Infancia Libre funcionaba como una "organización criminal", utilizando informes falsos prácticamente iguales para los distintos casos investigados, y una operativa semejante para alejar a los niños de sus padres por la vía de denunciarles por abusos sexuales sin pruebas.
Es la conclusión sobre la asociación -que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada al Congreso- a la que apunta el informe que la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de Plaza de Castilla acaba de enviar al ministerio fiscal, para que se tenga en cuenta en el procedimiento abierto contra cuatro madre vinculadas a la asociación, a las que se acusa de sustracción de menores e incumplimiento del régimen de visitas de los padres a sus hijos.
Para la Unidad Adscrita, que destapó el escándalo al detener el pasado marzo a María Sevilla, presidenta de la asociación, escondida en una finca rural en Cuenca, con su hijo desescolarizado y alejado de su padre por espacio de dos años, la operativa es común en los cuatro casos: por un lado generar informes psiquiátricos falsos producidos por los mismos profesionales, y por otro usar de manera espuria todos los vericuetos legales -denuncias falsas por abusos sexuales a los niños incluidas- para mantener a los padres a la defensiva y alejados de los críos.
De lo primero, apunta el informe, se habrían ocupado psiquitras como Antonio Escudero-Nafs, psiquiatra ubicuo en todos los casos, y que llegó a denunciar él mismo a alguno de los padres por abusos sin prueba ninguna. De lo segundo, de obstruir la acción de la Justicia, retorciéndola a base de recursos y denuncias falsas, se habría encargado según apunta el informe la abogada y ex juez Carmen Simón.
Además, se apunta también a que las madre de Infancia Libre, que alejaron a sus hijos de los padres durante año, utilizaron una suerte de infraestructura común para permanecer escondidas, varias de ellas en busca y captura, mientras la Policía era incapaz de encontrarlas hasta que la Unidad Adscrita lo logró, no sin dificultades puesto que seguían estrategias de grupo criminal para mantenerse en la clandestinidad y fuera del alcance de la Justicia. Todos los padres del caso Infancia Libre fueron denunciados por abusos sobre sus hijos jamás demostrados. El ministerio fiscal deberá valorar ahora el informe de la Unidad Adscrita.
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Es la conclusión sobre la asociación -que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada al Congreso- a la que apunta el informe que la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de Plaza de Castilla acaba de enviar al ministerio fiscal, para que se tenga en cuenta en el procedimiento abierto contra cuatro madre vinculadas a la asociación, a las que se acusa de sustracción de menores e incumplimiento del régimen de visitas de los padres a sus hijos.
Para la Unidad Adscrita, que destapó el escándalo al detener el pasado marzo a María Sevilla, presidenta de la asociación, escondida en una finca rural en Cuenca, con su hijo desescolarizado y alejado de su padre por espacio de dos años, la operativa es común en los cuatro casos: por un lado generar informes psiquiátricos falsos producidos por los mismos profesionales, y por otro usar de manera espuria todos los vericuetos legales -denuncias falsas por abusos sexuales a los niños incluidas- para mantener a los padres a la defensiva y alejados de los críos.
De lo primero, apunta el informe, se habrían ocupado psiquitras como Antonio Escudero-Nafs, psiquiatra ubicuo en todos los casos, y que llegó a denunciar él mismo a alguno de los padres por abusos sin prueba ninguna. De lo segundo, de obstruir la acción de la Justicia, retorciéndola a base de recursos y denuncias falsas, se habría encargado según apunta el informe la abogada y ex juez Carmen Simón.
Además, se apunta también a que las madre de Infancia Libre, que alejaron a sus hijos de los padres durante año, utilizaron una suerte de infraestructura común para permanecer escondidas, varias de ellas en busca y captura, mientras la Policía era incapaz de encontrarlas hasta que la Unidad Adscrita lo logró, no sin dificultades puesto que seguían estrategias de grupo criminal para mantenerse en la clandestinidad y fuera del alcance de la Justicia. Todos los padres del caso Infancia Libre fueron denunciados por abusos sobre sus hijos jamás demostrados. El ministerio fiscal deberá valorar ahora el informe de la Unidad Adscrita.
La Policía apunta que Infancia Libre funcionaba como "una organización criminal"
Infancia Libre funcionaba como una "organización criminal", utilizando informes falsos prácticamente iguales para los distintos casos investigados, y una operativa semejante para a
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