El Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos del nuevo tipo de coronavirus (2019-nCoV), que tiene su origen en un mercado de carne de la ciudad de Wuhan (China) y que ha infectado de momento a 270 personas y ha producido nueve fallecidos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las autoridades están preparadas para "actuar ante cualquier eventualidad".

Así se recoge en el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, que señala que el riesgo de introducción del virus en nuestro país "en este momento, se considera muy bajo".

La Organización Mundial de la Salud ha convocado para este miércoles al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de revisar el estado de la situación en los países afectados, valorar si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y la pertinencia de emitir recomendaciones temporales.

Por otra parte, Corea del Norte ha cerrado al turismo sus fronteras con China y Rusia debido a la propagación de la llamada neumonía de Wuhan, informó a Efe uno de los principales operadores de viajes que trabajan con el hermético país asiático, que de momento no ha hecho ningún anuncio oficial.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron el martes el caso de un paciente en el estado de Washington diagnosticado con este virus, el primer caso que se da fuera de Asia.

A pesar del bajo riesgo en nuestro país, se ha convocado a la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta para revisar la situación y la actualización epidemiológica, así como la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta.

Además, según señala el informe, se está elaborando un documento de preguntas y respuestas para la comunicación con los ciudadanos.

Sin conexión directa

Sanidad recuerda que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.

El impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera muy bajo dado que, de ocurrir transmisión persona a persona del virus, ésta es limitada y se asocia a un contacto estrecho, explica el informe.

Según los expertos del programa de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), con sede en Barcelona, el 2019-nCoV es menos agresivo que otros coronavirus conocidos.

Es un virus de la misma familia que el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), y que el MERS (Síndrome Respiratorio del Oriente Medio), enfermedades que se transmiten de animales a humanos, pero también tienen capacidad de transmitirse entre humanos.

Síntomas similares a la gripe

Se les llama coronavirus por la forma del patógeno y principalmente afectan al tracto respiratorio -especialmente los pulmones- causan enfermedad grave y en algunos casos la muerte.

Los principales síntomas son más intensos que una gripe, con fiebre, dolor y malestar general y problemas respiratorios.

En España, el Ccaes mantiene informada a la red de Alertas con actualizaciones periódicas de la situación del brote, que también son accesibles para el público a través de la web.

"Preparados para actuar"

Por su parte, Salvador Illa ha transmitido este miércoles un mensaje de tranquilidad ante la evolución del coronavirus y ha asegurado: "Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad".

En su primera intervención pública tras tomar posesión de la cartera de Sanidad, Illa ha apuntado que el Ministerio está "muy pendiente" de la situación y ha trasladado su confianza en el sistema de coordinación de alertas sanitarias.

Ha anunciado que esta misma mañana va a mantener una reunión de seguimiento con los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad para analizar la situación del brote con los últimos datos disponibles.
"Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación con las comunidades autónomas"
"Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación con las comunidades autónomas y estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad", ha afirmado el ministro.

El Ccaes -ha señalado Illa- está en permanente contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el resto de países de la Unión Europea para adoptar las medidas que sean necesarias para la prevención de cualquier riesgo sanitario en la población, ha asegurado el ministro.

Además, ha indicado que desde el Ministerio se está realizando un seguimiento continuo de la situación de este virus y ha añadido que la información está permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía a través de la página web del departamento.

Illa ha hecho estas declaraciones durante el acto de celebración del 120 aniversario del servicio de Sanidad Exterior. "Nuestros efectivos están preparados para actuar ante cualquier alerta o incidente sanitario que pueda llegar a través de barco o avión", ha subrayado Illa.

 
EEUU registra el peor balance de muertos en un solo país en 24 horas: 1.942

Estados Unidos, el país más castigado por la pandemia del coronavirus, ha registrado de nuevo el peor balance de muertos en un solo país en 24 horas. Los fallecimiento se elevan a 12.907 tras los 1.942 de la última jornada.

EEUU es el país con mayor número de contagiados, a punto de rebasar la cifra de los 400.000, tras sumar más de 29.000 positivos este martes. De los casi 13.000 fallecidos, casi una tercera parte corresponde al estado de Nueva York. Solo en la ciudad homónima, sobre la que rige una orden de confinamiento, se han registrado 5.489 víctimas mortales.

Nueva York, el epicentro de la enfermedad en el país, acumula casi 139.000 de los casi 400.000 positivos -superando ya a Italia y acercándose al total de España- y casi 5.500 fallecidos, según el último balance de las autoridades. Tras dos días consecutivos con menos de 600 víctimas, el estado vivió en las últimas 24 horas un repunte con 731 muertes, el máximo diario desde que arrancó la crisis.

El país ya registró el pasado 3 de abril el récord de muertes en 24 horas con 1.200. Tanto Nueva York como Nueva Jersey, a muy poca distancia la una de otra, continúan siendo el epicentro de la pandemia con más de 184.000 positivos y casi 6.800 fallecidos.

Alarma por los afroamericanos muertos

Sin embargo, ahora los ojos están también puestos en los estados de Michigan y Luisiana, con cifras cada vez más preocupantes. De hecho, el alto porcentaje de afroamericanos muertos por COVID-19 en Estados Unidos ha empezado a encender las alarmas.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, fue el primero este lunes en dar la voz de alarma al advertir que un 70% de los casi 600 fallecidos en su estado son afroamericanos, pese a que el colectivo a penas representa el 33% de la población.

Números parecidos han aflorado en Illinois, que con un 15% de afroamericanos representan el 43% de muertes y el 28% de contagios, o en Michigan, que representando un 14% de la población del estado suman un 40% de los fallecidos y un 33% de contagios.

Los números son tan alarmantes que el presidente, Donald Trump, ha llegado a decir que su Gobierno está estudiando esta cuestión con detenimiento para entender qué es lo que está pasando.

Uno de sus más altos asesores médicos, Anthony Fauci, achacó los datos de mortalidad a la mayor incidencia de enfermedades como la diabetes, el asma, la hipertensión o la obesidad entre la comunidad afroamericana. Sin embargo, la epidemióloga Sharrelle Barber de la Universidad Drexel en Filadelfia aclaró al The New York Times que la causa de la mortalidad mayor entre afroamericanos "no es biológica", sino que "realmente son las desigualdades estructurales existentes".

 
El Gobierno baraja obligar a descargar una aplicación móvil con geolocalización para controlar el virus

El Gobierno baraja obligar a todos los ciudadanos españoles a descargase una aplicación móvil que permita tener geolocalizados a los ciudadanos. Sería uno de los puntos centrales de la liberación escalonada de la movilidad que se prepara una vez que termine el confinamiento total que lleva en vigor desde el pasado 16 de marzo.

El objetivo de Moncloa es emular el modelo coreano de contención de la enfermedad, que ha sido uno de los más efectivos para combatir la propagación del Covid-19. El país asiático fue uno de los primeros después de China donde se propagó el virus y alcanzó su pico de contagio el 29 de febrero con 813 nuevos, y que en un mes se han reducido a sólo 47 contagios diarios.

Una de las claves de este éxito radica en una aplicación móvil. El gobierno de Corea del Sur obligó a los ciudadanos procedentes de zonas de riesgo a descargarse y utilizar esta app de autodiagnóstico con lo que cumplió un doble objetivo: recoger datos para hacer seguimiento de los enfermos sin movilizar personal sanitario y geolocalizarlos para asegurarse que el contagiado no abandone el espacio de aislamiento asignado.

En esta línea, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró este lunes que el Gobierno “está estudiando” un sistema de vigilancia a través de los móviles para evitar que una persona que ha dado positivo en Covid-19 pueda contagiar a otros ciudadanos.

Según el ministro, se hará con “respaldo jurídico”, con el fin de evitar la propagación del patógeno y servirá para ampliar las actuales funcionalidades de la aplicación móvil que el Ejecutivo ha puesto en marcha.

'Desescalado' progresivo

Campo se refiere a la aplicación de autodiagnóstico lanzada esta semana bajo el nombre de AsistenciaCOVID-19, que es escalable y puede permitir mayores desarrollos. De momento, es de uso voluntario y su herramienta de geolocalización no tiene por qué activarse.

Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que estamos ante el germen de un proyecto con el que se podría controlar a la población contagiada y dar los pasos necesarios para aislar a enfermos permitiendo la libre circulación de personas sanas.

Este proyecto es clave para entender el 'desescalado progresivo' de la economía y de la libre circulación al que se ha referido Moncloa esta semana. Si se tienen identificadas a las personas con virus, las fábricas, el comercio y los transportes públicos pueden comenzar a funcionar sin el riesgo de tener positivos circulando por zonas públicas ni en zonas de trabajo.

De momento, el Gobierno no ha movido ficha de manera pública, pero lo cierto es que ya están sobre la mesa varias opciones que llevan a un camino único: la geolocalización. Los expertos reconocen que cualquier escenario de levantamiento progresivo de medidas tiene un factor común: la necesidad de que las autoridades tengan localizada a la población de riesgo y a los focos de contagio.

Una situación que -reconocen los expertos- necesita de la colaboración de la población y pasa por la obligatoriedad del uso de esta aplicación móvil. Es decir, deben tenerla instalada todos los españoles en sus teléfonos móviles. En España las líneas móviles suman un total de 53,4 millones, con una población de 46 millones de habitantes, una cobertura que supera largamente al 100% de la población española.

¿Cómo hacerlo? Las fuentes de las operadoras de telecomunicaciones indican que estamos ante un procedimiento relativamente sencillo. Movistar, Orange, Vodafone, MásMóvil, Euskaltel y todas las operadoras podrían enviar un SMS a sus clientes con el enlace de la aplicación para descargársela desde Google Play o la App Store. Desde ahí la descarga tardaría no más de cinco minutos y el registro otros diez.

Comunidades con la 'app'

No obstante, el sistema necesita de la colaboración de todos los españoles y en este punto se debe concienciar a la población de los beneficios de tener instalada la app. Pese a ello, las fuentes consultadas advierten que al igual que China o en Corea del Sur, se hará necesario un control coercitivo, es decir multar a quienes no la tengan y hacer controles en la calle para comprobar quién tiene instalada la aplicación en el móvil.

Del mismo modo, las fuentes del sector consultadas indican que deberá establecerse de manera muy clara hasta cuándo hay que tener instalada la aplicación y cómo se tratarán los datos. Legalmente, las fuentes jurídicas consultadas indican que la obligatoriedad de utilizar aplicaciones para geolocalización y control del coronavirus es posible en el marco del estado de alarma.

Eso sí, advierten de que la línea de vulneración de los derechos fundamentales es fina y se deberá limitar claramente el alcance de la medida, si es que finalmente se decide llevar a cabo.

En estos momentos, AsistenciaCOVID-19 está disponible en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Principado de Asturias. La misma tiene otras tres versiones locales -aunque con el mismo desarrollo- en la Comunidad de Madrid (CoronaMadrid), Cataluña (StopCovid19Cat) y País Vasco (COVID-19.eus).

Coordinadas por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, estas aplicaciones con una raíz común buscan un primer objetivo que es el de "descongestionar los teléfonos de atención sanitaria de las diferentes comunidades autónomas, a la vez que ofrecer información oficial y de confianza a la ciudadanía".

Protección de datos

La herramienta puede utilizarse a través del móvil o la web y permite realizar autodiagnósticos, acceder a recomendaciones de actuación e información actualizada, y recibir recordatorios para realizar un seguimiento periódico del estado de salud. El Gobierno aclara que "en ningún caso" constituye un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos.

Es por ello que es vital que de la mano de la instauración de esta aplicación vaya una realización masiva de test a las personas que son declaradas positivos por la app. Las fuentes consultadas indican que sin estos test masivos la utilización de esta aplicación será inútil ya que, entre otras cosas, no se puede aislar a alguien que no tenga un diagnóstico real de la enfermedad.

AsistenciaCOVID-19 ya permite a través del sistema de geolocalización vía GPS del teléfono móvil validar la comunidad autónoma en la que se encuentra para personalizar las respuestas en función de los protocolos de cada una de ellas. Esta geolocalización es voluntaria, pero deseable.

Según la propia Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial la aplicación permitirá disponer de datos unificados y homogéneos, contribuyendo con ello a la gestión de la epidemia a nivel nacional. La aplicación, a través de la solicitud de una serie de datos de identificación y de salud relacionados con los síntomas experimentados, permite ofrecer recomendaciones y pautas de actuación.

La herramienta puede utilizarse a través del móvil o la web, y permite también acceder a recomendaciones de actuación e información actualizada. También se pueden recibir recordatorios para realizar un seguimiento periódico del estado de salud.

Complementaria con DataCOVID

En estos momentos, la información personal que recopile la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial será conservada durante el tiempo que perdure la crisis sanitaria y, una vez finalizada, serán agregados de forma anónima para tratarlos con fines estadísticos, de investigación o de planteamiento de políticas públicas, durante un período máximo de dos años, indican.

En el Gobierno insisten en dos cosas: que la geolocalización es deseable pero voluntaria y que los datos serán tratados solo por profesionales y, posteriormente de forma anónima. No obstante, si la situación lo requiere Moncloa podría pedir que los usuarios de la aplicación se localicen obligatoriamente.

AsistenciaCOVID-19 es complementaria con DataCOVID, un análisis de movilidad que la Secretaría de Digitalización lleva varias semanas elaborando con información anonimizada que arrojan los teléfonos móviles de los españoles. Con ella se podrían predecir comportamientos y sacar conclusiones en momentos de crisis sanitaria. Podría, por ejemplo, controlar los flujos a los hospitales y cruzar datos con la geolocalización individual de la app.

Como ha explicado la propia secretaría, el objetivo de este estudio es analizar el efecto de las medidas sobre la movilidad de la población, identificando si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas en las que hay una mayor concentración de población. De este modo se puede hacer una mejor toma de decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria.

El estudio -cuyo responsable del tratamiento de los datos será el INE- no rastrea movimientos individuales, sino que emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores (cogiendo muestras representativas desde las antenas móviles, no desde los dispositivos) y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual.

Advierten de que -en el caso de DataCOVID- si no se emplean datos personales en su realización, y usar solo datos anónimos y agregados, este estudio no entraría en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

 
Parte de los parados por el Covid-19 no cobrará este mes por el atasco administrativo

El aluvión de trabajo ha desbordado al Servicio de Empleo Estatal (SEPE). El alud de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) de marzo sumado a los miles de despidos provocados por la situación económica causada por el coronavirus han provocado tal nivel de saturación en algunas oficinas que un número indeterminado de receptores no cobrará las prestaciones de desempleo que les correspondería recibir este 10 de abril hasta mayo.

Así lo ha podido saber Invertia por varios afectados tanto por despidos individuales a principios de marzo como por ERTE en diversos puntos de la geografía española. Sus oficinas de empleo se pusieron en contacto con ellos para hacerles saber que no cobrarían la correspondiente prestación de desempleo hasta el 10 de mayo, cuando recibirán lo que se les tendría que haber abonado este 10 de abril más la ‘nomina’ que les toque.

La situación de las oficinas de empleo se está replicando tanto en regiones en las que los datos de desempleo y ERTE han sido más limitados, como Guipúzcoa, como en otras en las que el impacto ha sido más importante, como Madrid. Del mismo modo, los afectados por este retraso son tanto nuevos parados como implicados en un ERTE.

Para entender las causas de este fenómeno se puede tomar como ejemplo un ERTE de una gran empresa que ha afectado a miles de empleados y se ha activado en marzo del que ha tenido conocimiento este medio. Este caso indica que los trabajadores implicados, todos de la misma empresa y afectados por el mismo ERTE cuyos trámites se realizaron el mismo día, comenzarán cobrar el la prestación de desempleo unos el día 10 de abril y otros el 10 de mayo, aunque en este segundo caso se les pagará también lo correspondiente al mes anterior.

La razón de este desajuste radica en el nivel de colapso de las oficinas de empleo asignadas a uno y a otro empleado. Hasta que la oficina de empleo no culmina este proceso, que es totalmente telemático, el trabajador no puede ser dado de alta y no puede recibir la correspondiente prestación.

Cabe recordar que, hasta el 3 de abril, se presentaron unos 420.000 ERTE que han afectado a dos millones y medio de trabajadores, según los datos proporcionados por Unión General de Trabajadores (UGT). Bajo su punto de vista, es “lógico” que haya oficinas desbordadas, aunque en el sindicato no tiene notificación alguna de esta situación.

En cambio, en Comisiones Obreras (CCOO) sí que la hay. Aseguran a Invertia que les consta la situación y que están "encima del SEPE intentando que la agilicen al máximo pero la avalancha es tal que llegan hasta donde llegan".

Este aluvión de ERTE y gestión de expedientes de desempleo comenzó pasados mediados de marzo. Los recursos de estas oficinas del SEPE, a pesar de que se han ampliado con 1.000 puestos más, son limitados. Y a la cantidad de trabajo hay que sumar que la reducción de movilidad decretada por el estado de alarma llevó a cambiar los procesos presenciales por telemáticos, lo que generó un parón en las tramitaciones en los primeros días.

Saturación

Desde el Ministerio de Trabajo admiten que “hay saturación, es normal dada la situación que tenemos, pero se están atendiendo todos los casos” y no dan cifra de oficinas afectadas por esta situación.

En este sentido, y ahora que el SEPE funciona a todo tren, indican que se han llegado a reconocer casi 100.000 prestaciones en 48 horas y se han atendido “en los últimos días casi 200.000 llamadas”.

Además, aseguran que están trabajando en fórmulas que permitan “paliar posibles retrasos” como los comentados. Sin embargo, entre ellas no estarán los adelantos pactados por Trabajo con las entidades bancarias la semana pasada.

Y es que el primer paso para que un banco adelante la prestación lo tiene que dar el propio SEPE. Así lo indican fuentes del sector, que señalan que las entidades no pueden dar un paso si el SEPE no notifica que una cuenta bancaria es receptora de una prestación.

El proceso está totalmente informatizado y no es posible notificarlo de otra manera que no sea la telemática, y siempre a través del propio, y desbordado, SEPE.

 
El arroz dispara su precio y podría subir más si el confinamiento va en aumento

El arroz es un alimento básico, sobre todo en los mercados asiáticos, y es por ello por lo que no debe sorprendernos que de la misma manera que nosotros hemos dejado las estanterías limpias de papel higiénico y ahora nos está dando por la harina, allí comienza a escasear el grano.

De hecho, esa demanda por el arroz es pareja al incremento de los precios, ya que ha pasado de valer 12,30 dólares a mediados del mes de diciembre cuando apareció el coronavirus en China, a los 14,29 en los que cerró ayer en el mercado de futuros de Chicago. Esto supone una revalorización del 16%, además del excesivo nivel de volatilidad que se puede ver en el gráfico adjunto más adelante.

Esto también implica que se ha colocado en un nivel de precios no visto en casi 6 años. Y es que, además de la sobre demanda generada por acopio de los ciudadanos, se une el hecho de que también se esté exportando menos al resto del mundo. ¿El motivo? El confinamiento ha hecho que la producción de arroz esté muy mermada por la escasez de mano de obra.

China, el mayor productor

China produce el 90% del arroz del mundo, aunque ahora ha pasado a consumir prácticamente la misma cantidad de arroz por lo que ha pasado de exportar a importar. El gran exportador de arroz es India seguido de Tailandia, ambos tienen problemas de recogida de esta materia prima y de transporte, pero además se une una severa sequía en Tailandia lo que ha llevado a las autoridades a no firmar más contratos de exportación.

Las existencias de arroz no son pocas. Estamos hablando de una capacidad aproximada de cuatro meses de consumo normal, por lo que el impacto de la situación actual en los países productores y exportadores no es muy alta, pero todo debe medirse en términos de duración de la pandemia.

Lo que nos estamos jugando es la temporada de siembra, lo que implicaría que habría muy poca producción en la próxima cosecha y entonces sí que habría un estrangulamiento brutal de la oferta para el resto del año.

Pero los daños colaterales del coronavirus no quedan limitados al arroz. Ahora es tiempo de cosecha del trigo, muchas verduras y algunas frutas en el Sur de Asia y los agricultores necesitan de la ayuda de inmigrantes para la recolección, carga, descarga y uso de maquinaria. Sin embargo, las restricciones de movimiento en numerosos países hace difícil encontrar esa mano de obra. El resto lo hace el miedo evitando que los que sí que pueden ir a trabajar no lo hagan.

El precio del trigo también ha subido fuertemente desde mediados del pasado mes de marzo por la compra por parte de los consumidores sobre todo europeos y estadounidenses.


Yo me hice con unos cuantos kilos cuando esto empezó 😁
 
La cosecha se va a la ruina: los agricultores buscan desesperados 200.000 parados e inmigrantes

Cada día, el despertador de Arturo suena a las seis y media de la mañana. Pasados veinte minutos de las siete, comienza a doblar el lomo en una finca de Almedina (Ciudad Real), donde solo cuenta con la ayuda de un jornalero para sacar adelante la titánica tarea de atar parras hasta donde se pierde la vista y podar a contrarreloj 5.000 olivos antes de que asome la flor. “¡Mi cuerpo no puede más!”, clama este agricultor de 62 años. “Trabajo 14 horas al día de lunes a domingo”.

La causa de la paliza diaria que afronta Arturo es la falta de mano de obra que sufre el sector en Castilla-La Mancha por culpa del coronavirus: Asaja estima que se precisan más de 30.000 jornaleros en esta autonomía. “En 2019 contraté una cuadrilla de siete rumanos para podar viñedos y este año solo tengo una persona", dice Arturo.

La pandemia que está sacudiendo España con más de 11.000 fallecidos por Covid-19 no invita a los ciudadanos de Rumanía a hacer la maleta como en años anteriores para enlazar varios meses de trabajo en el campo castellano-manchego: podando olivos y viñedos, arrancando ajos o plantando y recolectando cebollas...

“Tienen miedo a venir”, afirma Arturo. Y no se equivoca: desde Coag y Asaja alertan al Gobierno central de que faltan entre 100.000 y 200.000 jornaleros para cubrir las necesidades de mano de obra de las campañas de fruta y hortalizas de verano.

Las citadas organizaciones agrarias apuntan que las autonomías más afectadas por la caída de hasta un 40% en las contrataciones son Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Aragón y la Región de Murcia. “La primera vez que fui a trabajar a la huerta tenía siete años, mi madre me dejó en la noria de la que tiraba un burro para regar, y en todos estos años jamás he vivido algo así”, admite este agricultor al que le faltan tres años para jubilarse y le empiezan a escasear las fuerzas para sacar adelante las hectáreas de olivo, viñedo y cereal que tiene al sureste de la provincia de Ciudad Real.

“Estoy desesperado”. Tal afirmación se debe a que Arturo arrastra demasiados quebraderos de cabeza porque cada año tiene más difícil encontrar mano de obra: Almedina es uno de esos pueblos de la España rural que se está vaciando y que con solo 516 vecinos apenas dispone de gente en edad de trabajar.

Este panorama se suma a los problemas provocados por la pandemia del coronavirus y la falta de beneficios que arrastra de 2019 por los elevados costes de producción y los precios ruinosos que percibe por sus productos: “Esta campaña de la aceituna cada jornalero me costaba 80 euros al día y solo me pagaron el kilo a 36 céntimos”.

Finalmente, Arturo podrá ver la luz al final del túnel y encontrar mano de obra. El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto-ley para permitir la incorporación de trabajadores en paro o desempleados e inmigrantes a las labores agroalimentarias con los que atender la temporada de recogida que está a punto de comenzar. Para ello, se permitirá la compatibilización de las prestaciones de desempleo con el salario por estas actividades laborales.

Se roban jornaleros

En la comunidad castellano-manchega, según ha podido saber EL ESPAÑOL, hace falta tanta mano de obra que los propios agricultores están compitiendo entre ellos para robarse a los jornaleros ofreciéndoles mejores sueldos. Por poner algunos ejemplos prácticos: si un productor paga 12 o 14 céntimos al empleado por podar una parra, otro productor le ofrece 17 céntimos para 'ficharlo'; en el caso del olivo, unos ofrecen un euro por podar un árbol y otros tientan con dos euros, incluso de una cuadrilla a otra puede haber una diferencia de uno a tres euros por cada hora trabajada.

“Hay plantaciones de viñedo paralizadas porque no hay gente para poner el sistema de conducción; faltan jornaleros para recoger las ramas de la poda del olivo o eliminar las malas hierbas en las explotaciones de cebollas, incluso no hay manos para el atado de los manojos de ajo”, enumera de forma didáctica el ingeniero agrónomo y secretario técnico de Asaja en Castilla-La Mancha, Arturo Serrano. “Todos esos cultivos tienen unos ciclos de trabajo que establece la naturaleza y que no se pueden posponer: al final si un productor no puede sacar adelante 30 hectáreas de cebolla por la falta de trabajadores pues solo plantará quince hectáreas”.

Menos producción, desabastecimiento

El secretario técnico de Asaja advierte al Gobierno de España de que debe tomar medidas antes de que la situación se agrave con el inicio a mitad de mayo de la campaña de la sandía y en junio con el melón: “Habrá una caída de la producción agrícola y eso conlleva una bajada de la renta y problemas de desabastecimiento en los mercados”. Una situación que en pleno confinamiento domiciliario solo empujaría a la ciudadana a regresar en manada al supermercado para lanzarse sin control a llenar el carrito de la compra con el riesgo sanitario que ello conlleva -como ocurrió al inicio de la pandemia-.

La clave del déficit de jornaleros se debe al coronavirus y a las restricciones establecidas por el decreto de estado de alarma del Ejecutivo español. Desde Coag y Asaja recuerdan que entre abril, mayo y junio se producen miles de contrataciones de temporeros procedentes de Marruecos, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Polonia, entre otros países. El Covid-19 privará de esos empleados al sector agrícola, tal y como asegura el responsable de relaciones laborales de Coag, Eduardo López: “El estado de alarma no permite hacer contratos en origen a jornaleros de países extracomunitarios y también incluye restricciones para el libre tránsito de personas por la Unión Europea”.

López avanza que hay que buscar alternativas para dar viabilidad del campo: “El problema que se plantea es muy serio porque al final se pueden perder cosechas, empleos y economía para nuestro país”. El dirigente de Coag explica que el sector agrícola ha hecho una propuesta a La Moncloa para aprovechar los 250.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que se han acogido las empresas, enviando al paro a 620.000 trabajadores, al verse obligadas a frenar su actividad por las medidas de confinamiento.

“Estamos pidiendo que, por ejemplo, los empleados del sector hostelero que van a estar en paro durante un tiempo por un ERTE, que se les ofrezca la posibilidad de trabajar en el campo para salvar las cosechas”, detalla López. El responsable estatal de relaciones laborales de Coag zanja que la propuesta básicamente consiste en habilitar desde los servicios públicos de empleo (SEPE) una bolsa de trabajo agrícola. “La idea sería priorizar las contrataciones dentro de las provincias, para evitar desplazamientos fuera de las comunidades autónomas, de manera que esos desempleados afectados por los ERTEs volverían a cotizar a la Seguridad Social con lo que eso supone para la economía”.

Extremadura: cóctel explosivo

En Extremadura un sudor frío empieza a recorrer la frente de muchos productores frutícolas porque en esta autonomía en los últimos dos años ya venían padeciendo los problemas de mano de obra, entre otros motivos, por el problema de la despoblación rural: un total de 88 municipios extremeños han perdido una cuarta parte de su población desde el año 2000. El año pasado la situación dio un giro de tuerca y la falta de rentabilidad de las explotaciones por los malos precios en origen llevó a muchos productores a arrancar 2.400 hectáreas de fruta para no perder dinero.

Ahora la pérdida de rentabilidad, el fenómeno de la despoblación y la restricción de movimientos establecida por las autoridades sanitarias que impide contratar a empleados de fuera se perciben en el sector agrario extremeño como un cóctel explosivo que provocará dificultades para recolectar las próximas cosechas: ciruela, cereza, tomate, tabaco... “La pandemia ha agudizado la situación y por eso hacemos un llamamiento a los afectados por los ERTEs del coronavirus: aquí estamos nosotros para contratarlos”, anuncia a bombo y platillo el coordinador de COAG en Extremadura, Juan Moreno.

A finales de abril arrancará en las Vegas del Guadiana la recogida de fruta de hueso temprana y entre los productores hay inquietud porque no se podrá contar con las cuadrillas de rumanos que tradicionalmente se desplazan desde su país. “Lo que no puede ser es que después de las tractoradas por la crisis de precios que hemos sufrido, ahora no podamos recoger las cosechas por falta de mano de obra”, sostiene indignado el dirigente agrario Juan Moreno.

Murcia: cuadrillas a medio gas

El Covid-19 no solo está poniendo en jaque a la sanidad española, sino que también se está convirtiendo en una plaga para la agricultura dejando a medio gas sus cuadrillas de jornaleros. En la Región de Murcia el número de sus integrantes se ha reducido casi a la mitad en los municipios que están inmersos en las labores de aclareo de la fruta de hueso. “En las explotaciones se ha pasado de veinte personas trabajando a ser ocho o diez en el mejor de los casos”, corrobora a pie de finca Esperanza Ramírez, agricultora y socia de la Cooperativa Thader de Cieza fundada en 1973.

La situación es preocupante porque a partir del 10 de abril, desde Molina de Segura hasta Jumilla, comenzará la recolección de toneladas y toneladas de albaricoques, nectarinas, melocotones, paraguayos... En esas localidades ha caído la cifra de jornaleros que trabajan en las explotaciones por un solo motivo, tal y como expone Esperanza Ramírez: “El decreto de estado de alarma establece restricciones para el transporte de trabajadores”.

El número de ocupantes de los turismos se ha reducido de cinco a dos empleados; en las furgonetas con nueve plazas solo pueden viajar tres personas y los autobuses deben ir a un tercio de su capacidad para evitar contagios por Covid-19 entre los jornaleros.

“La campaña se plantea difícil por los problemas que tenemos para desplazar a los empleados: faltan coches porque algunos no tienen vehículo propio y otros no quieren salir de casa por temor a contagiarse”, resume Esperanza sobre las dificultades que está capeando el sector agrario murciano para sacar adelante las labores de aclareo de la fruta de hueso. Los productores que optan por contratar más autobuses para cumplir con el decreto deben asumir un sobrecoste. “El gasto es de 20 euros por persona y día”, calcula esta experimentada agricultora: “¡Nací en una finca!”.

El sector está obligado a sacar adelante los trabajos de aclareo de árboles frutales porque son fundamentales para la campaña. “Sirven para seleccionar la fruta de mayor calidad, primero en flor y luego dándoles distancia en el árbol para que crezcan de manera óptima alcanzando el mejor calibre”.

La seguridad sanitaria se extrema

Las medidas de seguridad sanitaria en las fincas se han extremado: los jornaleros guardan entre sí varios metros de distancia, usan guantes, mascarillas, en cada parada para almorzar o comer tienen que limpiarse las manos con gel hidrolítico... “Tenemos a parte de la plantilla de la cooperativa cosiendo mascarillas para cuando se inicien los trabajos de recolección de la fruta de hueso”.

Los agricultores están trabajando como en Fuenteovejuna, todos a una, demostrando una vez más la unidad del sector como ocurrió con las tractoradas que protagonizaron en toda España por la falta de rentabilidad en sus explotaciones por los bajos precios en origen. Algo que lleva a Esperanza a lanzar una reflexión al Gobierno: “Estamos sacando nuestros tractores a las calles para fumigarlas contra el coronavirus después de que nos pagasen 30 céntimos el kilo por variedades de fruta de hueso que nos costaba producir 50 céntimos y todavía no sabemos si en esta campaña habrá precios justos”.

 
PwC advierte a sus clientes de que el paro podría llegar al 30% por el coronavirus

Sería el peor dato de paro de la historia de España, ya que el máximo de enero de 2013 fue del 26,94%

El impacto devastador del coronavirus en la economía española podría llevar al Producto Interior Bruto (PIB) del país a caer un 10% en 2020, mientras que la tasa de desempleo podría pasar del 13,78% en que cerró 2019 al nivel del 29,8%, el más alto de la historia de España, según un informe para clientes de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La firma pronostica que por cada cinco puntos porcentuales de caída de PIB, la tasa de desempleo aumenta entre 6 y 8 puntos. Dado que su escenario central contempla que el PIB caiga un 10%, la tasa de paro aumentaría como mínimo 12 puntos, hasta situarse en el 25,8%, y -en el peor de los casos- aumentaría 16 puntos porcentuales, hasta situarse en el 29,8%.

Esto situaría el paro en su nivel más alto de la historia del país, ya que su récord anterior se alcanzó en enero de 2013, con una tasa de desempleo del 26,94%, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

PwC estima una horquilla de caída del PIB de entre el 4% y el 15%, pero se queda con un escenario base en el que el PIB caerá un 10% este año. Asumen que el pico de contagios se alcanzará a finales de este mes y que no se podrá levantar la cuarentena hasta finales de mayo.

"Asumimos un impacto más grave que en China, de acuerdo a indicadores adelantados para Europa y América por sector", señalan en el informe, en el que afirman que "la actividad comenzará a remontar en agosto y la temporada de verano quedará parcialmente dañada".

Todo depende del pico de contagios

El escenario más positivo se produciría si el pico de contagios llega a mediados de abril y a primeros de mayo se levanta la cuarentena, con una recuperación de la actividad en julio-agosto.

En el otro extremo, PwC cree que si el pico de contagios no llega hasta mediados de mayo, entonces la cuarentena no se levantará hasta mediados-finales de junio. En ese caso la actividad comenzaría a remontar en septiembre, pero no se normalizaría hasta 2021. El PIB caería un 15%.

Los sectores que más sufrirán serán el turismo (caída anual del 40%), el transporte (-30%) y el automovilístico (-23%). Sólo saldrán favorecidos el sector de sanidad y farmacéuticas (+2,5%) y el de telecomunicaciones (+0,5%).

Para España, el frenazo económico "será tan o más severo que el experimentado en las crisis más graves de la historia", ya que con la gran recesión de 1929 el PIB cayó un 7% de media al año; con la Guerra Civil, un 9%; tras la Segunda Guerra Mundial, un 5% anual; después de la caída de Lehman Brothers, un 4% -en 2009-; y con la crisis de la Eurozona de 2011-2013, un 2% anual.

 
Los policías estallan contra las mascarillas de "papelito de fumar" de Marlaska

Dicen que van desprotegidos a la “batalla” contra el coronavirus. Que el material sanitario del que disponen no cumple las medidas mínimas para estar seguros. Los policías nacionales arremeten contra el Ministerio del Interior y denuncian el envío masivo a las unidades de mascarillas de “papelito de fumar” -en referencia a su fragilidad-. Y piden que se les considere como personal de riesgo para recibir el material sanitario que consideran adecuado a sus funciones.

En las redes circula un vídeo en el que un agente critica las mascarillas que reciben entre las unidades. La saca de su envoltorio, la rompe con los dedos y lamenta que esté hecha de "papelito de fumar". Fuentes policiales consultadas por Vozpópuli apuntan a que ese material en concreto forma parte de una donación: "Pero las mascarillas que recibimos no nos protegen mucho más que esas", lamentan.

Desde los sindicatos policiales lamentan que se trata de una situación extendida entre las unidades. Que el material recibido no cumple con los estándares mínimos de seguridad y que en ocasiones se han repartido elementos de protección caducados. También critican el cese de José Antonio Nieto González, responsable que redactó el primer protocolo en la pandemia. La Dirección de la Policía le apartó de su puesto a los pocos meses de jubilarse, tras filtrarse un documento con los pasos que debía adoptar el cuerpo para evitar la propagación del virus.

La trayectoria judicial

Lo cierto es que el reparto de mascarillas en la Policía está causando un revuelo judicial. Este lunes, el Tribunal Supremo se inhibió ante una demanda del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la que exigía que se reconociese a los agentes como personal de riesgo. Una medida para que se dotase a los miembros de las mascarillas FPP2. La sala, no obstante, consideró que se debía dirimir en la Audiencia Nacional.

Y este martes, la Audiencia Nacional rechazó otra petición diferente para que Interior dotase a la Policía del material sanitario que, según los sindicatos, necesitan los agentes. El tribunal considera que el la Dirección del cuerpo ha hecho esfuerzos para adquirirlo pero que no hay material suficiente para hacerlo efectivo.

Las peticiones del SUP

Pese a todo, los agentes no bajan los brazos. Piden mascarillas FFP2, pero también "transparencia" al Ministerio del Interior; en la cantidad de material que se ha distribuido y en las medidas que se están llevando a cabo para evitar la propagación de la enfermedad en filas policiales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha trasladado sus inquietudes a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial del cuerpo. Un escrito de nueve páginas con registro de entrada en el 31 de marzo. Una semana después de enviar la carta, denuncian que todavía no han recibido ninguna respuesta.

En el documento esgrimen que "las condiciones laborales a las que nos vemos expuestos" provocan una mayor exposición al virus "y con ello un grave daño en su salud que en algunos casos ya está causando la muerte": "Solicitamos información sobre la evaluación del riesgo de exposición, desglosando cada una de las actividades policiales asociado al contagio por coronavirus".

El sindicato exige información sobre los procedimientos adoptados en materia de prevención frente al coronavirus y de coordinación entre diferentes Comunidades Autónomas. También pide que se distribuyan test rápidos entre los agentes, una evaluación de riesgos laborales por cada una de las actividades policiales y que se desinfecten las dependencias policiales a diario mediante "un mecanismo de coordinación con la Unidad Militar de Emergencias".

¿Qué ocurre con el material sanitario que falta entre las unidades? El sindicato quiere conocer las actuaciones que ha llevado a cabo la Policía para "la compra de material, su aprovisionamiento, criterios de reparto geográfico y por actividad policial", entre otros. Y pide que se dote a los agentes de los recursos sanitarios para trabajar en medio de la pandemia.

 
La banca aprovecha los préstamos del coronavirus para abusar de sus clientes

La banca está incurriendo en prácticas alejadas del espíritu de la norma a la hora de comercializar los préstamos avalados por el Estado a través de la línea ICO Covid-19, a pesar de las advertencias del Banco de España o del mismo organismo público.

Este diario ha recopilado en los últimos días testimonios de clientes de banca, pequeños empresarios, autónomos, a los que su entidad les ha ofrecido un préstamo de este tipo saltándose aparentemente las instrucciones de funcionamiento de los mismos. La identidad de las fuentes consultadas, de toda confianza, queda en el anonimato, así como la de los bancos en cuestión, los mayores del sector en España.

"Me llamaron la semana pasada, cuando todavía ni siquiera estaba formalizada la nueva línea de avales del ICO", cuenta el socio fundador de un conocido despacho de abogados de Madrid. "Pero es que no lo necesitaba, no se cómo se les ocurrió llamarme", dice. "Sobre las finanzas de uno, no lo sabe nadie mejor que el banco de uno", apunta, "conocen perfectamente cuál es mi estado financiero, saben que no lo necesito".

La financiación avalada, subraya el ICO, "no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes"

"Me llamó mi asesor del banco el miércoles pasado", comenta la propietaria de una pequeña empresa tecnológica. "Me ofreció un préstamo ICO Covid-19, 50.000 euros, aunque no lo necesito", explica. "Me insistió en que las condiciones son buenísimas, al 1,5% de interés". "No tengo ningún riesgo, me llamó el director del banco de mi sucursal, tengo un pequeño crédito concedido de 20.000 euros al 3% del año pasado, con los 50.000 euros cubro ese crédito, lo amortizo, pago un 1% de cancelación del anterior".

La misma fuente añade que cuando le preconcedieron la pasada semana el préstamo, su asesor del banco le dijo que tenía que contratar un seguro de vida para que le fuera concedido. "Ayer le dije que había leído que no debía estar vinculado la contratación del seguro y me ha dicho entonces que es voluntario, y le he dicho que no lo quiero, claro", dice. "Para que te den el préstamo parece que lo mejor es que no lo necesites", concluye.

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de marzo las condiciones para acceder al primer tramo de avales otorgado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por importe de 20.000 millones de euros (de un total de 100.000 millones), publicado en el BOE el 26 de marzo.

Hay entidades de crédito "que se están comportando como chacales", comenta Eduardo Abad, presidente de UPTA

El tramo de los 20.000 millones se divide en uno de 10.000 millones para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes, y en otro por la misma cantidad para grandes empresas.

En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.

La entidad financiera, explica el organismo dependiente del Ministerio de Economía, "tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis de la Covid-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura".

Además, "las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal, etc. El banco "no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto", advierte.

La financiación avalada, subraya el ICO, "no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes".

"Están haciendo auténticas golfadas"

Hay entidades de crédito "que se están comportando como chacales, se están cometiendo auténticas golfadas", dice Eduardo Abad, presidente de la segunda mayor asociación de autónomos de España, UPTA.

"El Estado embargará a quienes ahora están pidiendo préstamos ICO Covid-19 y no puedan pagarlos; no hay peor acreedor que Hacienda"

"La propietaria de un bar ha tenido una llamada de su banco; le han dicho que cuenta con dos pólizas y que se lo pueden convertir todo en préstamo ICO", narra. "Y ha 'precontratado' un seguro de vida junto al préstamo que se hará efectivo dentro de seis meses", añade.

"Otra empresaria ha pedido a su banco un préstamo ICO Covid-19 por importe de 8.000 euros; cuenta que lo estaban ofreciendo al 1,5% de interés, pero a ella se lo han ofrecido al 2,5%. Cuando ha preguntado por qué, el banco le ha respondido que ella tiene más riesgo que otros".

"Se está tratando de cambiar por parte de alguna entidad préstamos que ya existen con ellos y convertirlos en préstamos ICO", advierte Abad, "se está pervirtiendo un sistema que se ha puesto para ayudar a los que necesitan un mínimo de liquidez para que sus negocios sobrevivan".

El Estado embargará

"Varios clientes con los que trabajo han tenido llamadas de sus bancos para ofrecerles un préstamo ICO Covid-19, y con los mismos lo que van a hacer va a ser amortizar los créditos anteriores que tenían", dice el director de una firma especializada en reestructuraciones.

La asociación española de banca dice que considera "inaceptable" que se obligue a suscribir un seguro de vida con los préstamos ICO

"Pero la gente debe ser consciente de lo que está haciendo al contratar estos préstamos, al fin y al cabo, es endeudarse", advierte. "El Estado avala la mayor parte de estos préstamos, lo que quiere decir que dentro de un año o dos años, si el deudor no puede devolver los préstamos, el Estado le va a embargar sus bienes por el importe correspondiente", subraya.

"Y no hay peor acreedor que el Estado. Incluso si el empresario se declara en concurso, Hacienda siendo acreedor privilegiado podrá embargar sus bienes, no concederá quitas ni negociará con el concursado", recuerda.

Errores humanos

La banca, por el contrario, considera que las prácticas están siendo correctas. Así lo cree José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), quien asegura que los bancos asociados están actuando de forma transparente en los préstamos ICO, cooperando con las autoridades.

Martínez considera, en declaraciones publicadas por La Vanguardia, que "errores humanos no pueden empañar políticas correctas". El representante de la asociación presidida por José María Roldán destaca que la asociación considera "inaceptable que se obligue a suscribir un seguro de vida con los préstamos ICO".

Martínez concluye que "lo prioritario en estos momentos es ayudar a autónomos, pymes y empresas a que superen el impacto de la crisis sanitaria y que se reactive la economía cuando se levante la situación de alarma actual".

 
Es ilegal que los colegios cobren la cuota íntegra a las familias durante el confinamiento

España echó el cierre a las guarderías, colegios y universidades el 11 de marzo, cuando ya se habían perdido 54 vidas a causa del coronavirus y había 2.277 personas contagiadas. El Real Decreto del Gobierno publicado el pasado 14 de marzo estableció que la actividad educativa presencial quedaba suspendida y que "durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online".

Ha transcurrido casi un mes de aquella decisión y algunas familias que llevan a sus hijos a guarderías y colegios privados y concertados continúan viendo cómo se les cobran determinadas cuotas por unos servicios que se han visto reducidos por el confinamiento. Ni hay comedor ni hay extraescolares ni hay transporte.

Algunos padres han lanzado campañas en la plataforma Change.org para tratar de revertir la situación. "Cobrar toda la cuota es una gran falta de solidaridad y de valores empresariales. Mucha gente lo está pasando fatal por los despidos o por grandes pérdidas y creo que el colegio se tiene que solidarizar. Si quieren cobrar el 100%, que den el 100% del servicio", denuncia un padre desde Castellón.

Las organizaciones que defienden a los consumidores sitúan fuera de la ley las facturas por servicios como el comedor, el transporte o cualquier otra actividad que no se esté realizando durante el estado de alarma. Los profesores continúan trabajando y cumpliendo con su horario, pero hay servicios complementarios que los centros no están brindando.

Quejas en asociaciones de consumidores

Desde Facua denuncian que las quejas recibidas por parte de padres y madres han sido muchas. "En las escuelas infantiles no hay que pagar durante el confinamiento. En los centros de educación reglada se debería seguir pagando la cuota siempre que se demuestre que se está prestando educación por vías telemáticas y que se garantiza el sistema de evaluación al alumnado, pero no se deben pagar desplazamientos o comedores", señalan.

"No se deben cobrar a los consumidores servicios que no se han prestado. Los consumidores ya tenían pagada la cuota del mes de marzo, y tienen derecho al reembolso. La cuota del mes de abril no se debe pagar puesto que no se está prestando el servicio", informan desde OCU.

Si bien la mayoría de las consultas y quejas recibidas por la organización en relación el coronavirus hacen referencia a viajes que no se han podido realizar, el pago de guarderías y colegios también ha provocado el enfado de algunos consumidores. Aunque el número de quejas al respecto es mínimo en esta asociación.

"El colegio o la guardería que preste el el servicio podrá ofrecer la opción de disfrutarlo posteriormente o reducir la cuantía de futuras cuotas a imputar por la prestación de ese servicio", explican desde OCU.

Si la familia no acepta la propuesta, añaden, se le deberán reembolsar los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa. "Lo más razonable, si el consumidor quiere continuar con el servicio, es que en las próxima cuotas se le compense. Lo que no se debe es pagar la cuota del mes de abril", indican.

Reembolso y prohibición de cobrar

Antes del estado de alarma, la normativa ya amparaba que el consumidor no está obligado a pagar por servicios no recibidos. Sin embargo, señalan fuentes de la OCU, ha quedado aun más claro a raíz de la publicación del RDL 11/2020. En el artículo 36.3 se establece el derecho del consumidor -en esta caso, de las familias- al reembolso y la prohibición de cobrar cuotas hasta que no desaparezca el estado de alarma:

"Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes".

De esta forma, el colegio que presta habitualmente un servicio de comedor, actividades extraescolares o transporte no puede presentar al cobro nuevas mensualidades hasta que este servicio pueda ofrecerse con normalidad. "El contrato no se rescinde, salvo por voluntad de ambas partes, reanudándose cuando cese la imposibilidad de la prestación del servicio", aclara la organización.

En cuanto a las mensualidades ya abonadas, salvo acuerdo entre las partes para recuperación del servicio a posteriori, el colegio o guardería en cuestión debe devolver al consumidor la parte correspondiente al servicio no prestado, o, si el consumidor acepta, minorar la cuantía de futuras cuotas.

Cuotas voluntarias en centros de distintas CCAA

Desde la Federación Francisco Giner de los Ríos denuncian la existencia de la obligatoriedad del pago de las llamadas "cuotas voluntarias" en los centros privados concertados "que de forma ordinaria imputan a actividades y servicios escolares que el centro presta fuera del horario lectivo". Se refieren a pagos "voluntarios" por talleres, orientación, mantenimiento del centro...

"En este periodo de suspensión de clases presenciales diferentes familias están recibiendo en sus bancos los pagos de cuotas por servicios que son imposibles de recibir. Se están dando casos de familias que se han quedado sin trabajo y se les sigue obligando a pagar estas cuotas, incluso algunas cuotas han sido incrementadas sin previo aviso y sin explicación alguna", denuncian en la asociación de padres y madres.

"Las denominadas cuotas voluntarias lo son durante todos los meses, es decir, se pueden pagar unos meses y dejar de hacerlo en otros. Por lo tanto, las familias que no están de acuerdo con el abono de esas cuotas no tienen más que comunicar a su banco la correspondiente devolución de la misma", emplaza Camilo Jené, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres FAPA Giner de los Ríos de Madrid.

Jené también denuncia el cobro por comedores y transporte y asegura que no solo han recibido quejas de la Comunidad de Madrid, sino de muchas comunidades. "También está pasando en colegios de Valencia y está pasando en centros de Cataluña", asegura.

 
Correos registra más de 800 positivos por coronavirus entre sus empleados

Correos tiene encomendado garantizar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), también durante los días que dure el estado de alarma por la crisis del coronavirus, por lo que desde el pasado 16 de marzo sus empleados continúan trabajando. Según los datos internos actualizados a fecha del lunes, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, la compañía registra ya 801 casos positivos por coronavirus entre su plantilla.

Desde que comenzó el estado de alarma, en Correos trabaja el "personal mínimo imprescindible" para prestar el servicio postal público obligatorio. Esto se traduce en que, cada día, acude a su puesto de trabajo cerca de un 25% de la plantilla, compuesta en total por 53.000 trabajadores. Antes de que se decretara la situación excepcional, el día 10 de marzo, la compañía optó por retirar de sus puestos a personas incluidas en grupos de riesgo.

Así las cosas, la cifra de los 801 contagios atañe a 743 centros de trabajo de Correos en toda España, y coloca a la empresa como uno de los colectivos más afectados por los contagios, siempre por detrás del personal sanitario. Junto a los casos registrados hasta ahora, el cálculo interno apunta a que el número de contactos estrechos con los positivos, a menos de un metro de distancia, ha sido de 2.152 personas, que a fecha del lunes se encuentran en cuarentena. Además, otros 1.118 empleados ya han pasado por ese proceso y se han incorporado de nuevo a trabajar.

En este sentido, cuando se detecta un caso por coronavirus (confirmado, posible o probable, según la clasificación del Ministerio de Sanidad) en un centro de trabajo de Correos se aplica el protocolo establecido: cuarentena de los trabajadores, cierre y desinfección del espacio físico y reapertura con un equipo de trabajadores diferente.

Guantes y mamparas

Desde hace unas semanas, la red de Correos dispone de equipos de protección individual (mascarillas, guantes y gel desinfectante) y se han instalado 4.500 mamparas protectoras en todas sus oficinas de Correos "con la finalidad de incrementar la seguridad de los trabajadores y proteger su salud", apuntan desde la empresa.

No obstante, los representantes de los empleados consideran que las medidas no se implementaron a tiempo y denuncian que durante los primeros días del estado de alarma los trabajadores tuvieron que acudir a sus puestos de trabajo - desde la oficina hasta repartir cartas y paquetes- sin mascarillas o guantes. "Se cometió una irresponsabilidad, que fue abrir las oficinas sin tener protección", denuncian fuentes sindicales, que señalan que en los primeros días los trabajadores no contaban con los equipos necesarios.

De hecho, en una carta enviada a todos los empleados de la compañía, a la que ha tenido acceso este periódico, el presidente de Grupo Correos, Juan Manuel Serrano, reconocía el día 19 de marzo que había habido un retraso en la recepción de guantes y geles que debían haber llegado la semana anterior, pero que tuvieron que ser destinados a hospitales sin suministro básico para atender a los afectados por la pandemia. Sin embargo, en esa misiva asegura que desde el lunes (16 de marzo) la red de Correos dispone de guantes y geles y que las mascarillas "no son estrictamente necesarias" en el conjunto de la compañía. Dos días más tarde, el 21 de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobaba en el BOE la distribución de dos millones de mascarillasadquiridas por el Gobierno a los empleados de Correos.

Con todo, insisten desde la empresa, desde hace semanas todas las actividades de Correos se están desarrollando siguiendo las instrucciones emanadas del Ministerio de Sanidad, "para preservar la salud de los trabajadores y clientes". De momento, seguirá trabajando cada día cerca del 25% de su plantilla y las oficinas continuarán abiertas con horario reducido, de 9:30 a 12:30.

 
Cabify lanza un servicio de envío de paquetería ante la crisis de la Covid-19

La compañía española Cabify ha lanzado este miércoles 'Cabify Envíos', un nuevo servicio de envío de paquetería para el desplazamiento de productos por parte de usuarios y empresas durante el estado de alarma.

Este servicio de reparto puerta a puerta para el envío de mercancía estará disponible desde la app e inicialmente sólo en Madrid, aunque la previsión es "que pueda extenderse a otras ciudades de España próximamente".

Las condiciones para utilizarlo son que el producto pueda caber en el maletero de los vehículos de la compañía (medidas máximas de 85x95x50 cm y un volumen no superior a 341 litros). Los productos congelados u otros susceptibles de causar desperfectos en los vehículos deberán precintarse y protegerse para evitar daños.

Estos envíos se realizarán a partir de 10 euros y en un horario de 8.00 a 23.59 horas. El usuario puede acceder a esta nueva categoría desde la app, en la que aparecerá ‘Cabify Envíos’.

Tras solicitar el trayecto y aceptar el precio, se le pedirá que introduzca los datos personales del receptor (dirección y persona de contacto), que el conductor podrá consultar en todo momento.

Medidas de seguridad

La compañía ha establecido diversas medidas en el protocolo de ‘Cabify Envíos’ para evitar contactos y reducir el riesgo: que el conductor no se encargue de la carga ni de la descarga.

El conductor abrirá el maletero desde el interior del vehículo en el lugar de recogida y el usuario que manda el producto realizará la carga.

El receptor, que podrá realizar un seguimiento del trayecto en tiempo real a través de la 'app', debe realizar la descarga del producto o productos del maletero del coche, evitando que el conductor se baje de vehículo.

“En un contexto como el actual, con limitaciones de movilidad, queremos seguir siendo útiles para nuestros usuarios y para la sociedad en general, habilitando una solución para que puedan enviar aquello que sea necesario”, explica Lucía Chávarri, Vicepresidenta de New Business de Cabify.

La compañía de VTC también ha puesto en marcha este servicio en otros países en los que opera, como Chile, donde está disponible en su capital; y en Brasil, en Sao Paulo.

 
«Sánchez no solo niega el sufrimiento a los españoles, sino que pretende que le aplaudan»

Brillante tribuna este 8 de abril de 2020 de José Alejandro Vara en Vozpópuli y que deja bien a las claras las intenciones de Pedro Sánchez de aborregar a las sociedad española.

El periodista denuncia con su afilada pluma que el Gobierno de España está consiguiendo que los ciudadanos no piensen en los efectos negativos del coronavirus, en las imágenes y datos terroríficos que perfectamente se edulcoran o se tapan ofreciéndoles otra realidad:

La quieren aborregada y empieza a estar cabreada. La quieren silente, paciente, y hasta risueña. Una España confinada y anestesiada. Entre Netflix y Matrix. Infantilizada y boba. Y pretenden que aplauda. A las ocho cada noche. No a los sanitarios, una casta admirable y heroica, sino a Sánchez.
Piensan algunos que lo están consiguiendo. Que la febril profusión de comparecencias, ruedas de prensa, declaraciones, reportajes, informativos, nodos, ministros y más ministros… es la fórmula perfecta para conjurar el desastre. Una parafernalia básica que funciona. Han frenado los brotes críticos por la reacción chapucera y tardía ante la evidencia de la invasión y ahora se esfuerzan en darle la vuelta al calcetín de la opinión pública.
Considera Vara que viendo las declaraciones de los ministros, están terminando por convencer a los españoles que no es el momento de la crítica:

«Lo estamos haciendo bien», dijo María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, la primera en apuntarse a esa letanía. «El Gobierno no tiene que arrepentirse de nada», Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. «Todas nuestras medidas han funcionado», Salvador Illa, ministro de Sanidad. Opinadores de todo a 100, troleros de las redes, saltimbanquis de las ondas, inundan estos días los espacios de debate recitando loas y entonando alabanzas. «Nada de críticas, es la hora de la unidad. Callad, malditos traidores», repiten con unánime desvergüenza. Las televisiones hacen el resto. Rematan la penúltima neurona critica o libre que se pasea por las casas. Por si algo se escapa, Pablo Iglesias, la pareja letal de la coalición del Gobierno, empuja una ley contra los bulos. Estamos a día y medio de amanecer, súbitamente, como por ensalmo, en un régimen totalitario. Más palmas.
Resalta en que al final están consiguiendo que los españoles se tomen estas informaciones de los muertos por coronavirus como meras estadísticas, como si fuesen las cifras del sorteo de la ONCE:

No hay féretros, no hay entierros, no hay dolor, no hay llantos. Si acaso, alguna lágrima, pero de alegría. Un bombero que felicita desde la calle a su hija, que se emociona en el balcón. Una abuela que recibe el beso de sus nietos por ese móvil que ya maneja con soltura. Una riada interminable de enfermos que desfila victoriosa entre las ovaciones le tributan los médicos al abandonar el hospital. Como Curro en la Maestranza o Zidane en la Champions. Y hasta una telecomedia para carcajearse de los difuntos en prime time. Si no te ríes, eres fascista. Los informativos recitan las cifras de fallecidos como si fuera el sorteo de la ONCE. No son más que números. El único aspecto del drama que se permite en pantalla es el tedioso confinamiento familiar. La realidad está prohibida. Es un elemento molesto que, con su dedazo implacable, señala inexorablemente al culpable.
Vara, que escribió la tribuna antes de conocerse la portada de El Mundo, se extraña de que no haya testimonios que reflejen el dolor de este drama:

¿Qué hacemos con los 14.000 muertos? España está en vértice de la estadística de fallecidos por millón de habitantes, que es la que cuenta. ¿Qué hacemos con ellos?. De momento, taparlos. No aparecen. Cierto, no hace falta exhibirlos pero, como aquí señalaba Rubén Arranz, extraña que no se escuche ni a una viuda desgarrada, un hijo aniquilado, un familiar destrozado. No tienen voz, ni presencia. Ni siquiera existen. No hay lugar para el duelo, la despedida, el cristiano responso, el necesario funeral.
Y apunta cuál es la intención de Pedro Sánchez, convertir los aplausos a los sanitarios en una ovación hacia su persona:

«La ofensa más atroz que se le puede hacer a un hombre es negarle que sufra», escribió Pavese, que no era el más optimista de su generación. Sánchez no sólo les niega que sufran sino que pretende que le ovacionen. Con fervoroso entusiasmo. 15 millones de personas siguieron su último ‘Aló presidente‘. Una pieza más en la campaña de anular voluntades y captar adhesiones. Lo que no se ve, no existe, es una máxima del marketing publicitario, que Iván Redondo maneja a la perfección. Ni féretros ni morgues.
Entiende el columnista que ya hay un hartazgo de la población española que se hace carne en las redes sociales:

Algunos sondeos, posiblemente inútiles en tiempos tan extraños, muestran ya evidencias del hartazgo. Señalan que el Gobierno lo ha hecho rematadamente mal y sitúan a Sánchez, ese aventurero egocéntrico, en el furgón de cola de los líderes occidentales. En las redes (donde Podemos ya ha perdido su férreo control), en los grupos de guasaps, en los mensajes a los medios de comunicación independientes, en las colas del súper o de la farmacia, la desolación deja paso al cabreo. No es una constatación científica pero sí algo evidente y palpable. La teoría que expenden Moncloa y sus satélites sobre el ‘mal inevitable y universal’, cual si se tratara de una plaga bíblica, cae desbaratada ante el avance de la agónica estadística. Muertos y más muertos. Y Simón, afónico y extraviado en su teorema de la mascarilla perdida.
Por esta razón, al presidente del Gobierno le interesa mantener esta situación de que la gente siga pensando en trivialidades y no se dé cuenta de lo que está pasando en realidad:

Sánchez quiere a España encerrada en sus pisitos de 60 metros. Un mes, dos, tres lo que haga falta. En estado de alarma de permanente, con el Parlamento clausurado, los medios silenciados o bien untados y las voces críticas en el ‘arca de Noé‘ de los infectados. Exhibe ahora el ‘Pacto de la Moncloa’ en un absurdo empeño de ‘socializar la responsabilidad’, como le respondió PabloCasado, que empieza a enviar mensajes claros y determinantes. ‘Diálogo social, sí. Cambio de régimen, no’.
Y sentencia con un pronóstico obvio, que el otoño de 2020 en España va a ser más que calentito:

España es un país que agoniza. Casi 14.000 muertos, 140.000 infectados, camino a los cinco millones de parados, golpe bolivariano en marcha y una gigantesca sordina instalada en todas las gargantas. La bronca bulle e irá a más. Emergerá la verdad. Muchos supuestos errores se comprobarán delitos. Querrán cobrarse facturas: familiares, sentimentales, labores, económicas, sociales. Bien harían algunos en ir preparando un plan para encarrilar la cólera de los corderos. Se adivinan un otoño caliente y tiempos feroces.

 
El aviso de Seguridad Nacional al Gobierno horas antes del 8M

Pedro Sánchez desoyó todas las recomendaciones sobre el 8M y permitió la concentración

El aquelarre feminista del 8M se celebró pese a que expertos médicos nacionales e internacionales recomendaban su cancelación. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) avisó al Gobierno de Pedro Sánchez con anterioridad a dichas concentraciones de que el incremento de casos de coronavirus era mayor de lo habitual. Sin embargo, una vez más, el ejecutivo hizo oídos sordos y permitió las concentraciones.

En este sentido, Seguridad Nacional (órgano de asesoramiento directo de Sánchez en materia de Seguridad Nacional) emitió una nota el 7 de marzo a las 9:07 horas de la mañana bajo el epígrafe "Coronavirus COVID-19 – Seguridad frente a pandemias y epidemias" en la que afirmaba que "según el último balance oficial, se han notificado en España 374 casos confirmados (5 fallecidos). De ellos, 11 pacientes permanecen ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Todas las personas fallecidas presentaban patologías previas". No fue suficiente.

Además de la escalada de muertos, también advertía del ascenso de contagios y recordaba que la Comunidad de Madrid era la "región más castigada", por lo que había que tomar todas las precauciones.

 
La portada de El Mundo que no ha gustado a los progres

El Mundo no es un periódico que simpatice con el Gobierno del Frente Popular pero hasta el momento se había mostrado cauto con la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno. Las críticas existían pero faltaba contundencia, una contundencia que, por fin, ha llegado. El diario llena los quioscos de hoy con una portada impactante en la que aparece el Palacio de Hielo de Madrid lleno de ataúdes.

Esta es la imagen que evidencia la mala gestión por parte de Pedro Sánchez y su banda. La gran cantidad de fallecidos no puede ser gestionada por las funerarias, que están desbordadas y las familias no pueden despedirse de sus allegados y empezar su luto.

La portada también recoge la información de que las Comunidades Autónomas consideran que los datos reflejados por el Gobierno no se ajustan a la realidad y que los fallecidos reales son mucho mayores.




El periodita Matthew Bennet ha destacado la portada de El Mundo y ha felicitado a la dirección por haber dado el paso, aunque éste haya sido bastante tarde. Matthew Bennet no se calla ante las amenazas a España y a los españoles y dispone de Patreon, desde donde se puede apoyar sus investigaciones.

Los progres han estallado contra el periódico y contra el mismo Bennet. Prefieren que se calle ante la nefasta gestión y consideran que sería mejor una campaña de blanqueo al Gobierno, no informando sobre sus errores.

 
La OMS censura a los científicos franceses que quieren ensayar la vacuna contra el coronavirus en África: «Es colonialista y horrible»

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó este lunes la «mentalidad colonial» de los dos científicos franceses que han propuesto probar una vacuna contra el coronavirus entre la población de África, ya que sería «horrible» y «una vergüenza» usar el continente como «laboratorio».

«África no será laboratorio de pruebas para la vacuna del coronavirus», sentenció el doctor Tedros en una rueda de prensa celebrada en Ginebra tras la propuesta de Jean-Paul Mira, del Hospital Cochin de París, durante una entrevista en la cadena francesa LCI junto a Camille Locht, del Institute National De La Santé Et De La Recherche Médicale (Inserm).

La propuesta de los médicos franceses pasaba por ensayar en África una vacuna contra el Covid-19, «si es que puedo ser provocativo», dijo Mira. De hecho, el médico censuró que ya se hacen experimentos similares para otros virus con las prostitutas» porque «sabemos que están muy expuestas y que no se protegen», según recoge el diario «Le Figaro».

El director de la OMS aseguró que «seguiremos los mismos protocolos en todo el mundo», al tiempo que trasladó a los dos científicos que «los vestigios de la mentalidad colonial tienen que parar». « Es una vergüenza y horrible escuchar en el siglo XXI estas declaraciones de científicos», concluyó.

La propuesta de los científicos franceses ha desencadenado críticas de personajes como los futbolistas Eto’o o Drogba, de origen africano. Tras la polémica, el organismo científico al que pertenece Camille Locht, el Inserm, aseguró que se trata de una «fake new» al haber sido objeto de una «interpretación errónea». Sin embargo, los dos profesionales se han disculpado por sus palabras.


Pues sería lo mejor. Que experimenten con los menas 😏
 
El Gobierno descarta el "sinsentido" de una bajada de impuestos porque "es momento de solidaridad"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han descartado este miércoles el "sinsentido" de una bajada de impuestos en España, porque "es momento de la solidaridad" y no ven "lo más adecuado" acometer esa medida.

"Es mal momento para plantearlo, es momento de solidaridad, de responsabilidad y no parece lo más adecuado plantear una rebaja de impuestos al mismo tiempo que se plantea el refuerzo salarial y una política de apoyo a todos los sectores", ha indicado Ábalos en respuesta a una pregunta sobre la petición de una bajada de impuestos del PP en una rueda de prensa, junto a Maroto, para informar sobre la gestión de la crisis del Covid-19. "De alguna parte tendrá que salir ese dinero", ha apostillado.

Maroto ha indicado que el planteamiento de una bajada de impuestos lleva a pensar de qué forma se asumirían los compromisos presupuestarios asumidos para desplegar la "red de seguridad social" ante la crisis sanitaria, por lo que ha defendido en su lugar que "hay que apelar a la solidaridad y la corresponsabilidad".

En este sentido, ha abogado por trabajar "juntos" para salir de la crisis y ha recordado que el Gobierno ha abordado la situación configurando una red de seguridad que recoge "todas las necesidades de los sectores y las personas", con independencia de que se puedan adoptar "otros instrumentos y medidas", a medida que se produzca el desescalamiento del confinamiento, que se añadan a la cobertura "muy ambiciosa" ya aprobada, que "cubre a la mayoría de la población".

De igual forma, Ábalos ha tildado de "sinsentido" el planteamiento de una rebaja de impuestos, al no entender cómo se pide "más gasto y menos ingresos sin que uno se inmute". "Es un debate falso y muy inadecuado pedir una gran aportación del Estado y al mismo tiempo negarle recursos, es un sinsentido", ha añadido.

A este respecto, ha recordado que el PP planteó en la campaña electoral de 2011 una bajada de impuestos y finalmente "no solo no los bajó, sino que los subió".

Además, ha afirmado que la crisis de 2008, "con todo lo dura que fue, no tiene la dimensión ni el sesgo humano de vida o muerte" como la actual, y ha apuntado que el expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, en un ejercicio de "absoluta honradez", indicó que "las cosas a veces se dicen y no se hacen", y aunque abogó en un inicio por bajar impuestos, "los tuvo que subir" al final.

RENTA MÍNIMA VITAL

Por otra parte, sobre la creación de la renta mínima vital en la que lleva trabajando el Gobierno varias semanas, que podría beneficiar a unos 5 millones de familias, Maroto ha recordado que es una medida incluida dentro del programa del Gobierno de coalición y que se está trabajando en ella pero "requiere de un análisis riguroso", al tiempo que Ábalos ha descartado que vaya a ir en el siguiente Consejo de Ministros extraordinario.

Según ha explicado Maroto, actualmente conviven "muchas rentas mínimas" de las distintas comunidades autónomas, por lo que se está trabajando para que no haya "solapamientos" y se configure una renta que "complemente, sustituya o mejore" a las actuales de las distintas autonomías.

En cualquier caso, Ábalos ha afirmado, ante cualquier posible debate sobre la renta mínima, que la situación actual "justifica claramente" la necesidad de su creación.

PIDE "PACIENCIA" EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ERTE

Por último, sobre la agilización de los ERTE Maroto ha dicho que se están coordinando todos los trámites con las CCAA, ya que los "cuellos de botella" no dependen solo del Gobierno, que ya ha aprobado una normativa "muy ágil" para poder tramitar en cinco días los expedientes en paralelo a una cobertura social a muchos trabajadores incluidos en estos procedimientos.

Actualmente se están analizando las disfunciones para que los afectados por un ERTE puedan cobrar las prestaciones "en tiempo y forma", pero Maroto ha apelado a la "paciencia" para que la coordinación entre Gobierno y CCAA "se engrase y vaya todo más ágil". En todo caso, ha insistido en que el Gobierno ha gestionado en un tiempo "extraordinario" los procesos, ya que antes se tardaba meses.

 
El PSOE elabora un argumentario para defenderse de las críticas sin admitir errores

Es una tendencia que viene acentuándose desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018. La marca PSOE queda muy deslucida detrás de la maquinaria comunicativa del Ejecutivo. Sin portavoces ni figuras destacadas salvo Adriana Lastra como vicesecretaria general dedicadas al partido. Pero, además, con ella muy centrada en el contacto y la negociación con otras fuerzas políticas. Y sin gran presencia mediática.

[ Lee completo el argumentario del PSOE (PDF)]

Son los propios ministros y no el partido que sustenta al Gobierno quienes desfilan por los medios de comunicación o dan ruedas de prensa. Una tendencia que se ha acentuado con esta crisis. Los dirigentes del PSOE que no están además en el Gobierno están prácticamente desaparecidos. Y la calle Ferraz se ha convertido en un departamento más encaminado a preparar a los cargos internos del partido para defender la gestión del Gobierno.

El PSOE ha elaborado un documento interno titulado «Defensa ante los principales ataques a la gestión sanitaria». Un documento de siete páginas en el que, como no podía ser de otra forma, no se reconoce error alguno sino que se viene a asegurar que España ha estado a la vanguardia en la gestión de esta crisis. Durante siete páginas y dividido en doce puntos defiende las que están siendo o han sido brechas en la acción del Gobierno. Defiende que no se actuó tarde, sino al contrario, mucho más rápido que otros países. Como si la mala gestión del resto exonerase de los propios errores. Y obviando una cosa: España siempre tuvo el ejemplo de Italia para anticiparse.

Otro punto de defensa es asegurar que «somos de los países que más preparados se encuentran para dar una respuesta a esta crisis sanitaria». Recordando que «en la evaluación efectuada por la OMS el 30 de marzo España se situó en el nivel más alto de capacidad de respuesta». Esto puede ser cierto, pero desde luego casa mal con la estrategia de culpar a la gestión del Gobierno del PP del colapso del sistema que se sufrió durante mucho días en nuestros hospitales.

Advertencias

Ante la crítica de que en las primeras semanas se desoyeron las advertencias la respuesta es: «Fuimos precavidos y unimos fuerzas con la Unión Europea para participar en todas las compras de material sanitario». Y fue el 6 de marzo cuando la Unión Europea lanzó una licitación de compra conjunta de materiales. El Gobierno ya ha reconocido que la gran propagación del virus se produjo en la última semana de febrero.

Otro objetivo del Gobierno es tratar de negar que no se reaccionó hasta el 14 de marzo en lo que respecta a la compra de materiales sanitarios. La respuesta tampoco es muy alentadora, ya que reconoce que fue sólo cuatro días antes, desde el 10 de marzo, cuando el Ejecutivo se afanó en esta tarea.

En el punto 7, también sobre la compra de materiales, el PSOE no reconoce ningún problema. Dice que muchas comunidades han comprado superando enormes dificultades. Y aquí sí lanza una crítica al Gobierno de la Comunidad de Madrid asegurando que «tardaron semanas en intentarlo y se refugiaron detrás de disculpas como el 'cuello de botella'». Defiende todo el material proporcionado a las autonomías sin explicar qué porcentaje del total parte de las compras centralizadas.

Test rápidos

Sobre el fiasco en la adquisición de test rápidos por parte del Gobierno no se da explicación alguna. Se pasa de largo diciendo que la estrategia es incrementar las PCR, que son las más fiables, y complementar esto con los test de diagnóstico rápidos. Nada más.

Niega también que el Gobierno se haya desentendido de las residencias de ancianos destacando el papel del ejército en su desinfección. Pero, por si acaso, aclaran que «son competencias de gestión de las Comunidades Autónomas».


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Peñíscola se blinda con bloques de hormigón para impedir la entrada de visitantes en Semana Santa por el coronavirus

El Ayuntamiento de Peñíscola ha redoblado la vigilancia en accesos tanto a la población, a urbanizaciones y a comercios y farmacias, incluso con barreras de hormigón, y ha pedido la colaboración vecinal para evitar que los foráneos acudan a sus segundas residencias durante la Semana Santa para intentar frenar la expansión del coronavirus.

En condiciones normales las poblaciones costeras se llenan durante la Semana Santa de visitantes, sin embargo la "operación salida" de este año está siendo excepcional por su ausencia debido a la pandemia de COVID-19.

La Policía Local, junto a la Guardia Civil
, han acotado todos los accesos al municipio, y en aquellos en los que no hay control policial se han instalado barreras fijas de hormigón. Desde el consistorio han explicado que desde que se decretó el estado de alarma se ha conseguido un "confinamiento casi total" ya que los vecinos del municipio han cumplido de manera notable con las restricciones de movilidad.

El Ayuntamiento ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Castellón un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil e incluso del Ejército para poder seguir controlando los accesos a la población.

Además, el consistorio ha pedido la colaboración tanto a los vecinos como a los propietarios de los establecimientos y se pide que si se detecta la presencia de un vecino alojado en una segunda residencia, se dé parte a la Policía Local para que pueda proceder a hacer la comprobación.