Se está provocando escasez de energía, alimentación y bienes en el mundo?

La Generalitat sube los impuestos a las nucleares y gasistas en plena crisis energética​

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha comparecido este martes en rueda de prensa tras celebrarse el Consell Executiu. La excusa formal era presentar un plan de 120 millones de euros para acoger refugiados por la guerra de Ucrania. Pero también ha habido medidas para hacer frente a la crisis económica que se avecina a causa del conflicto bélico. Entre estas medidas está “subir el 33% del impuesto de la Generalitat sobre las nucleares y ciclos combinados para destinar este dinero a un fondo para impulsar la energía verde”. La medida se aplica en plena crisis energética por el impacto del conflicto bélico en los precios del gas.

Estos impuestos, según ha explicado Aragonès, supondrán 20 millones de euros de ingresos este año. "Ante los beneficios extraordinarios que tendrá el sector creo que es una contribución perfectamente asumible y además hay la prohibición de repercusión en el precio”, ha dicho.

De acuerdo con el texto del decreto, los tipos de gravamen quedan fijados de la siguiente forma:

“En el caso de actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, el tipo de gravamen será de:

a) 0,00665 euros por kWh, a todos los efectos.

b) 0,00133 euros por kWh, en caso de que la actividad sea efectuada por instalaciones de ciclo combinado.”

La Generalitat justifica el cambio en la nota de los acuerdos de Govern “en el marco la ley del cambio climático y con el objetivo de dar un impulso a la transición energética iniciada en Cataluña con la eliminación definitiva del fuel y del carbón y alcanzar un nuevo modelo energético que permita minimizar los costes sociales y medioambientales y los costes económicos de la dependencia exterior del modelo actual”

Así, la Generalitat ha decidido “apretar el acelerador con carácter inmediato en las energías renovables”. La finalidad es conseguir una mayor implantación en el territorio de este tipo de energías, puesto que solo representan el 19,1% de la producción de energía eléctrica en Cataluña.

La Generalitat congela la subida de del impuesto sobre emisiones de CO₂ en vehículos de tracción mecánica

Así, con este decreto ley, el Gobierno modifica la Ley 5/2020, de 29 de abril, por el que se crea el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente e incrementa el tipo de gravamen en el caso de actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica.

El Departamento de Acción Climática destinará todos los recursos que se obtengan –esos 20 millones– íntegramente a incrementar de forma notable el número de parques fotovoltaicos en edificios e infraestructuras de titularidad pública, ayudas a la conexión a la red de gas de las plantas de biogás ya completar el despliegue de la energética pública.

Rebajas para los conductores​

Al mismo tiempo, la Generalitat, anuncia que se congela la subida de del impuesto sobre emisiones de CO₂ en vehículos de tracción mecánica, que beneficiará a tres millones de contribuyentes, lo que tendrá un coste para las arcas públicas de 90 millones para las arcas públicas de la administración catalana.

La Generalitat justifica este cambio por la “elevada incertidumbre” que se vive a nivel internacional y que se explica por diferentes motivos. Por un lado, por la constatación de que, aunque los indicadores apuntaban a una mejora de la economía del país, buena parte de los hogares catalanes todavía sufren la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19. Por otro, la elevada inflación causada, fundamentalmente, por el notable aumento del precio de la energía. Y, por último, la situación de guerra en Ucrania que, entre otras consecuencias, está comportando un incremento de los precios de los combustibles que se está repercutiendo de forma inmediata en el precio de los carburantes empleados por los vehículos de tracción mecánica, sujetos a tributación. La congelación del tributo es una manera de compensar la subida de los costes energéticos para los conductores.

 

La escalada energética amenaza con encarecer un 20% los recibos del agua del grifo de las familias​

La escalada de los precios de la electricidad está provocando un encarecimiento de más del 20% de los costes en los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento de la residual que amenaza con encarecer en una proporción similar el recibo de la luz de las familias, para las que ya supone un coste anual de 5.000 millones de euros que, en números redondos, se vería incrementado en otros mil.

La estimación del aumento de costes figura en la carta que Aeopas, la Asociación Española de Operadores de Abastecimiento y Saneamiento, ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar una serie de medidas que eviten, básicamente, que ese incremento de los costes acabe siendo repercutido a los hogares a través del recibo.

"Ante el aumento de los costes, la solución fácil sería incrementar sustancialmente las tarifas en un orden de entre el 20% y el 25%, o tratar de modular el impacto obteniendo créditos que se puedan devolver a largo plazo para no afectar a las maltrechas economías familiares", señala la carta, que añade que "urge, por ello, facilitar el crédito a los operadores públicos, pero antes es necesario que el Estado nos avale los créditos", ya que la Ley de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración les impide utilizar ese recurso.

El recibo del agua de los hogares españoles, que se ha encarecido en más de un 70% en los tres últimos lustros, ascendió en 2020, último ejercicio con datos en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), a 4.959 millones de euros, con una participación de algo más del 70% para el abastecimiento mientras el saneamiento superaba el 27%.

La primera de esas partidas, que alcanzó los 3.611 millones de euros en 2020 con la protección frente a los cortes por impago que el "escudo social" habilitó para las familias de menos rentas ya vigente, ha aumentado un 41% en los tres últimos lustros pese a la notable reducción del consumo mientras la de la depuración, creciente en varias comunidades autónomas, se triplicaba con creces en ese periodo para llegar a 1.347.

"No pedimos subvenciones sino medidas para mejorar la eficiencia"​

Al encarecimiento de la electricidad se le suma el de otros materiales químicos que se utilizan en los procesos de tratamiento del agua, como el cloro, los reactivos o los floculantes, con lo que "está claro que el sector se enfrenta a un gran reto de tesorería a corto plazo y, en un horizonte no muy lejano, a problemas serios de sostenibilidad del sistema que solo se solucionarán tomando medidas estructurales".

Los servicios públicos del ciclo del agua, como los del transporte de personas operan mediante tres modalidades: gestión directa, concesión privada y mixta entre ambas. En la segunda, este tipo de descuadres se suelen saldar con una revisión de la concesión que, en la práctica, se traduce en nuevos pagos de la administración a la concesionaria.

En la primera, las recetas son la subida de las tarifas, improbable en los ayuntamientos españoles cuando apenas falta un año para las próximas elecciones municipales, la inyección de recursos en la empresa pública o un recurso al déficit que a menudo degenera en un argumento a favor de privatizaciones que añaden nuevos encarecimientos al servicio.

Los operadores públicos del agua "estamos preocupados por cómo afrontar con garantías los costes y la intensa crisis económica que se otea", indica la misiva, que propone, junto con el acceso al crédito y la modificación de esa ley, otras dos líneas de actuación: acceder a los fondos Next Generation para atajar con esa financiación los problemas de pérdidas por fugas que se dan en la red, y que llegan a alcanzar un 40% del caudal en algunas redes locales, y mejorar su eficiencia energética, así como facilidades para que puedan crear comunidades energéticas.

"Es el tiempo de actuar con actuaciones transformadoras en pro de los ciudadanos", añade el documento antes de anotar que "los operadores públicos de agua no pedimos subvenciones al precio de la energía, sino que se articulen medidas para mejorar la eficiencia para la prestación de los servicios (…) que deben ser siempre asequibles para las familias de nuestro país".

La sequía comienza a activar las alarmas en el sur​

"No entendemos cómo el agua no tiene un IVA superreducido del 4%" en lugar del 10% actual, señala Luis Babiano, gerente de Aeopas, que anota que las medidas del Plan de Respuesta a la ola inflacionista reducirán la presión de los costes energéticos, aunque el aumento de estos seguirá siendo elevado: "puede que del rango del 20% al 25% baje a otro del 13% al 18%", aunque, en cualquier caso, se trata de "impactos que no se pueden repercutir porque las rentas no lo soportarían", especialmente en el mundo rural.

A ese cuadro de costes disparados y de ineficiencia de las redes se le añade un escenario de cambio climático que comienza a dificultar el acceso al recurso hídrico al haber aumentado la frecuencia de los periodos de sequía, que comienzan a encender las luces de alarma en algunas zonas de la mitad sur de España, y obligar a repensar los sistemas de almacenamiento de agua por la concentración de las lluvias y el aumento de la torrencialidad de los ríos como consecuencia de esa alteración de los patrones meteorológicos.

 

Francia hace saltar los plomos del mercado eléctrico: el tope subirá un 33% hasta los 4.000 euros​

La crisis eléctrica de Francia tiene ya consecuencias palpables en los mercados mayoristas de la electricidad después de alcanzar prácticamente el tope de 3.000 euros que tenía implantado el mercado mayorista.

Según ha indicado el Comité de las bolsas energéticas europeas, a partir del próximo 10 de mayo, el precio máximo se incrementará en un 33% desde el actual límite de los 3.000 euros hasta los 4.000 euros.

La Metodología de Precios Máximos y Mínimos de Compensación Armonizados (PMCM) indica que el precio máximo de compensación para el Acoplamiento Diario Único (SDAC) se incrementará en 1.000 euros/MWh si el precio supera un valor del 60 por del precio máximo en al menos una unidad de tiempo de mercado en un día en una zona de oferta individual o en varias zonas de oferta.

Este hito se alcanzó los pasados 3 y 4 de abril cuando los precios registraron niveles de 2.712,99 euros/MWh y 2.987,78 EUR/MWh en las horas 8 y 9, respectivamente, tras la alerta naranja que se vió obligado a dar el gestor técnico de la red francesa RTE por la incapacidad de sus sistema de generación de producir toda la energía necesaria para satisfacer el consumo.

La normativa indica que el nuevo precio máximo de compensación se aplicará en todas las zonas de oferta que participen en el SDAC, a partir de cinco semanas después del día en que se haya producido el evento mencionado. En este caso, por tanto, se aplicará a partir del 10 de mayo de 2022 (primera sesión de negociación).

No obstante, para que esto vuelva a suceder y se tuviera que incrementar otros 1.000 euros/ MWh, el nuevo umbral del precio máximo de compensación que debería alcanzarse para activar el aumento del precio máximo de compensación se fija en 2.400 euros a partir del día siguiente a la detección (por tanto, aplicable a partir del 4 de abril, en este caso), como valor del 60 por ciento del nuevo precio máximo de compensación armonizado de 4.000 euros/MWh.

La medida supone incrementar el riesgo de precios todavía más altos para los clientes acogidos al PVPC en España, ya que esta tarifa está vinculada a los resultados del mercado.

 

60 granjas de pollos en la provincia con el agua al cuello​

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La provincia vallisoletana es puntera en el país en la crianza de pollos. Unas 60 granjas comercializan casi 10 millones de animales al año. Un sector pujante durante los últimos años que está pasando un profundo bache debido al aumento disparado de los costes energéticos. Las elevadas facturas de luz y calefacción y la congelación de los precios del pollo a los productores están haciendo que la situación de los ganaderos sea crítica.

La producción avícola de carne requiere un consumo de energía muy elevado (luz, gas, gasóleo o biomasa) para mantener una atmósfera favorable de temperatura, humedad y luz las 24 horas y el aumento de precios está llevando a las explotaciones. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la crítica situación por la que atraviesan los ganaderos avícolas ante el brutal incremento de los costes de producción, disparados por el vertiginoso aumento de los precios de gasóleo (+40-60%), energía ( luz y gas +150%), plásticos (+50%), agua (+30%), fertilizantes (+100%), y piensos (+25%) durante los últimos meses, lo que está provocando que muchos de los 60 ganaderos de este sector existentes en la provincia estén abocados al cierre.

Prácticamente, la totalidad de las granjas vallisoletanas trabajan a través de integradoras. Es decir, mediante empresas que se dedican al suministro de los animales al nacer, así como el pienso para su engorde. Las entradas de pollos en las explotaciones se hacen unas cinco o seis veces al año dependiendo de la raza y la alimentación. En cada unas de las 'puestas' las granjas acaparan en torno a 1,6 millones de pollitos. El proceso de engorde de los animales oscila entre los 40 y los 45 días. Una vez que alcanzan el peso exigido se venden a mataderos, fundamentalmente de la provincia, que a su vez comercializan dentro del mercado nacional. No son los productores los que compran los animales, ni tampoco el pienso para alimentarlos durante su estancia en las granjas, sino que son las denominadas 'integradoras' las encargadas del suministro de pollos y alimentos. A cambio tienen fijados unos contratos con precios concretos, que no han aumentado a pesar del incremento del precio del pollo en el mercado. La demanda de los productores se basa en la modificación de este tipo de contratos.

Muchos productores de la provincia se han unido a la plataforma Defiende tu Avicultura, con el objetivo de conseguir una mejora de precios. «Los márgenes se han estrechado tanto que han desaparecido, y los que más sufren la situación son los jóvenes recién incorporados, que aún están pagando las naves», recalca Fernando Esteban, ganadero de Cogeces del Monte. La Ley de Cadena Alimentaria obliga a pagar unos precios por encima de costes a los ganaderos, dado que la situación de los productores avícolas «es crítica ante el brutal incremento de los costes de producción». El objetivo es llegar al menos a conseguir un beneficio neto de medio euro por cada uno de los animales. ?

gripe aviar. Además, una treintena de explotaciones de la zona de Íscar se han visto afectadas por la aparición de un fuerte brote de gripe aviar en la zona de Íscar, con dos explotaciones afectadas directamente. El resto han podido meter esta semana animales, ya que han estado más de un mes 'bloqueadas' en la entrada de pollos para evitar cualquier posibilidad de rebrote en la zona. Así, durante casi 40 días no han podido criar animales, aunque ahora ya ha vuelto todo a la normalidad.

«He pasado de pagar 35.000 euros a 110.000 por calefacción y luz»​

Desesperado. Así está Fernando Esteban con su explotación en pollos de Cogeces del Monte. Tres naves de 28.000, 20.000 y 26.000 animales. Las cuentas no cuadran y eso teniendo en cuenta que, en su caso, la explotación la inició su padre hace décadas. «No me quiero imaginar cómo están las personas que tienen una parte importante por amortizar aún». Su granja se calienta a base de gas natural y biomasa y la luz es constante para el bienestar de los animales.

«He pasado de pagar 35.000 euros a 110.000 por calefacción y luz». Este es el descuadre anual al que se enfrenta Esteban. Un aumento de los costes que le desestabiliza el rendimiento económico. «La verdad es que no sé cuánto tiempo aguantaré si la situación no cambia en un futuro próximo».

Esteban reivindica un acuerdo con las empresa intermediarias para que los productores puedan tener unos precios juntos por sus animales. «Es la única solución. Las ayudas están bien, pero no representan un alivio para el sector a largo plazo». Compagina su labor como ganadero con la agricultura de secano que se produce en Cogeces del Monte, lo que ayuda para solventar la situación. «Al menos, junto con mi padre, tenemos los ingresos de la agricultura».

Engorda casi 450.000 pollos cada año en su granja. Su nave está completamente informatizada y se controla desde el ordenador. «Siempre ha sido un buen trabajo», reconoce. Pero desde hace medio año la situación «se ha ido complicando» poco a poco y ahora mismo «no es rentable mantener abiertas las explotaciones».

«Hice una inversión de 400.000 euros y veo el futuro muy negro»​

Fue hace solo un año cuando Héctor Arroyo vio cómo los pollos entraban por primera vez en la nave que había levantado como criadero. Ni más ni menos que 400.000 euros de inversión. Tan solo un año más tarde, este joven de 31 no ve nada claro su futuro. La subida de los costes de producción y la paralización de los precios en venta hacen que las cuentas no cuadren. «Cuando empecé pagaba el kilo de gas propano a 80 céntimos, mientras que ahora paga 1,10, a lo que suma el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos». Una situación que no es sostenible en el tiempo.

Su nave tiene unos 36.000 pollos con una seis camadas al año. La abrió con la intención de diversificar su explotación agrícola y sin pensar «en ningún momento» que los costes energéticos iban a subir de este manera. «Ahora en mayo me revisan la luz y el aumento va a ser del 400 por ciento». A esto hay que sumar el pago de la hipoteca de la propia explotación. Reconoce que el futuro más inmediato se presenta «muy negro» y no sabe cuánto tiempo será capaz de soportar. «Esto es insostenible con el nivel de gastos que tenemos. No puedo pagar 3.000 euros de luz todos los meses».

Forma parte de la plataforma de productores afectados y no entiende cómo la subida del precio del pollo en los comercios no está repercutiendo en el avicultor. «Si la situación de costes no cambia yo creo que al final habrá desabastecimiento en el mercado porque muchos de nosotros no tendremos más remedio que cerrar las puertas y dejar las explotaciones porque estamos perdiendo dinero todos los días».

 
Agencia Rusa de Noticias por Satélite, Moscú.
Los líderes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la OMC emitieron una declaración conjunta en la que instaron a garantizar la seguridad alimentaria mundial.

La declaración decía:

“Las consecuencias de la guerra en Ucrania se suman a los problemas de la pandemia de Covid-19, ahora en su tercer año, mientras que el cambio climático, la mayor vulnerabilidad y los conflictos causarán daños duraderos a las personas en todas partes”.

Según las Naciones Unidas, Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes nitrogenados y el segundo mayor exportador de fertilizantes fosfatados y potásicos. Las sanciones de la UE contra Rusia por la situación en Ucrania incluyeron una prohibición a las importaciones de fertilizantes rusos. La escasez de fertilizantes amenazará más el suministro mundial de alimentos a medida que se interrumpan exportaciones de cereales de Ucrania y Rusia.

@sputniknews
 
“Las consecuencias de la guerra en Ucrania se suman a los problemas de la pandemia de Covid-19, ahora en su tercer año, mientras que el cambio climático, la mayor vulnerabilidad y los conflictos causarán daños duraderos a las personas en todas partes”.

Todo esto son mentiras, pero ademas mentiras que resultan ya bastante aburridas y estan muy mal elaboradas, la verdadera causa de lo que estan haciendo ahora (el desabastecimiento que estan provocando y demas) no esta claro cual seria, suponiendo que hubiera alguna causa que podriamos considerar mas o menos "razonable", porque realmente no necesitan 'grandes' motivos para hacer algo como esto mas que hacer sufrir a los demas.

No hay que olvidar que no son personas como nosotros, son autenticos psicopatas, carecen de empatia y no se mueven por las mismas motivaciones que nosotros, tengan mas o menos dinero al igual que cualquier otro psicopata tambien necesitan combustible o suministro narcicista, quieren sentir todo el tiempo que tienen control y que pueden ejercer poder sobre los demas.

Esto de por si ya seria motivo mas que suficiente para hacer todo o casi todo lo que estan haciendo con la plandemia, que por cierto, la plandemia al menos para mi ya no es solo "covid", es tambien la guerra en Ucrania y todo lo relacionado con la patocracia.

Supongo que puedes buscar patocracia en google si no sabes que es, quizas te interese este concepto.
 

La subida de costes de producción y el agua, principales retos de los próximos meses​

El aumento de los gastos de los agricultores y ganaderos ha venido para quedarse durante bastante tiempo. La invasión rusa de Ucrania seguirá afectando al mercado por el alza de los carburantes y abonos

El último trimestre largo del actual curso de política agraria va a estar marcado por la subida de los costes de producción, tanto para los agricultores como para los ganaderos, la política de planificación hidrológica puesta en marcha por el Gobierno, el cierre del Plan Estratégico de la PAC que ha remitido el ministro Luis Planas a Bruselas y la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, que ha demostrado su falta de eficacia para cumplir con los objetivos asignados a esta norma. En paralelo, habrá que seguir con mucha atención las medidas que se adopten en Bruselas para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia.

La subida de los costes de producción agrícolas y ganaderos ha venido para quedarse durante bastante tiempo. En el caso de los fertilizantes habrá que estar muy pendientes de lo que suceda con los nitrogenados, ligados de manera muy directa el precio del gas natural, que seguirá por las nubes, según todas las previsiones. En este contexto no se debe olvidar que Rusia es un importante abastecedor de algunas categorías de abonos. Los precios del petróleo y, por lo tanto, de la gasolina y el gasóleo, también van a depender en gran medida de lo que pase en el conflicto entre este país y Ucrania, con la consiguiente repercusión sobre los costes de los agricultores. La tarifa eléctrica para riego, asunto en el que el Gobierno sigue sin cumplir la Ley que él mismo aprobó y sin atender las reivindicaciones de los regantes, es otro de los asuntos urgentes, justo ahora que ya ha comenzado la campaña de riego. Del lado de los ganaderos destaca el importante incremento de los costes de producción que se ha acentuado a lo largo de los últimos meses con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tras la subida de los precios de los cereales y de las oleaginosas.

En las próximas semanas deberían cerrarse los planes de cuenca de los ríos más importantes. De momento, el Gobierno se ha llevado un revolcón en el caso del Duero, porque se han rechazado sus tesis, aunque el acuerdo en cuestión es preceptivo, pero no tiene carácter vinculante. El punto más polémico va a estar en la Cuenca del Tajo cuando se fije el caudal ecológico de este río a su paso por Aranjuez (Comunidad de Madrid), que es clave para el trasvase hacia el Segura. En cualquier caso, la tesis común a todos los planes presentados por el Gobierno es que no habrá más agua para regar, lo que impedirá la creación de nuevos regadíos, algo necesario sí se quiere fijar la población en el mundo rural, según apuntan diversos informes sobre este asunto.

La respuesta a Bruselas​

En el Ministerio de Agricultura están cerrando ya la respuesta a la carta que envió Bruselas recientemente sobre el Plan Estratégico de la PAC que Planas se sacó de la manga, el PEPLA. Algunos de «los mariachis» del ministro siguen la misma táctica que su jefe: convocar a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias para dar la impresión de que negocian algo, cuando la realidad es que ya lo tienen casi todo decidido. Desde Bruselas han pedido que el plan español sea más verde y en ello están. El tiempo para enviar la respuesta es corto y ya veremos cómo se combina esa necesidad de reverdecer el plan con la otra gran necesidad, que es utilizar todo el potencial productivo del campo de la UE, incluido el español, para aumentar las cosechas de cereales, oleaginosas y proteaginosas. Se trata de garantizar el abastecimiento tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y controlar, si es posible, la subida del precio de los alimentos que ya venía de antes, pero que se ha agudizado desde finales de febrero.

No hay que perder de vista dos hechos importantes: el primero, que el Ministerio para la Transición Ecológica debe dar su visto bueno al plan en la parte medioambiental y de lucha contra el cambio climático y, el segundo, que la aprobación formal del mismo estará en manos, no del comisario de Agricultura, sino del vicepresidente de la Comisión Europea, hombre fuerte de la misma y responsable del cumplimiento del Pacto Verde, Timmermans. Y, volviendo a la subida del IPC, el componente alimentación del mismo ha registrado durante los últimos doce meses (de marzo de 2021 a 2022) un incremento del 6,8 por ciento, con los aceites y grasas disparados hasta el 32,1 por ciento en doce meses. Pero si se repasan los productos alimentarios se constata que las subidas han sido generalizadas. Así, por ejemplo, en cereales y sus derivados ha superado el 9 por ciento, mientras que en el pan se ha situado en el 6,5 por ciento. Las carnes oscilan entre el 0,9 del porcino y el 10,1 del ovino, mientras que los huevos han tenido un alza del 11 por ciento. Y puede que lo peor esté por llegar.

 

España ya gasta 200 millones de euros cada día en importar gas y petróleo tras prohibir su exploración​

España ha gastado más de 196 millones de euros cada día en lo que va de año para comprar petróleo y gas en los mercados internacionales, según los datos publicados por el Ministerio de Industria. El incremento del precio y del volumen de compras por el alza de la demanda en invierno ha elevado el coste de importar energía a 11.804 millones en los dos primeros meses del año -último dato hecho público-, lo que arroja un gasto de casi 200 millones al día. La cifra total es un 125% superior a la del mismo periodo del año pasado: el incremento del precio es un 49% y la subida del volumen de las compras es de un 50%.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibió en mayo del año pasado la «exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional», incluido también el mar. Tampoco por supuesto el fracking, que sí está permitido en Estados Unidos y al que ahora las gasistas españolas le compran la mayoría del gas que se consume en el país. EEUU se ha convertido en el primer proveedor de España tras el cierre del gasoducto del Magreb, que suministraba gas desde Argelia pasando por Marruecos.

El resultado de esa decisión -aunque es cierto que España nunca ha sido un gran productor de petróleo y gas- es que Repsol ya está en producción cero de crudo, mientras que en los tres primeros meses de 2022 la producción nacional de gas se limitó a 57 GWh, un 0,1% de la demanda total del país. En los últimos doce meses la cifra asciende a 299 GWh, mismo 0,1% del total del consumo del país.

Además, mientras Sánchez ha prohibido buscar petróleo y gas, Marruecos está llegando a acuerdos con Israel y con otros países para realizar prospecciones en aguas que están en disputa en las Islas Canarias. Podría darse el caso de que España acabara comprando petróleo que ha extraído Marruecos en aguas españolas.

Déficit​

España también ha aumentado de forma importante el volumen de productos energéticos que exporta en este arranque de año. Gas que llega a España a través del gasoducto del Medgaz o de buques metaneros y que exporta a Francia y a Portugal, principalmente. Las exportaciones se situaron hasta febrero en 4.819 millones de euros, un 127% más, fruto sobre todo del incremento de la cantidad de energía exportada, que sube un 70%, frente al precio, que aumenta un 34%.

Aún así, el déficit energético del país se ha situado en dos meses en 6.984 millones de euros.

 
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Extraña coincidencia ...

18 instalaciones de procesamiento de alimentos de Estados Unidos se quemaron en los últimos seis meses. La sede de Azure Standard se quemó ayer.

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Todas las plantas de procesamiento de alimentos, despensas y centros de distribución de Estados Unidos se incendian y explotan "al azar" en el espacio de unas pocas semanas.
 

La Fundación Rockefeller se frota las manos con la hambruna que prevé para fin de año​

El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, anunció en Bloomberg Television que se avecina una «crisis alimentaria masiva e inmediata».

Shah avanzó lo que podría ser un cronograma para la próxima crisis alimentaria mundial que podría comenzar «en los próximos seis meses».

Dijo que las interrupciones en el suministro mundial de fertilizantes causadas por la guerra en Ucrania tendrían un impacto «aún peor» en la crisis, reduciendo drásticamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo.

Shah dijo que el alivio de la deuda, prorrogando los vencimientos, y las subvenciones para los países de mercados emergentes son necesarios para mitigar los efectos de la crisis alimentaria.

La aparición de Shah en Bloomberg es interesante debido a la intensidad con que esta entidad viene trabajando respecto a la necesidad de reestructurar el suministro mundial de alimentos y hacerlo «más sostenible». La fundación tiene puntos de vista estrechamente alineados con el Foro Económico Mundial (WEF), abogando por un «reinicio global», recordando a las teorías eugenésicas de finales del siglo XIX y principios del XX.

El fundador de WEF, Klaus Schwab, dijo a principios de 2020, meses después de que comenzara la pandemia del virus que «La pandemia representa una ventana de oportunidad rara pero estrecha para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo para crear un futuro más saludable, más equitativo y más próspero«.

Si bien Schwab y otras élites globales han estado pidiendo un reinicio global, la directora gerente de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, Sara Farley, se ha hecho eco del mismo mensaje.

La nota de Farley publicada en el sitio web de WEF titulada «Cómo reinventar nuestros sistemas alimentarios para un mundo posterior a COVID» describió la necesidad de «rediseñar las cadenas de suministro teniendo en cuenta la nutrición y la salud humana«.

El vicepresidente senior de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, Roy Steiner, dijo recientemente que «el mundo está gastando demasiado en alimentos que son malos para las personas y para el planeta«.

¿Y a qué se podría estar refiriendo Steiner? Probablemente a la ganadería, consumidora de agua y piensos, para producir carne. WEF ha defendido, como alternativa, la necesidad de introducir en el suministro mundial de alimentos insectos o carne de laboratorio en las dietas humanas, y estableciendo una especie de «sistema de castas» para el acceso a los alimentos de mejor calidad.

El cronograma de Shah para la próxima crisis alimentaria es una clara advertencia de que el capital financiero utilizan eventos como las pandemias y la guerra como una oportunidad perfecta para implementar su plan para comenzar la transformación del sistema de suministro de alimentos. La carne se está convirtiendo con el paso de los meses en un producto cada vez más exclusivo. El gran reinicio está en marcha.

 

La escasez de componentes para portátiles se intensifica por el COVID en China​

El COVID sigue azotando fuertemente a China, lo que implica que las limitaciones en términos de la movilidad de las personas o el cierre de empresas se sigue prolongando en el tiempo, lo que ya está comenzando a afectar a una amplia gama de componentes necesarios para la producción de equipos portátiles.

Por suerte, se indica que la drástica caída en ventas de los Chromebooks sería un salvavidas para la industria, ya que la reducción de la fabricación de estos equipos permite añadir un extra de producción de componentes para el resto de sistemas. A esto se le suma que la guerra entre Rusia y Ucrania, que también ha reducido la demanda de portátiles en estos dos países, mientras que la inflación y el rápido aumento de los costes energéticos esenciales han dado un gran mordisco a los ingresos de los consumidores, los cuales han retrasado la compra de un nuevo equipo portátil.

Todo ello está casi equilibrando la balanza, aunque si los problemas se alargan en el tiempo, ya los fabricantes de portátiles han mostrado una preocupación por sus capacidades de producción.

"Los bloqueos en Shanghái y Kunshan no solo provocaron la suspensión de la producción de portátiles allí, sino que también afectaron el ensamblaje de portátiles en Chongqing y Chengdu, en el oeste de China, ya que los inventarios se están agotando para muchos componentes, como conectores, cableado, PCB y piezas mecánicas de metal.

Los ensambladores generalmente mantienen bajos niveles de inventario para estos componentes que pueden reponerse fácilmente, pero el estancamiento logístico inducido por el bloqueo ha hecho que la reposición sea un trabajo difícil", dijeron las fuentes a Digitimes.

Los portátiles suelen ensamblarse con más de 1.000 subcomponentes, y no es sólo la amenaza de los suministros de placas de circuito impreso (PCB) lo que les pone en apuros. Otro informe señala otros riesgos de escasez de componentes clave para los portátiles. Por ejemplo, los circuitos integrados de gestión de la energía, el cableado y algunos materiales para el chasis.

Aparte de los problemas operativos de las fábricas, el transporte de suministros también se ve afectado por la política de bloqueo en China. Los camiones que transportan productos y piezas de trabajo entre las fábricas tienen que someterse a largos procesos de control para garantizar que el conductor y la carga no propaguen el virus.