La policía de Marruecos ya no reconoce las fronteras de Ceuta y Melilla
Es la gota malaya que, puntual cada semana, Marruecos hace caer sobre España prolongando
una crisis que ha cumplido ya 13 meses. La última cayó el lunes por la noche y consiste en reiterar la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla. Abdellatif Hammouchi, el director de la Seguridad Nacional, remitió una nota a las comisarías de policía marroquíes instaladas en las fronteras terrestres de las ciudades autónomas para ordenarles
suprimir la palabra 'frontera' de su denominación. Tras la instrucción del máximo jefe policial marroquí, las comisarías se llamarán 'Bab Ceuta' y 'Bab Melilla' —'bab' significa 'puerta' en árabe—, pero omitiendo que están situadas en la divisoria con España.
La prensa marroquí ha interpretado al unísono que, con esta orden,
Rabat quiere recordar a Madrid que no reconoce esa frontera porque considera que esas ciudades son marroquíes aunque estén
“ocupadas” por España. La medida no tendrá, por ahora, ningún efecto práctico. Ambas fronteras están cerradas desde hace más de 22 meses, en teoría solo por razones sanitarias.
En realidad, en los últimos meses, el Ministerio del Interior de España ha ido adaptándose a las prórrogas del cierre fronterizo que decretaban las autoridades marroquíes. Cada vez que
estas anunciaban una prolongación de la clausura, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska hacía otro tanto. La última prórroga
expira el 31 de enero, pero es probable que se alargue.
El cierre del lado marroquí obedecía, en determinados momentos, a razones más políticas que sanitarias. Prueba de ello es que Rabat abrió, a su conveniencia, el paso de Guerguerat, que conecta el Sáhara Occidental con Mauritania, pero rehusó hacer otro tanto en Ceuta y Melilla. Se podía haber llevado a cabo una reapertura parcial en los momentos en los que la pandemia dio tregua a ambos países, sometiendo a los viajeros a la obligación de mostrar un certificado de vacunación. Pero las autoridades marroquíes
declinaron considerar esta opción.
El carácter político del cierre con España quedó puesto de manifiesto el pasado verano. Las autoridades marroquíes, es decir, el palacio real en última instancia, permitieron que sus inmigrantes en Europa regresasen a su país en barco desde Francia o Italia —lo intentaron incluso desde Portugal—, pero no que lo hicieran desde los cinco puertos de la península que se utilizaron hasta 2019 para la operación Paso del Estrecho.
El cierre de las fronteras terrestres
ha sido muy perjudicial para Ceuta y Melilla, pero ha resultado
devastador para el entorno marroquí de ambas ciudades. El contrabando, que aún funcionaba con Melilla, ha dejado a miles de porteadoras sin ingresos. Los marroquíes transfronterizos, que cruzaban a diario para trabajar en ambas ciudades, también han perdido su empleo. En Castillejos, una ciudad de 75.000 habitantes a tres kilómetros de Ceuta, se han celebrado manifestaciones pidiendo la reapertura. Todas fueron reprimidas. Rabat sí ha tomado medidas para impulsar el desarrollo de las provincias fronterizas de Tetuán y Nador, pero la pandemia las ha retrasado.
Acoso semántico
La eliminación de la palabra “frontera” en el nombre de las comisarías es
un gesto más de acoso a Ceuta y Melilla que las autoridades marroquíes llevan años tratando de asfixiar. En agosto de 2018, suprimieron de un plumazo la aduana comercial de Melilla, sin suscitar ninguna protesta de España; prohibieron después a sus funcionarios viajar a esas ciudades españolas aunque estuviesen en tránsito a Andalucía; en octubre de 2019, vetaron el contrabando con Ceuta. Además, Rabat no reconoce aguas territoriales.
Esta decisión de Hammouchi, condecorado por los gobiernos españoles del Partido Popular y más recientemente del PSOE, confirma la
nula receptividad de las autoridades de Marruecos a la mano tendida que les ofreció la semana pasada el rey Felipe VI en
un discurso muy probablemente inspirado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhnouch, ya respondió al monarca español en una entrevista en televisión el miércoles pasado. Dejó caer que, mientras España no modifique
su postura sobre el Sáhara Occidental, no se normalizaría la relación bilateral. Puso como ejemplo a Alemania, que
sí ha introducido un matiz.
El Gobierno Sánchez se resiste, por ahora, a dar públicamente un espaldarazo —bajo cuerda sí lo hace— al
plan de autonomía que Marruecos ofreció para el Sáhara Occidental en 2007 como alternativa a la autodeterminación de los saharauis. En Europa, dos países han dado ese paso: Francia hace años y, más recientemente, Alemania, tras la crisis diplomática que Rabat desencadenó contra Berlín el año pasado para forzar su mano.
En la cumbre hispano-marroquí de 2015 —la última que se ha celebrado hasta ahora—, el Gobierno de Mariano Rajoy sí aceptó incluir que “España saluda los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos” para alcanzar un acuerdo sobre el Sáhara. Pedro Sánchez no quiere ir más allá y terminar de ceder a las presiones del vecino marroquí.
Rabat ordena que las comisarias situadas a las puertas de ambas ciudades cambien de nombre y eliminen la palabra "frontera" para omitir que están entrando en España
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