El Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos del nuevo tipo de coronavirus (2019-nCoV), que tiene su origen en un mercado de carne de la ciudad de Wuhan (China) y que ha infectado de momento a 270 personas y ha producido nueve fallecidos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las autoridades están preparadas para "actuar ante cualquier eventualidad".

Así se recoge en el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, que señala que el riesgo de introducción del virus en nuestro país "en este momento, se considera muy bajo".

La Organización Mundial de la Salud ha convocado para este miércoles al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de revisar el estado de la situación en los países afectados, valorar si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y la pertinencia de emitir recomendaciones temporales.

Por otra parte, Corea del Norte ha cerrado al turismo sus fronteras con China y Rusia debido a la propagación de la llamada neumonía de Wuhan, informó a Efe uno de los principales operadores de viajes que trabajan con el hermético país asiático, que de momento no ha hecho ningún anuncio oficial.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el martes el caso de un paciente en el estado de Washington diagnosticado con este virus, el primer caso que se da fuera de Asia.

A pesar del bajo riesgo en nuestro país, se ha convocado a la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta para revisar la situación y la actualización epidemiológica, así como la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta.

Además, según señala el informe, se está elaborando un documento de preguntas y respuestas para la comunicación con los ciudadanos.

Sin conexión directa

Sanidad recuerda que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.

El impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera muy bajo dado que, de ocurrir transmisión persona a persona del virus, ésta es limitada y se asocia a un contacto estrecho, explica el informe.

Según los expertos del programa de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), con sede en Barcelona, el 2019-nCoV es menos agresivo que otros coronavirus conocidos.

Es un virus de la misma familia que el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), y que el MERS (Síndrome Respiratorio del Oriente Medio), enfermedades que se transmiten de animales a humanos, pero también tienen capacidad de transmitirse entre humanos.

Síntomas similares a la gripe

Se les llama coronavirus por la forma del patógeno y principalmente afectan al tracto respiratorio -especialmente los pulmones- causan enfermedad grave y en algunos casos la muerte.

Los principales síntomas son más intensos que una gripe, con fiebre, dolor y malestar general y problemas respiratorios.

En España, el Ccaes mantiene informada a la red de Alertas con actualizaciones periódicas de la situación del brote, que también son accesibles para el público a través de la web.

"Preparados para actuar"

Por su parte, Salvador Illa ha transmitido este miércoles un mensaje de tranquilidad ante la evolución del coronavirus y ha asegurado: "Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad".

En su primera intervención pública tras tomar posesión de la cartera de Sanidad, Illa ha apuntado que el Ministerio está "muy pendiente" de la situación y ha trasladado su confianza en el sistema de coordinación de alertas sanitarias.

Ha anunciado que esta misma mañana va a mantener una reunión de seguimiento con los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad para analizar la situación del brote con los últimos datos disponibles.
"Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación con las comunidades autónomas"
"Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación con las comunidades autónomas y estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad", ha afirmado el ministro.

El Ccaes -ha señalado Illa- está en permanente contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el resto de países de la Unión Europea para adoptar las medidas que sean necesarias para la prevención de cualquier riesgo sanitario en la población, ha asegurado el ministro.

Además, ha indicado que desde el Ministerio se está realizando un seguimiento continuo de la situación de este virus y ha añadido que la información está permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía a través de la página web del departamento.

Illa ha hecho estas declaraciones durante el acto de celebración del 120 aniversario del servicio de Sanidad Exterior. "Nuestros efectivos están preparados para actuar ante cualquier alerta o incidente sanitario que pueda llegar a través de barco o avión", ha subrayado Illa.

 
Irene Montero, el 9-M: «La bajada de cifras el 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir...»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció el pasado 9 de marzo que la bajada sustancial de participantes en la manifestación del 8-M este año se debió «al coronavirus», dado el «sentimiento generalizado de pánico que ya hay». Además, la ministra Montero arguyó que no lo iba a reconocer en público.

Estas palabras las dirigió a una periodista de ETB en la previa de una entrevista para el programa de actualidad política «En Jake». La literalidad de la conversación, parte de un vídeo al que ha tenido acceso ABC y se puede ver sobre estas líneas, es la siguiente:

Periodista: ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?

Irene Montero: Pues tía, creo que al coronavirus [...] No lo voy a decir pues porque no lo voy a decir.

Material bruto de ETB

La conversación forma parte del material bruto (la grabación completa sin editar) de la entrevista que la ETB distribuyó al resto de cadenas de la Forta, y que ABC ha podido visionar. La ministra de Igualdad apunta así al riesgo de contagio por coronovirus como una realidad en nuestro país ese mismo domingo, en el que el Gobierno llamó a la movilización masiva en las calles por el 8-M, y permitió un mitin multitudinario de Vox en Vistalegre o eventos deportivos de todo tipo en todo el territorio nacional. En la capital, el Atlético de Madrid jugó el día anterior a la gran manifestación feminista.

Montero también reconoce que a esas alturas del mes de marzo la capacidad de controlar los contagios es «limitada», a pesar de las medidas drásticas de otros países europeos. «Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos».

La Delegación del Gobierno cifró en 120.000 los participantes en la marcha feministas del 8-M de este año. En 2019, la movilización fue de 375.000 personas, según las mismas fuentes de la institución que permitió la celebración de la manifestación del 8-M y el resto de eventos ese mismo día en Madrid.

Precisamente, la Guardia Civil constata, en el polémico informe que provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que la delegación del Gobierno en Madrid «tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de Alarma» y aun así, las autorizó.

El informe obra en el sumario de actuaciones de la causa que se sigue contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y podría ser la razón dela «pérdida de confianza» alegada por el Ministerio del Interior para cesar de forma fulminante al coronel jefe de la Comandancia de Madrid.

Hay que recordar que el brote de la actual enfermedad por coronavirus fue notificado a la OMS por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019.

La semana anterior al 8-M, el ministerio de Sanidad hacía públicos el número de contagiados y fallecidos por coronavirus en su cuenta oficial de Twitter. El fin de semana del 7 y 8 de marzo dejó de hacerlo.

¿Y para el Gobierno? ¿Oficialmente cuándo comenzó la pandemia? A pesar de que el estado de alarma se declarase el 14 de marzo, hay otro documento oficial donde un organismo español reconoce la fecha de la pandemia: el documento en el que el Ministerio de Defensa pide oficialmente ayuda a la OTAN. La fecha reconocida del «desastre» por pandemia de Covid-19 es el 9 de marzo, tan solo un día después del 8-M.

 
Pablo Iglesias, denunciado por «homicidio imprudente» en las residencias de mayores

Pablo Iglesias fue denunciado por su gestión de las residencias de mayores en la crisis del COVID-19.

Como adelanta Segundo Sanz en OkDiario, el vicepresidente segundo es señalado por el presunto delito de homicidio imprudente a través de una denuncia ciudadana firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’.

El escrito, presentado este 28 de mayo en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, también señala al fundador de Podemos por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación.

En este sentido, solicitan que la denuncia sea admitida a trámite y remitida al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del vicepresidente del Gobierno y diputado de Podemos.

Es importante recordar que, desde el mando único para el estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, delegó en Pablo Iglesias la coordinación con las comunidades autónomas en la gestión de las residencias mayores.

Sin embargo, la actuación de Iglesias generó grandes dudas e incertidumbre. No en vano, las residencias de mayores es uno de los ámbitos más golpeados por el COVID-19, lo que explica el ‘secretismo’ del Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer cifra de las personas fallecidas en residencias durante esta crisis sanitaria.

«Es evidente que la demora en el actuar implica la existencia de un nexo casual entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos que se han producido en las residencias de personas mayores», explica la denuncia.


«El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», precisa.

«La omisión de la adopción de medidas por el denunciado lo que provocó fue la propagación en mucho residentes, que si bien han superado la infección, lo cierto es que han requerido tratamiento médico y hospitalización para su sanidad, padeciendo en algunos casos secuelas pendiente de determinación, lo que evidencia que estamos ante el resultado típico, esto lesiones constitutivas de delito», agrega.

Tales lesiones, incide el texto, son «consecuencia de las omisivas conductas» por parte de «quienes ha eludido ejecutar y desarrollar las más elementales normas de precaución, lo cual (…) supone una vulneración clara y flagrante del deber objetivo de cuidado que les incumbe», matiza.

Fernando Simón

La denuncia a Pablo Iglesias se conoce un día después de que se solicitó a la jueza del 8-M imputar a Fernando Simón.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel rechazó la medida «los únicos hechos investigados en este procedimiento» hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

Añade, en relación a Simón, que esta causa no se dirige contra él y que además su juzgado tiene evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital tienen asuntos ya registrados en trámite contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) por los mismos delitos que la Asociación de Consumidores pretende acusar, por lo que les conmina a que se dirijan a dichos juzgados.

Las causas contra Simón aludidas por la juez Rodríguez-Medel han recaído en lo juzgados de instrucción números 11 y 53 de Madrid y se encuentran pendientes de admisión en el trámite de informe previo por parte de la Fiscalía.

También entró en el Juzgado de Instrucción número 9 la que presentó una víctima de COVID-19 antes de morir por los presuntos delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, aunque ésta última podría haber decaído.

 
Cs pacta con el Gobierno apoyar la sexta prórroga de la alarma a cambio de un paquete de cinco medidas

El acuerdo incluye un plan para el sector turístico con 2.500 millones de euros en avales y 151 millones en inversión directa

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno y Ciudadanos han anunciado a primera hora de este martes un acuerdo por el cual el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo cinco medidas propuestas por la formación naranja a cambio de su voto favorable en la que será la sexta y última prórroga del estado de alarma decretado por el coronavirus.

El pacto supone que, una vez más, el partido de Inés Arrimadas apoyará una prórroga de quince días este miércoles en el Congreso de los Diputados "para afrontar, de manera ordenada, la recta final del plan de desescalada".

Concretamente, Cs y el Ejecutivo de Pedro Sánchez han acordado que el decreto ley de la prórroga contenga medidas de respuesta a la emergencia sanitaria "iguales en toda España, ello sin perjuicio de la distinta progresión de las fases en los diferentes territorios", según dice el texto firmado.

ANALIZAR CON LAS CCAA EL MARCO JURÍDICO

El documento indica también que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud --del que forman parte el Gobierno y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas-- se reunirá y "analizará el marco jurídico necesario para garantizar una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia una vez que ya no esté en vigor el estado de alarma".

La tercera condición aceptada por el Ejecutivo es impulsar y poner en marcha medidas alternativas al estado de alarma. Esto incluye que el Consejo de Ministros apruebe, en la primera quincena de julio y teniendo en cuenta las aportaciones de Cs, un decreto ley que regule las medidas que se adoptarán en los territorios que alcancen la "nueva normalidad" y, por tanto, abandonen el estado de alarma.

Asimismo, esta condición supone que "se analizarán las reformas legales necesarias con el fin de mejorar el modelo y, en su caso, establecer un mecanismo alternativo al de estado de alarma" que permita protegerse ante posibles rebrotes del virus en territorios determinados sin necesidad de recurrir a ese instrumento constitucional excepcional.

El siguiente punto del pacto prevé que el consejo de Ministros apruebe, también en la primera quincena de junio, un plan de reactivación del sector turístico y sus actividades asociadas, como restauración, hoteles y actividades turísticas.

FOMENTO DEL TURISMO NACIONAL

Según se precisa, este plan deberá incluir cinco medidas para el fomento del turismo nacional. Entre ellas, el establecimiento de "un subtramo preferente por importe de unos 2.500 millones de euros para el sector turístico de la línea de avales del ICO con el fin de garantizar su financiación y liquidez", y "planes de sostenibilidad turística en destinos para acelerar la transformación del sector, con una inversión aproximada durante toda la legislatura de 70 millones de euros".

Igualmente, se contempla la creación de un "Observatorio de Inteligencia Turística" que ofrezca información actualizada a las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre las variables turísticas y su evolución y el análisis de la demanda internacional.

Para ello, se creará "un repositorio digital, común y único que actúe como una plataforma o portal abierto de distribución de información y conocimiento", dice el acuerdo, que añade que se invertirán en torno a dos millones de euros.

El plan diseñado por Cs incluye también el reforzamiento de la red de destinos turísticos inteligentes para, mediante una inversión de unos 75 millones de euros, impulsar la aplicación de las tecnologías de información y la comunicación a más de 80 municipios eminentemente turísticos.

El objetivo es que esos municipios cuenten con "servicios diferenciales y competitivos que garanticen, a su vez, un desarrollo sostenible, accesible para todos, que mejoren la experiencia del visitante y la calidad de vida del residente".

El plan para fomentar el turismo nacional se completaría con programas de formación y capacitación y de 'mentoring' para la digitalización destinados tanto a empresas como a trabajadores del sector turístico, con una inversión prevista de alrededor de 4 millones de euros.

Aparte de los 2.500 millones de euros de la línea de avales del ICO, las medidas para el sector turístico suman 151 millones en inversión directa.

La quinta y última exigencia de Ciudadanos que asume el Gobierno es permitir que los contribuyentes o sus representantes puedan relacionarse con la Agencia Tributaria a través de sistemas digitales --como videoconferencia--tanto en procedimientos de inspección tributaria como en la campaña de la renta 2019.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PREVIOS

Además de enumerar las nuevas medidas pactadas, el documento pone de manifiesto la "satisfacción" de la formación naranja y del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos por la interlocución que están manteniendo.

A continuación, destaca que hasta ahora se han ido cumpliendo los compromisos que el Ejecutivo asumió a cambio de que Cs respaldara la cuarta y la quinta prórroga del estado de alarma.

Así, se señala que Sánchez y Arrimadas --y, durante su baja de maternidad, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal-- han mantenido contactos semanales para tratar la crisis sanitaria y las medidas para paliar sus consecuencias negativas, como había reclamado el partido naranja.

También se recuerda que se amplió un mes (de tres a cuatro) el plazo para que, en los aplazamientos tributarios motivados por el impacto del coronavirus, los contribuyentes puedan ingresar los impuestos sin intereses de demora.

El texto indica asimismo que el Servicio Público de Empleo Estatal ha reconocido ya 3,4 millones de prestaciones derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), más del 98% de todas las presentadas desde el inicio de la pandemia, y que alcanzó un acuerdo con las entidades financieras para que se abonasen las prestaciones durante el mes de mayo cuando no lo hiciera directamente el SEPE.

En cuanto a la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social mientras perciban dicha prestación, el documento dice que "se está analizando".

Y, sobre el acuerdo para que el mes de julio sea hábil en el Congreso para agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por el Covid-19, se dice que se ha trasladado para su ejecución a los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y Cs.

 
Una nota secreta revela que Marlaska cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a filtrarle las diligencias judiciales sobre el 8-M. La directora general del cuerpo, María Gámez, reconoció por escrito que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Así consta en la propuesta oficial de destitución de Pérez de los Cobos, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El documento [aquí en PDF], oculto hasta ahora y con membrete de haber sido clasificado como “reservado”, compromete a la cúpula del Ministerio y desmonta la versión del Gobierno sobre el cese del coronel, el pasado domingo 24 de mayo por la noche, sólo unas horas después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid remitiera un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla que cuestionaba la celebración de la marcha del 8-M y otros 129 actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus.

Marlaska rechazó el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la destitución de Pérez de los Cobos estuviera vinculada a esa causa y aseguró que respondía a una simple “reestructuración” de equipos para darle “un impulso a la Guardia Civil”.

La carta de Gámez apunta a otra explicación. La responsable del Instituto Armado, que es la competente para proponer el cese de un mando según la Ley de Personal de la Guardia Civil 29/2014, justificó la sustitución de Pérez de los Cobos por la “pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior”.

La razón concreta por la que Marlaska y la propia Gámez habían dejado de fiarse del coronel era, según la carta, que este se había negado a “informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial”.

La directora del cuerpo envió su propuesta al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio, Rafael Pérez, a las 22.14 horas del domingo 24 de mayo, como aparece justo al final del documento. El número dos del ministro, juez de carrera al igual que él, estampó inmediatamente su rúbrica para hacer efectivo el cese. Cuando Gámez llamó a Pérez de los Cobos ese mismo día a las 22.30 horas para reprocharle que no le hubiera informado sobre la existencia del atestado de la Guardia Civil ni sobre su contenido, en realidad, el coronel ya llevaba un cuarto de hora destituido.

La motivación de la “pérdida de confianza” no sólo probaría la relación del cese con el caso del 8-M, en contra de lo sostenido por el Gobierno hasta ahora. También desvela que Interior destituyó a Pérez de los Cobos por negarse a cumplir una orden presuntamente ilegal. Los agentes de las Fuerzas de Seguridad que trabajan en funciones de Policía Judicial tienen la obligación de guardar el secreto de las actuaciones en las que estén inmersos y reportar su contenido únicamente a los jueces instructores. Lo que Marlaska y Gámez exigieron al jefe de la Comandancia de Madrid en el caso del 8-M y en otras “investigaciones y actuaciones”, como reconoce el documento en poder de este diario, atentaría frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes.

Fuentes de Interior aseguran que el documento indica que "el cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando".

A juicio del Ministerio, la nota "acredita además que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe". "Un informe que, sin embargo, fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo", sostiene un portavoz oficial de Interior.

Lo que Marlaska y Gámez exigieron a De los Cobos atentaría frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes

La propia responsable del procedimiento sobre el 8-M y otros actos multitudinarios celebrados en esos primeros días de marzo, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, pidió a los agentes de Policía Judicial asignados a la causa al comienzo de las diligencias que mantuvieran la “rigurosa reserva” de la información y sólo trataran con ella los avances que se produjeran en el curso de sus indagaciones.

El lunes 25 de mayo, tras conocerse la destitución de Pérez de los Cobos, responsable orgánico hasta ese momento de la unidad investigadora, la instructora envió una carta a Interior para reiterarle a Grande-Marlaska la obligación de la Policía Judicial de mantener el secreto de las investigaciones, en el caso del 8-M y en cualquier otro procedimiento.

La magistrada también advirtió de que si se demostraba que la salida del coronel había sido una intromisión del antiguo juez de la Audiencia Nacional en sus pesquisas sobre la Delegación del Gobierno, abriría una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Asimismo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, emitió un comunicado para denunciar que la decisión de Marlaska amenazaba con dejar el “Derecho Penal en manos de los intereses partidistas” y exigió la restitución en su puesto de Pérez de los Cobos.

Marlaska insistió el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, en que no hay había ningún motivo extraño en la sustitución de Pérez de los Cobos. "Es un cambio, una modificación dentro de los equipos de la Guardia Civil. No tiene ninguna otra razón, ninguna otra cuestión", sostuvo el ministro del Interior rechazando las informaciones que relacionaban la decisión con el 8-M. También aprovechó esa comparecencia para salir en defensa de Gámez y alabar su trabajo al frente del cuerpo.

El pasado viernes, Marlaska fue incluso más allá y sostuvo durante una comparecencia en el Senado que ni él mismo, ni nadie del Ministerio, ni de la Dirección General de la Guardia Civil había “solicitado a Pérez de los Cobos el informe ni el acceso al contenido del mismo".

“En el Ministerio tenemos muy claro lo que es la función pública, que tiene que caracterizarse por competencia, imparcialidad, neutralidad y comunicación, no es nada más, eso y la no injerencia política", añadió Marlaka, que también reprochó a los partidos de la oposición que vincularan el cese del mando con la investigación del Juzgado 51. Afirmó que habían cruzado una "línea roja". "Decir que se cometen delitos tiene su gravedad", manifestó, reconociendo implícitamente que el relevo de un oficial porque se ha negado a filtrar información de casos judiciales puede tener recorrido penal.

 
Interior admite que el cese de Pérez de los Cobos fue por no comunicar las actuaciones "a efectos de conocimiento"

Asegura que sólo pidió información sobre la entrega a la juez del informe del 8M y dice que el puesto del coronel requiere "neutralidad"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Ministerio del Interior ha admitido que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, aunque puntualiza que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas".

Así lo ha manifestado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a raíz de una información publicada por "El Confidencial", que recoge la propuesta oficial de destitución que realiza la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Pérez de los Cobos fue relevado de forma fulminante de su cargo como jefe de la Comandancia de Madrid en medio de la investigación judicial sobre la manifestación del 8M y la respuesta inicial en la pandemia de coronavirus.

El Ministerio insiste en que no pidió detalles ni acceso al informe, lamenta que se filtrara y defiende la exigencia de "las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación" para un cargo como el que desempeñaba el coronel Pérez de los Cobos.

En el escrito oficial de cese se precisa que la pérdida de confianza se produce porque el coronel no informó del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

"SÓLO A EFECTOS DE CONOCIMIENTO, NO DEL CONTENIDO"

Tras esta información, fuentes del Ministerio del Interior han señalado que el cese se produce por una pérdida de confianza derivada "entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando".

"El cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando", han señalado desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.

Según Interior, el documento con carácter reservado en el que la directora del Instituto Armado propone el cese de Pérez de los Cobos "acredita, además, que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe". Esto mismo fue lo que defendió el viernes en el Senado Grande-Marlaska.

FILTRACIONES

Un informe que, continúa Interior, "fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo". "La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", concluye Interior.

El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el lunes 25 de mayo e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, adelantado unos días su relevo en el puesto de máxima aspiración del Instituto Armado, previsto para el 2 de junio. También ese semana fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones.

 
Las relaciones sexuales entre parejas que vivan separadas serán ilegales en el Reino Unido

El sexo será delito para las parejas inglesas que no vivan en el mismo domicilio. El coronavirus lo convertirá en un acto ilegal, según recoge una norma que se aprobará en el Parlamento. El texto endurece una regulación anterior de protección a la salud que abría una puerta que ahora se cierra. De la anterior «excusa razonable», que permitía a las personas abandonar su domicilio, se pasa ahora a un texto más detallado que prohíbe una reunión de dos o más personas que estén presentes en el mismo lugar para participar en «cualquier forma de interacción social o emprender cualquier otra actividad entre ellos». Traducido, nada de desplazamientos entre domicilios y restricciones estrictas sobre donde las personas pueden dormir, reunirse y «sociabilizarse». La nueva norma solo permite encuentros de hasta seis personas al aire libre o en lugares públicos. En las casas, solo los residentes naturales, sin excepciones.

«Esta es una restricción significativa de nuestros derechos a la privacidad y la vida familiar, a pesar de que puede estar justificada por la gravedad del riesgo para la salud pública», dijo a The Independent, Adam Wagner, abogado de derechos humanos. Incumplir la nueva norma tendrá un coste. Cien libras de multas, unos 120 euros.

La idea no es nueva. Al comienzo del confinamiento en Gran Bretaña, los ministros y funcionarios del gobierno prohibieron explícitamente a las parejas que no vivían juntas reunirse. Incluso, el pasado 24 de marzo, y ante lo que podía pasar, altos cargos del Gobierno recomendaron a las parejas que vivían en distintos domicilios una mudanza si se querían seguir viendo y mantener relaciones sexuales.

Detrás de estas estrictas medidas para evitar el contagio esta Neil Ferguson, el epidemiólogo de referencia de Johnson, que fue el primero en saltarse lo que predicaba. Este especialista en la propagación de enfermedades en humanos y animales, incumplió las normas de distancia social al permitir que una mujer atravesara Londres al menos en dos ocasiones para encontrarse ambos en su domicilio.


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Podemos carga la responsabilidad del 8-M a Fernando Simón para desvincular a Montero

La alarma saltó a primera hora de la mañana. El diario ABC publicó el lunes un vídeo de una entrevista a Irene Montero para la televisión vasca ETiB en la que, entre otras cosas, la ministra de Igualdad asumía que el miedo al coronavirus había afectado a la participación a la marcha del 8-M y, por otro lado, que otros gobiernos estaban actuando con más contundencia que el español.

En medio de una investigación judicial sobre dicha manifestación, el equipo de Podemos tardó más de cinco horas en actuar. Su estrategia consiste ahora en crear un escudo que proteja a Montero y convierta a Fernando Simón, al mando del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el blanco fácil de los investigadores. Y, a la vez, advertir internamente de que si se sospecha de Montero también afectará a otros ministros socialistas.

El equipo de Iglesias empezó a reaccionar casi a las 13 horas de la mañana de ayer, en un lapso de tiempo que revela ciertas dificultades. Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de Podemos, desveló la intención de la cúpula morada: desviar los focos hacia Simón para salvar a Montero. “Irene Montero dice una obviedad (que había alguna gente preocupada a principios de marzo) y que el Gobierno seguía, entonces y siempre, el consejo de los científicos”, comentó en Twitter.

Lo mismo añadió Iglesias por la tarde en OndaCero: “[Montero] dice que el gobierno tiene que hacer caso a los expertos y ser prudentes. Cosas que ya se sabían. El PP va a hacer todo lo que está en sus manos para que sigamos en una dinámica de escándalo permanente”. La periodista Julia Otero evitó repreguntar a Iglesias sobre el tema.




La verdad es que entre las filas moradas la filtración del audio de Montero, sacado de una previa de una entrevista del 9 de marzo, ha generado tensión. “Debilita a todo el Ejecutivo”, asumían tanto fuentes de Podemos como del Gobierno de Sánchez. Y queda la enorme duda sobre quién y por qué filtró el segmento de la entrevista.

En el cuartel morado se asumía desde la mañana la posible repercusión legal del asunto, aunque tras debatirlo a fondo, la conclusión de la cúpula es que, de acabar en los juzgados, el asunto afectará a otros ministros socialistas, e incluso a Pedro Sánchez, con quien Iglesias tiene una relación de relativa tranquilidad.

Irene Montero, solo "una más"

La juez Carmen Rodríguez-Medel está investigando al delegado del Gobierno José Manuel Franco (PSOE) por un posible delito en la autorización de la marcha del 8M (más de 120.000 personas, cuando en la capital ya había focos de coronavirus). En Podemos algunos aseguran que Montero acabará involucrada en el asunto: sea en calidad de testigo, a petición de la juez tras exigirlo las partes personadas en el caso, o posiblemente como imputada en el Tribunal Supremo.

Fuentes del ámbito jurídico confirman ambos escenarios. Aunque en el partido morado comentan que en esos días "todo el gobierno enviaba mensajes de calma". La "consigna" era "no alarmar" e Irene Montero era simplemente "una más".

Miembros de Podemos consultados por Vozpópuli reconocen que la grabación de Montero determina que “la gente era más consciente del riesgo del virus que el propio Gobierno”. Es una versión medida ante los comentarios que empiezan a circular en el Gobierno sobre que Montero presionó para que el Ejecutivo evitara lanzar advertencias sobre el peligro de contagio con el objetivo de no desalentar la participación. El PP ha solicitado a la Fiscalía que llame a la ministra a declarar como testigo.




Este diario publicó en exclusiva que miembros del colectivo organizador de la marcha dudaron sobre si anular el evento. El debate interno se topó con la petición de que solo sería admisible aplazarlo si el Gobierno decidía anular todos los eventos previstos para la misma fecha, como los partidos de fútbol de la Liga y el congreso de Vox. Finalmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo permitió todo.

Silencio sobre el peligro

Ahora, con el asunto judicial al rojo vivo, en Podemos buscan dirigir la opinión pública hacia Simón. Él era el responsable de la interpretación epidemiológica del asunto, y quien sin duda tendrá que declarar ante la juez Rodríguez-Medel y posiblemente en las otras querellas sobre la gestión del Ejecutivo. De momento, dos jueces han rechazado imputarle por la crisis del coronavirus.

No cabe duda de que Simón evitó horas antes de la celebración del evento alertar sobre el peligro de contagio. Los datos oficiales del ministerio de Sanidad sufrieron un apagón ese fin de semana, y el lunes 9 de marzo el Gobierno de Sánchez despertó empezando a hablar de medidas excepcionales. Y en Podemos creen que tanto Simón como otros ministros, más allá de Montero, pueden ser considerados responsables de lo ocurrido.

El "error" de Montero

La sensación general que se vive en el Ejecutivo es de sufrir casi cada semana una profunda sacudida. “Esto afecta a todos”, asumen fuentes de Podemos para hablar del audio de Montero, que sostienen que, una vez más, el Gobierno tiene dificultad a marcar la agenda política. Hasta ahora en Podemos creían que las polémicas alimentadas por el propio Iglesias lograban compactar el Ejecutivo contra la oposición (el PP y Vox). Pero ahora las sospechas sobre las filtraciones lo empañan todo.

“Si se demuestra que el gobierno lo consintió [la marcha del 8-M] por presiones internas, aquí hay un problema”, resumen fuentes internas del partido de Iglesias, que también recalcan el “error" de Montero de no haber sido cautelosa en esos días tan delicados, con ya centenares de afectados por la covid-19 y decenas de fallecidos. Esto es, tal vez, lo que más preocupa internamente. Para muchos Montero "no está a la altura". "El cargo político le viene grande", añaden otros. "Eres ministra a todas las horas o nunca", lamentan.

 
La progre Palomera quiere perseguir al "malvado facha" que filtró lo que dijo la Marquesa de Galapagar sobre el 8M y el Coronavirus

La tertuliana progre Esther Palomera sigue repartiendo carnés de buenos y malos periodistas. Como es lógico, todos aquellos profesionales de la comunicación que siguen la dictadura progre y pelotean al Gobierno del Frente Popular se llevarían la medalla del mérito. Sin embargo, aquellos como Vicente Vallés, Carles Enric, Carlos Herrera, Alvise Pérez y tantos periodistas u opinadores que desmontan los escándalos del ejecutivo merecen suspender.

Palomera se ha hecho eco del bochornoso vídeo en el que se puede ver a Irene Montero reconociendo sin tapujos que el 8M fracasó por culpa del coronavirus y que las ministras asistentes pedían que no les dieran abrazos, ni besos, lo que significa que conocían los riesgos. Pide Palomera que se busque al autor del vídeo así como el responsable de su difusión, con el objetivo de señalarlo. Desde la oposición se insiste en pedir su dimisión. Es inadmisible seguir en el cargo tras vergonzosas y peligrosas declaraciones.

Alfonso Ussía, otro de los periodistas que estaría incluido en la lista mencionada, ha valorado quién puede ser el sustituto o sustituta de Irene Montero. En este caso sustituta. Propone el periodista que sea otra buena amiga de Iglesias. Más joven, menos conocida. Lilith Vestrynge.

 
Valiente nota de prensa de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC): La verdad sobre el cese “firmado digitalmente por la Directora General a las 22h14 de un domingo”

Antes las últimas novedades conocidas a través del medio de comunicación El Confidencial, por parte de la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) se manifiesta lo siguiente:

Según consta en el escrito, firmado digitalmente por la Directora General a las 22h14 de un domingo, el Coronel fue cesado “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Según el documento estaríamos ante la confirmación inequívoca de que el Coronel Pérez de los Cobos no fue cesado como fruto de una política de una “reestructuración y conformación de nuevos equipos”, si no como consecuencia de negarse a incumplir una orden ilegal, como era informar sobre el desarrollo de una investigación en el marco de actuaciones de la policía judicial. El escrito disipa igualmente cualquier duda sobre la dimisión del anterior DAO, Teniente General Laurentino Ceña Coro, el cual abandonó su cargo, el más alto que puede alcanzar un guardia civil, por no aceptar que se produjera semejante ataque a la neutralidad del Cuerpo y a la profesionalidad de un oficial con una carrera impecable.

No cabe ninguna duda de que nos encontramos ante unos hechos gravísimos que atentan contra nuestra neutralidad. De nuestros responsables políticos esperamos que reaccionen con al menos el mismo honor que demostró el anterior DAO en defensa de la Guardia Civil.

 
Los 'chalecos naranjas' de Italia, el movimiento que niega el coronavirus

Una bandera gigante, 300 militantes y los tres líderes de la derecha italiana reunidos en la Plaza del Pueblo de Roma para "celebrar que Italia no se rinde". En plena desescalada de las restricciones impuestas por la pandemia, el Día de la República reunió este martes a los seguidores de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, los de la formación ultranacionalista Hermanos de Italia, con Giorgia Meloni, y de Forza Italia, cuyo vicepresidente, Antonio Tajani, acudió en nombre de su líder Silvio Berlusconi.

A la protesta de los tres grupos políticos contra la gestión de Giuseppe Conte y para pedir su salida del Gobierno, se unieron por la tarde los integrantes de un nuevo movimiento surgido en Italia, donde la pandemia ha dejado más de 33.000 muertos, cuya máxima es que "el virus no existe": los llamados 'chalecos naranjas'. Desde Trento a Milán pasando por Bolonia, Florencia, Turín y Roma, sus integrantes ya llenaron el fin de semana pasado las plazas de 30 ciudades del país, en la primera manifestación convocada por su líder -el general retirado de los carabinieri Antonio Pappalardo-, violando la prohibición de reunión vigente, sin mascarillas ni distancia de seguridad, y al grito de "libertad".

Pappalardo, de 73 años, es un personaje particular. Defiende que el coronavirus es una invención para someter a los pueblos y establecer un nuevo orden mundial, que las mascarillas son perjudiciales y que no cree en las vacunas. "El virus no existe, por eso no usamos mascarillas", alegan sus simpatizantes, muchos de los cuales fueron identificados por la policía por no usarlas o tenerlas en la barbilla. "Este virus es un caballo de Troya porque no existe, nos están haciendo fallar. No sé cuál es su plan, ¿quieren rehacer las reglas sociales, vendernos a China? Quieren limitarnos y registrarnos a todos", insisten unos, mientras otros aseguran que "el virus es el mayor engaño organizado en la historia de las finanzas mundiales".

El negacionismo de Pappalardo pasa por descartar la vacuna y calificarla como "peligrosa", tanto que uno debe "evitar que alguien vacune a otras personas". Estas declaraciones, contra las que se han manifestado virólogos y especialistas en enfermedades infecciosas que argumentan exactamente lo contrario, han desatado una respuesta en las redes sociales en contra del movimiento y exigiendo respeto por los médicos.

Pappalardo aboga también por la salida de Italia de la Unión Europea, el regreso a la lira y la eliminación del Mecanismo Europeo de Estabilidad. En una reciente entrevista, el líder de los chalecos naranjas aseguró además que es "uno de los mejores músicos del mundo" y que sus obras han sonado "en lugares donde sólo Mozart y Beethoven habían tocado", pero también que en el Vaticano se le considera "un genio iluminado por Dios".

La falta de rigor en las medidas contra el virus de los líderes políticos y de los manifestantes convocados ayer contrastó con la seriedad del presidente italiano, Sergio Mattarella, y sus llamadas a la unidad durante su visita a Codogno, en Lombardía, con motivo del Día de la República. "La actual crisis ha provocado una situación de dificultad nunca experimentada en la historia de la República que exige unidad, responsabilidad y cohesión a nivel político", declaró.

Tras visitar el pequeño municipio, símbolo de la pandemia desde que el 21 de febrero se detectara allí el primer caso autóctono, el presidente colocó una corona de laurel en el Altar de la Patria. "Debemos dejar a un lado las armas de la propaganda política y usar las del sentido común", destacó.



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El uso de la mascarilla y la distancia de dos metros seguirán siendo obligatorios durante la "nueva normalidad"

El proceso de desescalada está a punto de terminar y el 21 de junio se levantará el estado de alarma, según la última prórroga que previsiblemente aprobará el Congreso este miércoles. Entonces, se levantarán las restricciones a los movimientos. Sin embargo, persistirán algunos elementos de la etapa actual. Entre ellas, durante la "nueva normalidad" seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos y mantener una distancia física de seguridad de dos metros.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que una vez en la "nueva normalidad" se mantendrán pautas propias de la actual desescaladal. Además del uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia de dos metros, Illa se ha referido al "lavado constante de manos", que seguirá siendo "esencial" y la "actitud colectiva de prudencia", de manera que los ciudadanos deberán seguir observando las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias.

Prórroga sin Bildu

El Gobierno ya piensa en la "nueva normalidad", justo en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado proponer al Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma. Tras sendos acuerdos para que PNV y Cs vuelven a votar 'sí' y ERC regrese a la abstención, el Ejecutivo se ha asegurado que la votación salga adelante, de manera que el estado de alarma estará vigente hasta el 21 de junio.

Lo que ocurrirá después y cómo gestionará a partir de esa fecha el Gobierno la "nueva normalidad" es todavía una incógnita, pero se apunta la hipótesis de que podría haber regulaciones a través, no ya del estado de alarma, sino de un real decreto. El presidente, Pedro Sánchez, evitó aclararlo este domingo y este martes el ministro Illa se ha limitado a apuntar que se está trabajando en ello. "Se está trabajando sobre el instrumento más apropiado para asegurar la nueva normalidad y cuando tengamos concluidos esos trabajos los daremos a conocer", ha dicho el ministro.

Tras la polémica generada en la quinta prórroga, el Gobierno no ha buscado esta vez el apoyo de Bildu para obtener luz verde del Congreso. La portavoz, María Jesús Montero, ha señalado este martes que el Ejecutivo cuenta ya con los "apoyos necesarios" para que la prórroga sea aprobada por el Congreso sin que se hayan establecido negociaciones con la formación abertzale

"El Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para ratificar este decreto de alarma y desconozco el sentido del voto de Bildu, no me consta que se haya producido alguna negociación, porque se cuenta con los votos necesarios", ha dicho.

Movimientos entre comunidades

La gran novedad de esta última prórroga es que a partir de que los territorios pasen a la fase 3, la gestión de la desescalada quedará "íntegramente" bajo la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos.

En este momento, los presidentes autonómicos podrán decidir sobre la duración de esa fase 3, que podrá ser menor a los 15 días estipulados inicialmente, o incluso decidir directamente el paso a la "nueva normalidad".

Según ha explicado Illa, los movimientos estarán permitidos entre los territorios de una misma comunidad autónoma que se encuentren en fase 3. El movimiento entre distintas comunidades solo llegará cuando sus territorios hayan alcanzado la "nueva normalidad", algo que decidirán los presidentes autonómicos correspondientes.

La última prórroga del estado de alarma durará 15 días, como todas las anteriores, pero al cabo de estas dos semanas buena parte del país estará ya en "nueva normalidad" y sin restricciones de movimiento. El Gobierno precipita así el el proceso de desescalada, también permitiendo a las comunidades acortar la duración de la tercera fase.

Sin embargo, Illa ha negado este martes la precipitación. "Hasta ahora no ha habido una aceleración de la desescalada, se han observado las fases y la evolución de la epidemia ha sido correcta".



Y algunos decían que esto era cosa de magufos... 🙄
 



Recientemente hemos escuchado que España no ha experimentado ningún fallecido por Covid-19 durante los último dos días. El dato, publicado por la prensa, es falso. Pero es que hoy mismo el presidente del Gobierno ha repetido esa misma mentira desde la tribuna del Congreso.