avances" sino que "propugna una vuelta atrás, a la época de inferioridad de las mujeres, a los tiempos de la sumisión", ya que "siente nostalgia por unos tiempos en que estaba al alcance de los hombres hacer y deshacer a su antojo la vida de las mujeres", cuando éstas estaban a su disposición como si fueran un "servicio gratuito" o "un objeto de disfrute sexual".

Y es que, tal y como ha señalado, "el feminismo es una lucha colectiva, no es solamente una lucha de las mujeres", sino una lucha "por y para las mujeres" para mejorar las sociedades. Así, apela a iniciar una "grandísima transformación" de manera "urgente", ya que se trata del "único camino posible hacia un futuro justo".

20 años del caso 'Nevenka​

El presidente ha concluido su discurso recordando el caso de Nevenka Fernández, primera mujer española en lograr una condena por acoso sexual a un cargo público, caso del que se cumplen ahora 20 años, y que Netflix ha recuperado con un documental.

Según Sánchez, en la serie se puede contemplar la lucha de esta concejala de Ponferrada (León) contra el "poder omnímodo de su acosador", contra la "complicidad" de sus compañeros con él, contra "los prejuicios de muchos vecinos" o incluso de la Fiscalía, que arremetía contra la víctima y no contra el agresor.

"Es mucho lo que la sociedad española ha cambiado en estas dos décadas, pero aún hay demasiadas mujeres que soportan el acoso en el trabajo, que se ven relegadas en su profesión por ser mujeres, que cruzan con miedo las calles en la noche y que tiemblan cuando sus parejas alzan la voz", admite.

Así, afirma que las causas de "todas" las mujeres son también la causa de este Gobierno de coalición y "de la mayoría cada vez más nutrida de la sociedad española". "La injusticia es tan infame que solo podemos erradicarla con la unidad de todos", ha dicho Sánchez, que ha apelado especialmente a los hombres en esta lucha, ya que "ellas ya están implicadas".

La "poderosa fuerza" del feminismo​

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha recordado que si este lunes se puede celebrar el 8-M es gracias a que otras mujeres lucharon por la igualdad antes.

En este sentido, la ministra ha querido hacer una mención especial a las "millones de mujeres que en 2018 pararon este país con una huelga feminista histórica", y que desde entonces sostienen, en su opinión, una "cuarta ola feminista" que es "diversa" e "intergeneracional". También ha incluido a las más jóvenes en este agradecimiento, ya que han tenido que aguantar un año "difícil" por la pandemia pero han tenido "ejemplaridad": "Gracias a vosotras este presente y futuro es feminista".

Para Montero, "siempre ha habido mujeres sosteniendo la vida y en primera línea de la conquista de los derechos" que hoy las mujeres tienen. Sin embargo, lamenta que no "siempre" ha habido "gobiernos dispuestos a reconocer la hipocresía de nuestra economía y sociedad, un gigante con pies de barro que se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres", es decir, "un gobierno con voluntad firme de transformar la raíz de las desigualdades y de las violencias que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres".

La ministra avisa de que España "no puede construirse con las mujeres en una esquina, en los márgenes" y "no puede permitirse que unas pocas rompan techos de cristal mientras la mayoría, las humildes, pobres, migrantes, siguen atadas a un suelo pegajoso que las condena a recoger esos cristales".

Y bastará, según ella, una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. "Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permaneced vigilantes toda vuestra vida", ha dicho citando a Simone de Beauvoir. "España no puede permitirse salir de esta crisis otra vez a costa de las mujeres", agrega Montero, que reconoce que aunque este año el 8M es "diferente", el feminismo tiene una "poderosa fuerza" cuando se une para "defender la vida".

Sánchez anuncia ante Irene Montero que el Gobierno aprobará la ley del 'solo sí es sí'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que el Gobierno aprobará "dentro de muy poco" la Ley Orgánica de

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Luz verde a la ley del ‘sólo sí es sí’ con una nueva definición del consentimiento​

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que cambia la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regula el consentimiento expreso, acaba con la distinción entre abuso y violación y persigue a la industria proxeneta.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado, tras el Consejo de Ministros, que la ley supone "un avance decidido en la protección integral de las mujeres y los niños" y que "sitúa a la víctima en el centro de la acción pública".

Consentimiento expreso, la clave​

Ha destacado además que el nuevo texto pone el foco en el consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual: "Si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual", ha resumido.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que no ha comparecido tras el Consejo de Ministros, ha explicado a través de un vídeo publicado en las redes sociales que "hoy es uno de esos días en los que la política está a la altura de las demandas de la sociedad, y en concreto, de las demandas feministas, de las mujeres".




La titular de Igualdad ha añadido que esta ley libera a las mujeres de tener que demostrar que se resistieron, que hubo violencia o que se sintieron intimidadas. "Toda relación sexual sin consentimiento es una agresión", ha subrayado.

El Ejecutivo ha dado luz verde, después de 16 meses de camino tortuoso, a una legislación que amplía el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja y la expareja y que ha sido ampliamente demandada por el movimiento feminista, sobre todo a raíz de la violación grupal de La Manada, acaecida en los Sanfermines de 2016.

Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal​

El consentimiento expreso pasa a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Con esta reforma, las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido: todo acto sexual sin consentimiento, como ha especificado la ministra de Igualdad, será agresión. Por ello, se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

El consentimiento, pilar del proyecto, fue duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó también la supresión del abuso sexual.

El Consejo Fiscal, que sí avaló el anteproyecto, sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, recomendación que finalmente se ha tenido en cuenta.

Finalmente, el Ejecutivo aprueba el texto tras 16 meses de vicisitudes, pues el anteproyecto salió del Consejo de Ministros en marzo de 2020, tiempo en el que se produjeron diferencias entre Igualdad y Justicia y críticas del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad su redacción, si bien el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado lo respaldaron.

Las agresiones grupales, un agravante​

Además de actualizar la tipificación de los delitos sexuales (con un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos), la ley aborda múltiples ámbitos.

Considera como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

Evitar la revictimización​

La nueva legislación pretende evitar también la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.

El Gobierno aspira además a acabar con la impunidad de la industria proxeneta y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.

'Casas de niños' y centros de crisis 24 h​

El nuevo texto cuenta con un apartado especial para los menores: contempla la creación de casas de niños -en cada una de las provincias, según ha especificado la ministra portavoz, María Jesús Montero-, para atender de forma especializada a los menores víctimas de violencia sexual, centros en los que se lleven a cabo todas las diligencias y tratamientos necesarios.

La idea, en palabras de Montero, es que los profesionales que tienen que atender a un menor afectado estén a su disposición (estando éste en el centro de la acción) y no que la víctima tenga que personarse en las distintas instancias.

Septiembre, inicio de la tramitación parlamentaria​

Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años.

El Ejecutivo prevé que el texto legal comience su tramitación parlamentaria en septiembre. En este sentido, La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha expresado su deseo de que el texto "pueda ser aprobado por una amplia mayoría".

Luz verde a la ley del ‘sólo sí es sí’ con una nueva definición del consentimiento

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que cambiará la forma en que se

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La última del Gobierno: Quiere transformar la cultura sexual de los españoles​

El Gobierno social comunista que nos desgobierna ha presentado hoy el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual. Y en su presentación, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la portaCoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho lo siguiente:

“Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada,y la cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es muy clara: Si tú no quieres no tienes que participar en ningún acto sexual”.

Y ante estas afirmaciones del Gobierno, las preguntas que nos hacemos son las siguientes: En las relaciones sexuales entre dos hombres, ¿quién ha de prestar el consentimiento?, y en las relaciones sexuales entre dos mujeres, ¿quién ha de prestar el consetimiento?, porque dice el Gobierno que se ha de poner “ese consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada”.

Y si en una orgía en la que participan 2 ó 3 mujeres y un hombre, ¿quién ha de prestar el consentimiento? Y si el hombre acusado por una mujer resulta que en el Registro Civil aparece inscrito como mujer porque se ha cambiado de sexo por obra y gracia de la Ley Trans, ¿cómo actuamos?

La verdad es que todo esto carece de sentido. Esta es la consecuencia de legislar sin criterio y actuando como iluminados.

La última del Gobierno: Quiere transformar la cultura sexual de los españoles - El Diestro

La última del Gobierno: Quiere transformar la cultura sexual de los españoles...

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INCREIBLE. APROBADO EL PROYECTO DE LEY DEL "SÓLO SÍ ES SÍ" de IRENE MONTERO.

 

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APROBADA LA LEY "SÓLO SÍ ES SÍ".PUEDES IR A PRISIÓN POR NADA. Bambi es bonito.

 

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GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL POR IRENE MONTERO

trotapoker.tv

GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL POR IRENE MONTERO

 

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Así es la nueva Ley de Irene Montero

Recientemente, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el proyecto estrella de Irene Montero. Aunque esta ley toca muchos aspectos, en este vídeo analizamos uno en concreto: la reforma del Código Penal en lo que atañe a los delitos sexuales.