Los agricultores hartos de que se les tome el pelo 🍊

Estamos llegando ya a un punto en el que el gobierno, y todos los reinos de taifas autonómicos, nos toman el pelo a todos los españoles, nos saquean, nos engañan e incluso llegan al extremo de poner en riesgo nuestra salud y nuestras vidas demostrando que ya les da igual hasta el disimulo y van a calzón quitado.

Uno de los últimos ejemplos de tomadura de pelo nos está llegando a propósito de la llegad de refugiados de Afganistán, ya tienen casa y paga, mientras a nuestro alrededor podemos ver a compatriotas que lo están pasando realmente mal sin que nadie mueva un dedo por ellos, ni administraciones locales, ni autonómicas, ni nacionales.

Otro ejemplo claro de desprecio absoluto por parte de las administraciones públicas lo están recibiendo los agricultores, otro sector más que está siendo dejado de la mano de Dios. Nos encontramos con que vienen productos de fuera de España cuando aquí tenemos una extraordinaria producción, como puede ser el caso de los cítricos.

Y sigue sin pasar nada, ni puñetero caso y que se busquen la vida, pero sin gastar demasiado gasoil, claro, ya saben el cuento del cambio climático. Por eso creemos que hay que mostrarles todo nuestro apoyo puesto que es un sector fundamental en España y necesitamos mantener una agricultura fuerte para no depender, en eso también, de lo que nos venga de fuera.

Debemos, por tanto, dar difusión a este vídeo y a estas protestas porque tienen toda la razón. ¡Ya está bien de permitir que nos tomen el pelo y quedarnos de brazos cruzados!



 

La última de Planas: expropiar tierra​

Confiscará a 16.000 explotaciones agrarias hasta un kilo y medio de su tierra para verificar el contenido en carbono

A saber si dentro de una semana Luis Planas continuará siendo ministro de Agricultura o, por el contrario, tendrá sustituto/a. Méritos para seguir en el Gobierno ha hecho en los últimos días: desde posar con su voto afirmativo en la consulta a las bases del PSOE sobre la amnistía, hasta realizar declaraciones publicas sobre este mismo asunto, contradiciendo las que hizo el 14 de octubre de 2019, en las que afirmaba que una amnistía a los independentistas catalanes no tenia cabida en la Constitución.

Si Planas se mantiene en el Gobierno y logra ser ministro de Exteriores, él, que presume de diplomático aunque no lo sea, habrá conseguido su objetivo y logrado su recompensa, pero, si continúa en el Ministerio de Agricultura, habrá que interpretarlo como un «castigo», porque pretende salir del caserón de Atocha a toda costa. Pero, ya se sabe que los designios de Pedro Sánchez son inescrutables, incluso para quienes le han servido con lealtad perruna.

Dicho lo anterior, tanto si se va, como si se queda, es necesario resaltar que entre sus últimas medidas está la de expropiar a los agricultores titulares de 16.000 explotaciones agrarias hasta un kilo y medio de su tierra, para que sea analizada con el fin de calcular el contenido en carbono de los suelos de España y determinar su capacidad de secuestro, «estableciendo las bases del futuro sistema de certificación de créditos de carbono cuya nueva legislación ha sido presentada por la Comisión Europea».

En una carta dirigida a los representantes de las organizaciones, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, afirma que «por ello, el Ministerio, a través de la empresa Agroseguro va a iniciar una serie de trabajos que tienen por objeto conocer el contenido en carbono orgánico de los suelos de España».

Ahí es donde se enmarca la toma de muestras citada anteriormente, ofreciendo a los agricultores, eso sí, «la posibilidad de estar presentes durante la extracción de la muestra». Primero, no piden permiso para la extracción; segundo, «expropian» un kilo y medio de tierra de una propiedad privada. Pero, eso sí, no hay que preocuparse, porque para mayor recochineo, los propietarios pueden estar presentes en la operación.

 


LLAMADA DE UNIÓN DE LA AGRICULTURA ANTE AMENAZA DE SENTENCIA A MUERTE DE LA MISMA

La sentencia a muerte de la agricultura española se vota en el Parlamento Europea entre el 20 y 23 de Noviembre, en donde se debate y se aprobará o no el Reglamente de Uso Sostenible de Fitosanitarios, que pretende eliminar el 65% de los fitosanitarios de aquí al 2030.Pocos se han enterado y nadie está haciendo nada. En el video te lo explico.
 
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Sánchez sentencia a los agricultores y lidera la imposición de que abandonen explotaciones para restaurar naturaleza​

La UE aprueba el primer paso de la nueva ley de restauración de la naturaleza a pesar de las críticas de los agricultores y los ecologistas.

A pesar de las críticas de agricultores y ecologistas, la Unión Europea (UE) aprueba un acuerdo político sobre Ley de Restauración de la Naturaleza. El gobierno de España, nuevamente desoye las preocupaciones expresadas por nuestros agricultores y se enorgullece de la aprobación de este acuerdo, priorizando nuevamente las metas climáticas sobre las inquietudes de los agricultores españoles.

Esta nueva ley de restauración de la naturaleza presenta como objetivo restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y, a más largo plazo, restaurar todos los ecosistemas que necesiten recuperación para 2050. Estas medidas se alinean con la Estrategia sobre la Biodiversidad de la UE para 2030 y con compromisos internacionales.

El acuerdo aprobado aborda la restauración de una variada gama de ecosistemas, desde humedales hasta bosques y lechos de vegetación marina. Se fijan metas para la recuperación de hábitats en mal estado, comprometiendo a los Estados miembros a restaurar al menos el 30% de estos hábitats antes de 2030, priorizando los espacios Natura 2000. A largo plazo, se busca la restauración del 60% para 2040 y al menos el 90% para 2050. La normativa también establece la obligación de evitar el deterioro significativo de áreas sujetas a restauración, así como de hábitats terrestres y marinos específicos. Además, aborda de manera específica la preocupante disminución de la abundancia y diversidad de los insectos polinizadores silvestres en Europa, imponiendo medidas y un sistema de seguimiento científico regular a partir de 2030 para evaluar y revertir su declive.

La recién aprobada ley de restauración de la naturaleza establece directrices específicas para distintos ecosistemas. En el ámbito agrícola, exige mejoras en indicadores como el índice de mariposas y la proporción de superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad, reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y establece metas específicas para aumentar el índice de aves comunes.

Para los ecosistemas forestales, se busca incrementar la biodiversidad y fomentar la plantación de 3,000 millones de árboles adicionales. En entornos urbanos, se prioriza el aumento de espacios verdes y se prohíbe la pérdida neta de áreas arboladas. También se impulsa la eliminación de barreras artificiales para la conectividad fluvial y se aspira a convertir 25,000 km de ríos en corrientes libres para 2030.

Este acuerdo no ha gustado a nadie, ni a los ecologistas, ni a los agricultores. Las organizaciones ecologistas -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- han manifestado que "es decepcionante ver las numerosas excepciones incluidas y la excesiva flexibilidad en cuanto a las obligaciones de los Estados miembros que podría llevar a la inacción".

En España, los agricultores también han manifestado nuevamente su desacuerdo, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, expresó su sorpresa ante las disposiciones relacionadas con los ecosistemas agrícolas, las cuales, según él, fueron reintroducidas sin la participación de la mayoría del Parlamento Europeo. Además, resaltó la falta de viabilidad de las medidas propuestas, ya que la inclusión de la restauración en las áreas Red Natura 2000 afectaría aproximadamente al 40% del territorio de España. Pedro Barato considera que estas medidas representan una amenaza adicional para la agricultura europea y, por consiguiente, para la sostenibilidad de las zonas rurales. Además, mostró preocupación por la ausencia de detalles sobre la financiación de estas medidas, ya que aún no se ha esclarecido quién o cómo se encargará de financiar la restauración de la naturaleza.

El pasado junio los agricultores y pescadores ya pidieron detener la ley de restauración de la naturaleza en los términos que estaba planteada, el gobierno de España ha desoído la preocupación de nuestros agricultores y ganaderos, silvicultores y cazadores, y carga de nuevo contra este sector a favor de la "doctrina climática", como se refleja en las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, en funciones, "Nos enfrentamos a una realidad cada vez más dramática: la naturaleza y la biodiversidad de la UE están en peligro y deben protegerse. Me siento orgullosa del acuerdo".

¿Dónde quedan nuestros agricultores para el gobierno de España?.

 

La traición de Sánchez al campo: se salta el mandato de la Eurocámara para quitar explotaciones a los agricultores​

Los agricultores viven al filo de una norma: la Ley de Restauración de la Naturaleza. Se ha negociado en la UE y exige devolver explotaciones agrícolas a la naturaleza mandando a infinidad de productores de alimentos al paro. El Parlamento Europeo aceptó una leve mitigación de los efectos. Pero Pedro Sánchez decidió que los agricultores españoles no debían beneficiarse de ello. Y ordenó a su representante César Luena en la Eurocámara que acabase con la poca esperanza que quedaba a los agricultores. Es la historia de una traición al campo. Y una que tendrá duras consecuencias para todos: los profesionales del campo y todos aquellos que simplemente consumen alimentos, es decir, todos.

El negociador principal en el trílogo y ponente de la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza del Parlamento en el Parlamento Europeo era un redimido de Pedro Sánchez: el eurodiputado socialista César Luena. Y el enviado de Sánchez ha acudido al Parlamento Europeo con el mandato de reintroducir los "ecosistemas agrícolas" en el texto (Artículo 9), pese a que ya habían sido rechazados por la mayoría de diputados de la Eurocámara el pasado 27 de junio.

El sindicato del campo ASAJA asegura que no se trata del único movimiento que puede acabar con buena parte de las explotaciones agrarias. Y es que el segundo plan impulsado por el PSOE en la UE es el de los denominados como expedientes de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, además del Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios (SUR) .Y todo ello "supondrá un escenario insostenible para el campo europeo".

"La comunidad agrícola europea está consternada y muy preocupada por el acuerdo alcanzado en la noche el jueves 9 de noviembre por los negociadores en el diálogo a tres bandas sobre la Restauración de la Naturaleza", señalan desde ASAJA. "A pesar de algunas atenuaciones, el compromiso final global vuelve a una propuesta totalmente irrealista para los agricultores y los propietarios forestales y fuerza al Parlamento Europeo a reposicionarse sobre toda la propuesta", añade.

El acuerdo alcanzado el jueves por los negociadores institucionales reaviva, de este modo, la amenaza lanzada desde Bruselas con el respaldo de toda la izquierda. "Al reintroducir el artículo 9 sobre los ecosistemas agrícolas, los negociadores decidieron volver a situar en el centro del reglamento numerosas disposiciones poco realistas y sin presupuesto que pasarán factura a los agricultores, ganaderos, silvicultores y cazadores europeos", explican los profesionales del campo. "Conscientes del desfase entre las ambiciones del texto y las medidas compensatorias ausentes, los negociadores acordaron que la CE evalúe la aplicación del Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2033, reconociendo así que podría tener graves repercusiones para los sectores productores de alimentos", explican las mismas fuentes.

Lo cierto es que las propuestas alcanzadas, sumadas a los demás expedientes de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, como el Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios (SUR), supondrá un escenario insostenible para el campo europeo. Al no respetar la posición que expresó la mayoría del Parlamento Europeo, el ponente socialista César Luena ha empujado con su plan a todos los eurodiputados a reposicionarse sobre este texto. Ningún eurodiputado puede decir ahora que el texto propuesto para su ratificación no tendrá repercusiones importantes sobre nuestra producción, nuestra competitividad, la balanza comercial de la UE, o el precio de consumo de millones de europeos.

 

1.296 agricultores de La Palma tendrán que devolver 3,5 millones de ayudas por el volcán​

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha informado en Pleno parlamentario, que un total de 1.296 agricultores de La Palma tendrán que devolver 3,5 millones de euros en ayudas a la pérdida de renta por la erupción volcánica.

Quintero ha expresado que este expediente es «consecuencia de la gestión del anterior equipo de gobierno de dicho Departamento» que «por el interés de querer abonar con rapidez los fondos», provocó que sus responsables «determinaran que el personal técnico se basara, para los cálculos de las cuantías a abonar, en estimaciones de pérdidas, no en datos definitivos de la campaña cerrada».

Este «error» llevará a que se inicie el expediente de devolución de una parte de esta ayuda, que tenía el objetivo de compensar a los agricultores afectados por la erupción volcánica de La Palma por la falta de ingresos al no poder comercializar su cosecha (bien porque sus fincas se encuentran debajo de la lava o por haber replantado y aún no contar con producción para la venta).

«Para la campaña 2021/22 se abonaron a los productores cuantías que excedían los importes de las bases de la ayuda y la compensación de renta exacta, lo que se traduce en que, en cumplimiento de la legalidad vigente, se ha tenido que iniciar un expediente de reintegro por lesividad en el que se van a reclamar a estos beneficiarios la devolución de parte de la ayuda recibida, que supera los 3,5 millones de euros«, con »las consecuencias que esto tiene para las personas afectadas, que tienen que devolver a la Administración ese dinero«, ha adelantado el consejero.

Esta cuantía se distribuye de la siguiente forma: 24 beneficiarios que deben reintegrar más de 20.000 euros, 29 que devolverán entre 10.000 euros y 20.000 euros, 107 entre 5.000 euros y 10.000 euros, 542 entre 1.000 euros y 5.000 euros, 532 beneficiarios con cuantías que oscilan entre los 100 euros y 1.000 euros a devolver, y 60 productores con reintegros de menos de 100 euros.

«Las prisas por pagarlo antes de las elecciones»​

«El abono de la campaña anterior campaña no se hizo de la manera adecuada y a lo mejor las prisas por pagarlo antes o por las elecciones hicieron que con los datos que se tenían fueran incompletos«, por lo que »se pagó una pérdida de renta que no eran reales« con lo cual »desgraciadamente la mayoría de productores cobraron más de lo que tenían que cobrar y 1.296 beneficiarios de la Palma van a tener que devolver dinero«, ha alegado.

En respuesta a la pregunta planteada por el diputado José Javier Pérez Llamas, Quintero ha dicho que han intentado compensarlo con la ayuda próxima, pero como ha denunciado el Gobierno de España «a día de hoy no ha transferido los fondos con los que se comprometió en agosto, con lo cual no podemos hacer ingresos porque no tenemos los fondos«. En los últimos meses, ha dicho, »se ha intentado contactar con el Gobierno de España y el comisionado y ha sido completamente imposible«, por lo que »no puedo garantizarle ni usted ni a La Palma en qué situación están las ayudas correspondientes a la campaña 2022/23».

El consejero ha asegurado que en cuanto el Gobierno de España transfiera los fondos al Ejecutivo canario, se procederá a la tramitación de esta ayuda y a su abono.

«Desconocemos el estado de dicha transferencia porque el Comisionado ha cortado cualquier comunicación con los miembros del Ejecutivo regional», ha denunciado.

 

Alerta entre los agricultores por la decisión final de la UE para reducir el uso de fitosanitarios​

Bruselas pretende que se reduzca a la mitad el uso de herbicidas y plaguicidas para el año 2030.

Este martes el Parlamento Europeo votará el "Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios" que obligará a los agricultores a reducir a la mitad el uso de los tratamientos que utilizan para proteger los cultivos de plagas y enfermedades, una imposición vinculante que los Estados Miembros deben cumplir para el año 2030.

Todo apunta a que, tal y como sucedió con la Ley de Restauración de la Naturaleza, la votación saldrá adelante. Pese a ello, la organización agraria Unión de Uniones ha pedido a los eurodiputados españoles que voten en contra del nuevo reglamento. Alertan de que la nueva norma europea no contempla ningún tipo de alternativas viables para los agricultores y además reducirá la competitividad y el potencial productivo de la agricultura europea, y especialmente la española.

Además, la norma prohíbe el uso de fitosanitarios autorizados de emergencia. Así que, si finalmente se aprueba, "tendría consecuencias negativas para el conjunto de la actividad agraria en toda la Unión Europea y en España y, específicamente, imposibilitaría el cultivo de algunas producciones tradicionales en áreas calificadas como ecológicamente sensibles".

Sin motivos científicos​

Los agricultores denuncian que la UE pretende reducir al 50% el uso de fitosanitarios para el año 2030 sin tener en cuenta la existencia o no de alternativas de métodos de control no químico. La consecuencia será devastadora: "Comportará una menor productividad de la agricultura porque limita el uso de estos productos sin ninguna justificación científica".

La norma también pone en riesgo la soberanía alimentaria europea y "supondrá una dependencia más grande de las importaciones de alimentos otros países", porque pueden producir y vender alimentos con unos controles mucho menos estrictos.

Los agricultores también señalan que ellos son los primeros interesados en utilizar este tipo de productos únicamente cuando son necesarios, entre otros motivos, debido a su alto precio y recuerdan que el uso de fitosanitarios ya cuenta con unos controles sumamente estrictos.

 

España ha importado melón durante la campaña hasta de Japón y se lo ha pagado a más de 18 euros el kilo​

Durante la campaña 2022/2023 España ha importado melón hasta de Japón, país al que los importadores españoles han pagado esa fruta a un precio medio de 18’5 euros por kilo, un precio muy destacado si se tiene en cuenta que el melón exportado por España durante la campaña no superó el precio medio de 0’95 euros por kilo. No obstante, las cifras de melón que España ha comprado a Japón durante la campaña no son significativas, el 0’002 por ciento del total, con un volumen de 1.864 kilos por un valor de 34.577 euros, si bien son altamente curiosas.

El volumen total de melón comprado por España en la campaña 2022/2023 ha sido de 94’07 millones de kilos, a 0’87 euros por kilo, un 30 por ciento más que diez campañas antes cuando el volumen importado fue de 72’39 millones de kilos, con un precio medio de 0’69 euros por kilo.

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Así lo indica el informe que ha elaborado Hortoinfo utilizando datos del servicio estadístico Estacom (Icex-Agencia Tributaria), con código 080719 del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas – TARIC (Tariff Integrated of the European Communities).

El valor que las empresas españolas han pagado durante la campaña por importar melón ha sido de 82’31 millones de euros por comprar melón a otros países, la cifra más alta de la historia, un 62’64 por ciento más que en diez campañas antes.

Los países​

El país que más melón ha vendido a España en la campaña 2022/2023 ha sido Brasil, el 61’5 por ciento del total, con 57’85 millones de kilos por un valor de 51’94 millones de euros, a un precio medio de 0’90 euros por kilo.

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Marruecos sigue a Brasil por la importancia del volumen de melón suministrado a España con 16’07 millones de kilos, comprados por un valor total de 14’46 millones de euros a un precio medio de 0’90 euros por kilo.

Senegal ha sido el tercer proveedor de melón a España durante la campaña con 15’06 millones de kilos, por los que cobró 10’72 millones de euros con un precio medio de 0’71 euros por kilo.

Las importaciones por provincias​

La provincia que más melón importó fue Valencia con 23’17 millones de kilos por un valor de 21’13 millones de euros, a un precio medio de 0’91 euros por kilo.

Murcia fue la segunda provincia importadora de melón durante la campaña, ya que compró a otros países un volumen de 19’49 millones de kilos por un valor de 14’21 millones de euros, importados a un precio medio de 0’73 euros por kilo.

La tercera posición entre las provincias importadoras de melón la ocupó Barcelona con 18’55 millones de kilos, importados por un valor de 15’99 millones de euros a un precio medio de 0’86 euros por kilo, seguida por , Madrid con 8’25 millones de kilos y 7’99 millones de euros (0’97 €/kg) y Almería, con un volumen de 3’52 millones de kilos de melón importados desde otros países por un valor de 4’11 millones de euros a un precio medio de 1’17 euros por kilo.