Tras casi 12 meses de negociaciones y con ocho meses de retraso, PSOE y Unidas Podemos han cerrado este martes el acuerdo para alumbrar la primera Ley de Vivienda en España. Los socialistas han terminado cediendo a la principal reclamación de la formación morada e intervendrán los precios de los alquileres en las zonas que se consideren más tensionadas, tanto a los grandes como a los pequeños propietarios.
En lo que respecta a los grandes propietarios, el acuerdo contempla regular los precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado. Para los pequeños propietarios, se exigirá la congelación de precios y se establecerán incentivos fiscales para motivar las rebajas.
El proyecto se encuentra aún en fase de redacción y fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan que es probable que la norma no hable textualmente de grandes y pequeños propietarios, sino de personas físicas y jurídicas para aplicar una u otra alternativa.
Habrá que esperar aún varias semanas para conocer la literalidad, ya que la aprobación del proyecto de ley está prevista para dentro de varios Consejos de Ministros. Después arrancará el trámite parlamentario del texto.
El umbral entre el gran y el pequeño tenedor vendrá marcado por el número de inmuebles. Por primera vez, se establecerá una definición única para distinguir entre unos y otros y en base a eso, se considerará oficialmente gran propietario a quienes tengan 10 o más inmuebles en propiedad.
A los grandes propietarios, Unidas Podemos también exigía la retirada de los "privilegios fiscales", sin que por el momento se conozcan más detalles de lo que esto supone.
Además, se establece la obligación de reservar el 30% de todas las promociones para vivienda protegida y de esa cantidad, la mitad se destinará para alquiler social.
Ésta es precisamente otra de las claves de la propuesta. Según ha explicado Félix Bolaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la última palabra a la hora de materializar buena parte de las medidas, incluida la intervención de los precios, recaerá en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que ostentan la mayor parte de las competencias en materia de vivienda.
La Ley se articulará como un "paraguas estatal", según Bolaños, para que las CCAA puedan poner en práctica otras medidas en materia de vivienda. Esta concepción podría dar amparo a la Ley de Intervención de las Rentas que entró en vigor hace un año en Cataluña y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por falta de encaje jurídico.
Siguiendo esta estela, serán los gobiernos autonómicos los que tengan que solicitar la declaración de una zona como área tensionada, de manera que si esa solicitud no se realiza, es poco probable que se pueda aplicar ningún tipo de limitación o regulación en los precios.
Y lo mismo sucede a nivel municipal. La futura Ley de Vivienda habilitará a los ayuntamientos para aplicar un recargo en el IBI para las viviendas vacías, lo cual no significa que estén obligados a hacerlo.
www.elmundo.es
En lo que respecta a los grandes propietarios, el acuerdo contempla regular los precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado. Para los pequeños propietarios, se exigirá la congelación de precios y se establecerán incentivos fiscales para motivar las rebajas.
El proyecto se encuentra aún en fase de redacción y fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan que es probable que la norma no hable textualmente de grandes y pequeños propietarios, sino de personas físicas y jurídicas para aplicar una u otra alternativa.
Habrá que esperar aún varias semanas para conocer la literalidad, ya que la aprobación del proyecto de ley está prevista para dentro de varios Consejos de Ministros. Después arrancará el trámite parlamentario del texto.
INTERVENIR LOS PRECIOS
Preguntado sobre las medidas para regular los alquileres e intervenir en los precios, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha limitado a decir que "hay todo tipo de medidas y elementos que van a conseguir contener y reducir el precio de alquileres" y entre ellas, ha adelantado que la norma incluye "un paquete muy potente de bonificaciones para incentivar a los propietarios a bajar los precios".El umbral entre el gran y el pequeño tenedor vendrá marcado por el número de inmuebles. Por primera vez, se establecerá una definición única para distinguir entre unos y otros y en base a eso, se considerará oficialmente gran propietario a quienes tengan 10 o más inmuebles en propiedad.
A los grandes propietarios, Unidas Podemos también exigía la retirada de los "privilegios fiscales", sin que por el momento se conozcan más detalles de lo que esto supone.
Además, se establece la obligación de reservar el 30% de todas las promociones para vivienda protegida y de esa cantidad, la mitad se destinará para alquiler social.
"PARAGUAS ESTATAL"
UP también ha conseguido sacar adelante otra de sus exigencias y es la que tiene que ver con las viviendas vacías. El equipo liderado por Ione Belarra lleva tiempo presionando para arrancar algún tipo de penalización sobre este tipo de inmuebles y de acuerdo con los puntos del pacto a los que ha tenido acceso EL MUNDO, la futura Ley de Vivienda contemplará un impuesto a la vivienda vacía a través del recargo del IBI de hasta el 150% que podrán aplicar los ayuntamientos.Ésta es precisamente otra de las claves de la propuesta. Según ha explicado Félix Bolaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la última palabra a la hora de materializar buena parte de las medidas, incluida la intervención de los precios, recaerá en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que ostentan la mayor parte de las competencias en materia de vivienda.
La Ley se articulará como un "paraguas estatal", según Bolaños, para que las CCAA puedan poner en práctica otras medidas en materia de vivienda. Esta concepción podría dar amparo a la Ley de Intervención de las Rentas que entró en vigor hace un año en Cataluña y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por falta de encaje jurídico.
Siguiendo esta estela, serán los gobiernos autonómicos los que tengan que solicitar la declaración de una zona como área tensionada, de manera que si esa solicitud no se realiza, es poco probable que se pueda aplicar ningún tipo de limitación o regulación en los precios.
Y lo mismo sucede a nivel municipal. La futura Ley de Vivienda habilitará a los ayuntamientos para aplicar un recargo en el IBI para las viviendas vacías, lo cual no significa que estén obligados a hacerlo.
La nueva Ley de Vivienda obligará a los grandes propietarios a bajar los alquileres y congela el precio a los particulares
Tras casi 12 meses de negociaciones y con ocho meses de retraso, PSOE y Unidas Podemos han cerrado este martes el acuerdo para alumbrar la primera Ley de Vivienda en España. Los...
www.elmundo.es
