wh2GWVZ.jpg
 

Sanidad da alas a la regularización masiva de ilegales para controlar el virus entre los inmigrantes​

Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad da crédito a la propuesta para una regularización masiva de inmigrantes ilegales, con el fin de contener la propagación del virus.

El dossier, ‘Equidad en Salud y Covid-19. Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales’, recopila las distintas medidas y propuestas para abordar «la vulnerabilidad epidemiológica» de determinados colectivos. El trabajo se ha realizado, según se explica, a partir del análisis de documentación bibliográfica, artículos científicos y de prensa, informes de instituciones nacionales e internacionales, sociedades científicas y otras entidades sociales y una veintena de entrevistas a «actores clave», como sanitarios, epidemiólogos, trabajadores sociales u ONGs.

A partir de esas aportaciones, el Ministerio se hace eco de la propuesta para una regularización masiva de inmigrantes. «Las personas en situación administrativa irregular suelen tener situaciones económicas precarias y no tienen acceso a muchas de las prestaciones de protección social», se expone, considerando que «ésta es una de las razones por las que, desde diferentes ámbitos, se ha propuesto la regularización de la situación administrativa de todas estas personas».

En otro momento, remitiendo a bibliografía, se abunda en la idea de que «la situación administrativa irregular de algunas personas migradas genera que éstas tengan miedo al uso de los servicios de salud por temor a un expediente de expulsión». Por ello, insiste: «Se ha propuesto la regularización de la situación de todas las personas que viven en el país, así como la paralización de las deportaciones».

Rechazo del PSOE​

Que el informe recoja esta propuesta no deja de resultar destacable, en la medida en que es una de las reivindicaciones de Podemos que en su día ya fue rechazada por la parte socialista del Gobierno.

En abril, el partido de Pablo Iglesias plasmó esa reclamación en una proposición no de ley en el Congreso, firmada con ERC, Bildu, Más País, Compromís, el BNG, la CUP y Junts per Catalunya. La propuesta -que afectaría a 600.000 personas en situación ilegal- reclamaba «establecer un proceso de regularización de carácter permanente» para todos los inmigrantes «que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y de trabajo inicial con criterios especiales y simplificando para su renovación». También se instaba al Gobierno a facilitar la concesión de permisos temporales de trabajo a los inmigrantes por un tiempo de cinco años y la renovación para su residencia legal en España y «poner fin a las devoluciones en caliente».

Presos en casa​

En otro de sus apartados, el informe de Sanidad destaca la «efectividad» de las medidas implementadas en las cárceles para contener la propagación del virus. Algunas de esas iniciativas resultaron polémicas, como permitir que los presos clasificados en tercer grado permaneciesen en sus casas sin necesidad de volver a los centros penitenciarios para dormir. El control se efectuó por dispositivos electrónicos.

También abunda en la idea del distinto impacto del virus según la renta, relacionando un menor nivel socioeconómico con mayor riesgo de contagio: «La evidencia en España es aún muy limitada, si bien algunos datos preliminares indican una posible asociación entre la incidencia y gravedad de la infección con barrios menos favorecidos en ciudades como Madrid y Barcelona».

Sanidad argumenta que «una situación económica precaria está frecuentemente asociada al desempeño de trabajos que conllevan una mayor exposición a la infección y a condiciones peores de vivienda» y que «la precariedad determina una mayor dificultad para acceder y seguir las medidas preventivas y normas».

«En algunas ciudades, se ha distribuido material preventivo, como mascarillas y solución hidroalcohólica, de manera gratuita. Sin embargo, se han identificado barreras administrativas en algunos casos por falta de tarjeta sanitaria», se asume.

También se sostiene que «en situaciones económicas precarias, el miedo a perder una fuente de ingresos, como resultado del confinamiento, o de un aislamiento o cuarentena, puede motivar reticencias para reportar síntomas y acudir al sistema sanitario a recibir un diagnóstico».

En este sentido, se señala que medidas como el Ingreso Mínimo Vital -que llega a una mínima parte de los solicitantes- «han sigo importantes para mitigar esos efectos» pero, admite, «no consiguen revertir la situación de pobreza y precariedad de muchas personas».

 

Defensa cede el cuartel del matorral para acoger inmigrantes​

"Defensa cede tres espacios en Canarias para acoger migrantes en Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria; y El Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), todos necesitan obras de reforma porque en algunos casos llevan años abandonados como es el caso de Barranco Seco", afirma la agencia EFE.

El cuartel de El Matorral ya fue un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en la crisis de los cayucos de hace quince años, pero quedó sin uso como tal en 2012 y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo cerró en 2018, justo antes de reactivarse la Ruta Canaria, tras cuestionar los gastos que se habían dedicado a esa instalación durante años enteros que estuvo vacío.

El Ministerio de Migraciones y el Gobierno de Canarias han anunciado reiteradamente su deseo de poder contar con El Matorral de nuevo, pero no como centro de retención, sino de acogida.

Después de 29 días consecutivos con llegada de pateras en los que se rescató a más de 5.300 personas (del 28 de septiembre al 27 de octubre), Canarias ha encadenado dos jornadas seguidas sin embarcaciones de inmigrantes en su costa, lo que ha permitido al Ministerio de Inclusión y la Cruz Roja aliviar la situación del muelle de Arguineguín, donde las personas acogidas bajo tiendas de campaña han bajado de 1.400 a poco más de 600.

Ese campamento se montó con vocación de temporal el 20 de agosto y, desde entonces, se ha convertido en pieza imprescindible de la operativa en esta crisis, ya que los inmigrantes son allí filiados por la Policía según bajan del barco de Salvamento, se someten a las pruebas de coronavirus y esperan a que se les asigne un recurso de acogida (a veces durante varios días).

Aunque todo el mundo reconoce los esfuerzos que hace la Cruz Roja por tratar allí con dignidad a quienes llegan en patera, su nivel de hacinamiento ha llevado a que el propio ministro Escrivá, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; o el juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, hayan admitido (y en el último caso denunciado públicamente) que el muelle de Arguineguín no reúne las condiciones mínimas para ofrecer los servicios que se han concentrado bajo sus carpas.

Y la alcaldesa del municipio donde se encuentra, Mogán, Onalia Bueno, acaba de pedir formalmente a los juzgados que ordenen su desmantelamiento, por sus condiciones "inhumanas.

 

Magrebís con pasaporte y pidiendo hotel: la ola de pateras en Canarias es "lo nunca visto"​

Los vecinos de Tunte, al sur de Gran Canaria, viven con miedo desde que en agosto comenzaron a llegar al pueblo los primeros inmigrantes de esta oleada que ya alcanza los 11.800 desembarcados. Hasta entonces, el pueblo había convivido nueve meses con 80 africanos sin papeles que residían en el aula de la naturaleza de Las Lagunas debido al cierre del CIE Barranco Seco, y se habían adaptado bien al lugar. Pero un día de agosto estas personas fueron trasladadas y en su lugar llegaron 27 inmigrantes en cuarentena por covid-19.

Al día siguiente llegaron 39 personas más, todas procedentes del puerto de Arguineguín, el principal punto de entrada a España de esta gran oleada que no remite. Alguien había reconvertido ese espacio en un centro de cuarentena para contactos estrechos de positivos por covid-19 llegados a las costas de Gran Canaria. Los vecinos, muchos de ellos gente mayor, se echaron a la carretera para impedirlo. Incluso montaron barricadas para bloquear la llegada de los autobuses y hubo incidentes con la Policía Nacional. Han pasado dos meses y en Tunte todo sigue igual: hay miedo y frustración.

Ismael Guerra fue el portavoz de los vecinos en agosto y mantiene su lucha por evitar que Tunte siga siendo un lugar de cuarentena para inmigrantes irregulares. Además, el hotel local Las Tirajanas, un alojamiento rural de 4 estrellas, acoge desde hace un mes a cerca de 200 inmigrantes llegados en patera del Atlántico. "La gente mayor tiene miedo de salir a la calle. El acceso al edificio de cuarentena está abierto, solo hay un vigilante de seguridad y dos monitores. El otro día llegaron tres autobuses cargados. Y luego están estos 200 chavales que viven en pensión completa en el hotel y que se pasan el día dando vueltas por el pueblo en grupos. Ocupan las canchas de fútbol, con lo que nuestros hijos no pueden jugar, y se les puede ver en las terrazas tomando alcohol. No todos serán iguales, pero no los conocemos de nada. Muchos padres tienen miedo de dejar a sus hijas de 12 o 15 años solas por las calles, incluso las mujeres andan con miedo. Yo no quiero eso para mi pueblo".

"Muchos padres tienen miedo de dejar a sus hijas de 12 o 15 años solas por las calles, incluso las mujeres andan con miedo"

Guerra asegura que alumnos del colegio de Tunte advirtieron a sus profesores de que varios de estos refugiados les habían ofrecido drogas. "Supongo que es su modo de supervivencia en sus países y quieren hacer lo mismo aquí para ganar un dinero. Cuando abrieron el hotel Las Tirajanas para alojar inmigrantes, la gerencia nos prometió que no iban a bajar al pueblo, pero los tenemos aquí todo el día en grupos, sin documentos de identidad, sin saber quiénes son, sin saber si están enfermos o no. Reivindicamos seguridad". El grupo Santana Cazorla gestiona el hotel Las Tirajanas. No ha sido posible obtener su punto de vista.

Esta oleada de pateras atestadas (hasta 150 personas por embarcación) llegando sin cesar a las costas canarias desde agosto está generando mucho desconcierto social. La sensación es muy distinta a la crisis de los cayucos del año 2006, cuando llegaron a Canarias 515 pateras con 31.678 personas a bordo, casi todas procedentes de países del África subsahariana azotados por la guerra y la pobreza. Entonces, los inmigrantes eran subidos en autobuses y derivados a instalaciones militares para proceder a su identificación y posterior deportación, o bien para reubicarlos en territorio español si reunían las condiciones de asilo.

Esta vez, los inmigrantes son derivados a alojamientos turísticos, donde cuentan con total libertad de movimientos pese a no disponer en muchos casos de documento de identidad. La visión diaria de grandes grupos de personas vagando por las calles del sur de Gran Canaria, en enclaves turísticos de alto valor como Maspalomas y Puerto Rico, ha dado origen a una gran inquietud social.

Los inmigrantes son derivados a alojamientos turísticos, donde disponen de total libertad de movimientos

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) confirma este nuevo perfil. En esta oleada predominan las personas que en sus respectivos países trabajan en empleos informales del sector turístico, principalmente en Marruecos. Se trata de "guías turísticos, taxistas, vendedores de la calle", afirma CEAR, que suben a las pateras porque la economía de sus lugares de origen está "hundida" por el covid-19. No se trataría de refugiados pues, sino de inmigrantes económicos. No son personas que quieren quedarse en España, sino que llegan a Canarias como primera escala para saltar a Europa. Saben que las fronteras están cerradas debido a la pandemia y que, al menos por ahora, no serán deportados por las autoridades españolas.

Un miembro de la Policía Nacional en Gran Canaria consultado explica el fenómeno. "Aquí hay dos cosas que rompen moldes", dice. "Durante 25 años, la inmigración irregular en Canarias ha sido fundamentalmente de subsaharianos, pero en este momento el 85% de los llegados son magrebíes. Los subsaharianos siguen llegando ahora también, pero en los flujos habituales que dependen del estado del mar; lo que nos está desbordando es la llegada masiva de marroquís. Esto es lo nunca visto y responde a algo, no es casualidad".

El segundo punto novedoso es el estatus de estas personas. "A los subsaharianos se les toman las huellas y los datos cuando llegan a puerto, pero los marroquís vienen documentados casi todos, es una cosa inaudita que una persona que llega en patera venga con pasaporte. Saben que no los devuelven a Marruecos por el cierre de fronteras y llegan con la confianza de venir documentados y poder seguir hacia Europa dado el caso. Quien tiene ahorros se los trae. Es una situación rarísima que está alcanzando una magnitud alarmante".

Esto explicaría uno de los asuntos que más sorprende a los canarios: el manejo de billetes de 20 y 50 euros por muchos de estos inmigrantes en las calles. Los vecinos los ven acudiendo a la peluquería, comprando en tiendas de centros comerciales, bebiendo en los bares, y no entienden nada. Más ahora que se ha reiniciado la llegada de turistas procedentes de Reino Unido, Suecia y Alemania. Las escenas de turistas paseando por la playa junto a grupos de inmigrantes dándose un chapuzón ya se están produciendo. Días atrás, un 'influencer' marroquí colgó en Instagram su travesía a España y provocó la ira de muchos canarios.

"Llevamos tiempo avisando de que la inmigración incontrolada es incompatible con la marca canaria del turismo. Hemos sido noticia en toda Europa desde que algunos hoteleros decidieron alojar inmigrantes. Eso no es xenofobia ni racismo, es la realidad", afirma Antonio Vélez, empresario y portavoz de la recién creada plataforma Únete por Canarias, que exige al Gobierno un plan de rescate al sector turístico canario, base de la economía local y gravemente azotado por la crisis.

"No entendemos cómo de la noche a la mañana, después de millones gastados en ferias y promoción, se estropea la marca y se vende en toda Europa que los hoteles canarios son centros de acogida de inmigrantes. Están generando un efecto llamada muy perjudicial. Las personas que llegan a las costas ya vienen gritando que no quieren dormir en las carpas y que los lleven a un hotel porque han visto las fotos que les mandan sus conocidos. ¿Cómo se les explica a esas miles de familias canarias que están yendo cada día a por comida a Cáritas que para los inmigrantes hay hoteles con pensión completa y para ellos no hay nada?".

Una acción humanitaria​

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) confirma que hay una docena de alojamientos turísticos acogiendo a inmigrantes recién llegados. Ocupan algo más del 3% de la planta hotelera canaria, unas 4.500 camas, mil de ellas en Tenerife. Se trata, según la federación, de una "acción humanitaria".

Este fenómeno tiene una explicación muy sencilla. Ante la avalancha de inmigrantes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones necesitaba lugares seguros y dignos para alojar a esas personas. El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) Barranco Seco, en Las Palmas, fue reabierto en septiembre, pero solo se permite un aforo muy reducido por prevención contra el covid-19 (60 personas para un aforo de 400). La Zona Militar de la Isleta es un lugar amplio y seguro, con posibilidad de adecuar miles de camas si es necesario, pero el Ministerio de Defensa no parece por la labor de cederlo en esta crisis. Enviarlos a la península tampoco parece una opción. Así que el uso de los hoteles solucionaba dos problemas en uno: daba alojamiento a los inmigrantes y salvaba de la ruina a un puñado de empresarios y a sus empleados, tras varios meses sin trabajo y con las instalaciones cerradas.

Varias fuentes consultadas aseguran que el hostelero percibe 45 euros diarios por persona migrante alojada. La Secretaría de Estado de Migraciones asegura que la cifra es mucho menor. Así explica la secretaría este fenómeno: "[Los hoteles] son soluciones habitacionales temporales. Son hoteles vacíos, que han contribuido a reactivar la economía en este sector. En la difícil situación que está viviendo este sector, la solución está siendo beneficiosa, tanto para empresarios como para trabajadores. Los hoteles son a menudo recursos de emergencia en todo tipo de crisis. No solo migratorias, y no solo en España. Se trata de una solución de emergencia que otros países de Europa también utilizan, como en Francia, Bélgica o Reino Unido".

Tom Smulers es vicepresidente del FEHT. Ha sido un enlace clave entre los hoteleros y el ministerio y aplaude el apoyo humanitario de estos empresarios. "Estamos dando un gran ejemplo a Europa. En las noticias internacionales se habla en clave positiva de la generosidad de Canarias, de cómo estamos ofreciendo hoteles en una acción humanitaria. Esto no hunde la imagen del turismo canario, todo lo contrario. Lo que la habría hundido es dejar en la calle a miles de personas, haber seguido el mal ejemplo de Lesbos o de Lampedusa o el maltrato policial en el Canal de la Mancha. Eso es lo que habría asustado a los turistas".

Smulers subraya que los alojamientos no son hoteles de cinco estrellas sino "puntos estratégicos, algo alejados de las zonas turísticas, donde los inmigrantes reciben una atención digna, pero sin ninguno de los lujos que algunas personas andan diciendo en redes sociales, no usan ni piscinas ni jacuzzis. Esto ha sido la respuesta solidaria de unos empresarios a una necesidad aguda ante la lentitud del Gobierno, y no prevemos ampliar la capacidad. Los distintos ministerios han de coordinarse para hacer uso de sus recursos de alojamiento".

Desde la Secretaría de Migraciones adelantan a este diario que se están habilitando recursos para hacer frente a la llegada de más inmigrantes. Uno de ellos es el CEIP León, en Las Palmas. "En septiembre de 2019 había menos de 100 plazas en Canarias y hoy contamos con alrededor de 4.000 plazas", subrayan desde el ministerio de José Luis Escrivá.

Sin pateras desde el sábado​

Este miércoles había 639 inmigrantes recibiendo atención temprana en las 14 carpas instaladas en el muelle de Arguineguín. La semana anterior se alcanzó un pico de 1.400 personas hacinadas. Cruz Roja, la entidad que gestiona el desembarco y atención sanitaria temprana, respira con cierto alivio porque no ha llegado ninguna embarcación a Gran Canaria desde el sábado y eso ha permitido reducir la ocupación de las carpas y derivar a cientos de personas hacia los hoteles del sur de la isla.

"Este parón se debe al mal tiempo en las aguas entre Marruecos y Canarias. Tememos que cuando las condiciones vuelvan a ser buenas recibiremos una gran cantidad de migrantes de golpe, ya que están esperando en las costas de Mauritania a poder zarpar", afirma José Antonio Rodríguez, responsable en Canarias del Equipo de Respuesta Inmediata en las emergencias de ayuda humanitaria a personas inmigrantes de Cruz Roja.

Rodríguez cree que todavía hay margen para acoger a más personas: "En 2006 fueron más de 30.000, así que todavía tenemos recorrido". Tras la primera asistencia sanitaria y humanitaria, los inmigrantes son custodiados por la Policía Nacional, que los identifica y les efectúa las pruebas PCR por covid-19. Los que dan negativo pasan 72 horas en una carpa antes de ser derivados a un alojamiento hotelero u otra instalación. Los que dan positivo son reasignados a un centro especial en la llamada playa del Cabrón, en Arinaga, y sus compañeros de patera son enviados al pueblo de Tunte.

"La mayor parte de los inmigrantes llegan con pasaporte y documentación porque saben que no pueden ser devueltos a sus países", confirma Rodríguez. "Intentan llegar hasta aquí y luego seguir camino hacia Francia o Alemania, donde suelen tener a conocidos". Sobre la polémica de los hoteles y la libertad de movimientos, el responsable de Cruz Roja es claro: "Estas personas solamente han cometido una falta administrativa por llegar irregularmente a España. No se les puede encerrar mientras la Policía Nacional tramita su expulsión, que con la pandemia se dificulta mucho. Los que están en las calles han pasado una PCR negativa, no entrañan mayor riesgo de infección del que puede suponer cualquier persona".

El agente de policía consultado admite la impotencia de la Policía Nacional para tramitar las órdenes de expulsión de España, y también para asuntos del día a día como velar por el cumplimiento de las normas sanitarias. "Van en grupos de 20 o de 30. Llevan sus mascarillas normalmente, pero no podemos ir ahí y decirles que se separen, para qué si no podemos sancionarles. Tampoco podemos llevar un buen control en los hoteles porque Cruz Roja nos dice que son el equivalente a un domicilio y no podemos identificar a nadie. No te dan ni un dato, ni te dicen si están o no allí las personas que se supone. Se nos ponen muchas trabas para hacer nuestro trabajo. Al no estar internados en un CIE, la policía no tiene esos 60 días de plazo para tramitar su devolución. Sobre el papel, si se supera el plazo esa persona es puesta en libertad".

El delegado del Gobierno reconoce que hay inmigrantes llegados en patera que viajan fuera de Canarias por sus propios medios

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pastrana, reconoció este viernes que hay inmigrantes llegados en patera que viajan fuera de Canarias por sus propios medios con documentación que lo permite. Otros viajan a cargo del Estado. José Bordón, responsable de Socomtaxi, la principal sociedad de taxistas del sur de Gran Canaria, confirma que desde hace días están llevando a inmigrantes al aeropuerto. "Nos mandan al alojamiento en el que se encuentran y los llevamos al aeropuerto. La carrera la pagan desde Madrid".

"Con la ley en la mano, aquí alguien está prevaricando", sostiene Vélez, de la plataforma Únete por Canarias. "Si tú vas a cualquier parte de España sin documentos no te dejan alojarte, serías un ilegal. Pero estos señores que llegan a Canarias indocumentados, o sin ningún permiso para venir, son alojados en los hoteles y mantenidos. Esto viola la ley turística que es muy clara al respecto. No existe ninguna legislación que permita convertir un hotel en un centro de acogida que se pueda saltar toda la normativa turística”.

Onalia Bueno es alcaldesa de Mogán, municipio al que pertenece Arguineguín. Bueno se reconoce desbordada por la emergencia humanitaria y sanitaria que vive su pueblo desde agosto. A tal punto, que este miércoles presentó una denuncia por las condiciones del campamento de inmigrantes levantado en el muelle. Bueno denuncia las "condiciones infrahumanas" del lugar. "La situación es caótica, hay cientos de personas hacinadas con un grave riesgo grande para la salud pública; hay un número insuficiente de baños químicos (25 en total) que además no se limpian cada día, muchas personas hacen sus necesidades tras las carpas, la combinación de orines al sol y gente durmiendo a ras de suelo son el cóctel infeccioso perfecto. Las mujeres se asean como pueden. El desastre es absoluto y el Gobierno es incapaz de coordinar sus ministerios y dar una respuesta”.

Vecinos de Arguineguín han creado una plataforma para denunciar el abandono del pueblo canario por parte del Gobierno de España. Este sábado hay convocada una concentración de protesta por la situación insostenible en el pueblo. La alcaldesa de Mogán confirma que asistirá para respaldar a los vecinos. El delegado del Gobierno asegura que el muelle podría estar vacío de personas o "reducido a la mínima expresión" en breve.

 

Marruecos se queda con aguas canarias y añade a sus mapas los montes que contienen Telurio​

Marruecos lo ha vuelto a hacer: ha oficializado sus leyes internas por las que pretende apropiarse de parte de las aguas canarias y las riquezas que se esconden en su subsuelo. Los dos textos legislativos, aprobados en el Parlamento de Rabat en enero, se publicaron el pasado lunes en el Boletín Oficial marroquí. De esta manera, Marruecos amplía 200 millas su zona económica exclusiva y la plataforma continental la extiende a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental.

Estas leyes forman parte de la estrategia de Marruecos para discutir a España la solicitud presentada por nuestro país ante las Naciones Unidas para ampliar la zona económica exclusiva de Canarias en incluir en las mismas a los montes subterráneos existentes al sur del Archipiélago, y que son fruto de idéntico fenómeno geológico que dio fruto a las Canarias actuales.

Ahora, Marruecos incluye en sus mapas a Tropic, el más deseado de dichos montes, dado que los científicos han localizado en su cima la mayor reserva de telurio existente en el planeta. Cabe recordar que el telurio, así como otros minerales raros, están particularmente reclamados por el sector de las nuevas tecnologías. En el caso concreto del telurio, sirve para la telefonía móvil y la energía solar, entre otros usos.

Eso sí, a diferencia de Argelia, Marruecos no delimita exactamente los límites de ese ancho de mar territorial, a la espera de negociarlo con España, como anunció el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, durante la visita de su homóloga española, Arancha González Laya. “Estas cuestiones podrán tratarse con España a través del diálogo, debido a las relaciones positivas entre ambos países”, reconocía Bourita.

Esta publicación oficial, tal y como informa Sonia Cantero para EL ESPAÑOL, coincide con la preparación de una cumbre económica entre Marruecos y el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea.

Como es bien sabido en Canarias, entre Marruecos y las Islas hay “petróleo, gas natural y un recurso nuevo, los hidratos de metano”, detalló en una entrevista José Mangas, catedrático de Recursos Minerales Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, la empresa inglesa Energy va a iniciar los estudios y perforaciones de yacimientos de petróleo en la zona de dominio marroquí frente a las islas españolas tan pronto finalice la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Con el brexit y la salida de la UE, Reino Unido cierra diversos contratos con Marruecos para el control de El Estrecho a cambio de inversiones multimillonarias en agricultura, pesca, energía y turismo. Así, los británicos pretenden destronar a España y Francia como primeros socios comerciales de Marruecos. Ya se produjo un encuentro entre el rey Mohamed VI y el príncipe Carlos de Inglaterra en Londres, que publicó el canal de televisión estadounidense Fox News. EL ESPAÑOL ha podido saber, de fuentes solventes, que “la reina Isabel ha invitado formalmente al monarca alauita con la intención de evitar un mayor acercamiento de Marruecos, Túnez y Argelia con la UE”, detalla Cantero.

La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores español no se hizo esperar, aunque resultó tibia para el gusto canario. Así, la ministra González Laya afirmó ayer que el Gobierno ya conocía el contenido de las leyes marroquíes de delimitación marítima: “Sin novedad. Conocíamos su contenido, de carácter general, durante su tramitación parlamentaria”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter, para, en un segundo mensaje, insistir en que “España y Marruecos están de acuerdo que la delimitación marítima exigirá resolver el eventual solapamiento de espacios de mutuo acuerdo y conforme a Derecho Internacional”.

Mucho más claro fue el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien reclamó ayer “contundencia” al Gobierno de España tras conocerse la publicación de las dos leyes marroquíes. Al respecto, el máximo dirigente regional hizo especial hincapié en que “no habrá una decisión unilateral por parte de Marruecos sobre la delimitación de sus aguas territoriales, menos aún si esa decisión afectara al espacio marino canario”. “No se tocará ni un solo milímetro de las aguas que rodean el Archipiélago”, reiteró Torres, quien desveló que había tratado por la mañana con González Laya.

Por su parte, el presidente del Partido Nacionalista Canario y diputado autonómico de CC-PNC, Juan Manuel García Ramos, denunció ayer que “Marruecos pretende consumar su expansión hacia el sur, extendiendo su dominio a las costas oceánicas que van desde Tarfaya a La Güera y delimitando desde esos puntos cardinales las consiguientes aguas territoriales (12 millas náuticas), la zona económica exclusiva (200 millas) y la plataforma continental, lo que en resumidas cuentas significa abarcar 350 millas náuticas hacia el Atlántico”, explicó.