Los agricultores hartos de que se les tome el pelo 🍊

Estamos llegando ya a un punto en el que el gobierno, y todos los reinos de taifas autonómicos, nos toman el pelo a todos los españoles, nos saquean, nos engañan e incluso llegan al extremo de poner en riesgo nuestra salud y nuestras vidas demostrando que ya les da igual hasta el disimulo y van a calzón quitado.

Uno de los últimos ejemplos de tomadura de pelo nos está llegando a propósito de la llegad de refugiados de Afganistán, ya tienen casa y paga, mientras a nuestro alrededor podemos ver a compatriotas que lo están pasando realmente mal sin que nadie mueva un dedo por ellos, ni administraciones locales, ni autonómicas, ni nacionales.

Otro ejemplo claro de desprecio absoluto por parte de las administraciones públicas lo están recibiendo los agricultores, otro sector más que está siendo dejado de la mano de Dios. Nos encontramos con que vienen productos de fuera de España cuando aquí tenemos una extraordinaria producción, como puede ser el caso de los cítricos.

Y sigue sin pasar nada, ni puñetero caso y que se busquen la vida, pero sin gastar demasiado gasoil, claro, ya saben el cuento del cambio climático. Por eso creemos que hay que mostrarles todo nuestro apoyo puesto que es un sector fundamental en España y necesitamos mantener una agricultura fuerte para no depender, en eso también, de lo que nos venga de fuera.

Debemos, por tanto, dar difusión a este vídeo y a estas protestas porque tienen toda la razón. ¡Ya está bien de permitir que nos tomen el pelo y quedarnos de brazos cruzados!



 
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Un agricultor entra a un supermercado y enseña los calabacines que se venden a 1,79€/kg, cuando al agricultor ese calabacín con virus se lo pagan en el campo a 0 Euros.
 

AVA alerta que la UE permitirá la entrada de productos ecológicos de fuera sin control​

A pesar de las promesas lanzadas al sector agrario antes de las elecciones, la nueva Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen empieza su legislatura "con las mismas directrices que benefician a las importaciones de países terceros a costa de la competitividad de los agricultores y la seguridad alimentaria de los consumidores europeos". Así lo afirma la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), que denuncia la publicación de un borrador de reglamento comunitario que propone suprimir los controles del 100% a la entrada en la UE de productos ecológicos y en conversión de alto riesgo.

La organización agraria insta a las instituciones europeas a rechazar contundentemente esta propuesta de la Comisión que recrudece aún más la competencia desleal de las importaciones foráneas con el agravante de que se trata de alimentación ecológica con antecedentes de incumplimientos graves, críticos o repetitivos que afectan a la integridad de la producción.

“Hipocresía en estado puro”

La Comisión sugiere modificar el Reglamento Delegado (UE) 2021/1698 y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 en lo que respecta a la importación en la Unión de productos ecológicos y en conversión de alto riesgo. En concreto, según AVA, “propone suprimir el requisito relativo a los controles de identidad y físicos y el muestreo del 100% de las partidas de productos de alto riesgo, así como introducir cierta flexibilidad en lo que respecta al porcentaje de partidas de productos de alto riesgo que deben someterse a controles físicos y muestreo”.

Según consta en la exposición de motivos, Bruselas alega que rebajar las inspecciones por debajo del 100% “no afecta a la eficacia de los controles”, “evitaría incrementos indebidos de los costes”, “evitaría también el aumento de los precios finales de los productos ecológicos en la Unión” y “evitaría una reducción indebida del volumen y el valor del comercio entre los terceros países de origen de los productos de alto riesgo y la Unión”.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, subraya “la hipocresía en estado puro de la Comisión Europea. Mientras a los agricultores y ganaderos europeos nos inundan con más y más exigencias, trabas burocráticas y limitaciones en nombre de la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria, a las importaciones procedentes de países terceros les dejan entrar con productos fitosanitarios que aquí están prohibidos por su impacto sobre el medioambiente, les quitan controles para abaratar sus costes de producción, les facilitan la entrada de nuevas plagas y enfermedades y les ponen la alfombra roja para inundar nuestros mercados".

"Si de verdad a la Comisión le importara bajar los precios de los productos ecológicos, empezaría por facilitar la vida a los productores europeos. Pero el único propósito que tiene es favorecer a los productos de fuera por otros intereses comerciales, aunque ello signifique sacrificar nuestra agricultura, nuestro territorio, nuestra soberanía alimentaria y nuestra salud”, añade.

 

Cien agricultores andaluces verán sus tierras expropiadas y sus 100.000 olivos talados para hacer una planta fotovoltaica​

En un nuevo episodio de la lucha contra las multinacionales de la energía fotovoltaica en España, agricultores de Jaén y Córdoba se están movilizando para defender sus tierras. Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, los trabajadores del campo protestan contra una serie de macroproyectos que implican la expropiación forzosa de sus tierras y la tala de sus olivos, que han sido cultivados durante generaciones y son la base de su subsistencia.

Se da la circunstancia de que estos proyectos se están promoviendo en una zona que se propuso para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco bajo el título de Paisaje del Olivar Andaluz, debido a las grandes extensiones de olivos, la calidad de los mismos y la gestión medioambiental que representan. Sin embargo, el expediente para solicitar esta declaración enfrenta un futuro incierto debido a la presión de un grupo de propietarios. Además, en la zona se han encontrado restos arqueológicos, aunque esto no ha sido suficiente para detener el proyecto.

El 7 de noviembre, los propietarios afectados han sido citados para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras. En los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo, se perderán hasta 100.000 olivos, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas solares. La superficie afectada equivale a unos 100 campos de fútbol.

Las alegaciones presentadas por el momento han sido desestimadas​

Greenalia Solar es la empresa que promueve los proyectos Zumajo I y II en estos municipios, y todos ellos han sido declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades por el momento han sido desestimadas.

Greenalia, una compañía con sede en Galicia, ya ha implantado plantas de este tipo en otras provincias españolas y en Estados Unidos. Según los afectados, estos proyectos no crearán empleos, sino que «acabarán con el sustento de muchas familias» y «contribuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales». La recolección de aceitunas es «un sector clave para la economía de la región», afirma la plataforma.

La Plataforma de la Campiña Norte ha emitido un comunicado en el que acusa a los promotores de seguir la estrategia de la «fragmentación de proyectos para así eludir el control de las administraciones». Según el comunicado, «los megaproyectos se han presentado troceados en otros más pequeños, que están situados muy próximos entre sí, pero que individualmente considerados no superan los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada».

Electricidad que «se venderá a Europa»​

Al expropiarles la tierra, Greenalia pasa directamente a disponer de los terrenos. «El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados» afirma el comunicado. Además, los afectados señalan que la electricidad generada no se quedará en la comarca, sino que se venderá en el resto de Europa.

Como única solución para frenar estos macroproyectos, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Jaén y de la Junta de Andalucía, los afectados animan a los ayuntamientos a cambiar sus planeamientos urbanísticos para limitar y restringir las instalaciones de grandes extensiones de placas solares.

Por su parte, Greenalia defiende sus proyectos destacando las grandes cantidades de CO2 que la puesta en servicio de estos parques solares evitará lanzar a la atmósfera. Miles de hogares, afirman, podrán ser abastecidos por esta electricidad limpia.

La situación en Jaén y Córdoba refleja un conflicto más amplio en España y en otros países, donde el impulso por las energías renovables a veces choca con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. Mientras los agricultores luchan por proteger sus tierras y su modo de vida, las empresas de energía solar argumentan que sus proyectos son esenciales para combatir el cambio climático y proporcionar energía limpia a miles de hogares.

Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección de nuestro patrimonio. La transición hacia una economía más verde es crucial, pero debe hacerse de manera que respete y preserve las comunidades y los paisajes rurales que se ven afectados.

¿Se puede evitar una expropiación forzosa?​

Evitar una expropiación una vez que el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento ha declarado el acto administrativo es una tarea compleja y casi imposible. Sin embargo, existen algunas etapas del proceso en las que se puede revertir la acción, total o parcialmente.

La primera oportunidad surge cuando la Administración declara el acto administrativo y publica la lista de propiedades afectadas. En ese momento, el propietario tiene 15 días para presentar alegaciones tanto de forma como de fondo contra el acto administrativo. Se pueden proponer alternativas al plan o proyecto que justifica la expropiación.

Es posible identificar errores en los estudios o procedimientos administrativos que llevaron a la declaración de expropiación o impugnarla completamente si se considera que no se trata de un proyecto de utilidad pública. Es recomendable contar con el apoyo de profesionales del derecho para presentar las alegaciones, dado que el plazo es limitado a 15 días.

Si no se puede evitar el acto administrativo, existen al menos tres oportunidades adicionales para intentar revertir la expropiación:

Cuando la Administración expropia más terreno del necesario para el proyecto de utilidad pública.
  1. Si han pasado dos o más años desde el anuncio del servicio o proyecto que motivó la expropiación y no se ha realizado ninguna obra o alteración del terreno.
  2. Cuando la causa que motivó la expropiación ha desaparecido.
Como último recurso queda la asociación y el activismo, que es precisamente lo que está haciendo la plataforma de la Campiña Norte STOP megaplantas solares, tanto a través de las redes sociales como mediante manifestaciones y protestas.