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La policía griega detiene al abogado Nikos Antoniadis por expresar su opinión sobre la pandemia
El miércoles la Policía griega detuvo a un abogado que se ha destacado por su campaña en internet contra la pandemia. Le acusan del delito de difundir “noticias falsas” sobre el virus, el confinamiento y las restricciones sanitarias en las redes sociales. Es la primera aplicación de la nueva ley represiva aprobada en el Parlamento el 12 de noviembre, según informa mpr21.
Nikos Antoniadis también está acusado de incitar a la desobediencia. El sumario fue instruido por la división de ciberdelincuencia de la policía tras la presentación de una denuncia que mostraba al abogado afirmando que no existe el coronavirus, que la intubación de los pacientes se hace sin una buena razón y que las vacunas contra el coronavirus tienen efectos secundarios.
Su detención fue ordenada por la fiscalía de Atenas, que lleva mucho tiempo realizando las investigaciones pertinentes sobre quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, dentro y fuera de las redes sociales.
Antoniadis fue puesto en libertad más tarde y el fiscal decidirá si sigue adelante con la acusación o continúa con la investigación preliminar. En otras palabras, que seguimos para bingo con más detenciones de todo aquel que se atreva a contradecir al establishment covidicio y vacunatorio. ¡Qué asco de Europa!
La policía griega detiene al abogado Nikos Antoniadis por expresar su opinión sobre la pandemia | EuskalNews - La actualidad sin censura
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Australia introducirá nuevas leyes para obligar a las plataformas a desenmascarar a los trolls
Australia podría complicar pronto la vida a los trolls de Internet, aunque con un coste importante. Según informó Scott Morrison, Primer Ministro de Australia, ha presentado un proyecto de ley que, en algunos casos, podría obligar a las redes sociales a revelar la identidad de los trolls y de otras personas que hagan comentarios difamatorios. Un mecanismo de denuncia obligaría a las plataformas en línea a retirar estas publicaciones hostiles. Si no lo hacen, el sistema judicial podría ordenar a un determinado sitio que facilitara los datos del autor del comentario.El ministro comparó Internet con un "salvaje oeste" en el que los atacantes anónimos pueden "hacer daño a la gente". Si eso no puede ocurrir en la vida real, no hay "ningún caso" para que ocurra también en la vida digital.
Las leyes propuestas llegan semanas después de que el Tribunal Superior de Australia dictaminara que las empresas de medios de comunicación pueden ser consideradas responsables de los comentarios en las publicaciones de Facebook. La CNN limitó el acceso a sus páginas de Facebook en el país por esas preocupaciones de responsabilidad. La legislación prevista llevaría esto un paso más allá al obligar a tomar ciertas medidas si un post se considera perjudicial.
La nueva legislación introducirá un mecanismo de denuncia, de modo que si alguien cree que está siendo difamado, acosado o atacado en las redes sociales, podrá exigir a la plataforma que retire el material. Si el contenido no se retira, un proceso judicial podría obligar a la plataforma de redes sociales a facilitar los datos del comentarista.
Port otro lado, la medida plantea cuestiones de privacidad. El anonimato puede ayudar a los trolls, pero también protege a los disidentes políticos y a otros críticos inocuos, por lo que de no ser así, estaríamos ante una China 2.0. Sin ejemplos de la legislación, no está claro qué constituiría una ofensa lo suficientemente grave como para justificar la revelación de una identidad.
Australia introducirá nuevas leyes para obligar a las plataformas a desenmascarar a los trolls
Australia podría complicar pronto la vida a los trolls de Internet, aunque con un coste importante, la privacidad en Internet.
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"Hoy mas que nunca hay que pasar La Navidad con su significado original y transmitirselo a los mas pequeños, familia, alegría y austeridad. y que esta mafia de maleantes no la arruine como los grinches que son."
Alarma en Europa: La jefa de la UE pide que se elimine el Código de Nuremberg y sus Derechos
Ursula Van Der Leyen, máxima mandataria de la Comisión de la Unión Europea, pediría eliminar el Código de Ética Médica de Nuremberg (se implantó para que no se repitieran los atroces abusos con experimentos en personas, cometidos por nazis y japoneses durante la II Guerra Mundial) para obligar a vacunar a ciudadanos contra la Covid-19.Si se lleva a cabo la afirmación sería un enorme y fatídico paso atrás en los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, e incluso de fuera de ella. Marcaría un histórico y triste precedente pues ese código con principios de Derechos Humanos rigen desde la segunda guerra mundial… Esto viene a dilación por las palabras de Ursula Van Der Leyen, máxima mandataria de la Comisión de la Unión Europea, en una entrevista a la BBC del Reino Unido. La política alemana ha afirmado en ese medio que está a favor de eliminar el ‘antiguo’ Código de ética médica de Nuremberg y obligar a las personas a vacunarse contra la Covid-19.
La protección del individuo jamás volvería ser la misma, porque atención, este Código recoge una serie de principios que rigen por ejemplo, la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el Código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados y condenados a la jerarquía nazi y sus médicos, por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo, los terroríficos experimentos médicos del Dr. Josef Mengele, el «Ángel de la Muerte».
Supondría que si Alemania (en Austria ya es obligatorio vacunarse) accede a eliminarlo, el resto de países europeos podrían secundarlo, dejando vía libre a cualquier experimento vacunal u otro similar, y el ciudadano no podría pedir posibles futuras responsabilidades a los Gobiernos… «Oye, es ‘solo’ el Código de Nuremberg. Solo de lo que aprendimos con las atrocidades nazis [nada más y nada menos] de las barbaries médicas que se hicieron», señala sarcásticamente el reconocido profesor, conferencista y locutor de podcast, el Dr. Jordan Peterson:
Hay que recordar que en Austria, (cercana a Alemania en muchos sentidos) las personas mayores de 12 años que no están vacunadas actualmente, están obligadas a permanecer prácticamente aisladas y recluidas, solo se les permite salir del encierro para tareas absolutamente esenciales como comprar comida o citas médicas y que sean relevantes. En esa entrevista que concedió a la BBC, la jefa de la UE dijo que era «comprensible y apropiado considerar los mandatos obligatorios de vacunas al ciudadano europeo», especialmente debido a la nueva variante Ómicron de la Covid-19, que ahora se ha detectado en 12 países miembros diferentes de la UE.
«¿Cómo podemos alentar y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea? Se necesita discutirlo. Con un enfoque común, pero es una discusión que creo que debe ser dirigida», aseveró Van Der Leyen a la BBC. Sin embargo, la OMS también ha alentado encarecidamente a los países a no promulgar prohibiciones, por ejemplo en viajes, debido a Ómicron, y además reiteró que los primeros datos apuntan al hecho de que «la mayoría de los casos de Ómicron no son graves». Sin embargo, la mayoría de los gobiernos del mundo no están prestando atención a las directrices de la OMS como en esta ocasión. (Las voces que hablan de conspiración, complot o contubernio mundial entre Multinacionales Químicas y Gobiernos cada vez suena más fuerte).
El Código de Nuremberg fue promulgado en 1947, inmediatamente después de la brutal Segunda Guerra Mundial para prevenir muchos de los abusos atroces de los derechos humanos promulgados por los nazis y japoneses imperiales durante la guerra. Especialmente estaban en cuestión la realización de procedimientos médicos en sujetos sin su consentimiento. Estos procedimientos, a menudo realizados bajo el mando de personas como el Dr. Josef Mengele o Hideki Tojo, a menudo eran similares a los peores tipos de tortura. Desde entonces, se ha requerido el consentimiento continuo completo y proactivo. Sería pues, una brutal vulneración de los derechos contraídos hace 80 años por el ciudadano europeo, y del resto del mundo…
Alarma en Europa: La jefa de la UE pide que se elimine el Código de Nuremberg y sus Derechos - Las Repúblicas
Si se lleva a cabo la afirmación sería un enorme y fatídico paso atrás en los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, e incluso de fuera de ella. Marcaría un histórico y triste precedente pues…
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Covid: Hardcore vaccine refuseniks could need deradicalising like terrorists, says expert
Around six million people in the UK have not received a single jab
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Sanidade abre una investigación sobre si existe "una red de médicos anti vacunas" y mensajes negacionistas
La Consellería de Sanidade ha abierto una investigación sobre si existe una "red de médicos anti vacunas", una cuestión que también han reclamado los sindicatos de la mesa sectorial en una reunión que han mantenido este lunes.Según han indicado fuentes sanitarias, la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade está investigando la información publicada en 'La Voz de Galicia' sobre una "red de médicos anti vacunas", al respecto de lo que indican que "hasta la fecha no se han producido denuncias referentes a los hechos" que incluye este medio de comunicación.
Sin embargo, la CIG ha recordado a Europa Press que ya en verano envió un escrito a la gerencia de Lugo para que investigase a un facultativo que difundía mensajes "negacionistas", al respecto de lo que solo obtuvo como respuesta que se daba traslado a la Consellería.
Las mismas fuentes de la Consellería de Sanidade han reivindicado el uso de las vacunas "como la herramienta más eficaz para luchar contra la covid", un mensaje compartido por las fuerzas sindicales con representación en la mesa sectorial.
Las fuentes sindicales consultadas han indicado que han mostrado su apoyo al proceso de vacunación y, según indicó la Dirección Xeral de Recursos Humanos, también el "rechazo a cualquier tipo de afirmación negacionista".
También se ha pronunciado este lunes el Consello Galego de Colexios Médicos, que ha demandado que se investigue de oficio la supuesta red negacionista "de la pandemia y la vacunación contra la covid-19" de facultativos en el caso de que se confirme que difunde "fórmulas para eludir el uso de la mascarilla" y "se proponga ocultar infecciones" y "facilite recetas en blanco".
MESA SECTORIAL
La mesa sectorial de este lunes tenía como objetivo inicial la "falta" de personal, especialmente en estas fechas navideñas y la concesión de permisos, así como la remuneración por las jornadas prolongadas, como habían pedido los sindicatos la pasada semana, aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto al respecto.
Sanidade abre una investigación sobre si existe "una red de médicos anti vacunas" y mensajes negacionistas
La Consellería de Sanidade ha abierto una investigación sobre si existe una "red de...
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional impone una reserva estratégica para afrontar crisis y pandemias
El Gobierno podrá requisar temporalmente bienes privados en caso de emergencia, según el anteproyecto
El Gobierno eleva la desinformación a la categoría de "amenaza" para la seguridad del Estado
El escenario internacional provocado por el Covid-19 ha llevado al Gobierno a aprobar en el último Consejo de Ministros del año la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Aunque se revisa cada cinco años, y la última es de 2017, se ha acelerado un año su revisión "como consecuencia de la experiencia de la gestión de la pandemia".Las líneas generales de la estrategia se mantienen y los riesgos para el país son prácticamente los mismos, aunque se introducen algunas novedades destacadas, como la importancia que se da a las "campañas de desinformación", que el Gobierno eleva al nivel de "amenaza" para la seguridad del Estado, o las provisiones ante otra posible pandemia. Igualmente, se fija la necesidad de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla o se constata la complicación del escenario geopolítico mundial con las tensiones crecientes en Estados Unidos y China.
Sobre la desinformación, el Ejecutivo introduce este riesgo en una lista en la que figuran también las amenazas clásicas para cualquier Estado -conflictos, terrorismo, crimen organizado, espionaje o inmigración ilegal-, con las más modernas que se han ido introduciendo en los últimos años -cambio climático, inestabilidad económica o vulnerabilidad del ciberespacio-.
"Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis financieras son todos riesgos y amenazas complejas, a menudo interconectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada", resume el documento.
LA DESINFORMACIÓN
En 2017, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se hizo por primera vez alusión a la desinformación de forma genérica, describiéndola como un nuevo "desafío" dentro del capítulo de la "transformación de la seguridad global". Ahora se da un salto cualitativo, se introduce en la lista de amenazas para el Estado y se advierte de su "potencial peligrosidad".El texto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, y cuya propuesta fue informada favorablemente por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 18 de noviembre, recoge: "Cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estatales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones".
Ni en el texto ni desde el Gobierno se pone nombre a esos "actores extranjeros", pero los expertos identifican a Rusia y a China como los países que más utilizan estas estrategias. Incluso Marruecos en alguna ocasión.
Prueba de que estas acciones de "actores extranjeros" están trabajadas, coordinadas y son importantes es que el Gobierno español pide a la UE "asumir un mayor papel a la hora de gestionar desafíos, como las pandemias, el terrorismo internacional, los ciberataques o las campañas de desinformación", porque considera que su orquestación requiere de respuestas colectivas y la integración de capacidades.
El Departamento de Seguridad Nacional lleva tiempo trabajando para contrarrestar estas campañas de desinformación y ha detectado algunas relaciones con asuntos de la soberanía nacional, como fueron las interferencias extranjeras en Cataluña durante el 1-O (en noviembre de 2017, España denunció ante la UE la existencia de injerencias rusas y venezolanas en la crisis catalana) o campañas contra la vacunación del Covid-19.
En el informe se pone como ejemplo que la crisis provocada por la pandemia "ha estado acompañada de una crisis social y política, alentada por campañas de desinformación y desestabilización que pretenden erosionar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar la polarización".
El informe distingue entre campañas de desinformación y fake news: "Las campañas tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa -fake news- o información errónea -misinformation-. Las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado".
El objetivo, entre otros, es "prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes del exterior, cuyo objetivo es obtener información sensible de forma ilegal para atacar la imagen internacional de España o realizar acciones de injerencia".
Para hacer frente a estas injerencias externas se apuesta por elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación, así como incrementar las capacidades de los servicios de inteligencia.
LAS PANDEMIAS
El informe mantiene las epidemias y pandemias como un riesgo para la seguridad nacional. Ya se hacía en 2017 y ahora un virus como el Covid-19 ha cambiado el mundo. La experiencia vivida alerta de una amenaza trascendental para España: la dependencia del exterior a la hora de acceder a recursos estratégicos, como ocurrió en 2020 con las mascarillas, los test o los respiradores, entre otros materiales."La dependencia del exterior en el suministro de recursos estratégicos supone una vulnerabilidad que se ha de paliar con una adecuada política industrial, tanto a nivel nacional como europeo, que apoye la capacidad de producción de recursos nacionales".
Dos medidas son contempladas como claves para que España pueda gozar de más resiliencia. Primero, crear una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial que garantice el suministro de los bienes y servicios estratégicos. El Gobierno elaborará un "catálogo de recursos" que podrán ser "puestos a disposición de las autoridades competentes" en caso de una crisis. Para ello, se requerirá a las comunidades autónomas que elaboren sus propios catálogos para integrarlos en el estatal.
El informe urge además a modernizar el sistema de vigilancia nacional de salud a través de la renovación de los sistemas de información.
CEUTA Y MELILLA
Otra de las novedades que ha introducido el Gobierno en este documento es el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla. La posición estratégica de estas dos ciudades autónomas y la tensión permanente que suscitan con Marruecos que demanda su soberanía, hacen que precisen de una "especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos".La decisión del Gobierno marroquí de facilitar la entrada masiva de migrantes en mayo de este año, desatando una crisis sin precedentes en Ceuta y un conflicto diplomático, cuyas consecuencias llegan hasta hoy, con Rabat, llevan a plantear este plan integral de seguridad.
La convivencia con el país vecino es un asunto capital en el documento de seguridad. El Gobierno habla de "relación de buena amistad" con Marruecos y Argelia, al tiempo que apela a la necesidad de una "cooperación leal y el respeto a las fronteras mutuas".
La obligación de tener una buena relación con "socios y amigos preferentes" surge de la necesidad de contar con colaboración y apoyo para "enfrentar amenazas, como el terrorismo o el crimen organizado", claves para España.
El Gobierno eleva la desinformación a la categoría de "amenaza" para la seguridad del Estado
El escenario internacional provocado por el Covid-19 ha llevado al Gobierno a aprobar en el último Consejo de Ministros del año la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Aunque...
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Las cuentas bancarias de las que el Estado se puede quedar con el dinero íntegro
Existen algunos casos en las cuentas bancarias o depósitos quedan abandonadas, debido a herencias que no se reclaman, dejadez u olvidos. En esos casos, el Estado puede verse beneficiada y hacer uso de estas cuentas.De este modo, Hacienda se podrá quedar con todos las cuentas bancarias y su dinero íntegro, ya que la ley lo permite. En concreto se trata de la Ley 33/2003 del Patrimonio del Estado, que permite esta acción para los casos en los que se acredite un estado de abandono o hay un dueño. También sucede con las viviendas.
El texto legal recoge que la Administración General del Estado se podrá hacer con ellas cuando «no se haya practicado gestión alguna» en un plazo de «20 años».
Asimismo, el uso que se hace del dinero por el Estado también viene regulado, de forma que se debe emplear en la financiación de los programas para mejoras educativas de personas con discapacidad.
Los plazos a seguir del Estado para quedarse con las cuentas bancarias
El Banco de España establece las pautas que se deben seguir para que la Admnistración pública se quede con una cuenta bancaria. Lo primero de todo es que, después de cumplir con los plazos establecidos, se comprueba que no se hayan realizado movimientos en los últimos tiempos.Luego viene la notificación al titular tres meses antes de que finalice el plazo y el tiempo que le queda para evitar perder la cuenta. Por ello se enviará un correo certificado a la dirección que el banco tenga registrada.
Una vez que se proceda a quedarse con el dinero, el Estado también lo notificará al titular, momento en el que finaliza todo el proceso.
Las cuentas bancarias de las que el Estado se puede quedar con el dinero íntegro
La Administración podrá hacerse cargo de las cuentas cuando considere que están abandonadas. Una de las condiciones es que pasen 20 años sin que se realicen gestiones con ella
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