La Policía acelera el traslado de inmigrantes de Canarias a la península en vísperas de la visita de Marlaska y la comisaria europea​

La Policía ha acelerado en las últimas horas el traslado a la península de los inmigrantes llegados a Canarias en las últimas semanas. Según informan fuentes policiales, durante el día de hoy, se han aprovechado cuatro vuelos para realizar estos viajes por grupos. Para mañana por la mañana están previstos utilizar otros cuatro vuelos.

Se trata, según estas fuentes, de descongestionar los recintos de Gran Canaria donde se está atendiendo a los inmigrantes, en concreto, el muelle de Arguineguín, donde las carpas de las ONG donde se acogen a los llegados por mar estaban claramente superadas y las condiciones higiénicas, manifiestamente mejorables.

Este acelerón coincide con la llegada mañana a mediodía a Gran Canaria del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que se desplazarán a la isla para conocer de primera mano al situación provocada por las llegadas irregulares a la comunidad y las medidas para hacer frente a la situación.

El sindicato Jupol no considera lógico que se produzcan estas situaciones, estos traslados, ante la visita del ministro. Denuncia, además, que estos traslados están retrasando los vuelos regulares. De hecho, se están utilizando vuelos comerciales para llevar a cabo los viajes de los inmigrantes, con el consiguiente movimiento policial para acompañarlos, aseguran desde este sindicato que recuerdan que se han llegado a juntar más de 1.500 inmigrantes en esta isla y que la logística para atenderlos se ha visto claramente superada.

Los sindicatos policiales reclaman al Ministerio del Interior un aumento de plantillas en Canarias para poder hacer frente a esta crisis migratoria en la zona. Así se pronuncian tanto Jusapol como el SUP ante la visita del ministro del Interior.

 

Pedro Sánchez se prepara para la avalancha migratoria: gastará 21 millones en un nuevo CIE​

El Gobierno es conocedor de la situación que se avecina, y por ello en el próximo Consejo de Ministros aprobará la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras. El coste del proyecto será superior a los 21 millones de euros, que serán sufragados por el Gobierno de España.

La noticia no ha sentado nada bien a los ciudadanos gaditanos, que ven como sus localidades continúan llenándose poco a poco de mayor número de inmigrantes ilegales. Sin embargo, desde el Ejecutivo lo ven con otros ojos, y aseguran que el objetivo es conseguir que los inmigrantes tengan «unas condiciones dignas y acordes con todos los parámetros que nos parecen razonables desde el punto de vista de los derechos humanos».

Un total de 20 asociaciones de Algeciras, han organizado una plataforma de rechazo hacia el plan de Pedro Sánchez. Consideran que los más de 21 millones que van a despilfarrarse en el nuevo CIE servirían para dar un impulso a la ciudad, muy necesitada de servicios esenciales en estos momentos.

Si miramos detenidamente las cuentas públicas del Ayuntamiento de Algeciras, se puede apreciar como los 21 millones de euros -más IVA-, suponen algo más del 20 por ciento del presupuesto del consistorio para el próximo año. Sin embargo, no van a servir para que los ciudadanos de la localidad se beneficien de absolutamente nada. Si el Gobierno trasvasase ese dinero a las cuentas públicas del ayuntamiento, se podría fomentar una gran cantidad de inversiones que actualmente se encuentran paralizadas por falta de financiación.


No sería mejor no dejarles entrar y gastar ese dinero en ayudar a la gente que está perdiendo su trabajo y cerrando sus negocios? 🤔
Qué cosas tengo a veces...
 

Cruz Roja, CEAR y ACCEM recibirán 165 millones para atender inmigrantes​

Madrid, 6 nov (EFE).- Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem, ONG que gestionan el 70 % de las plazas de acogida para inmigrantes en el país, recibirán en 2021 subvenciones nominativas por importe de 165 millones de euros para continuar su tarea mientras el Gobierno revisa el sistema.

Lo ha detallado en el Congreso la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, quien ha defendido estas ayudas directas después de que el PP denunciara un "dedazo" a favor de CEAR, que tuvo como secretario general al actual diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago.

"Pablo Iglesias ha salido victorioso y ha premiado a esta ONG", ha subrayado el diputado José Ortiz, que ha considerado que el proceso es "un auténtico insulto" al resto de organizaciones y ha exigido volver a un sistema más transparente, justo y de libre concurrencia.

"Esto no depende de la ideología política de cada ONG. Yo no le pregunto a Cruz Roja de qué partido es; tiene un sistema de atención en costa maravilloso y jamás nos hemos planteado su ideología", ha respondido Jalloul.

Tras hacer hincapié en que las tres gestionan el 70 % de las plazas, ha explicado que se ha optado por este sistema para asegurar la transición a un nuevo modelo en la red de acogida en el que el Gobierno quiero apostar por los centros propios y ha precisado que las cantidades se han fijado atendiendo a los proyectos y programas que tienen en marcha, para que no se caiga ninguno.

Según el proyecto de presupuestos, Cruz Roja recibirá el próximo año 87,5 millones de euros; CEAR, 47,5; y Accem, 30,5 millones.

Jalloul ha recordado que los presupuestos incluyen la creación de 3.500 plazas nuevas de acogida y ha avanzado que su intención es añadir mil más a esa cifra para reforzar la autonomía y la capacidad de asistencia.

De los 487 millones presupuestados para el departamento, el grueso (424) están destinados a acciones a favor de los inmigrantes, lo que supone un aumento del 33 %, incluida la atención humanitaria y la asistencia a los solicitantes de asilo y protección humanitaria

El PP ha criticado que "todos los recursos" se destinen a atender a los que llegan de manera irregular en lugar de destinarlos a prevenir y controlar los flujos: "Con estos presupuestos las mafias siguen ganando dinero con la inmigración irregular", ha denunciado su portavoz.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío de Meer, ha cuestionado que se destinen millones a atender a los inmigrantes en vez de a los españoles, convencida de que "la caridad bien hecha empieza por los nuestros".

"Nosotros consideramos que los españoles son nuestros refugiados. No es una cuestión de racismo, yo creo en la dignidad humana de todos los seres humanos con independencia del color de su piel, pero ustedes son el Gobierno de España, no el Gobierno de Mozambique", ha aseverado.

Jalloul ha rebatido sus argumentos y le ha recordado que es el Ministerio de José Luis Escrivá quien ha puesto en marcha los ERTE en la pandemia: "¿cómo no vamos a ayudar a los españoles?".

Tras reconocer la presión migratoria que sufre Canarias, donde las llegadas han aumentado este año alrededor de un 700 %, le ha pedido que antes de hablar de "invasión" se acuerde también, por ejemplo, de los migrantes que en la pandemia se han volcado en los hospitales cuando los médicos caían enfermos.

"Mi padre es médico, se infectó y estuvo a punto de morir", ha revelado Jalloul, nacida en Zaragoza y de origen libanés. EFE

 

Escrivá: "Vamos a tener que absorber muchos inmigrantes para mantener el Estado del bienestar"​

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido este jueves que España va a tener que "absorber muchos inmigrantes para mantener el Estado del bienestar" y ha llamado a un pacto para reforzar la legislación y el sistema de acogida.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Escrivá ha reconocido que la normativa española en cuanto a migración es "antigua", en concreto, del año 2000 cuando, según el ministro, este fenómeno aún "no era muy relevante" en el país.

Pero, además, ha señalado la necesidad de "reforzar" el sistema de acogida mediante, por ejemplo, la incorporación de centros propios. En este sentido, ha explicado que, esta semana, la Secretaría de Estado de Migraciones ha incorporado al equipo de acogida un colegio que les ha cedido el ayuntamiento de Las Palmas (Gran Canaria), que llevaba si usar dos años.

Escrivá ha indicado que este centro se está "acondicionando para poder acoger inmigrantes". "Esta es la vía a seguir", ha indicado, antes de señalar que están mirando en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, así como instalaciones militares, para en próximas semanas comenzar a acondicionar otros espacios.

PGE PARA REFORZAR EL SISTEMA​

"Tenemos que tener capacidad de previsión. Hay muchos edificios de estos", ha declarado. También ha destacado la importancia de cómo gestionarlos. "Hay que ser sensibles", ha indicado, antes de reconocer los "dramas humanos" que la migración supone.

El responsable de Migracines ha indicado que para este refuerzo existe una "dotación importante" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y ha indicado que están trabajando con las entidades que ayudan al Ejecutivo en este tema, como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), para "diseñar un modelo de cooperación más moderno y adaptado a los momentos actuales".

Preguntado por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en donde los inmigrantes esperan la expulsión del país, el ministro ha señalado que, en estos momentos, los jueces "no están aceptando" que se usen, porque con las fronteras cerradas por la pandemia "no hay posibilidad de retorno".

Finalmente, y sobre las peticiones de asilo, el responsable de Migraciones ha explicado que España es el segundo país de Europa con mayor número de estas reclamaciones, especialmente de latinoamericanos. Escrivá ha indicado que el Ministerio del Interior se está enfrentando a una situación administrativa "para la que no estaba preparado" y, por ello, ahora están buscando medidas para "mejorar y agilizar". "En eso estamos", ha señalado.

El ministra ha lamentado que "se rechazan muchas de estas" peticiones de asilo y, por ello, considera que "hay que dar muchas vueltas" al sistema actual.

 
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El descontrol de la inmigración ilegal atemoriza a los canarios: "Todo el mundo tiene mucho miedo"​

A la preocupación policial y empresarial ante la avalancha de inmigrantes ilegales que llegan a Gran Canaria, se suma la indignación de los habitantes de una isla totalmente desbordada se mire por dónde se mire. Los que viven en Arguineguín, cuyo pequeño muelle se ha convertido ya en la principal puerta de entrada de los sin papeles, se quejan de las condiciones inhumanas en las que se les recibe y que acaban afectando a todos los vecinos del municipio. En el resto de la isla, denuncian el comportamiento de los inmigrantes a los que el Gobierno ha alojado en hoteles de lujo.

Nada más pisar tierra firme, Salvamento Marítimo les deriva a las carpas instaladas en el puerto de Arguineguín, donde llegan a esperar hasta 72 horas hasta que les hacen una PCR y llegan los resultados. El goteo incesante de pateras hace que el campamento haya llegado a acoger a cerca de 1.700 personas en un solo día. "Están todos hacinados en el puerto, rodeados de basura e incluso de ratas", denuncia Adrián, uno de los portavoces de la Plataforma Vecinal de Arguineguín que el pasado fin de semana se echó a la calle para pedir el desmantelamiento de estas carpas. "No hay baños para todos. Son 1.000 y apenas hay 8 o 9 baños -explica indignado a Libertad Digital-. Son condiciones insalubres para ellos y para nosotros".

A la espera de que el Gobierno cumpla su promesa de trasladar este campamento al polvorín militar de Barranco seco, la preocupación entre los habitantes de esta pequeña localidad es más que evidente: "Esto es un pueblo pequeño, la gente hace la vida en el muelle y se siente muy insegura. No sabemos si tienen covid, si no tienen covid…". Los integrantes de esta plataforma vecinal son conscientes de que sus declaraciones pueden levantar ampollas, pero recuerdan que el suyo siempre ha sido un pueblo solidario, que lleva "26 años recibiendo pateras". Sin embargo, insisten en que esto es muy distinto a todo lo que habían vivido hasta ahora.

Su diagnóstico es el mismo que el de Ismael Guerra, portavoz de los vecinos de Tunte. Este otro pueblo acoge desde hace meses un centro de cuarentena para los inmigrantes que llegan a la isla, algo que sus habitantes han intentado impedir por todos los medios. Se quejan de que estas instalaciones están ubicadas justo al lado del colegio público de la localidad y carecen de seguridad. "Tienen las puertas abiertas todo el día y hay un monitor para 170 personas", denuncia Guerra, que asegura que este descontrol también ha hecho que mucha gente mayor que acudía a pasear y a hacer deporte por la zona esté dejando de hacerlo.

Además, este centro no es el único del pueblo que acoge inmigrantes. También lo hace un hotel local de 4 estrellas y, aunque los allí alojados son únicamente aquellos que cuentan con una PCR negativa, los vecinos aseguran que ni siquiera respetan el confinamiento obligado por haber estado en contacto con positivos: "Se escaparon del hotel cuando estaban en cuarentena y lo primero que hicieron fue venir al pueblo, comprar bebidas alcohólicas y tabaco". Según Ismael Guerra, esto es precisamente lo que está causando revuelo entre los habitantes de Tunte, ya que los inmigrantes que han llegado en los últimos meses están "ocupando las terrazas de los bares, tomando cervezas, alcohol… Y esa no es la imagen del inmigrante que viene huyendo de la pobreza". Además, el portavoz de los vecinos asegura que los que llegan ya tienen amigos en la isla, porque se les ha visto subir en el coche de otros magrebíes.

Guerra asegura que los más preocupados son aquellos que tienen hijos pequeños, ya que algunos han vuelto del colegio asegurando que les han ofrecido "cigarros raros". Esto ha hecho que los niños se hayan quedado incluso sin zonas para jugar, porque, según dice, los inmigrantes ocupan día tras día la cancha deportiva del pueblo y los padres tienen miedo a lo que pueda pasar. Tampoco ayudan noticias como la detención de un inmigrante que había llegado en patera en 2018 y que se dedicaba a captar mujeres en Mogán para tener hijos muyahidines: "Todo el mundo tiene mucho miedo, sobre todo porque no tenemos seguridad".

Declaraciones como éstas han hecho que los vecinos del pueblo hayan sido tachados de racistas. Sin embargo, ellos alegan que la localidad entera se volcó cuando hace tiempo les llevaron a un grupo de malienses. "Estuvieron con nosotros 9 meses conviviendo y adaptándose al pueblo de una manera normal -recuerda Guerra-. Ayudaban a la gente por aquí, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Lo que estamos viendo ahora son magrebíes bebiendo alcohol".

Con todo, los vecinos de Tunte aseguran sentirse incomprendidos y piden a la gente de otros lugares de España que, antes de juzgarles, vean con sus propios ojos cómo es su día a día: "Invitamos a todo el mundo a que nos visite y vea la realidad".

 



Nueva oleada de pateras durante este fin de semana sobre las Islas Canarias. El caos y el descontrol migratorio es absoluto ¿quiénes son realmente estos inmigrantes que están llegando a las Islas Canarias?¿qué hay detrás de este fenómeno y qué consecuencias puede tener sobre Canarias y sobre toda España? En este programa nos acompañarán Noelia de Trastámara y el bloguero canario Doramas, que está viviendo en primera fila lo que está pasando. Participan: Miguel Blasco y Enrique Lemus.
 

Terror-Razzien in 4 Bundesländern: 60 Wohnungen durchsucht​

30 Verdächtige wurden wegen Terror-Verdachts festgenommen.

Am Montagfrüh haben Polizisten und Verfassungsschützer Terror-Razzien in vier Bundesländern gegen Personen und Vereine durchgeführt. Diese sollen die Muslimbruderschaft und die Hamas unterstützt haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Graz mit. Ermittelt wird gegen über 70 Beschuldigte, 60 Wohnungen, Häuser sowie Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten. In der Folge wurden 30 Personen festgesetzt, sie sollen "zur sofortigen Vernehmung" den Behörden vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittle gegen über 70 Beschuldigte und auch gegen mehrere Vereine und Gesellschaften. Es besteht der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei. Seitens der StA hat man betont, dass die Razzien "in keinem Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien vom 2. November stehen". Der Aktion seien "umfangreiche und intensive, über ein Jahr dauernde Ermittlungen" des führend zuständigen Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark zusammen mit dem LVT Wien vorangegangen. Eingebunden waren auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und die LVT Kärnten und Niederösterreich.

Nehammer: "Wurzeln des politischen Islams gekürzt“​

„Wir gehen gegen diese kriminellen, extremistischen und menschenverachtende Organisationen mit aller Härte und allen Möglichkeiten des Rechtsstaats vor“, so Innenminister Karl Nehammer. „Durch die intensive Arbeit der Polizistinnen und Polizisten ist uns ein Schlag gegen den Nährboden des Extremismus gelungen. Personen, die im Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei standen, waren Ziel der Aktion“, so der Innenminister.

Integrationsministerin Susanne Raab spricht von einem wichtigen Schlag gegen extremistische Ideololgien: "Mit diesem Schlag gegen die Muslimbruderschaft machen wir ernst im Kampf gegen radikale, extremistische Ideologien. Wir lassen nicht zu, dass extremistisches Gedankengut in Österreich verbreitet wird und werden auch weiterhin konsequent dagegen vorgehen. Denn auch aus Integrationssicht ist es gefährlich, wenn sich der Einfluss des politischen Islam aus dem Ausland mittels Vereinigungen wie den Muslimbrüdern bis nach Österreich erstreckt. Ich danke Innenminister Nehammer und den beteiligten Beamten für ihr konsequentes Vorgehen gegen diese staatsfeindlichen Verbindungen, die unsere Demokratie ausnutzen und unterwandern wollen. Nur gemeinsam können wir den Kampf gegen extremistische Ideologien gewinnen.“

Terror-Razzien seit einem Jahr vorbereitet​

Bei den Vorführungen von 30 Beschuldigten zur Vernehmung - im Zuge der Terror-Razzien in Ost- und Südösterreich - handelt es sich nicht um Festnahmen, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Anfrage gesagt. Die Aktionen wurden über ein Jahr lang vorbereitet. Zudem hat man betont, dass sich die Maßnahmen nicht gegen Muslime oder gegen den Islam richte. Die Muslimbruderschaft sei keine Religionsgemeinschaft, sondern stehe für religiös motivierten, politischen Extremismus.

Bei der Grazer Staatsanwaltschaft (StA) zeigte man sich auf Anfrage recht zugeknöpft angesichts der heiklen Thematik. Bestimmte Orte oder Vereine, die Ziel der Razzien waren, wurden verschwiegen. Ob es sich bei den zur Vernehmung festgesetzten Personen um Männer oder Frauen handle, hat man nicht gesagt. Auch zu weiteren Details wie etwa Staatsangehörigkeit gab es keine Angaben. Die Vernehmung der Personen, die in drei Bundesländern und Wien von der Polizei mitgenommen wurden, werde wohl in den entsprechenden Dienststellen erfolgen, hieß es. Es soll sich um Kultur- und andere Vereine handeln, bei einigen sei ein Gebetshaus bzw. eine Moschee angeschlossen.

Hunderte Beamte schlugen zu​

Laut Polizei Steiermark waren mehrere hundert Beamte österreichweit in die Aktion eingebunden. Begonnen hat die Aktion um 5.00 Uhr. Es waren neben den regulären Einheiten auch Spezialkräfte wie Diensthundeführer, Kriminalpolizisten und Leute vom Landesamt für Verfassungsschutz dabei. Sichergestellt wurden bei den Terror-Razzien elektronische Geräte wie Handys und Computer, aber auch einfache Dokumente. In der Steiermark gab es Hausdurchsuchungen in Graz, Graz-Umgebung und im Bezirk Liezen. Die Aktion war gegen 8.30 Uhr laut einem Polizeisprecher so gut wie abgeschlossen.

Die Personen und Vereine seien seit über einem Jahr Ziel von Ermittlungen gewesen, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der APA sagte. Die Durchsuchungen sind unter strikter Einhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen erfolgt.

Die einzige konkrete Angabe der StA bezog sich auf "Vereine und Gesellschaften, die im Verdacht stehen, den terroristischen Vereinigungen Muslimbruderschaft und Hamas anzugehören und diese zu unterstützen". Es bestehe der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei. Die Razzien erfolgten in den größeren Städten von NÖ, der Steiermark und Kärnten sowie in Wien. Mit dem Terroranschlag in Wien vor genau einer Woche hätten sie nichts zu tun. Die Aktion wäre auf jeden Fall am Montag in der Früh erfolgt, hat man der APA mitgeteilt.

Terror-Razzien auch dem Schutz der Muslime​

Bei der Muslimbruderschaft handle es sich laut StA um eine weltweit agierende, radikal-islamistische, massiv judenfeindliche Vereinigung. Ihr Hauptziel ist es, in allen Ländern der Erde einen islamischen Staat (Kalifat) auf Grundlage islamischen Rechts (Scharia) einzuführen. Die Muslimbruderschaft trete in Europa und Nordamerika zwar mit der Behauptung des Gewaltverzichts zur Durchsetzung ihrer Ziele auf. Sie unterhalte nach den bisherigen Ermittlungen jedoch tatsächlich Kontakt zu terroristischen Vereinigungen und enge ideologische und finanzielle Beziehungen zu radikal-islamistischen Gruppierungen im syrisch-irakischen Bürgerkrieg.

So unterstützen nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen auch Vertreter der Muslimbruderschaft in Österreich unabhängig von ihren Herkunftsländern die Tätigkeit der 1987 als Zweig der Muslimbruderschaft gegründeten, palästinensischen Terrororganisation Hamas. Ziel der Hamas ist die Zerstörung des Staates Israel und die Gründung eines islamischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt. Diese Strategie der Hamas sei somit als Teil der Gesamt-Strategie der Muslimbruderschaft zu sehen, hieß es in der Aussendung am Montag.

Die Staatsanwaltschaft Graz betonte, dass sich die Aktion nicht gegen den Islam richte. Vielmehr sollen die durchgeführten Terror-Razzien auch dem Schutz der Muslime dienen, deren Religion für die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologien missbraucht werde. "Die Ziele der Muslimbruderschaft und das von dieser angestrebte politische, totalitäre System, welches weder die Souveränität des Volkes noch die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit gewährleistet, sind mit den Grundprinzipien der Verfassung der Republik Österreich und der österreichischen Gesellschaft sowie allgemein mit dem westlichen Demokratieverständnis von Koexistenz, Gleichstellung von Männern und Frauen und politischer Ordnung nicht kompatibel", stellte die StA fest.

 



Talayuela: el pueblo extremeño donde la tensión entre vecinos e inmigrantes se dispara por el Covid​




El reportero Cake Minuesa se acerca a la localidad de Talayuela, en Cáceres, donde el alcalde ha sido amenazado de muerte tras las ultimas polémicas con los inmigrantes marroquíes que se saltan el confinamiento.

Talayuela tiene entre sus ciudadanos a más del 30% oficial de inmigración marroquí. Durante los últimos meses los ciudadanos de la localidad han sido testigos no solo del incremento de la inseguridad, si no de la falta del cumplimiento de las normas por el COVID-19.

Paseamos por la localidad y somos testigos del desorden y el caos que reina en el pueblo, que ha provocado que el alcalde Ismael Bravo del PSOE pida ayuda al Gobierno de España. Entrevistamos al alcalde y al marroquí que tiene orden de alejamiento contra él.

 

Una sentencia europea impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular​

Varapalo judicial a la política migratoria del Ministerio del Interior. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional ya ha dictado nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordena a los agentes que prioricen aquellos expedientes en los que sea posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción es su situación irregular en España.

El criterio a seguir impuesto por la sentencia solo afecta a las expulsiones, que se ejecutan con extranjeros que ya están en España en situación irregular, y no a las devoluciones, una figura administrativa distinta aplicada a aquellos que intentan entrar en territorio español en patera u otros medios. El año pasado, Interior logró concluir la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones está por debajo de la media europea (36%), pero supuso un incremento respecto a 2018.

El tribunal europeo se pronunció sobre la política de expulsiones de España el pasado 8 de octubre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha planteara el año pasado una consulta prejudicial ante el recurso de un ciudadano colombiano residente en España al que, en enero de 2017, la Policía incoó un expediente de expulsión por no tener permiso de residencia en vigor desde hacía cuatro años. La Subdelegación del Gobierno en Toledo y, posteriormente, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo dieron luz verde a esa expulsión. Sin embargo, el tribunal castellano manchego que estudió el recurso del interesado consideró que este únicamente carecía de permiso de residencia en vigor, por lo que pidió al TJUE que aclarase cómo debía proceder España. Si podía aplicar la directiva de retorno de la UE de 2008, que permite a los estados miembros expulsar a los inmigrantes indocumentados sin más requisitos, o la Ley de Extranjería española, que contempla la imposición de una multa para esos casos y solo la expulsión cuando haya circunstancias agravantes. El Tribunal Supremo español ya había avalado aplicar la directiva europea.

En su fallo, el Tribunal de Justicia de la UE concluye que, en el caso de España, debe prevalecer la normativa nacional, más favorable al inmigrante, y, por tanto, solo puede expulsar a aquellos extranjeros si, además de la situación irregular, “existen circunstancias agravantes”. El doctor Diego Acosta, catedrático de Derecho Europeo y de Migraciones en la Universidad de Bristol (Reino Unido), destaca que la sentencia del Tribunal europeo “contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y establece que España tiene que seguir aplicando la ley española de extranjería y no la directiva de retorno”. Acosta recalca que con ello, “ante una situación de irregularidad migratoria, es decir cuando un ciudadano no europeo no tiene un permiso de residencia o el mismo está expirado, la regla general es la aplicación de una multa” y que “la expulsión solo sería posible cuando, siguiendo la ley española, ocurran otras circunstancias o datos negativos que ameriten la expulsión en vez de la imposición de multa”.

Tras hacerse pública la sentencia, Interior elaboró el 23 de octubre un documento en el que, tras destacar lo que considera “un cambio de criterio” del tribunal europeo, imparte nuevas instrucciones a los policías para elaborar los expedientes sancionadores obviando ya la directiva europea. En esta circular, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el máximo responsable de la lucha contra la inmigración irregular, el comisario Juan Enrique Taborda, y el número dos de la Policía, el también comisario José Ángel González, ordenan a los agentes motivar, a partir de ahora, los retornos forzosos con algo más que la simple ausencia del permiso de residencia e insta a incidir en los “elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad de la medida [de expulsión]”.

El documento policial pone seis “ejemplos” de estos “elementos negativos". Así, señala que será motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante haya sido detenido por la comisión de un delito o que tengan antecedentes penales; que haya invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que haya incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. No obstante, deja abierta la puerta a que los agentes encuentren “otros elementos concurrentes que, a su juicio, puedan motivar dicha propuesta [de expulsión]”.

Fuentes de Interior destacan que el fallo se refiere a un tipo de inmigrantes en situación irregular “muy concreto: entrada regular y larga estancia en el país”. Por su parte, las fuentes jurídicas consultadas señalan que “los requisitos que la policía establece para aplicar la sentencia son, en la práctica, tan amplios que es posible que no tenga un gran impacto”. Una de las excepciones más claras que podría beneficiarse de la aplicación de la sentencia sería un extranjero que haya entrado de forma regular en España y luego haya caído en la irregularidad, que no tenga antecedentes penales, que mantenga su documentación y cuente con domicilio. Esa era la situación del ciudadano colombiano cuyo recurso ha provocado el fallo de la justicia europea.

 

[Opinión] Inmigración irregular en Canarias: ¿Invasión organizada?​

Al tiempo que escribo sobre el drama sobre inmigración irregular en España aquí, en Confilegal, nos llegan a la redacción de “La ventana indiscreta” nuevas informaciones exclusivas que vamos relatando sobre la avalancha incontrolada de pateras.

En concreto, 17 embarcaciones con rumbo a las Islas Canarias, que han trasladado a bordo 445 inmigrantes de origen subsahariano en la madrugada del sábado, con el objetivo, una vez más, de entrar de manera ilegal en Europa.

Desde una patera, en las últimas horas, una mujer embarazada con síntomas de hipotermia – rescatada cerca de Fuerteventura– ha sido trasladada a un centro sanitario.

Tristemente, otra mujer inmigrante, días atrás, cuando desembarcaba en las costas canarias, denunciaba verbalmente que había sido violada, al parecer, por algunos hombres que viajaban con ella durante otra travesía ilegal.

Es un auténtico drama humanitario, económico e, incluso, político.

A ESTE RITMO HABRÁN LLEGADO A CANARIAS 20.000 INMIGRANTES A FINAL DE AÑO​

Por una parte, se prevé, según el ritmo de este tráfico ilegal de personas, que antes del final del 2020, podría producirse un desembarco masivo de pateras, alcanzando la cifra de 20.000 inmigrantes en situación de ilegalidad en el Archipiélago.

En otro aspecto, en el marco bélico-político, el Frente Polisario ha anunciado que considera “roto el alto al fuego firmado con Marruecos en 1991”, achancado estas consecuencias a un ataque marroquí hace escasas horas en el paso fronterizo de Guerguerat.

Mientras se ha decretado un estado de guerra en el territorio saharaui, con toque de queda, y las Fuerzas Armadas saharauis ostentan el control de la seguridad nacional, la inmigración irregular desde Marruecos y Mauritania continúa fluyendo hacia las costas canarias, Islas situadas a muy pocas millas de distancia de Marruecos.

Es decir, sí ya resulta muy complicada la acogida a inmigrantes irregulares en el Archipiélago, con la incursión de 1.000 personas de media a diario en situación de ilegalidad, las alarmas han saltado en relación al “conflicto armado” que podría acontecer entre los vecinos a las Islas Afortunadas.

45 ANIVERSARIO DE LA MARCHA VERDE Y EL TELURIO DE FONDO​

El pasado 6 de noviembre se cumplió el 45 aniversario de la Marcha Verde. El final del posicionamiento colonial español en el Sáhara Occidental. Esta retirada, vigilada por el Rey Hassan II y los fervientes al Corán, se convirtió en la antesala de la confrontación aún no finiquitada por este territorio entre Marruecos y el Frente Polisario.

Un enfrentamiento reabierto en estos instantes a nivel militar.

No debemos olvidar otras cuestiones geo-estratégicas en relación al Archipiélago canario: el mayor yacimiento de telurio del planeta, que se encuentra en un monte submarino al sur de las Islas.

Un hallazgo en Gran Canaria tras un incendio de dos millones de toneladas de “tierras raras” o elementos de potencial industrial; y el impulso de dos leyes en el Parlamento de Marruecos en diciembre de 2019, -cuando el gobierno español estaba en funciones-, para delimitar “unilateralmente” sus aguas internacionales, invadiendo el espacio de Canarias, al tener entre Islas aguas internacionales, así como las aguas correspondientes al Sáhara ocupado.

Ante estos aspectos cruciales para las Islas, objetivo para cualquier potencia extranjera, hasta la fecha, el Gobierno de España no ha iniciado acciones de protección.

¿Nos encontramos ante una nueva “marcha verde” dirección hacia las Islas Canarias?

¿Invasión programada a través de la inmigración irregular procedente de Marruecos, Senegal, o Mauritania con al “ánimus” colonizador hacia el Archipiélago?

Lo cierto es, que no faltan manifestaciones que señalan a las Islas como objetivo a “recuperar” por algunos fanáticos, incluso, albergar a terroristas yihadistas, algunos posteriormente detenidos por la Policía Nacional, desenmascarando las pretensiones de la Yihad: sembrar el terror en Europa.

TEMOR A LA INFILTRACIÓN DE TERRORISTAS YIHADISTAS ENTRE LOS INMIGRANTES​

El terrorismo yihadista insertado a través de individuos “infiltrados” en pateras que viajan con destino a Canarias, Almería, Algeciras, Baleares o Levante entre otros destinos europeos, cuyo objetivo es llegar a países como Francia, es una de las preocupaciones en la hoja de ruta de la Policía Nacional, que trabaja sin descanso en esta línea de investigación.

No solamente Canarias es “víctima” de este despliegue de inmigrantes “sin papeles” que arriesgan su vida para entrar irregularmente en Europa, sino que España “resiste” cómo puede el sobrecoste de la inmigración irregular en las costas andaluzas y mediterráneas.

Esta “crisis de pateras” arribando al Archipiélago canario, alrededor de 11.000 inmigrantes irregulares en apenas semanas, superando, en proporción, la oleada acaecida en 2006 en las Islas, en el fondo viene a denunciar una cuestión de “seguridad nacional” y “seguridad europea”.

Es una espina no resuelta históricamente por los gobiernos anteriores
, pero que, en la actualidad, plantea una cuestión de emergencia en muchos aspectos que sobrepasa al Gobierno de España y al de Canarias por falta de inmediatez en su respuesta ante este tráfico ilegal de personas, generado por mafias organizadas.

Esta drástica imagen, en su mayoría, varones jóvenes en edad militar de origen magrebí y subsahariano, grabándose en grupo en vídeos que cuelgan en sus redes sociales durante la travesía ilegal -al considerarse penalmente tráfico de personas-, a bordo de estos cayucos y pateras, lamentablemente, roza la cotidianidad en el Muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria.

Este punto geográfico se ha convertido en una realidad habitual, al parecer, como foco elegido conscientemente por las mafias que transportan inmigrantes irregulares desde Mauritania y Marruecos, sin que el Gobierno de España y Canarias delimiten una deportación inmediata para sus países de origen.

Aún así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en octubre, mandato judicial que permite iniciar un procedimiento administrativo sancionador y, por tanto, una orden de expulsión de aquellos extranjeros que se encuentren en España de forma irregular en una serie de supuestos.

¿POR QUÉ LLEGAN A GRAN CANARIA?​

¿Por qué las mafias de la inmigración irregular escogen desde África la ruta directa hacia el Muelle de Arguineguín? ¿Nos encontramos ante un foco de efecto llamada diseñado expresamente por una red para favorecer el tráfico ilegal de personas?

Esta vertiente tiene muchas aristas de análisis. Policía Nacional, Guardia Civil, 112 Canarias, Ejército de Tierra y Salvamento Marítimo en el Archipiélago Canario vienen trabajando a destajo durante las últimas semanas.

Se encuentran desbordados de trabajo por el elevado índice de inmigrantes irregulares que reciben a diario en las costas canarias, especialmente en Arguineguín.

El sindicato Alternativa Sindical Policial (ASP) fue la primera organización policial en denunciar la situación de estrés laboral que sufren todos los profesionales del área de seguridad, especialmente, los policías nacionales de la Comisaría de Maspalomas.

Este centro de la Policía Nacional es un enclave estratégico para frenar a las personas que tratan de ingresar a España ilegalmente. Es la primera frontera legal que evita la delincuencia hacia Europa, de ahí, la gran responsabilidad de estos policías frente estos delitos, frente al yihadismo.

Los representantes sindicales de ASP en Gran Canaria, Bristol Iván y Daniel González, insisten en la importancia de la seguridad de las fronteras, y explican que “existe un número elevado de inmigrantes irregulares que viajan en patera contagiados por COVID-19 y se les realiza la prueba PCR gratuita al llegar a Arguineguín”.

Sin embargo, “los policías se encuentran saturados en dicha Comisaría. Se tienen que costear las pruebas PCR a nivel particular.

Siendo trabajadores del Estado
, deben ser considerados personal de riesgo, reciben equipación insuficiente, y necesitan soluciones inmediatas para los turnos por la conciliación familiar”.

Debido al hacinamiento en plena pandemia de los inmigrantes sin mascarillas en las pateras y en los campamentos en Arguineguín cuando desembarcan, así, como la espera de los resultados de la PCR, se pone en riesgo al contagio por COVID-19 a los agentes de la Policía y Guardia Civil, pues son los primeros en acudir al rescate de los recién llegados a las costas canarias.

En sentido sindical, es digno de señalar el “ridículo” realizado por el sindicato JUPOL (Justicia Policial), al visitar el Muelle de Arguineguín, tomar una embarcación a motor para pasearse en estas aguas, para dar un “pelotazo de imagen”, con un supuesto afiliado tocando el tambor, mientras su secretario general, José María García, se grababa un vídeo durante la travesía.

Es más, al parecer, la Guardia Civil, debió hacer un seguimiento de esta puesta en escena tan desafortunada de Jupol.

FRONTEX​

Aunque la Agencia Europea de la Guardia y Custodia de Fronteras y Costas (FRONTEX), destine personal a la Comisaría de Maspalomas no significa que sepan aplicar los protocolos policiales, ni que sea la medida suficiente paliativa a esta crisis de inmigración irregular.

De hecho, la reciente visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska acompañado de la comisaria europea de Interior, YIva Johansson, al muelle de Arguineguín, no ha conseguido apaciguar la llegada de pateras.

Una clave a destacar, en relación a la seguridad de las fronteras, es la situación de los aeropuertos en Canarias, respecto al intento de viajar inmigrantes irregulares sin pasaporte.

Fuentes consultadas de diversas compañías aéreas que operan en el Aeropuerto de Gran Canaria, subrayan con honda preocupación que los inmigrantes obtienen tarjeta de embarque para volar a la península, pero cuando van a embarcar algunos marroquíes sin la documentación requerida, se enfadan, se resisten a retirarse de la puerta de embarque, e insultan y llaman “perras” a las trabajadoras de las compañías.

Al parecer, Cruz Roja, podría estar dispensando estos pasajes de avión a los inmigrantes irregulares,acompañarlos a la salida del aeropuerto, y devolverlos a un nuevo embarque, en lugar de iniciar los trámites de deportación.

Además, aunque la ministra de política territorial, Carolina Darias, insista en la devolución de 22 inmigrantes en un avión rumbo a Mauritania recientemente, fuentes aeroportuarias, corroboran que en ese vuelo, sólo transportaban este ínfimo número de inmigrantes, cuando la capacidad de este avión alquilado por el Estado, es de 180 pasajeros.

DEPORTACIONES​

¿Por qué se hacen deportaciones tan poco representativas, y los inmigrantes irregulares están volando desde Gran Canaria a la península continuamente?

Otra arista en análisis es el papel que “juega” Cruz Roja en Canarias respecto a cuestiones de Emergencias, y el reparto de la financiación que recibe derivada de fondos públicos de Europa, Gobierno de España, y gobierno autonómico.

Al parecer, el sistema que utiliza Cruz Roja en Arguineguin, son unas “tarjetas” denominadas “Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja”. Me explico.

El inmigrante irregular accede a un pack, con esta tarjeta incluida, que funciona para “buscar” a un familiar.

¿Podría usarse esta tarjeta como un “salvoconducto” o “tarjetas black” para conseguir volar de Canarias a la península?

Ahí lo dejo.

Por su parte, el sindicato ASP explica a Confilegal que “el técnico provincial en Formación de Socorros y Emergencias de Cruz Roja de Las Palmas, Gonzalo Santana, realizó una propuesta formativa a solicitud del sindicato en materia de Soporte Vital Básico y uso del DESA, por un valor entre 550 a 1.000 euros en función del número de alumnos”.

¿Pero no debería Cruz Roja realizar esta formación de manera voluntaria sin coste para los sindicatos policiales?

Finalmente, para rizar el rizo, en pleno derecho para preservar el turismo, la Plataforma “Únete por Canarias”, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra todos los lugares de alojamiento de Canarias, por sí se pudiera deducir la comisión de un presunto delito o falta “al convertirse los establecimientos turísticos en centros de acogida de migrantes”.

Esta denuncia se presenta desde una perspectiva de seguridad pública, y pone de manifiesto, que el ejercer la actividad de hospedaje a terceros con un fin distinto puede ser una falta muy grave, al amparo de la Ley Turística de Canaria.

A modo de anécdota, me expulsaron de un Grupo de WhatsApp de periodistas canarios denominado “La Gente del Medio”, por compartir algunos tuits de mi programa “La ventana indiscreta” sobre inmigración irregular, evidentemente con información contrastada, y por suscitar la polémica con el productor del programa “Buenas Tardes Canarias”, emitido en la Televisión Autonómica, David Ruiz, quién me insultó llamándome “racista”.

Aclarar que defenderme de esta calumnia, me supuso la expulsión mientras este productor del ente autonómico permanece en este grupo, avalado por otro periodista que salió en su defensa, Francisco Javier Suaréz.

Eso sí, Ruíz, fue destituido del Cabildo de Tenerife, cuando se destapó que, al parecer, fue condenado por acoso a su ex pareja. Ahí lo dejo.