Cien agricultores andaluces verán sus tierras expropiadas y sus 100.000 olivos talados para hacer una planta fotovoltaica
En un nuevo episodio de la lucha contra las multinacionales de la energía fotovoltaica en España,
agricultores de Jaén y Córdoba se están movilizando para defender sus tierras. Bajo el lema
‘Renovables sí, pero no así’, los trabajadores del campo protestan contra una serie de macroproyectos que implican la
expropiación forzosa de sus tierras y la tala de sus olivos, que han sido cultivados durante generaciones y son la base de su subsistencia.
Se da la circunstancia de que estos proyectos se están promoviendo en una
zona que se propuso para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco bajo el título de
Paisaje del Olivar Andaluz, debido a las grandes extensiones de olivos, la calidad de los mismos y la gestión medioambiental que representan. Sin embargo, el expediente para solicitar esta declaración enfrenta un futuro incierto debido a la presión de un grupo de propietarios. Además, en la zona se han encontrado restos arqueológicos, aunque esto no ha sido suficiente para detener el proyecto.
El
7 de noviembre, los propietarios afectados han sido citados para iniciar los trámites de
expropiación de sus tierras. En los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo,
se perderán hasta 100.000 olivos, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas solares. La superficie afectada equivale a unos 100 campos de fútbol.
Las alegaciones presentadas por el momento han sido desestimadas
Greenalia Solar es la empresa que promueve los proyectos Zumajo I y II en estos municipios, y todos ellos han sido declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades por el momento han sido desestimadas.
Greenalia, una compañía con sede en Galicia, ya ha implantado plantas de este tipo en otras provincias españolas y en Estados Unidos. Según los afectados, estos proyectos no crearán empleos, sino que
«acabarán con el sustento de muchas familias» y «contribuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales». La recolección de aceitunas es «un sector clave para la economía de la región», afirma la plataforma.
La Plataforma de la Campiña Norte ha emitido un comunicado en el que acusa a los promotores de seguir la estrategia de la «fragmentación de proyectos para así eludir el control de las administraciones». Según el comunicado, «los megaproyectos se han presentado troceados en otros más pequeños, que están situados muy próximos entre sí, pero que individualmente considerados no superan los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada».
Electricidad que «se venderá a Europa»
Al expropiarles la tierra,
Greenalia pasa directamente a disponer de los terrenos. «El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados» afirma el comunicado. Además, los afectados señalan que la electricidad generada no se quedará en la comarca, sino que se venderá en el resto de Europa.
Como única solución para frenar estos macroproyectos, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Jaén y de la Junta de Andalucía, los afectados animan a los ayuntamientos a cambiar sus planeamientos urbanísticos para limitar y restringir las instalaciones de grandes extensiones de placas solares.
Por su parte, Greenalia defiende sus proyectos destacando las grandes cantidades de CO2 que la puesta en servicio de estos parques solares evitará lanzar a la atmósfera. Miles de hogares, afirman, podrán ser abastecidos por esta electricidad limpia.
La situación en Jaén y Córdoba refleja un
conflicto más amplio en España y en otros países, donde el impulso por las energías renovables a veces choca con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. Mientras los agricultores luchan por proteger sus tierras y su modo de vida, las empresas de energía solar argumentan que sus proyectos son esenciales para combatir el cambio climático y proporcionar energía limpia a miles de hogares.
Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de
encontrar un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección de nuestro patrimonio. La transición hacia una economía más verde es crucial, pero debe hacerse de manera que respete y preserve las comunidades y los paisajes rurales que se ven afectados.
¿Se puede evitar una expropiación forzosa?
Evitar una expropiación una vez que el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento ha declarado el acto administrativo es una tarea compleja y casi imposible. Sin embargo, existen algunas etapas del proceso en las que se puede revertir la acción, total o parcialmente.
La primera oportunidad surge cuando la Administración declara el acto administrativo y publica la lista de propiedades afectadas. En ese momento, el propietario tiene 15 días para presentar alegaciones tanto de forma como de fondo contra el acto administrativo. Se pueden proponer alternativas al plan o proyecto que justifica la expropiación.
Es posible identificar errores en los estudios o procedimientos administrativos que llevaron a la declaración de expropiación o impugnarla completamente si se considera que no se trata de un proyecto de utilidad pública. Es recomendable contar con el apoyo de profesionales del derecho para presentar las alegaciones, dado que el plazo es limitado a 15 días.
Si no se puede evitar el acto administrativo, existen al menos tres oportunidades adicionales para intentar revertir la expropiación:
Cuando la Administración expropia más terreno del necesario para el proyecto de utilidad pública.
- Si han pasado dos o más años desde el anuncio del servicio o proyecto que motivó la expropiación y no se ha realizado ninguna obra o alteración del terreno.
- Cuando la causa que motivó la expropiación ha desaparecido.
Como último recurso queda la asociación y el activismo, que es precisamente lo que está haciendo la
plataforma de la Campiña Norte STOP megaplantas solares, tanto a través de las redes sociales como mediante manifestaciones y protestas.
La creación de una gran planta fotovoltaica en terrenos de Jaén y Córdoba supondrá la expropiación y tala de unos 100.000 olivos y la desaparición del medio de sustento de decenas de familias.
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