Sánchez adelanta las elecciones generales al 23 de julio para intentar paliar el ‘tsunami’ del PP

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el próximo 23 de julio. «Asumo los resultados» ha explicado el jefe del Ejecutivo. El líder del PSOE intenta así frenar el tsunami del PP y marca la agenda política impidiendo a los populares saborear como debería su victoria. El presidente se ha reunido esta misma mañana con el Rey Felipe Vl y el Gobierno se reunirá de forma extraordinaria esta misma tarde para la convocatoria. Minutos antes de anunciarlo a la ciudadanía se lo ha trasladado también a sus ministros, con una llamada telefónica a varios dirigentes socialistas y de Podemos.

En una declaración institucional sin preguntas en Moncloa, Sánchez ha informado de que ha hablado con el jefe del Estado para comunicarle la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y la disolución de las Cortes. «Asumo los resultados», ha dicho el presidente del Gobierno, que ha optado por someter por el «mandato democrático a la voluntad popular». Con este sorpresivo anuncio Sánchez provoca que deje de hablarse de la debacle que sufrieron sus candidatos para hacerlo de los comicios.

Sánchez trata de recuperar de esta manera el liderazgo político tras el revolcón que le han dado este domingo los ciudadanos en las urnas. Los socialistas han perdido todo el poder territorial que tenían hasta hora, al ser incapaces de absorber el voto centrista de Ciudadanos por su política de alianzas con el radicalismo de Podemos, ERC y Bildu. Todo ese voto que hasta ahora apostaba por C’s se ha ido al Partido Popular. Una foto que hasta ahora venían reflejando también los sondeos a nivel nacional, principalmente por la división en la izquierda entre Sumar y Podemos cuya negociación sigue sin resolverse.

El presidente del Gobierno ha tomado esta decisión, que no ha comunicado a prácticamente ninguno de sus colaboradores, a primera hora de esta mañana. Aunque era uno de los escenarios que tenía previstos, no se esperaba activarlo de forma tan inmediata. Antes pretendía dar un impulso «necesario» en forma de crisis de Gobierno para afrontar las próximas elecciones generales.

La comparecencia de Sánchez ha obligado a retrasar la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que estaba prevista para las 10.30 de la mañana en la sede de la calle Ferraz. El presidente se desplazará hasta el cuartel general del partido tras la comparecencia para analizar los resultados con los suyos.

Nadie se esperaba que el resultado pudiera llegar a ser tan malo como realmente ha sido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García – Page, es el único que ha mantenido la mayoría absoluta, el asturiano Adrián Barbón y la navarra María Chivite son los únicos que se han garantizado gobernar. En el resto de autonomías, hasta ahora en manos del PSOE, la suma de PP y Vox dejaría a los socialistas fuera de los gobiernos.

 

El CGPJ aprueba una declaración institucional contra la amnistía: Es "la abolición" del Estado de Derecho​

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

"El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", alerta, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus 8 promotores --los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona-- más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.

Aunque solo hacían falta 8 votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, --también en la órbita conservadora-- ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

Además, Guilarte aducirá que "el debate debiera quedar residenciado en el terreno estrictamente político, al que el CGPJ debiera permanecer ajeno", recalcando que su objetivo es "buscar consensos para la renovación del Consejo", estimando que la declaración aprobada no ayuda a lograrlo.

Por su parte, los 5 vocales progresistas que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que era "manifiestamente ilegal" porque su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ.

Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los 8 promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos 9.

Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.

Las vocales progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han justificado su voto en contra argumentando que, "con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el Poder Legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar".

Anudan a ello que "la declaración institucional propuesta, con el argumento de proteger la independencia de los tribunales, daña su imagen, ya que su independencia está suficientemente garantizada, y tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política".

UNA "INVASIÓN INADMISIBLE" EN EL PODER JUDICIAL​

El CGPJ ha explicado que había mantenido "una actitud de prudente expectativa", que decidió abandonar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompiera su silencio el 28 de octubre afirmando "dos cosas": "la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía" y, "la segunda, que la medida se adoptará en 'interés de España' para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".

Para el CGPJ, "la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de Derecho", apuntando en particular a "las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial".

Quiere dejar claro que "no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes", pero subraya que "tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial".

Y es que razona que "una ley de amnistía como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones tan solo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones --generalmente en sentencias-- adoptadas por los tribunales con relación a los mencionados hechos del pretendido conflicto catalán", decisiones que --defiende-- se han tomado con "pulcritud procesal".

"En otras palabras, que las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial", en lo que comporta "una invasión inadmisible" de las funcones que la Carta Magna reserva a los tribunales de justicia, señala el CGPJ.

LA "MOTIVACIÓN REAL"​

Por ello, para el CGPJ, "una ley de esas características no puede tener ni fundamento ni razón alguna", y "vanos resultarán los argumentos para su motivación" que puedan exponerse en el preámbulo de la futura ley.

El Consejo apunta que la "motivación real ya ha quedado expresada" por Sánchez y, en este sentido, advierte de que "confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".

A ello suma que aprobar una amnistía "para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas" supone "degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo".

Además, dice que "supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos", lo que, a su vez "supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley".

"Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional", fija el CGPJ.

Por último, pone la lupa en que no solo "se violenta" la Constitución sino también el Tratado de la Unión Europea respecto a los principios de Estado de Derecho e independencia judicial, anticipando el "riesgo de que llegue el momento en el que la UE decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios".

ES EL MOMENTO OPORTUNO​

Frente a las críticas por pronunciarse antes de conocer la proposición de ley, el CGPJ reivindica tanto su "legitimidad" como "la oportunidad de hacerlo ahora".

Sobre la legitimidad, sostiene que "no puede considerarse en ningún caso ajeno" a sus funciones "alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho puedan estar en peligro", a lo que añade que los estándares europeos respaldan "el diálogo con los otros poderes del Estado".

En cuanto al momento elegido, ve "absurdo" que se pida al CGPJ "esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", esto es, la de la proposición de ley, que permite eludir los informes del CGPJ.

 

PSOE y Junts cierran un acuerdo sobre la amnistía y desbloquean la investidura de Sánchez​

PSOE y Junts han cerrado ya el acuerdo para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez tras pactar el texto y el alcance de la futura ley de amnistía. Tanto PSOE como Junts han dado cuenta de los detalles en sendas ruedas de prensa, aunque el acuerdo se ha firmado esta mañana por parte del secretario general de Junts, Jordi Turull y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán en Bruselas. El anuncio tiene lugar después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. En directo | Sigue todas las reacciones y fechas clave.

El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno contempla una ley de amnistía como principal acuerdo político. Pero en el ámbito económico incluye otras propuestas de calado que buscan facilitar el regreso de las empresas que se fugaron de Cataluña y trasladaron su sede al resto de España o la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos que se pagan en esta comunidad. Aquí puedes leer el documento íntegro.

Se trata de un "acuerdo político", según ha reiterado el número tres del PSOE, Santos Cerdán en rueda de prensa, e incluye una ley de amnistía que abarcaría de 2012 a 2023. "La ley amnistía está acordada", ha asegurado ante la prensa Cerdán, para apuntar que deben "leerlo y firmarlo" el resto de los partidos políticos. Cubriría "desde 2012 a 2023", y se aplicaría a "todo lo que ha estado relacionado directa o indirectamente con el procés". No se remite a nombres concretos, "a partir de ahí, los jueces analizarán cada caso y cada persona", ha apuntado el socialista, informa nuestra corresponsal en Bruselas, Lidia Montes. El expresidente de Cataluña y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, que también ha comparecido para detallar el pacto, se ha mostrado más exigente, asegurando que "Sánchez tendrá que ganarse la estabilidad acuerdo a acuerdo".

Precisamente desde la capital comunitaria se lleva ultimando el acuerdo desde la semana pasada, especialmente el jueves, cuando los negociadores creían haber llegado al punto de encuentro, pero unos detalles "técnicos" que no conseguían cerrar, pospuso el broche definitivo al pacto que se cierra hoy.

El objetivo era asegurar que la ley no tuviera fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional. Está previsto presentar la ley de amnistía durante la próxima semana.

Aunque las negociaciones con Junts arrancaron hace tiempo, se aceleraron tras el acuerdo anunciado entre los socialistas y ERC la semana pasada, que contemplaba una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros.

Concretamente, un 9-N, como se encargó de recordar el secretario general de Junts, Jordi Turull, en redes, tiene connotación en el mundo independentista porque ese día de 2014 "Cataluña empezó un camino sin regreso" con el primer referéndum ilegal sobre la independencia que impulsó también el expresident Artur Mas. También Puigdemont ha hecho mención expresa en redes sociales a la citada fecha.

Tras este acuerdo, la investidura de Sánchez será el 15 y 16 de noviembre.

El pacto incluye la amnistía y casos de 'lawfare'. Con este término o 'guerra judicial' los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.

Feijóo cree que el PSOE ha desaparecido​

Las reacciones tras el anuncio no se han hecho esperar. El presidente del Partido Popular, en una declaración sin preguntas, ha asegurado que "España ha perdido, los independentistas han ganado y el PSOE ha desaparecido". Ha acusado a Sánchez de "estar dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder", incluido "unirse a aquellos que quieren derrotar al Estado" y aceptar "todas las exigencias de los independentistas, que no han hecho una concesión ni muestran arrepentimiento". Y promete "defender a España" con el apoyo de "millones de españoles, la mayoría de votantes del PSOE y de los catalanes, que no aceptan este acuerdo". Y ha terminado recordando la convocatoria de manifestaciones en todo el país este 12 de noviembre, para las que ha pedido "orden y respeto".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido que su formación hará "todo lo que esté en nuestras manos" para "restablecer" el Estado de derecho y para "sentar en el banquillo" a los responsables del "mayor acto de corrupción" sean "socialistas, separatistas o tantos jueces como permitan que salga adelante este atentado histórico".

Así lo indicó Garriga en una entrevista en TV3 recogida por Servimedia, en la que se mostró "convencido" de que Europa se va a "pronunciar" sobre la amnistía ante el "atropello de la legalidad vigente" que "está dispuesto a perpetrar" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "con tal de mantenerse en el poder".

Preguntada sobre el mismo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha evitado hablar del acuerdo entre PSOE y Junts, aunque espera la formación de un Gobierno con plenas funciones "cuanto antes". "No soy la persona y me remito a las fuentes de los distintos partidos políticos con respecto a posibles desarrollos en las negociaciones", ha apuntado la vicepresidenta este jueves en Bruselas a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

 

Sánchez se presentará a la investidura el 15 de noviembre tras registrar la amnistía el lunes​

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presentará a la sesión de investidura el próximo miércoles 15 de noviembre, según confirman fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, y saldrá investido salvo sorpresa el jueves 16 en primera votación. Son los cálculos de Moncloa tras el acuerdo alcanzado este jueves entre el PSOE y Junts en Bruselas. El anuncio se hará previsiblemente este viernes por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que comparecerá en el Congreso de los Diputados para convocar el pleno con tres días de antelación.

Se cumplirá así con los 48 horas que fija el reglamento para convocar la sesión, pese a que fuentes de presidencia de la cámara habían barajado en los últimos días acortar el plazo y avisar a los parlamentarios con apenas 24 horas siguiendo el precedente de una investidura de Mariano Rajoy. Aunque la intención era celebrar la sesión «cuanto antes», la razón de la convocatoria el próximo miércoles responde a cuestiones de agenda de la propia Armengol, quien tiene previsto un acto con la reina Letizia el martes que viene.

Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE adelantan además que el plan previsto es que se alcance un acuerdo con el PNV «en los próximos días», incluso durante el fin de semana, ya que está prácticamente cerrado. Se cumpliría así con el deseo de los nacionalistas vascos de ser «los últimos» en la cascada de acuerdos para la investidura, con la intención de reforzar su papel de socio preferente. El PNV rubricaría su acuerdo tras los alcanzados con Sumar, ERC, Bildu, BNG y Junts.

La ley de amnistía, el lunes​

Eso permitiría cumplir con el tercer trámite para encajar todas las piezas: la presentación de la ley de amnistía el próximo lunes en el registro del Congreso. Las previsiones del PSOE es presentar conjuntamente la iniciativa con Sumar y «todos los socios», incluido Junts y «los 57 parlamentarios que la apoyan». Pese a las dudas que existían entre los socios de gobierno de rubricar esta iniciativa si Junts se descolgaba de la misma, el Ejecutivo expresa ahora confianza y seguridad en que concitará el apoyo de todas las formaciones que darán su apoyo a un nuevo gobierno de coalición progresista.

Aunque aclaran que «Junts todavía no ha firmado la Ley, no tiene ningún sentido que no lo hagan después de haber alcanzado un acuerdo de legislatura, ojo, no de investidura». El Gobierno se felicita porque haber alcanzado un acuerdo que, a su juicio, es «menos contundente de lo que esperaban muchos y se limita al acuerdo de una ley de amnistía». Sobre la figura del relator internacional, aclaran que «no se trata de un relator sino de un mecanismo de verificación que incluso podría hacer una empresa, no una persona».

Así las cosas, y salvo sorpresas, Pedro Sánchez saldrá investido en primera votación el jueves 16 de noviembre. El reglamento del Congreso fija la posibilidad de una segunda votación, a 48 horas de la primera, en caso de que fracase el primer intento. La segunda votación ya no requeriría mayoría absoluta sino simple, más síes que noes. En Moncloa descartan que vayan a tener que forzar las cosas y retrasar la victoria hasta el domingo 18 de noviembre porque no contemplan que «nadie se eche atrás. Si lo hicieran, estarían muertos ellos».

 
La UE se prepara para un referéndum separatista y regula mecanismos para evitar "interferencias" de países como Rusia


Así es como Europa protegerá la supuesta democracia española. Europa cómplice de todo lo que nos pasa.
 

El PSOE garantiza al PNV traspasar todas las competencias pendientes y hablar del reconocimiento nacional de Euskadi​

El acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez garantiza el "traspaso efectivo" al País Vasco en el plazo máximo de dos años de todas las transferencias pendientes incluidas en el Estatuto de Gernika y abrir la puerta a hablar del "reconocimiento nacional" de Euskadi y la "salvaguarda" de sus competencias.

Así lo ha afirmado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tras firmar el acuerdo con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por el que los nacionalistas vascos respaldarán su investidura y garantizarán la estabilidad de la legislatura siempre y cuando el futuro Gobierno cumpla de forma "leal" con el texto suscrito. "Nosotros somos un partido serio. Si estos compromisos se van cumplimiento, nosotros vamos a estar a las duras y a las maduras", ha garantizado.

LO QUE DIGA EL PARLAMENTO VASCO​

En concreto, en el pacto el PSOE y el PNV aceptan "negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad", ha explicado Ortuzar, que ha recalcado que, en todo caso, los acuerdos que alcancen las partes deberá responder a las demandas mayoritarias del Parlamento Vasco como "representante legítimo del pueblo vasco".

El nacionalista vasco ha rechazado hacer paralelismos con los acuerdos suscritos por el PSOE con Junts y ERC porque el PNV viene de "otra tradición política", si bien ha puntualizado que puede compartir con Junts, ERC o el BNG una reivindicación global para reconocer a España como un Estado plurinacional y a Cataluña, País vasco y Galicia como "naciones".

Pero no cree que valgan "las mismas recetas" para las tres comunidades autónomas porque cada una de ellas tiene aspiraciones políticas "diferentes". "Para nosotros, el reconocimiento nacional va unido a una relación bilateral anclada en las disposiciones adicionales de la Constitución y del Estatuto de Gernika, que son las que amparan la foralidad de nuestros territorios", ha puntualizado.

"NO VALEN LAS MISMAS RECETAS" QUE CATALUÑA​

Y a partir de ahí, ha insistido el presidente del PNV, hay un ámbito de acuerdo para que las fuerzas políticas vascas con el Estado puedan dar lugar a "una nueva personalidad jurídico-política" para el País Vasco. En todo caso, cualquier cambio en este sentido se haría a través de una reforma del Estatuto de Gernika, han precisado después fuentes del PNV.

La otra pata del pacto con el PSOE contempla reivindicaciones "históricas" del PNV como el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, un asunto que Ortuzar cree que quizá pueda no gustar al ministro de Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá, quien en su día alegó que eso era "imposible" citando incluso sentencias del Tribunal Constitucional. "A mi tampoco me gustan tantas cosas y las acepto..." ha dicho.

Ortuzar ha aplaudido que el pacto incluya además el compromiso del PSOE con la prelación de los convenios en el ámbito del País Vasco, un asunto que en la pasada legislatura fue un "escollo" pero que ahora se ha conseguido.

Otros compromisos pasan por que la Comisión Mixta de Concierto tenga la capacidad para fijar las bases de reposición en las ofertas públicas de empleo tanto en el País Vasco como en Navarra, así como los máximos globales del incremento de la masa retributiva de los empleados públicos, y por reforzar el concierto económico con los nuevos impuestos.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO​

Asimismo, entre otras medidas, el acuerdo habla de reforzar las competencias de las Ertzaintza, con su participación en ámbitos internacionales de seguridad, de promover una previsión social propia de las cooperativas o de inyectar 100 millones de euros en cuatro años para acometer el salto del euskera al nuevo universo digital.

Se trata, en definitiva, de un acuerdo "muy amplio" con el que el PNV asegura su voto favorable a la investidura de Sánchez pero también garantiza que dará estabilidad a la legislatura, siempre que se cumpla lealmente con este contrato, para el que habrá una comisión que cada seis meses realizará un seguimiento estricto sobre el cumplimiento de lo acordado.

En este punto, y preguntado sobre si ahí se incluyen los Presupuestos, el dirigente jeltzale ha respondido que las cuentas públicas son "otra cosa", pero ha recalcado que "lo lógico es que si has apoyado la investidura de alguien, dos meses después le dejes tener un presupuesto". Eso sí, confía en que, en todo caso, el Gobierno se abra a negociar.

Sobre los acuerdos firmados por el PSOE con Junts y ERC y, en concreto, sobre la Ley de Amnistía que ambos contemplan, Ortuzar ha comenzado dejando claro que aún no ha visto el contenido de esa norma, pero ha celebrado que se haya puesto en valor la política frente al conflicto y que sólo por eso ya "merece la pena". En todo caso, ha dicho que "globalmente" el PNV está a favor de todas las medidas que supongan una distensión del conflicto.

Preguntado en concreto si comparten el asunto de lawfare (judicialización de la política contra el independentismo), el nacionalista vasco no ha querido pronunciarse sin tener el texto delante pero ha revelado que habló sobre este asunto con Carles Puigdemont en su última reunión, en la que el expresidente catalán le explicó hasta dónde querían que operara. "Y me parecía razonable", se ha limitado a decir.

 


Rebelión judicial contra el acuerdo entre PSOE y Junts

El acuerdo de investidura entre PSOE y Junts per Catalunya ataca de tal manera la independencia judicial que jueces, fiscales y abogados han alzado la voz para denunciar este laminación del Estado de Derecho.
 

Marlaska desplegará 1.200 antidisturbios en Madrid para blindar la investidura de Sánchez​

El Ministerio del Interior prevé movilizar durante la próxima semana un ingente dispositivo de antidisturbios para blindar Madrid durante investidura de Pedro Sánchez, según informan fuentes policiales a THE OBJECTIVE. Mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) aseguran que, en las próximas horas, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirmará un dispositivo cercano a los 1.200 agentes antidisturbios, de los cuales la mitad acudirán desde distintos puntos de España.

Al menos 12 o 14 grupos distintos de las UIP, compuestos por alrededor de 40 agentes cada uno, llegarán desde otras comunidades autónomas a Madrid, según los planes adelantados a mandos de distintos grupos de las UIP. Cifras similares a las que apuntan fuentes sindicales consultadas por este diario. A ellos se podrían sumar la práctica totalidad de los 14 grupos de antidisturbios que hay en la Comunidad de Madrid.

La cifra superará con creces los nueve grupos desplegados para la reciente jura de la princesa Leonor. Y duplicará los entre 400 y 500 agentes de la UIP desplegados para partidos de fútbol considerados de alto riesgo, añaden las fuentes consultadas. Las recientes protestas y disturbios en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, habrían influido en la decisión de poner en marcha un dispositivo que estará cerca de los 1.300 antidisturbios que el Gobierno de Mariano Rajoy desplegó en 2012 ante la movilización conocida como ‘Rodea el Congreso‘.

Protestas en Ferraz​

El dispositivo para la investidura de Sánchez, no obstante, es distinto e independiente al que se ha puesto en marcha para blindar la sede del PSOE sine die, como adelantó este diario. Para este último, hay ya movilizados unos 300 agentes de otras provincias de España. Concretamente, en el dispositivo de Ferraz ya están en terreno agentes de Valladolid y Valencia. Les darán el relevo este fin de semana otros agentes antidisturbios llegados de Zaragoza, Barcelona y Comunidad Valenciana.

Los sindicatos apuntan a cierta improvisación por parte de Interior en el dispositivo de Ferraz. Fuentes policiales añaden que para la investidura se prevé ya la movilización de al menos un grupo desde Canarias. En la actualidad, según una nota de prensa del sindicato Jupol, en España hay en total de 2.500 agentes en la UIP. El dispositivo para la investidura de Sánchez, según previsiones de los mandos, movilizará prácticamente a la mitad de ellos en Madrid durante la próxima semana.

Según las fuentes policiales consultadas, el departamento de Grande-Marlaska ya previó ampliar dispositivo de agentes en el entorno de la sede nacional del PSOE así como en otras zonas concurridas de la capital española, después de que una parte de la protesta del pasado miércoles se desligará y recorriese a pie la Gran Vía, Neptuno y el Congreso de los Diputados, y la jornada culminase después con una batalla campal en Ferraz. De hecho, durante esa noche, varias unidades de UIP que se encontraban desplegadas en el estadio Metropolitano por el partido entre el Atlético de Madrid y el Celtic de Glasgow se unieron al operativo después de que finalizase el encuentro.

30 detenidos​

Salvo el pasado jueves, cuando la manifestación contra la amnistía pactada entre los independentistas y el PSOE se desarrolló de manera pacífica, la violencia en Ferraz ha ido en aumento a lo largo de la semana. Los disturbios protagonizados por miembros de grupos radicales y de extrema derecha, han dejado todo tipo de imágenes: barricadas, quema de contenedores, lanzamiento de botellas y adoquines… Hasta ahora, las fuerzas de seguridad han detenido a 30 personas —24, el pasado jueves— por delitos de daños, desobediencia y atentado contra la autoridad. La cifra de heridos supera la cuarentena, la mayoría son agentes.

La Policía Nacional trata de averiguar quiénes son principalmente los autores materiales e intelectuales de los actos vandálicos. En la jornada del pasado jueves, pudo observarse cómo los radicales estaban perfectamente organizados. Comunicándose en todo momento, indican fuentes policiales, varios jóvenes, la mayoría de con el rostro tapado, estuvieron comunicándose entre ellos hasta una hora antes de que comenzasen a enfrentarse a los agentes antidisturbios.

Hinchas de fútbol​

Hasta ahora, los investigadores han identificado a distintas personas vinculadas con grupos ultras de futbol como Ultras Sur y Frente Atlético. Dos organizaciones, de ideología neonazi, que suelen protagonizar enfrentamientos entre ellos y que, indican las mismas fuentes, suelen colarse en manifestaciones de otra índole, como las que se han sucedido en Ferraz, para rivalizar contra sus adversarios y ganar atención mediática para futuros adeptos.

También se ha visto en los altercados a otros grupos de extrema derecha como Bastión Frontal, ahora disuelto. En concreto, a su exlider, Isabel Peralta, que participó en la protesta haciendo el saludo fascista. A este último se suman también otras organizaciones como Hogar Social, y líderes de La Falange, Democracia Nacional o España 2000. De hecho, según relataron mandos policiales a este diario, fue la presencia de falangistas violentos la que precipitó, en la primera noche de cargas policiales, la actuación de la Policía.

Para hacer un análisis más detallado, la Policía también está filtrando numeroso contenido en diversas aplicaciones de mensajería y redes sociales como Telegram o Twitter, donde en gran medida se han gestado las protestas en la sede de Ferraz. Según algunos expertos en análisis de movimientos ultra en redes sociales, se han identificado en los últimos días hasta 90 canales en los que se ha ido informando sobre todas las concentraciones.

 


¿Qué concesiones ha hecho Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno?

Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno gracias a los votos de PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, PNV, Bildu, BNG y CC. ¿Qué les ha dado a cada uno de ellos a cambio de su apoyo?
 
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Pedro Sánchez está “Madurando” de Maduro, y la secretaria general acaba de indicar que no hará público los viajes o movimientos de su sanchidad, para evitar abucheos y posibles ataques, porque no. Estamos seguros que sabe que las cosas se están calentando y su integridad peligra.