La Justicia ya investiga fraudes por la compra de votos en siete comunidades
ndalucía,
Melilla, Cataluña, Canarias, Murcia, Castilla y León y Extremadura. La Justicia ya investiga en siete regiones españolas presuntos fraudes por la compra de votos para las elecciones de este domingo. En los tres últimos días de campaña electoral, Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado dos tramas que adulteraban los sufragios mediante el pago de dinero y otras promesas electorales, y han detenido a 32 personas, algunas de distinto signo político, por estar implicados en las mismas.
La operación policial que desató el ‘terremoto’ de casos fue la de la
ciudad autónoma. Los agentes han detenido hasta el momento a 12 personas. Dos de ellos son
Abdel-ilah Nourdine Ahmed, yerno de Mustafa Aberchán, el líder de Coalición por
Melilla (CpM), y
Mohamed Ahmed Al-lal, consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno melillense, que este miércoles fue cesado de su puesto.
En connivencia con otros miembros -pequeños delincuentes dedicados al trapicheo de droga, que se encargaban de captar a votantes en barrios marginales-, esta red fue capaz de
comprar el voto por correo de 8.000 ciudadanos, en su mayoría musulmanes, según las pesquisas policiales.
Las alarmas saltaron cuando 11.700 melillenses pidieron el voto por correo para los comicios, casi un tercio del censo electoral.
El PSOE de Mojácar
Apenas unas horas después de que los arrestados en Melilla fueran puestos en libertad, acusados de delito electoral y organización criminal, la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil daba
un nuevo golpe en la localidad almeriense de Mojácar. La operación, iniciada un mes antes por la denuncia de un ciudadano al que habían intentado comprar el voto, culminaba este miércoles con la detención de siete personas. Entre los mismos están el
número 2 y el
5 de la lista del PSOE a las elecciones,
Francisco Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González.
A través de uno de los implicados, de origen latinoamericano, la trama pretendía hacerse con 500 votos, todos ellos de ciudadanos de origen extranjero, para arrebatar la alcaldía al Partido Popular. Pagaban 100 euros por cada voto, pero también aseguraban puestos de trabajo si ganaban las elecciones. Además, según los investigadores, en ocasiones pagaban un plus de 50 euros a los ciudadanos captados si convencían a gente de su entorno para vender el sufragio.
Cataluña y Murcia
En paralelo a estos dos casos, Cataluña también ha entrado en el radar de la investigación policial. Tal y como adelantó este periódico, los agentes investigan si una rama de la trama de Melilla ha podido comprar votos mediante el mismo
modus operandi para favorecer a partidos en Cataluña. Los investigadores pusieron el foco en esta comunidad autónoma cuando el martes detuvieron a una persona por «el intento consumado de soborno a funcionarios de Correos en Barcelona».
El jueves el escenario no fue muy distinto. La Guardia Civil detuvo a la candidata a la Alcaldía del PSOE de Albudeite (Murcia), una población de 1.300 habitantes, por la presunta compra de votos en las elecciones del 28-M. La operación culminó con otros 12 detenidos, entre ellos el
número 19 de la lista del Partido Socialista para la Asamblea de Murcia, Héctor Antonio Martínez, y otro miembro de la candidatura de Peñalver, cuyo nombre no ha trascendido.
Los votos que pueden decidir el Gobierno canario
Más graves, en cualquier caso, son los hechos que la Justicia está investigando con l
os votos por correo en La Gomera, y que podrían decantar el Gobierno canario. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico,
Anticorrupción abrió diligencias el pasado 19 de mayo a raíz de una denuncia. No obstante, esas diligencias se archivaron al tener conocimiento de que había otra denuncia por los mismos hechos en el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de la Gomera. Ahora, los jueces siguen investigando, pero sin que hasta el momento el caso se dirija contra persona alguna.
En los documentos aportados a la denuncia, adelantados por
Canarias Ahora, el Cabildo de La Gomera,
Casimiro Curbelo, tramitó al menos una veintena de certificados digitales en los últimos meses. De acuerdo con algunas fotografías incorporadas a la investigación, estos certificados fueron instalados en uno de los ordenadores de la Corporación.
El fin habría sido tramitar las solicitudes de voto por correo de diferentes vecinos desde un despacho del Cabildo.
La sombra del fraude electoral en los próximos comicios municipales incluye también los casos de dos municipios de Cáceres y Zamora. El PSOE ha denunciando ante la Fiscalía de Cáceres un presunto fraude en
Casares de las Hurdes. La denuncia va en contra de
Miguel Ángel Domínguez, concejal y teniente alcalde de la citada localidad y que, según señala el escrito, habría coaccionado a varios vecinos para que le dieran a él directamente el voto por correo que habían recibido. A última hora de este jueves, la Fiscalía abría diligencias de investigación para estudiar el caso.
Del mismo modo, el Partido Socialista de
Zamora ha denunciado también ante la Guardia Civil al alcalde del pueblo de
Moraleja de Sagayo y candidato por la formación Zamora Sí,
Ángel Villamor, por una posible irregularidad en los votos por correo. Al parecer, el primer edil habría pedido el voto por correo para medio centenar de personas de la residencia de mayores de Moraleja.
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