Violencia de género, fraudes y pactos de estado
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La periodista Marta Girona pone en su sitio a las feministas radicales por el despropósito de la Ley de Violencia de Género
Cuando dentro de unos años se estudie en las facultades de derecho la legislación vigente actual, la infame Ley de Violencia de Género ocupará un lugar destacado de estudio por su carácter despótico, demagogo y partidista. Y, sobre todo, porque atenta directamente contra el Artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, en tanto en cuanto criminaliza a los hombres por el mero hecho de serlo.
Ayer, después de que Javier Ortega Smith, Secretario General de VOX reclamara una vez más la necesidad de una ley de violencia que se ajuste a la realidad social y que no desampare a la mitad de la población se ha puesto en marcha la maquinaria propagandística de quienes se lucran de la ideología de género y ven peligrar su ‘modus vivendi’ forjado a base de asociaciones, fundaciones, subvenciones y demás –iones, en un entramado que podría llegar a ser considerado -por quienes en un futuro lo estudien- criminal en su totalidad. No cabe olvidar la causa contra Infancia Libre, cuyas cabecillas se sirvieron de la legislación vigente, de las instituciones, de sus presupuestos y de sus atribuciones para actuar como una auténtica organización criminal.
Cómo piratas intentando achicar agua de un barco que se hunde los responsables de perpetuar la dictadura de género bombardeaban hoy, en connivencia con comunicadores, personajes públicos y políticos, con las cifras de las mujeres asesinadas por sus parejas; lo que por otra parte viene a reforzar la exposición de Ortega, ya que además de injusta, es una ley ineficaz. Y tratando de manipular las emociones de la opinión pública mediante cartas abiertas, testimonios y casos concretos, convirtiendo lo particular en general en un magnífico ejemplo de falacia argumentativa mientras se desvía la atención del carácter discriminatorio de la Ley.
Y mientras tanto las mujeres seguimos sufriendo a un movimiento que nos utiliza de barniz para legitimar a un sistema corrupto que atenta directamente contra el estado de derecho y a una clase política, que hasta la irrupción de VOX, era incapaz de imponerse al calendario progre de ingeniería social.
Ha llegado la hora de recuperar el sentido común y de recordarles, una vez más, que con los derechos de las personas no se negocia y que las mujeres necesitamos una ley efectiva que nos proteja, como es la prisión permanente revisable que defiende VOX, y no que se nos transforme en cómplices de una discriminación intolerable para los hombres y para el resto de víctimas de violencia intrafamiliar.
www.lanaciondigital.es
Cuando dentro de unos años se estudie en las facultades de derecho la legislación vigente actual, la infame Ley de Violencia de Género ocupará un lugar destacado de estudio por su carácter despótico, demagogo y partidista. Y, sobre todo, porque atenta directamente contra el Artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, en tanto en cuanto criminaliza a los hombres por el mero hecho de serlo.
Ayer, después de que Javier Ortega Smith, Secretario General de VOX reclamara una vez más la necesidad de una ley de violencia que se ajuste a la realidad social y que no desampare a la mitad de la población se ha puesto en marcha la maquinaria propagandística de quienes se lucran de la ideología de género y ven peligrar su ‘modus vivendi’ forjado a base de asociaciones, fundaciones, subvenciones y demás –iones, en un entramado que podría llegar a ser considerado -por quienes en un futuro lo estudien- criminal en su totalidad. No cabe olvidar la causa contra Infancia Libre, cuyas cabecillas se sirvieron de la legislación vigente, de las instituciones, de sus presupuestos y de sus atribuciones para actuar como una auténtica organización criminal.
Cómo piratas intentando achicar agua de un barco que se hunde los responsables de perpetuar la dictadura de género bombardeaban hoy, en connivencia con comunicadores, personajes públicos y políticos, con las cifras de las mujeres asesinadas por sus parejas; lo que por otra parte viene a reforzar la exposición de Ortega, ya que además de injusta, es una ley ineficaz. Y tratando de manipular las emociones de la opinión pública mediante cartas abiertas, testimonios y casos concretos, convirtiendo lo particular en general en un magnífico ejemplo de falacia argumentativa mientras se desvía la atención del carácter discriminatorio de la Ley.
Y mientras tanto las mujeres seguimos sufriendo a un movimiento que nos utiliza de barniz para legitimar a un sistema corrupto que atenta directamente contra el estado de derecho y a una clase política, que hasta la irrupción de VOX, era incapaz de imponerse al calendario progre de ingeniería social.
Ha llegado la hora de recuperar el sentido común y de recordarles, una vez más, que con los derechos de las personas no se negocia y que las mujeres necesitamos una ley efectiva que nos proteja, como es la prisión permanente revisable que defiende VOX, y no que se nos transforme en cómplices de una discriminación intolerable para los hombres y para el resto de víctimas de violencia intrafamiliar.
La dictadura de género entre la corrupción y la organización criminal: La periodista Marta Girona pone en su sitio a las feministas radicales
La maquinaria progre se ha activado después de las contundentes palabras de Javier Ortega Smith
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Denuncias falsas, muy falsas, absolutamente falsas (I)
La Sra. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Género, el Ojo de Sauron que vigila a todos los varones heterosexuales en España, convertida en la Tierra Media de la serie el Señor de los Anillos, lo dijo muy clarito en su día en Diario de Sevilla: «La denuncia es la única manera de hacer que la máquina funcione».
Este desliz de sinceridad, impropio de una generala de alto mando feminista sito en Madrid, ahora en manos de la superiora de la Orden del Género, la Sra. Carmen Calvo, dejaba al desnudo cómo toda la Industria de Género depende de las subvenciones que trae de la mano toda denuncia, como las mismas denunciantes pasan a formar parte de un sistema clientelar de ayudas públicas a cambio de apoyar con su voto a la opción política que lleva el nacionalfeminismo español en su ADN, porque este feminismo -sectario e inconstitucional, por más señas- sólo le pertenece a ese partido, bonita, Carmen Calvo dixit.
La Ley 4/2004, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, cataloga a cualquier denunciante como «víctima», en especial cuando la denuncia se presenta por «violencia machista» en la que siempre el hecho denunciado constituye delito, accediendo ésta automáticamente a la llamada «justicia restaurativa» del art.15 de dicha ley, esto es, la potestad de la denunciante a reclamar dinero al denunciado y a la Administración, con derecho a la prestación reservada a las mujeres maltratadas de pago único (ayudas SEPE del art. 27 de la Ley 1/2004), el cobro en su caso de la Renta Activa de Inserción de 426€ cada mes, el acceso prioritario a la bolsa de empleo con plazas reservadas para trabajar en la administración o Comunidad Autónoma en que resida, acceso prioritario a la bolsa de vivienda, regularización de situación de emigrantes, reagrupación familiar, obtención de ciudadanía española, cursos remunerados para la obtención de título profesional, prioridad en traslados o cambio de horario en su trabajo, subvenciones para la obtención del carnet de conducir, vacaciones pagadas, guarderías gratuitas, derecho a una pensión de viudedad vinculada a tener en el momento del fallecimiento del marido una pensión compensatoria o incluso pensión de viudedad si presenta una denuncia contra el ex marido fallecido, aportando un mínimo indicio de prueba y por cualquier medio admitido en Derecho, de haber resultado ser mujer maltratada, según Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. (Fuente: “La Dictadura de Género” (Almuzara), págs. 158 y 159).
Toda esta batería de ayudas y prestaciones da trabajo a cientos de miles de personas que viven del negocio de género, esto es, que son amamantadas a diario por la Gran Teta de Género, pues no saben hacer otra cosa distinta, de ahí que absorban ingentes fondos, millones de euros sin control y cuyo seguimiento brilla por su ausencia.
Pero de esta industria de género, lo verdaderamente dañino y desgraciado para la sociedad es que todas las mujeres maltratadas pasen a formar parte de una misma bolsa, dado que existen mujeres verdaderamente maltratadas que sufren maltrato habitual, pero que al ser éste de perfil bajo es indetectable a los numerosos sistemas de detección, cuando precisamente debieran recibir éstas un trato adecuado, incluso preferente, y ser atendidas con medios concretos. Por esto mismo, el automatismo de todo tipo de ayudas, como su falta de control y, sobre todo, la no diferenciación de la mujeres verdaderamente maltratadas respecto de las que no lo son en realidad, constituyen, además de un despilfarro de dinero público, una gran injusticia hacia aquellas ciertamente maltratadas que sufren a solas su maltrato y ven en las otras, las que explotan el maltrato, a sus segundas maltratadoras, pues el tiempo y los recursos que se les dedica a éstas les falta a las primeras, que viven asoladas por el terror de la violencia machista de algunos mal nacidos que aún campan a su anchas. Un abuso, un grave perjuicio que, desde luego, no puede recaer en quienes nos atrevemos a denunciarlo.
www.elcorreodemadrid.com
La Sra. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Género, el Ojo de Sauron que vigila a todos los varones heterosexuales en España, convertida en la Tierra Media de la serie el Señor de los Anillos, lo dijo muy clarito en su día en Diario de Sevilla: «La denuncia es la única manera de hacer que la máquina funcione».
Este desliz de sinceridad, impropio de una generala de alto mando feminista sito en Madrid, ahora en manos de la superiora de la Orden del Género, la Sra. Carmen Calvo, dejaba al desnudo cómo toda la Industria de Género depende de las subvenciones que trae de la mano toda denuncia, como las mismas denunciantes pasan a formar parte de un sistema clientelar de ayudas públicas a cambio de apoyar con su voto a la opción política que lleva el nacionalfeminismo español en su ADN, porque este feminismo -sectario e inconstitucional, por más señas- sólo le pertenece a ese partido, bonita, Carmen Calvo dixit.
La Ley 4/2004, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, cataloga a cualquier denunciante como «víctima», en especial cuando la denuncia se presenta por «violencia machista» en la que siempre el hecho denunciado constituye delito, accediendo ésta automáticamente a la llamada «justicia restaurativa» del art.15 de dicha ley, esto es, la potestad de la denunciante a reclamar dinero al denunciado y a la Administración, con derecho a la prestación reservada a las mujeres maltratadas de pago único (ayudas SEPE del art. 27 de la Ley 1/2004), el cobro en su caso de la Renta Activa de Inserción de 426€ cada mes, el acceso prioritario a la bolsa de empleo con plazas reservadas para trabajar en la administración o Comunidad Autónoma en que resida, acceso prioritario a la bolsa de vivienda, regularización de situación de emigrantes, reagrupación familiar, obtención de ciudadanía española, cursos remunerados para la obtención de título profesional, prioridad en traslados o cambio de horario en su trabajo, subvenciones para la obtención del carnet de conducir, vacaciones pagadas, guarderías gratuitas, derecho a una pensión de viudedad vinculada a tener en el momento del fallecimiento del marido una pensión compensatoria o incluso pensión de viudedad si presenta una denuncia contra el ex marido fallecido, aportando un mínimo indicio de prueba y por cualquier medio admitido en Derecho, de haber resultado ser mujer maltratada, según Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. (Fuente: “La Dictadura de Género” (Almuzara), págs. 158 y 159).
Toda esta batería de ayudas y prestaciones da trabajo a cientos de miles de personas que viven del negocio de género, esto es, que son amamantadas a diario por la Gran Teta de Género, pues no saben hacer otra cosa distinta, de ahí que absorban ingentes fondos, millones de euros sin control y cuyo seguimiento brilla por su ausencia.
Pero de esta industria de género, lo verdaderamente dañino y desgraciado para la sociedad es que todas las mujeres maltratadas pasen a formar parte de una misma bolsa, dado que existen mujeres verdaderamente maltratadas que sufren maltrato habitual, pero que al ser éste de perfil bajo es indetectable a los numerosos sistemas de detección, cuando precisamente debieran recibir éstas un trato adecuado, incluso preferente, y ser atendidas con medios concretos. Por esto mismo, el automatismo de todo tipo de ayudas, como su falta de control y, sobre todo, la no diferenciación de la mujeres verdaderamente maltratadas respecto de las que no lo son en realidad, constituyen, además de un despilfarro de dinero público, una gran injusticia hacia aquellas ciertamente maltratadas que sufren a solas su maltrato y ven en las otras, las que explotan el maltrato, a sus segundas maltratadoras, pues el tiempo y los recursos que se les dedica a éstas les falta a las primeras, que viven asoladas por el terror de la violencia machista de algunos mal nacidos que aún campan a su anchas. Un abuso, un grave perjuicio que, desde luego, no puede recaer en quienes nos atrevemos a denunciarlo.
Denuncias falsas, muy falsas, absolutamente falsas (I)
La Sra. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Género, el Ojo de Sauron que vigila a todos los varones heterosexuales en Espa&n...
Denuncias falsas, muy falsas, absolutamente falsas (II)
Nicolás de Cárdenas (EFE) el 13/04/2016, en la web www.actuall.com, encabezaba su artículo así: «Más del 87% de las denuncias por violencia de género no acaba en condena» y puntualizaba debajo «Aún sin condena, la interposición de la mera denuncia por malos tratos provoca la detención del varón, la expulsión del domicilio familiar o la imposibilidad de la custodia compartida, entre otras medidas». Tras una breve aclaración, continuaba así: «Según un informe realizado por la Asociación Erich Fromm basado en datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, sólo un 12,3 % de las denuncias por violencia de género presentadas entre 2004 y 2015 se han resuelto con una condena, incluyendo hombres y mujeres».
Esto supone que la Justicia considera que en el 87,7% de los casos, los supuestos delitos denunciados no están probados, son archivados o sobreseídos o se trata de denuncias falsas, fraudulentas o simulaciones de delito. En esta situación, según los datos del Observatorio de Género (CGPJ), se encontrarían más de un millón de denuncias en ese periodo (1.299.578).
En concreto, de las 1.482.041 denuncias interpuestas entre 2004 y 2015 bajo el amparo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 177.994 desembocaron en una condena contra un varón, lo que supone un 12% sobre el total de denuncias.
Por otro lado, cabe señalar que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de condenas respecto al total de denuncias se queda en el 0,3%, que corresponde a 4.469 condenas en el mismo periodo.
La Ley de Protección Integral de Violencia de Género, LIVG 1/2004 fue impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega y presentada por él, con amplia sonrisa insulsa, como «un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal». Sólo recordarle al Sr. Zapatero, en su retiro de ver pasar las nubes y contarlas sentado en su butaca –tal como él describía su jubilación– que sobre su mesa de trabajo tuvo el Informe del CGPJ de fecha 24/5/2004, una crítica técnica impecable desde el punto de vista jurídico, un trabajo excelente, en el que una de sus muchas conclusiones advertía que «los delitos recogidos en la ley se basen tan sólo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la citada ley su intencionalidad, lleva al derecho penal de autor, incompatible con la Constitución».
Este poderoso instrumento del que hablaba el Sr. Zapatero, la Ley 1/2004, puede resumirse de este modo: El varón denunciado, puede ser detenido, y aún sin condena firme expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida de sus hijos, entre otras consecuencias, como también pasa ipso facto a engrosar el Registro Central de Maltratadores españoles y la mujer denunciante, por el sólo hecho de tramitar una denuncia, sin que medie sentencia firme, tiene derecho desde el mismo momento, a una asistencia social integral, ventajas laborales y a percibir ayudas económicas.
Y es que, si los coches funcionan con gasolina, los aviones con queroseno, la Gran Teta de Género necesita denuncias. Cuando no quede hombre heterosexual alguno por denunciar, justo entonces, la gran máquina de género se detendrá. Pero ya será tarde, decenas de miles de niños llegarán a la edad adulta sumidos en un malestar emocional sin cura al habérseles impedido ser niños junto a su padre, vivir su niñez como niños normalizados, conculcándose sus Derechos Fundamentales detallados en nuestra carta Magna, porque ¡sin denuncia no hay paraíso!, ni rojo ni morado.
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Nicolás de Cárdenas (EFE) el 13/04/2016, en la web www.actuall.com, encabezaba su artículo así: «Más del 87% de las denuncias por violencia de género no acaba en condena» y puntualizaba debajo «Aún sin condena, la interposición de la mera denuncia por malos tratos provoca la detención del varón, la expulsión del domicilio familiar o la imposibilidad de la custodia compartida, entre otras medidas». Tras una breve aclaración, continuaba así: «Según un informe realizado por la Asociación Erich Fromm basado en datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, sólo un 12,3 % de las denuncias por violencia de género presentadas entre 2004 y 2015 se han resuelto con una condena, incluyendo hombres y mujeres».
Esto supone que la Justicia considera que en el 87,7% de los casos, los supuestos delitos denunciados no están probados, son archivados o sobreseídos o se trata de denuncias falsas, fraudulentas o simulaciones de delito. En esta situación, según los datos del Observatorio de Género (CGPJ), se encontrarían más de un millón de denuncias en ese periodo (1.299.578).
En concreto, de las 1.482.041 denuncias interpuestas entre 2004 y 2015 bajo el amparo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 177.994 desembocaron en una condena contra un varón, lo que supone un 12% sobre el total de denuncias.
Por otro lado, cabe señalar que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de condenas respecto al total de denuncias se queda en el 0,3%, que corresponde a 4.469 condenas en el mismo periodo.
La Ley de Protección Integral de Violencia de Género, LIVG 1/2004 fue impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega y presentada por él, con amplia sonrisa insulsa, como «un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal». Sólo recordarle al Sr. Zapatero, en su retiro de ver pasar las nubes y contarlas sentado en su butaca –tal como él describía su jubilación– que sobre su mesa de trabajo tuvo el Informe del CGPJ de fecha 24/5/2004, una crítica técnica impecable desde el punto de vista jurídico, un trabajo excelente, en el que una de sus muchas conclusiones advertía que «los delitos recogidos en la ley se basen tan sólo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la citada ley su intencionalidad, lleva al derecho penal de autor, incompatible con la Constitución».
Este poderoso instrumento del que hablaba el Sr. Zapatero, la Ley 1/2004, puede resumirse de este modo: El varón denunciado, puede ser detenido, y aún sin condena firme expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida de sus hijos, entre otras consecuencias, como también pasa ipso facto a engrosar el Registro Central de Maltratadores españoles y la mujer denunciante, por el sólo hecho de tramitar una denuncia, sin que medie sentencia firme, tiene derecho desde el mismo momento, a una asistencia social integral, ventajas laborales y a percibir ayudas económicas.
Y es que, si los coches funcionan con gasolina, los aviones con queroseno, la Gran Teta de Género necesita denuncias. Cuando no quede hombre heterosexual alguno por denunciar, justo entonces, la gran máquina de género se detendrá. Pero ya será tarde, decenas de miles de niños llegarán a la edad adulta sumidos en un malestar emocional sin cura al habérseles impedido ser niños junto a su padre, vivir su niñez como niños normalizados, conculcándose sus Derechos Fundamentales detallados en nuestra carta Magna, porque ¡sin denuncia no hay paraíso!, ni rojo ni morado.
Denuncias falsas, muy falsas, absolutamente falsas (II)
Nicolás de Cárdenas (EFE) el 13/04/2016, en la web www.actuall.com, encabezaba su artículo así: «Más del...
Feminismo de género y violencia machista: la mentira más grande jamás contada
Carlos Aurelio Caldito Aunión.- En España (según el Ministerio de Sanidad) mueren cada año más de 60.000 personas como consecuencia del consumo de tabaco. A pesar de ello, no se detiene sin más a cualquier vendedor de tabaco, tampoco se les persigue o se les sanciona -ya que es una actividad legal- y lo mismo ocurre con los productores y distribuidores.
En España, cada año fallecen más de 13.000 personas debido al consumo de alcohol, ¡Ojo, estas muertes no están relacionadas con accidentes de tráfico! A ello hay que añadir los dramas familiares que se producen en la mayoría de los casos. Tampoco debemos olvidar que en nuestro país hay alrededor de 300.000 alcohólicos de edades comprendidas entre 19 y 28 años.
Pese a ello, hay municipios gobernados por partidos del consenso socialdemócrata -que se pavonean de hacer política social y cultural- que, no solo no persiguen ni castigan con las leyes existentes el consumo de alcohol en la vía pública, incluso entre menores, los famosos “botellones”, sino que reservan espacios públicos para tal fin, haciendo soportar al ciudadano, no solo el coste que acarrea el enorme número de alcohólicos (bajas laborales, subsidios, etc.) también los costes de limpieza de las “zonas de ocio”.
Mención aparte merece la merma de la calidad de vida de los vecinos que sufren las temibles “zonas de marcha-movida”.
En España, según la Dirección General de Tráfico, se producen anualmente alrededor de 90.000 accidentes, con aproximadamente 135.000 víctimas de las que casi 4.000 son con resultado de muerte. 15 veces los fallecidos en los atentados del 11 de Marzo de 2004, algo así como si cada mes hubiese un atentado de similares características.
El gobierno, lejos de endurecer las sanciones para los infractores del código de circulación, con penas de cárcel u otras más acordes a la magnitud de la tragedia de la que hablamos puso en marcha el maravilloso invento del carné por puntos… mientras la carretera se sigue cobrando más y más vidas.
Por descontado, tampoco se producen detenciones masivas e indiscriminadas de fabricantes y vendedores de coches, tal como se viene haciendo en la aplicación de la llamada “ley de violencia de género”.
En España cada año, según datos de Cruz Roja Española, más de 700.000 niños menores de 15 años sufren accidentes en el ámbito familiar. De los que alrededor de 1.000 son con resultado de muerte.
Esto nos lleva a la conclusión de que todos los días los medios de información y creadores de opinión deberían contarnos que muere un par de menores debido a accidentes domésticos… a nadie se le ha ocurrido –todavía- proponer detenciones masivas de fabricantes de juguetes, de vendedores de juguetes o de cualquier persona que se encuentre en las proximidades de un niño llorando diciendo que se ha caído y se ha hecho daño.
En España, los Anuarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales afirman que, cada año suelen producirse cerca de 1.000.000 de accidentes laborales (declarados), de los cuales alrededor de 1.000 acaban con víctimas mortales.
A pesar de que existe una extensa normativa, dura, inflexible y casi imposible de cumplir, referida a las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, no se cuenta con medios para garantizar el cumplimiento de dichas leyes.
Como en el resto de asuntos de los que vengo hablando, este sistemático incumplimiento tiene un origen económico evidente, y como objetivo el de mantener los márgenes de beneficios de las empresas, todo ello aderezado por las continuas subidas de los costes de materias primas, salarios, energía, carburantes, transportes, etc. Así como la competencia de los productos procedentes del exterior, la “contratación” ilegal de mano de obra extranjera, libre de costes sociales, etc.
En España, según la Oficina del Defensor del Paciente, cada año mueren más de 500 personas debido a negligencias médicas.
Si por cada queja de cualquier paciente, la policía procediera a la detención de los médicos implicados, en los centros penitenciarios pasaría a haber tantos médicos como en los centros hospitalarios.
-Siguiendo el orden decreciente, que ha caracterizado a este texto, respecto del número de víctimas que se producen en determinaos ámbitos, con resultado de muerte de personas, llegaríamos a eso que se ha dado en llamar “violencia de género” o “violencia machista”.
Estoy hablando de un ámbito en el que anualmente mueren en España no más de 60-70 personas adultas (de sexo femenino) aunque, afortunadamente, las cifras han disminuido a menos de 50… En este caso, sí que se considera adecuado detener inmediatamente a los hombres “supuestamente implicados” (como dice la denominada ley de 28 de diciembre de 2004, de violencia de “género”, para proteger a las mujeres) sin permitírseles ejercer su derecho a la presunción de inocencia, negándoseles su derecho constitucional al “recurso de hábeas corpus”, con ingreso inmediato en prisión preventiva, como si se tratara de delincuentes peligrosos y un sin fin de consecuencias que pueden derivarse de ello, como la pérdida del puesto de trabajo…
En el año 2004 (año en que se aprobó la LVIOGEN, ley de “violencia de género”) los suicidios relacionados con procesos de separación y divorcio, supusieron la muerte de 257 hombres y 32 mujeres (289 personas). No obstante, esto no dio lugar a plantear siquiera el debate sobre la conveniencia, o no, de la actual legislación en materia de separación y divorcio, ni a la creación de un observatorio para el control del suicidio en España (el dato se engloba dentro de más de 3.000 suicidios anuales de hombres por diferentes motivos), ni a la creación del “instituto para la prevención del suicidio”. Una tasa de 38 suicidios de hombres divorciados por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 6 suicidios de mujeres divorciadas por cada 100.000 habitantes, parece que no es motivo suficiente para plantear una revisión de la legislación y de la forma de aplicar dicha legislación (máxime si se compara con los datos de violencia domestica 1,1 agresión por cada 1.000.000 de habitantes en el caso de agresores españoles y 4,4 en el caso de agresores extranjeros)
El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes en el santoral católico, se cumplirá un nuevo aniversario de la aprobación de la ley más perversa, genocida, de las aprobadas en España, y posiblemente en el mundo occidental en lo que va de siglo XXI.
Una ley que ha conducido a la detención ilegal y al procesamiento, a lo largo de estos doce años de casi dos millones de varones, por el simple hecho de haber nacido con pene.
Más del 15% del total de reclusos en las cárceles españolas lo son por aplicación de la Ley de Violencia de Género. Una norma que ha batido todos los récords de recursos de inconstitucionalidad -promovidos por jueces cuando se han visto obligados a aplicarla- más de dos centenares; una norma que todos los juristas españoles de reconocido prestigio han afirmado que viola el derecho constitucional a la igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, a la dignidad de la persona y a la tutela judicial efectiva, y muchas cosas más; cuestiones que a pesar del tiempo transcurrido, salvo los damnificados, sus familiares y amigos; la mayoría de la población española sigue ignorando, o ¿tal vez la mayoría de los españoles desea seguir ignorándolo?, y en tal caso, algo realmente grave, gravísimo está ocurriendo en España.
Estoy hablando de un ámbito en el que aquello de la corrupción, de la que tanto nos hablan los medios de información, un día sí, y el otro también, es lo más común, y para lo cual es imprescindible la entusiasta colaboración de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, forenses, psicólogos, y un largo etc. que obtiene pingües beneficios del sufrimiento ajeno, principalmente de cientos de miles de varones, de sus hijos, de sus familias extensas; ya digo, un verdadero genocidio, crímenes de lesa humanidad.
En España una de cada cuatro separaciones matrimoniales, o de pareja, va acompañada de denuncia por «malos tratos».
Según la legislación aprobada en la última década, relativa a separaciones, divorcios, relaciones interpersonales, de pareja… los varones españoles nacen “culpables” (algo así como el pecado original del que hablan los católicos) y se les somete a una sistemática discriminación en sus derechos esenciales, discriminación amparada en la denominada «perspectiva de género». Un nuevo fundamentalismo fanático, violento, el feminismo «de género» aliado con el poder político, está en el origen de todo ello, y el retroceso al que asistimos respecto de derechos fundamentales no tiene comparación posible en nuestro entorno cultural.
Y ya para terminar, pues el asunto da para mucho, muchísimo más: estamos hablando de un salvaje retroceso en lo que respecta a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978, de la que hace tres meses celebrábamos su trigésimo octavo aniversario, que todos los días se le niega a la mitad de la población por haber nacido con pene; circunstancia que no es algo casual. La liberticida y totalitaria Ley de Violencia de Género es la culminación de una ideología que se ha acabado instalando en la sociedad y goza de omnipresencia en las instituciones del Estado de Derecho. Una ideología que se llama feminismo de género, femi-estalinismo, o femi-nazismo. Un régimen político, de apartheid, al fin y al cabo, que solo la “sociedad civil” puede derrocar, pues cualquiera que esté bien informado debe de tener en cuenta que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.
www.alertadigital.com
Carlos Aurelio Caldito Aunión.- En España (según el Ministerio de Sanidad) mueren cada año más de 60.000 personas como consecuencia del consumo de tabaco. A pesar de ello, no se detiene sin más a cualquier vendedor de tabaco, tampoco se les persigue o se les sanciona -ya que es una actividad legal- y lo mismo ocurre con los productores y distribuidores.
En España, cada año fallecen más de 13.000 personas debido al consumo de alcohol, ¡Ojo, estas muertes no están relacionadas con accidentes de tráfico! A ello hay que añadir los dramas familiares que se producen en la mayoría de los casos. Tampoco debemos olvidar que en nuestro país hay alrededor de 300.000 alcohólicos de edades comprendidas entre 19 y 28 años.
Pese a ello, hay municipios gobernados por partidos del consenso socialdemócrata -que se pavonean de hacer política social y cultural- que, no solo no persiguen ni castigan con las leyes existentes el consumo de alcohol en la vía pública, incluso entre menores, los famosos “botellones”, sino que reservan espacios públicos para tal fin, haciendo soportar al ciudadano, no solo el coste que acarrea el enorme número de alcohólicos (bajas laborales, subsidios, etc.) también los costes de limpieza de las “zonas de ocio”.
Mención aparte merece la merma de la calidad de vida de los vecinos que sufren las temibles “zonas de marcha-movida”.
En España, según la Dirección General de Tráfico, se producen anualmente alrededor de 90.000 accidentes, con aproximadamente 135.000 víctimas de las que casi 4.000 son con resultado de muerte. 15 veces los fallecidos en los atentados del 11 de Marzo de 2004, algo así como si cada mes hubiese un atentado de similares características.
El gobierno, lejos de endurecer las sanciones para los infractores del código de circulación, con penas de cárcel u otras más acordes a la magnitud de la tragedia de la que hablamos puso en marcha el maravilloso invento del carné por puntos… mientras la carretera se sigue cobrando más y más vidas.
Por descontado, tampoco se producen detenciones masivas e indiscriminadas de fabricantes y vendedores de coches, tal como se viene haciendo en la aplicación de la llamada “ley de violencia de género”.
En España cada año, según datos de Cruz Roja Española, más de 700.000 niños menores de 15 años sufren accidentes en el ámbito familiar. De los que alrededor de 1.000 son con resultado de muerte.
Esto nos lleva a la conclusión de que todos los días los medios de información y creadores de opinión deberían contarnos que muere un par de menores debido a accidentes domésticos… a nadie se le ha ocurrido –todavía- proponer detenciones masivas de fabricantes de juguetes, de vendedores de juguetes o de cualquier persona que se encuentre en las proximidades de un niño llorando diciendo que se ha caído y se ha hecho daño.
En España, los Anuarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales afirman que, cada año suelen producirse cerca de 1.000.000 de accidentes laborales (declarados), de los cuales alrededor de 1.000 acaban con víctimas mortales.
A pesar de que existe una extensa normativa, dura, inflexible y casi imposible de cumplir, referida a las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, no se cuenta con medios para garantizar el cumplimiento de dichas leyes.
Como en el resto de asuntos de los que vengo hablando, este sistemático incumplimiento tiene un origen económico evidente, y como objetivo el de mantener los márgenes de beneficios de las empresas, todo ello aderezado por las continuas subidas de los costes de materias primas, salarios, energía, carburantes, transportes, etc. Así como la competencia de los productos procedentes del exterior, la “contratación” ilegal de mano de obra extranjera, libre de costes sociales, etc.
En España, según la Oficina del Defensor del Paciente, cada año mueren más de 500 personas debido a negligencias médicas.
Si por cada queja de cualquier paciente, la policía procediera a la detención de los médicos implicados, en los centros penitenciarios pasaría a haber tantos médicos como en los centros hospitalarios.
-Siguiendo el orden decreciente, que ha caracterizado a este texto, respecto del número de víctimas que se producen en determinaos ámbitos, con resultado de muerte de personas, llegaríamos a eso que se ha dado en llamar “violencia de género” o “violencia machista”.
Estoy hablando de un ámbito en el que anualmente mueren en España no más de 60-70 personas adultas (de sexo femenino) aunque, afortunadamente, las cifras han disminuido a menos de 50… En este caso, sí que se considera adecuado detener inmediatamente a los hombres “supuestamente implicados” (como dice la denominada ley de 28 de diciembre de 2004, de violencia de “género”, para proteger a las mujeres) sin permitírseles ejercer su derecho a la presunción de inocencia, negándoseles su derecho constitucional al “recurso de hábeas corpus”, con ingreso inmediato en prisión preventiva, como si se tratara de delincuentes peligrosos y un sin fin de consecuencias que pueden derivarse de ello, como la pérdida del puesto de trabajo…
En el año 2004 (año en que se aprobó la LVIOGEN, ley de “violencia de género”) los suicidios relacionados con procesos de separación y divorcio, supusieron la muerte de 257 hombres y 32 mujeres (289 personas). No obstante, esto no dio lugar a plantear siquiera el debate sobre la conveniencia, o no, de la actual legislación en materia de separación y divorcio, ni a la creación de un observatorio para el control del suicidio en España (el dato se engloba dentro de más de 3.000 suicidios anuales de hombres por diferentes motivos), ni a la creación del “instituto para la prevención del suicidio”. Una tasa de 38 suicidios de hombres divorciados por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 6 suicidios de mujeres divorciadas por cada 100.000 habitantes, parece que no es motivo suficiente para plantear una revisión de la legislación y de la forma de aplicar dicha legislación (máxime si se compara con los datos de violencia domestica 1,1 agresión por cada 1.000.000 de habitantes en el caso de agresores españoles y 4,4 en el caso de agresores extranjeros)
El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes en el santoral católico, se cumplirá un nuevo aniversario de la aprobación de la ley más perversa, genocida, de las aprobadas en España, y posiblemente en el mundo occidental en lo que va de siglo XXI.
Una ley que ha conducido a la detención ilegal y al procesamiento, a lo largo de estos doce años de casi dos millones de varones, por el simple hecho de haber nacido con pene.
Más del 15% del total de reclusos en las cárceles españolas lo son por aplicación de la Ley de Violencia de Género. Una norma que ha batido todos los récords de recursos de inconstitucionalidad -promovidos por jueces cuando se han visto obligados a aplicarla- más de dos centenares; una norma que todos los juristas españoles de reconocido prestigio han afirmado que viola el derecho constitucional a la igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, a la dignidad de la persona y a la tutela judicial efectiva, y muchas cosas más; cuestiones que a pesar del tiempo transcurrido, salvo los damnificados, sus familiares y amigos; la mayoría de la población española sigue ignorando, o ¿tal vez la mayoría de los españoles desea seguir ignorándolo?, y en tal caso, algo realmente grave, gravísimo está ocurriendo en España.
Estoy hablando de un ámbito en el que aquello de la corrupción, de la que tanto nos hablan los medios de información, un día sí, y el otro también, es lo más común, y para lo cual es imprescindible la entusiasta colaboración de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, forenses, psicólogos, y un largo etc. que obtiene pingües beneficios del sufrimiento ajeno, principalmente de cientos de miles de varones, de sus hijos, de sus familias extensas; ya digo, un verdadero genocidio, crímenes de lesa humanidad.
En España una de cada cuatro separaciones matrimoniales, o de pareja, va acompañada de denuncia por «malos tratos».
Según la legislación aprobada en la última década, relativa a separaciones, divorcios, relaciones interpersonales, de pareja… los varones españoles nacen “culpables” (algo así como el pecado original del que hablan los católicos) y se les somete a una sistemática discriminación en sus derechos esenciales, discriminación amparada en la denominada «perspectiva de género». Un nuevo fundamentalismo fanático, violento, el feminismo «de género» aliado con el poder político, está en el origen de todo ello, y el retroceso al que asistimos respecto de derechos fundamentales no tiene comparación posible en nuestro entorno cultural.
Y ya para terminar, pues el asunto da para mucho, muchísimo más: estamos hablando de un salvaje retroceso en lo que respecta a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978, de la que hace tres meses celebrábamos su trigésimo octavo aniversario, que todos los días se le niega a la mitad de la población por haber nacido con pene; circunstancia que no es algo casual. La liberticida y totalitaria Ley de Violencia de Género es la culminación de una ideología que se ha acabado instalando en la sociedad y goza de omnipresencia en las instituciones del Estado de Derecho. Una ideología que se llama feminismo de género, femi-estalinismo, o femi-nazismo. Un régimen político, de apartheid, al fin y al cabo, que solo la “sociedad civil” puede derrocar, pues cualquiera que esté bien informado debe de tener en cuenta que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.
Feminismo de género y violencia machista: la mentira más grande jamás contada
El TSJA concede la pensión a una maltratada pese a no haber condena
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aprecia el derecho de una mujer a percibir una pensión de viudedad del que fuera su marido durante 25 años como víctima de malos tratos pese a no constar una condena por este motivo. El tribunal estima así el recurso presentado contra la sentencia del juzgado de lo Social número 4 de Gijón que falló a favor del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se denegaba la prestación.
La mujer había interpuesto dos denuncias en la comisaría en 2012, si bien luego las retiró, según explicó, por miedo. La separación tuvo lugar en 2012. Pese a no existir un procedimiento judicial contra el hombre, el fallo tiene en cuenta el informe del programa de atención psicosocial a la mujer del Hospital de Cabueñes. Los técnicos informaron que la mujer fue derivada allí en agosto de 2011 por el Centro Asesor de la Mujer. «Cuando acudió a la consulta se encontraba en trámites de separación del que fue su marido durante 25 años, refirió haber recibido malos tratos físicos y psicológicos (desvalorización y control) de su marido durante el matrimonio», recoge la sentencia.
Presentaba «labilidad emocional o llanto fácil al recordar o hablar de experiencias vividas con su exmarido, así como pesadillas frecuentes relacionadas con amenazas y desprecios, según indicó, que él le hacía. Presentaba ansiedad con ideación autolítica sin intencionalidad y expreso miedo a que su exmarido le hiciera daño a ella o a sus familiares».
«La interpretación racional lleva a entender que el requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio se cumple. Consta plenamente acreditada la relación directa que existe entre la situación de violencia de género padecida y el abandono del hogar familiar por el causante, en julio de 2011», recoge el fallo judicial. Por ese motivo, el tribunal aprecia «el derecho de la demandante a lucrar la pensión de viudedad reclamada al constar suficientemente acreditada la existencia de una situación de violencia de género sobre ella con carácter antecedente y coetáneo a la separación y divorcio de los esposos».
1.200 euros mensuales
Se revoca así la resolución del juzgado de lo Social que daba la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social y declara el derecho a percibir la prestación a percibir una pensión próxima a los 1.200 euros mensuales. La demandante estuvo representada por el graduado social Daniel Sánchez Díaz.
www.elcomercio.es
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aprecia el derecho de una mujer a percibir una pensión de viudedad del que fuera su marido durante 25 años como víctima de malos tratos pese a no constar una condena por este motivo. El tribunal estima así el recurso presentado contra la sentencia del juzgado de lo Social número 4 de Gijón que falló a favor del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se denegaba la prestación.
La mujer había interpuesto dos denuncias en la comisaría en 2012, si bien luego las retiró, según explicó, por miedo. La separación tuvo lugar en 2012. Pese a no existir un procedimiento judicial contra el hombre, el fallo tiene en cuenta el informe del programa de atención psicosocial a la mujer del Hospital de Cabueñes. Los técnicos informaron que la mujer fue derivada allí en agosto de 2011 por el Centro Asesor de la Mujer. «Cuando acudió a la consulta se encontraba en trámites de separación del que fue su marido durante 25 años, refirió haber recibido malos tratos físicos y psicológicos (desvalorización y control) de su marido durante el matrimonio», recoge la sentencia.
Presentaba «labilidad emocional o llanto fácil al recordar o hablar de experiencias vividas con su exmarido, así como pesadillas frecuentes relacionadas con amenazas y desprecios, según indicó, que él le hacía. Presentaba ansiedad con ideación autolítica sin intencionalidad y expreso miedo a que su exmarido le hiciera daño a ella o a sus familiares».
«La interpretación racional lleva a entender que el requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio se cumple. Consta plenamente acreditada la relación directa que existe entre la situación de violencia de género padecida y el abandono del hogar familiar por el causante, en julio de 2011», recoge el fallo judicial. Por ese motivo, el tribunal aprecia «el derecho de la demandante a lucrar la pensión de viudedad reclamada al constar suficientemente acreditada la existencia de una situación de violencia de género sobre ella con carácter antecedente y coetáneo a la separación y divorcio de los esposos».
1.200 euros mensuales
Se revoca así la resolución del juzgado de lo Social que daba la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social y declara el derecho a percibir la prestación a percibir una pensión próxima a los 1.200 euros mensuales. La demandante estuvo representada por el graduado social Daniel Sánchez Díaz.
El TSJA concede la pensión a una maltratada pese a no haber condena
Revoca la sentencia del juzgado de lo Social y considera como prueba el informe de atención psicosocial del Hospital de Cabueñes
Una “femi-progre” intenta acorralar a Ortega Smith en TVE y le sale el tiro por la culata
La verdad es que tiene que ser un trago ser responsable político de Vox y asistir a según qué debates televisivos. Todos los que se sientan en la mesa alrededor de ellos tienen un objetivo común, el ataque frontal al representante de Vox para intentar pillarle en un renuncio.
Pero lo que resulta divertido es cuando eso lo intentan hacer con Javier Ortega Smith puesto que, a día de hoy, es un hueso muy duro de roer en un debate y normalmente acaba cazando a quien pretende cazarle a él. Eso es lo que ha sucedido en un debate celebrado en el Canal 24 Horas de TVE.
Enfrente de Ortega Smith le pusieron a una “femi-progre” quien, haciendo gala de unas ansias exageradas de sangre, acribillaba a preguntas a Ortega Smith con el asunto de la Ley de Violencia de Género y recibía zascas continuos en cada respuesta que acababan dejando a la alterada feminista sin palabras.
Como se quedaba sin palabras con la pregunta y la respuesta anterior, lo intentaba por otro lado para ver si conseguí desestabilizar y cazar, nuevo zasca que recibía la feminista. Cuando se intenta manipular con una ley injusta y, sobre todo, cuando se intenta mentir para culpar a alguien de cosas que no ha dicho es lo que pasa, que las mentiras tiene las patas muy cortas.
Lo intentan continuamente pero cuando se encuentran enfrente con alguien coherente y, sobre todo, con alguien que tiene recursos casi ilimitados en una mesa de debate lo pasan fatal. Que vuelvan a por otra “somanta”…
www.eldiestro.es
La verdad es que tiene que ser un trago ser responsable político de Vox y asistir a según qué debates televisivos. Todos los que se sientan en la mesa alrededor de ellos tienen un objetivo común, el ataque frontal al representante de Vox para intentar pillarle en un renuncio.
Pero lo que resulta divertido es cuando eso lo intentan hacer con Javier Ortega Smith puesto que, a día de hoy, es un hueso muy duro de roer en un debate y normalmente acaba cazando a quien pretende cazarle a él. Eso es lo que ha sucedido en un debate celebrado en el Canal 24 Horas de TVE.
Enfrente de Ortega Smith le pusieron a una “femi-progre” quien, haciendo gala de unas ansias exageradas de sangre, acribillaba a preguntas a Ortega Smith con el asunto de la Ley de Violencia de Género y recibía zascas continuos en cada respuesta que acababan dejando a la alterada feminista sin palabras.
Como se quedaba sin palabras con la pregunta y la respuesta anterior, lo intentaba por otro lado para ver si conseguí desestabilizar y cazar, nuevo zasca que recibía la feminista. Cuando se intenta manipular con una ley injusta y, sobre todo, cuando se intenta mentir para culpar a alguien de cosas que no ha dicho es lo que pasa, que las mentiras tiene las patas muy cortas.
Lo intentan continuamente pero cuando se encuentran enfrente con alguien coherente y, sobre todo, con alguien que tiene recursos casi ilimitados en una mesa de debate lo pasan fatal. Que vuelvan a por otra “somanta”…
Una "femi-progre" intenta acorralar a Ortega Smith en TVE y le sale el tiro por la culata - El Diestro
Una "femi-progre" intenta acorralar a Ortega Smith en TVE y le sale el tiro por la culata
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Una fiscal propone que negar la violencia de género sea delito
La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que negar la violencia de género pueda ser considerado delito de odio, del mismo modo en que lo es el negacionismo del holocausto, un tipo penal al que «se aproxima» mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.
«No estoy diciendo que ese negacionismo de la violencia de género sea ahora delito, porque no lo es actualmente, pero sí que se estudie esta posibilidad, porque hay líneas fronterizas muy peligrosas entre ese negacionismo y otro que sí es delito, como el del holocausto, con el que comparte el fundamento de trivializar crímenes muy graves».
La fiscal, que está especializada en violencia de género y ha sido portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, añade que «aunque en el caso de las muertes de mujeres no estemos hablando de un crimen de lesa humanidad, como sucede con el holocausto, el número de mujeres asesinadas empieza a ser de tal magnitud que podría llegar a considerarse como tal».
En todo caso, Gisbert matiza que, en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, y propone trabajar más en la prevención. «Cuando intervenimos con el derecho penal lo que hacemos es gestionar el fracaso. Aunque nos empeñemos en dar más funciones a los juzgados, nosotros solo actuamos cuando ha ocurrido un delito. Incluso aunque no haya condena, nosotros solo podremos poner medidas cautelares frente a un hecho con apariencia de delito. Sin eso, la Justicia penal no puede hacer nada más que redirigir a la mujer a los servicios sociales».
Como fiscal de delitos de odio, Gisbert pone en práctica medidas alternativas a las que entrañan cárcel, como por ejemplo la prohibición de actuar en redes sociales para condenados por perseguir en sus publicaciones a determinados colectivos por razones de pertenencia a una religión, etnia, orientación sexual...
«Son medidas muy interesantes, más aún teniendo en cuenta que ahora las redes sociales también pueden proveer de un cierto beneficio económico por visitas, por derivar tráfico a una web que recibe publicidad... en suma, se trata de medidas que pueden ser más efectivas que una prisión que, en muchos casos, no va a ser cumplida porque la suspenderá el tribunal, al ser la condena inferior a dos años de cárcel».
También destaca que se producen algunas tipologías de delitos de odio que la sorprenden por su inesperada frecuencia y que no son de expresión, sino de acción, como las palizas a personas por su orientación sexual o por ser inmigrantes, delitos que sí pueden revestir gravedad.
www.larazon.es
La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que negar la violencia de género pueda ser considerado delito de odio, del mismo modo en que lo es el negacionismo del holocausto, un tipo penal al que «se aproxima» mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.
«No estoy diciendo que ese negacionismo de la violencia de género sea ahora delito, porque no lo es actualmente, pero sí que se estudie esta posibilidad, porque hay líneas fronterizas muy peligrosas entre ese negacionismo y otro que sí es delito, como el del holocausto, con el que comparte el fundamento de trivializar crímenes muy graves».
La fiscal, que está especializada en violencia de género y ha sido portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, añade que «aunque en el caso de las muertes de mujeres no estemos hablando de un crimen de lesa humanidad, como sucede con el holocausto, el número de mujeres asesinadas empieza a ser de tal magnitud que podría llegar a considerarse como tal».
En todo caso, Gisbert matiza que, en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, y propone trabajar más en la prevención. «Cuando intervenimos con el derecho penal lo que hacemos es gestionar el fracaso. Aunque nos empeñemos en dar más funciones a los juzgados, nosotros solo actuamos cuando ha ocurrido un delito. Incluso aunque no haya condena, nosotros solo podremos poner medidas cautelares frente a un hecho con apariencia de delito. Sin eso, la Justicia penal no puede hacer nada más que redirigir a la mujer a los servicios sociales».
Como fiscal de delitos de odio, Gisbert pone en práctica medidas alternativas a las que entrañan cárcel, como por ejemplo la prohibición de actuar en redes sociales para condenados por perseguir en sus publicaciones a determinados colectivos por razones de pertenencia a una religión, etnia, orientación sexual...
«Son medidas muy interesantes, más aún teniendo en cuenta que ahora las redes sociales también pueden proveer de un cierto beneficio económico por visitas, por derivar tráfico a una web que recibe publicidad... en suma, se trata de medidas que pueden ser más efectivas que una prisión que, en muchos casos, no va a ser cumplida porque la suspenderá el tribunal, al ser la condena inferior a dos años de cárcel».
También destaca que se producen algunas tipologías de delitos de odio que la sorprenden por su inesperada frecuencia y que no son de expresión, sino de acción, como las palizas a personas por su orientación sexual o por ser inmigrantes, delitos que sí pueden revestir gravedad.
Una fiscal propone que negar la violencia de género sea delito
Una fiscal propone que negar la violencia de género sea delito
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Confidencias de una fiscal de género
En una entrevista a la fiscal de Valencia contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, EFE (06/12/2019), fiscal especializada en violencia de género, ésta relataba una obviedad que, en palabras de tal alta carga del Estado, tiene gran peso y fundamento. Puntualizaba, pues, la señora Gisbert que «en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, porque lo que hacemos es gestionar el fracaso».
Y de seguido a esta primera confidencia se dejó caer con un nuevo e impagable desliz de sinceridad: «el derecho penal es lo más barato: yo publico en el BOE que a determinados delincuentes les voy a subir las penas –se refiere a los hombres supuestamente maltratadores–y parece que resuelvo el problema, sin hacer ninguna inversión. Es una solución inmediata que se ve y que se vende a determinado público».
Efectivamente, el Estado español de nuestros días, transformado en un ente represivo y opresor contra los varones heterosexuales, ha instaurado con la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG 1/2004) una patente de corso para trucar la balanza de la Justicia, convertir los juicios de divorcio, en los que media una denuncia previa de género, en una pantomima, un teatrillo, un partido de fútbol amañado en el que acaba goleado el infeliz de turno que cae en las redes de esa red clientelar de chiringuitos de género, léanse Institutos de la Mujer, Juzgados para Mujeres, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para defender a las mujeres, operadoras del teléfono 016 y tire usted del hilo de la cometa, que cuerda tiene para rato.
Sin estudios objetivos e independientes de cómo opera la violencia en las parejas, en la familia, sino dando por sentado que todos los hombres son maltratadores y todas las mujeres son maltratadas, como reza en el art. nº1 de la LIVG 1/2004, se da pie a montar un Estado de permanente acoso y derribo a los hombres, se castiga a ciegas, porque no se ha analizado previamente el problema, y además se hace de manera indiscriminada y generalizada. En realidad, tal como dice la fiscal Gisbert, lo que se está haciendo es gestionar un fracaso, pero a costa de pagar un precio inasumible por una sociedad que se supone democrática y avanzada como son más de mil mujeres asesinadas, cientos de hijos huérfanos, dieciséis mil hombres suicidados por las políticas de género y cientos de miles de hijos e hijas huérfanos, aunque con padres vivientes a los que no pueden ver, ni tocar, ni besar…los hijos e hijas del SAP, menores alejados de su padre bien por una denuncia falsa bien con artes de brujería.
Efectivamente, legislar al son de los lobbies feministas radicales es rápido y barato, basta poner en el BOE lo que llega escrito a la ministra de Justicia o de Igualdad de turno para transcribirlo con puntos y comas al Código Penal. Una solución inmediata que, como bien dice la fiscal Gisbert, se le vende a determinado público, es decir, a las mujeres. Se les vende, claro está, a cambio de su voto, antes rojo, voto ahora rojindepetarramorado.
Votos a cambio de jurisprudencia favorable según sexo, en este caso el de las votantas, he aquí el feminismo cuarta ola, feminismo 4.0 o feminismo made in spain.
www.elcorreodemadrid.com
En una entrevista a la fiscal de Valencia contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, EFE (06/12/2019), fiscal especializada en violencia de género, ésta relataba una obviedad que, en palabras de tal alta carga del Estado, tiene gran peso y fundamento. Puntualizaba, pues, la señora Gisbert que «en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, porque lo que hacemos es gestionar el fracaso».
Y de seguido a esta primera confidencia se dejó caer con un nuevo e impagable desliz de sinceridad: «el derecho penal es lo más barato: yo publico en el BOE que a determinados delincuentes les voy a subir las penas –se refiere a los hombres supuestamente maltratadores–y parece que resuelvo el problema, sin hacer ninguna inversión. Es una solución inmediata que se ve y que se vende a determinado público».
Efectivamente, el Estado español de nuestros días, transformado en un ente represivo y opresor contra los varones heterosexuales, ha instaurado con la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG 1/2004) una patente de corso para trucar la balanza de la Justicia, convertir los juicios de divorcio, en los que media una denuncia previa de género, en una pantomima, un teatrillo, un partido de fútbol amañado en el que acaba goleado el infeliz de turno que cae en las redes de esa red clientelar de chiringuitos de género, léanse Institutos de la Mujer, Juzgados para Mujeres, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para defender a las mujeres, operadoras del teléfono 016 y tire usted del hilo de la cometa, que cuerda tiene para rato.
Sin estudios objetivos e independientes de cómo opera la violencia en las parejas, en la familia, sino dando por sentado que todos los hombres son maltratadores y todas las mujeres son maltratadas, como reza en el art. nº1 de la LIVG 1/2004, se da pie a montar un Estado de permanente acoso y derribo a los hombres, se castiga a ciegas, porque no se ha analizado previamente el problema, y además se hace de manera indiscriminada y generalizada. En realidad, tal como dice la fiscal Gisbert, lo que se está haciendo es gestionar un fracaso, pero a costa de pagar un precio inasumible por una sociedad que se supone democrática y avanzada como son más de mil mujeres asesinadas, cientos de hijos huérfanos, dieciséis mil hombres suicidados por las políticas de género y cientos de miles de hijos e hijas huérfanos, aunque con padres vivientes a los que no pueden ver, ni tocar, ni besar…los hijos e hijas del SAP, menores alejados de su padre bien por una denuncia falsa bien con artes de brujería.
Efectivamente, legislar al son de los lobbies feministas radicales es rápido y barato, basta poner en el BOE lo que llega escrito a la ministra de Justicia o de Igualdad de turno para transcribirlo con puntos y comas al Código Penal. Una solución inmediata que, como bien dice la fiscal Gisbert, se le vende a determinado público, es decir, a las mujeres. Se les vende, claro está, a cambio de su voto, antes rojo, voto ahora rojindepetarramorado.
Votos a cambio de jurisprudencia favorable según sexo, en este caso el de las votantas, he aquí el feminismo cuarta ola, feminismo 4.0 o feminismo made in spain.
Confidencias de una fiscal de género
En una entrevista a la fiscal de Valencia contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, EFE (06/12/2019), fiscal especializada en violencia de gé...
El pacto PSOE-Podemos incluye prohibir a los padres acusados por "violencia de género" ver a sus hijos
La lucha del Frente Popular contra la violencia de género y las medidas que se van a tomar para contentar a los progres empiezan a salir a la luz. Ante una Ley injusta y obsoleta que no equipara en derechos a hombres y mujeres, PSOE y Podemos, lejos de eliminarla van a endurecerla. De esta forma, los hombres condenados por malos tratos en el ámbito del hogar no podrán ver a sus hijos, pues no existirá régimen de visitas. Y no solo los condenados, en los casos en que haya una simple denuncia y el juez tome medidas cautelares, tampoco podrán ver a sus hijos.
Una limitación de derechos personales que abre la puerta - todavía más - a la picaresca y a la destrucción del hombre.
De modo que un autor de un delito de lesiones contra la mujer se convierte automáticamente en un mal padre. Y el Gobierno condena a los hijos a vivir sin la presencia de este padre o - como dicen en la Sexta - progenitor de un sexo diferente a la madre.
www.lanaciondigital.es
La lucha del Frente Popular contra la violencia de género y las medidas que se van a tomar para contentar a los progres empiezan a salir a la luz. Ante una Ley injusta y obsoleta que no equipara en derechos a hombres y mujeres, PSOE y Podemos, lejos de eliminarla van a endurecerla. De esta forma, los hombres condenados por malos tratos en el ámbito del hogar no podrán ver a sus hijos, pues no existirá régimen de visitas. Y no solo los condenados, en los casos en que haya una simple denuncia y el juez tome medidas cautelares, tampoco podrán ver a sus hijos.
Una limitación de derechos personales que abre la puerta - todavía más - a la picaresca y a la destrucción del hombre.
De modo que un autor de un delito de lesiones contra la mujer se convierte automáticamente en un mal padre. Y el Gobierno condena a los hijos a vivir sin la presencia de este padre o - como dicen en la Sexta - progenitor de un sexo diferente a la madre.
El pacto PSOE-Podemos incluye prohibir a los padres acusados por "violencia de género" ver a sus hijos
El Frente Popular prohibirá a los hombres condenados por la Ley de Violencia de Género disfrutar de sus hijos
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