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Un reciente cartel electoral de Vox comparando el gasto público en un mena con las pensiones de los jubilados ha generado una enorme polémica. En este vídeo exponemos las tres razones de por qué se trata de un mensaje tramposo.




La sociedad española no está preparada para tener esta conversación.




Comparto con vosotros los datos oficiales del gasto que ocasiona cada mena en la Comunidad de Madrid.
 

Ayuso, "en contra" del cartel de Vox sobre menores extranjeros: "Estamos obligados a darles oportunidades e integrarlos"​

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado "absolutamente en contra" del cartel que Vox ha colocado en la estación de Cercanías de Sol y ha recordado que desde la Administración regional están "obligados" a darles a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región "oportunidades" así como a "integrarlos".

Así ha respondido, en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, a la polémica surgida en torno a la cartelería de Vox que incluye el mensaje 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes' y en la que se ve a una mujer de avanzada edad y a un joven encapuchado y enmascarado con tez oscura.

Ayuso ha recordado que son menores, que no están con sus familias cuando eso sería "lo ideal", y que al llegar a la región, el Gobierno autonómico, cumpliendo la normativa y con las leyes, está obligado "a darles oportunidades e integrarlos" para que "no sean problemas" y para que, como el resto de personas, encuentren "un futuro".

"Dice Vox, por ejemplo, que un hombre no es un maltratador por ser solamente hombre, que hay que distinguirlos. En este caso también. Habrá menores que son delincuentes y otros muchísimos que no lo son. Un delito es igual de importante lo cometa alguien de origen español o de fuera", ha recalcado.

Además, Ayuso ha hecho hincapié en que este tema "no es competencia autonómica" por lo que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, "por más que lo intente no puede por sí misma arreglar este problema". La 'popular' ha indicado que se trata de una competencia de Migraciones, que le corresponde al Ministerio al tener "la competencia en las fronteras".

"Lo que nos tenemos que preguntar es cómo llegan estos menores hasta aquí, por qué han ido pasando de comunidad en comunidad hasta llegar por ejemplo a Madrid", ha declarado, al tiempo que ha incidido en que en el Ejecutivo regional reciben "cero euros" del Gobierno de España para atender a estos menores.

Asimismo, ha apuntado a que se habla de un problema "de integración" porque cuando estos chicos no están integrados "son un problema para sí mismos hayan nacido en Fez o hayan nacido en Boadilla del Monte".

De tener que entenderse PP y Vox de cara a la formación de un posible Gobierno, Ayuso ha manifestado que este sería un tema en el que no se pondrían de acuerdo.

 

Recortan el toque de queda en Melilla para que los musulmanes puedan rezar en mezquitas al alba​

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha recortado el toque de queda para que los musulmanes puedan a partir del jueves 22 de abril realizar el rezo de alba en las mezquitas, tras pasar la prohibición de circular en la vía pública hasta las 05.00 de la madrugada en lugar de las 06.00 como estaba hasta ahora, una hora que coincide con esta acción religiosa que en el mes de ayuno del Ramadán tiene más valor aún que el resto del año.

En el decreto de Presidencia, que se mantendrá hasta la finalización de la declaración del estado de alarma establecido para las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021, ha determinado "flexibilizar la limitación de circulación de personas en horario nocturno hasta las 5:00 horas (...), facilitando el cumplimiento por los ciudadanos musulmanes del rezo de Al Fajar del mes sagrado del Ramadán debiendo respetarse, en todo caso, las limitaciones de aforo (1/4) en los lugares de culto establecidas por este decreto y el resto de medidas preventivas sanitarias". El comienzo del toque de queda se mantiene inalterado a las 22,00 horas.

Eduardo de Castro ha atendido de este modo la petición realizada por la Comisión Islámica de Melilla, que había registrado oficialmente la solicitud, para demandar que el toque de queda concluyera una hora antes de lo que viene fijándose desde el inicio del estado de alarma.

El decreto presidencial, en cambio, ha mantenido el confinamiento perimetral, permitiendo los viajes que únicamente se puedan justificar como causa de fuerza mayor, y la limitación de reunión a un máximo de cuatro personas en exterior, salvo en caso de convivientes, a los que se les podrán pedir el DNI o libro de familia que justifica ese hecho.

 

Generales retirados denuncian "la desintegración" de Francia y el "riesgo de una guerra racial"​

El lenguaje es de otros tiempos. Pero la proclama es de 2021. "La hora es grave. Francia está en peligro, varios riesgos mortales la amenazan. Nuestro honor nos obliga a denunciar la desintegración que golpea nuestra Patria". Firman el pronunciamiento una veintena de generales retirados que afirman contar con el apoyo de "un centenar de mandos y más de mil militares".

Envuelta en retórica, esta apelación: "Si no se hace nada, el laxismo continuará a expandirse inexorablemente por nuestra sociedad, provocando a término una explosión y la intervención de nuestros camaradas en activo en una misión peligrosa de protección de los valores de nuestra civilización y de protección de nuestros compatriotas en territorio nacional".

Los firmantes denuncian "un cierto antirracismo" que quiere "crear en nuestro suelo malestar, incluso odio entre las comunidades" ya que "lo que quieren estos partisanos odiosos y fanáticos es una guerra racial".

La tribuna fue publicada por 'Valores actuales', semanario conservador, el 21 de abril, una fecha significativa. El 21 de abril de 1961 un grupo de generales jubilados intentó un golpe de Estado contra el general De Gaulle en nombre de la Argelia francesa. Que los tiempos son otros, no cabe duda. La proclama pasó desapercibida, hasta que los políticos han entrado en la pelea.

UNA "SOLUCIÓN POLÍTICA"​

La primera, Marine le Pen. Dos días después remitió a la misma publicación una carta abierta. "Como ciudadana, mujer y política, suscribo vuestro análisis y comparto vuestra aflicción. Como vosotros, creo que es deber de todos los patriotas (...) levantarse por la salvación del país".

Y ahí, la líder de la extrema derecha y candidata a las presidenciales del próximo año, echa el freno. Porque la indignación "exige la búsqueda de una solución política". Por ello, les invita "a tomar parte en la batalla que comienza, un batalla política y pacífica".

En el otro extremo del arco político, Jean Luc Mélenchon, líder de los insumisos de extrema izquierda, se indigna "ante la sorprendente declaración de unos militares que se arrogan el derecho a llamar a sus camaradas en activo a un intervención contra los islamoizquierdistas".

LOS MILITARES EN ACTIVO SERÁN SANCIONADOS​

El Gobierno parece haber querido enfriar la polémica. Sólo este lunes la ministra de los Ejércitos respondió con una tribuna en 'Libération'. "¿Quienes son estos militares que pretenden defender a Francia cuando atizan el fuego del odio?" Afirma que sólo "se representan a ellos mismos" y que "querer politizar a los militares es insultar su misión".

En el ministerio se analiza la lista de firmantes. Si hay militares en activo, serán sancionados. El primer firmante es el general Christian Piquemal, expulsado de filas tras manifestarse en 2016 en Caláis contra "la islamización de Europa". El texto, según 'Le Monde' ha sido redactado por un antiguo oficial de la Gendarmería, Jean Pierre Fabre Bernadac, próximo a los chalecos amarillos.

 

Dos menores intentan apuñalar a un joven que les pidió que bajaran el volumen de la música en el metro​

Dos menores propinaron una brutal paliza e intentaron apuñalar a un joven de 18 años en Paterna tras discutir con él porque momentos antes les había pedido que bajaran el volumen de la música que escuchaban en un vagón del metro. Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la estación de Metrovalencia cuando la víctima bajó del tren.

Los agresores, que tienen 14 y 15 años, se abalanzaron sobre el joven y uno de ellos intentó clavarle una navaja. Fueron momentos de gran peligro en los que la víctima llegó a temer por su vida. Los vigilantes de seguridad del metro acudieron con urgencia para separar a los menores de raza negra y los retuvieron hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local de Paterna.

Pocos segundos después, varios familiares y amigos de los agresores acudieron a la estación e insultaron a los agentes y la víctima. El grupo de individuos profirió graves amenazas y uno de ellos empujó incluso a un policía local. «¡Esta noche vais a dormir en el cementerio!», «¡hijos de puta!», ¡racistas de mierda! y «¡os vamos a mata!», gritaron los jóvenes. También intentaron impedir la detención de los menores y amenazaron de muerte al chico agredido.

Varias patrullas de la Policía Local y Policía Nacional de Paterna acudieron con urgencia al lugar para apoyar a los dos agentes, que no podían controlar al grupo de jóvenes violentos debido a su inferioridad numérica, y desalojaron a estos individuos de la estación.

Uno de ellos grabó con su teléfono móvil la actuación policial y luego difundió las imágenes en una red social tras acusar a los agentes de racistas, una discriminación que se inventó a juzgar por otros dos vídeos grabados por sendos policías.

El chico agredido fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova para que recibiera asistencia por las contusiones y hematomas que le habían causado los menores. Los agentes intervinieron la navaja, que uno de los agresores había tirado a unos arbustos, y trasladaron a los detenidos a la comisaría de Paterna para realizar las diligencias. El maquinista del tren fue testigo de la agresión y avisó a los vigilantes para que auxiliaran a la víctima.

 

El Gobierno ultima un real decreto para facilitar la residencia y el trabajo a miles de jóvenes inmigrantes​

La Secretaría de Estado de Migraciones ha puesto en marcha un cambio del reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar los trámites a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron a España de manera irregular. El objetivo es flexibilizar el conjunto de normas que se aplica a los niños y adolescentes inmigrantes y que dificultan la obtención de sus permisos de residencia y trabajo. Sin documentos, cientos de chavales, objetivos recurrentes de los ataques de la ultraderecha, están abocados a la marginalidad. El borrador del real decreto, adelantado por Eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, introduce cambios sustanciales para agilizar la concesión de papeles, incluirlos en el mercado laboral y evitar que miles de menores lleguen a la mayoría de edad como inmigrantes irregulares.

La reforma pone el foco sobre todo en los extutelados, los más desprotegidos ante la ley, y desenreda el nudo burocrático que enfrentan los menores cuando cumplen los 18 años. El cambio les facilitará la obtención de los permisos de residencia y trabajo, y su renovación. El texto pretende acabar con una dinámica que se repite constantemente: los jóvenes extutelados que no han sido documentados en los centros de acogida como marca la ley pasan, de la noche a la mañana, de ser niños protegidos a adultos en situación irregular. Al cumplir los 18 años, además, tienen que abandonar los centros y ya no son solo jóvenes sin papeles sino que la mayoría se convierte también en personas sin hogar. Así, todos los recursos que las comunidades autónomas hayan invertido en su formación e inclusión durante el tiempo que han pasado acogidos sirven para poco: sin documentos no pueden trabajar y quedan condenados a la exclusión.

Requisitos imposibles​

Las trabas también son importantes para aquellos que sí lograron permisos de residencia mientras estaban tutelados pero que, a la hora de renovarlos como adultos, no consiguen cumplir los requisitos. Uno de ellos es contar con ingresos de más de 500 euros al mes, una exigencia imposible si, como suele ser habitual, no cuentan con permiso para trabajar. Aun logrando cumplir con todas las exigencias que marca la ley, la autorización que se les otorgaba es a título no lucrativo —como las que suele concederse a las parejas de expatriados— y no les permite trabajar.

Todas estas barreras acabaron llegando al Tribunal Supremo, tras ser denunciadas durante años por ONG y abogados, pero el tribunal falló complicando aún más el procedimiento. La doctrina del alto tribunal pasó a exigir que los mayores de 19 años, en su primera renovación, tuviesen que acreditar unos ingresos propios, en caso de no trabajar, superiores al 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); es decir, por encima de 2.000 euros al mes. La sentencia, que comenzó a llevar a cientos de jóvenes a la irregularidad, fue el empuje definitivo para que Migraciones abordase la reforma del reglamento.

El real decreto acaba con este permiso no lucrativo para los jóvenes migrantes porque “no se ajusta a la realidad del colectivo” y rebaja los requisitos para renovar u obtener la autorización de residencia y trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Los ingresos mínimos exigidos se calculan ahora en base al Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual (469,9 euros). Esa cantidad puede provenir de un empleo, pero también de ayudas sociales, una fórmula más flexible que antes no se permitía. La exigencia económica, además, no será necesaria si el joven está acogido en alguna institución que garantice su manutención. Sí deberán presentar informes positivos de integración y formación de la entidad que le acogió y demostrar que no tienen antecedentes penales.

Aunque los datos no son del todo fiables, las comunidades autónomas acogen oficialmente unos 9.000 menores extranjeros, la inmensa mayoría mayores de 16 años. La reforma beneficiará además retroactivamente a otros cientos de jóvenes que han llegado a la mayoría de edad en los últimos cinco años y que perdieron o no lograron sus permisos por no cumplir con las exigencias que ahora se eliminan. Los cambios incluyen también un impulso de la tramitación telemática que debería agilizar los procesos.

El resto de modificaciones pretende que los más pequeños logren estar documentados cuanto antes. Se suprime así el plazo máximo de nueve meses que fija el reglamento para conceder el permiso de residencia a los menores que llegan a un centro de acogida. Según la ley, los menores extranjeros tutelados no se consideran irregulares en ningún caso, pero este requisito de los nueve meses planteaba, según el borrador, “una rigidez innecesaria”. En muchas ocasiones, además, ese plazo máximo era interpretado como un plazo mínimo llevando a los tutelados a un “vacío documental”. La nueva redacción fija que se empiece a tramitar los documentos, aunque sean provisionales, en un plazo de 15 días.

Permiso de trabajo desde los 16 años​

La nueva redacción del reglamento también contempla que la tarjeta de residencia que se les tramite deberá incluir una autorización para trabajar en el caso de los menores de 16 y 17 años. La posibilidad de buscar un empleo en igualdad de condiciones que los españoles comenzó a impulsarse ya en marzo del año pasado con una instrucción de Migraciones, pero hasta ese momento el número de jóvenes que podía empezar a trabajar de forma legal al cumplir 16 años era anecdótico por, una vez más, los trámites exigidos para tramitar ese permiso.

El hecho de que obtengan esta documentación no impedirá, en el caso de que se considere que es la mejor opción para el menor, la repatriación a su país de origen. Esta vía, en cualquier caso, no suele prosperar en España, tanto por la falta de colaboración de los países de origen como por las garantías que debe cumplir el proceso, pues tiene que tener en cuenta la voluntad del menor.

El nuevo texto evitará también que los niños y adolescentes extranjeros tengan que renovar sus permisos cada año. La primera autorización tendrá ahora una vigencia de dos años y la renovación le cubrirá por otros cinco años más, en el caso de que siga siendo menor de edad. Los mayores, cuando les caduque la tarjeta de residencia, podrán renovarla por dos años más y optar, según cada caso, a un permiso de larga duración.

La modificación del reglamento no es tan ambiciosa como la reforma de la propia ley de Extranjería que prometió nada más asumir el cargo, en febrero del año pasado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Pero es, probablemente, la medida de más calado que ha planteado su ministerio en el ámbito de las migraciones. Los menores extranjeros han sido una prioridad en la Secretaría de Estado de Migraciones, los extutelados fueron además uno de los colectivos que se incluyó en el Real Decreto que se aprobó durante el primer estado de alarma para llevar trabajadores al campo. La medida permitió a varios centenares de jóvenes inmigrantes que no podían trabajar conseguir su primer salario de forma legal.

Las organizaciones dedicadas a la atención de la infancia migrante, así como el Defensor del Pueblo, llevan años denunciando absurdos burocráticos y pidiendo modificaciones. Las ONG coinciden en la importancia de esta reforma para combatir la exclusión social del colectivo. También es la que primero llega. El diseño de un modelo más eficiente en la atención a los niños migrantes, en manos ahora del Ministerio de Derechos Sociales, lleva en discusión desde 2018. El texto se someterá ahora a la evaluación de otros ministerios y necesitará el informe del Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros.

 

El Gobierno confirma que los centros de acogida de migrantes serán permanentes​

El PP ve una clara intención de convertir Canarias en «una cárcel» y CC advierte de que el Estado planea ampliar las plazas estables

El Gobierno estatal tiene previsto que la mayor parte de las 7.000 plazas de acogida habilitadas dentro del plan Canarias para dar respuesta a la crisis migratoria se conviertan en estables, en previsión de futuros incrementos de llegadas masivas a las costas isleñas. Así lo ha confirmado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita de los diputados canarios del PP en el Congreso, en la que se señala que «uno de los objetivos fundamentales» del plan que se está desarrollando en Canarias es «habilitar una infraestructura de acogida que quede instalada de forma permanente», con la finalidad de poder proporcionar una atención humanitaria en condiciones dignas «independientemente del nivel de flujos de llegadas a las islas».

La respuesta gubernamental justifica la decisión de establecer centros de acogida permanente en el archipiélago porque «Canarias es la comunidad autónoma donde se produce el mayor número de llegadas a costas», aunque puntualiza que la Secretaría de Estado de Migraciones considera «clave» que exista un reparto de responsabilidad entre los diferentes territorios en los que existen plazas de acogida. El Ejecutivo estatal asegura además que el objetivo de la responsabilidad compartida «se está consiguiendo» mediante la autorización del Ministerio de Interior para que se realicen traslados desde Canarias a la península de migrantes con un perfil de especial vulnerabilidad.

La diputada del PP por Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita, coautora de la pregunta escrita, considera «muy preocupante» la contestación del Gobierno, porque a su juicio denota que no existe una política migratoria coordinada y transversal que permita abordar el fenómeno migratorio con garantías de eficacia. «Lo que sospechábamos se ha confirmado», señala, «hemos preguntado al Gobierno qué papel otorga a Canarias y cuál es su modelo de gestión de la inmigración, y entre varias respuestas ambiguas lo único que deja claro es que las 7.000 plazas de acogida instaladas no tienen carácter provisional ante una situación puntual, sino que van a ser permanentes, es decir, que quieren convertir las islas en una cárcel para inmigrantes, como Lampedusa o Lesbos», añade la diputada.

El Estado quiere una infraestructura de acogida estable en las islas, al margen del flujo de llegadas​

Por otro lado, el senador de CC por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, advierte que el Gobierno tiene previsto ampliar las plazas de acogida ya existentes en Canarias hasta casi duplicarlas, en previsión de nuevas llegadas masivas a partir de verano. El parlamentario nacionalista sustenta su afirmación en una respuesta del Ejecutivo central, fechada el 26 de abril, en la que además de afirmar que ya se han solventados las carencias detectadas en relación a la atención a los migrantes, se señala que «se están impulsando los trabajos para habilitar más de 6.000 plazas de acogida adicionales a las que se habían habilitado ya a mediados de 2020 en Canarias». El Gobierno recalca asimismo en la respuesta remitida Clavijo que una parte de las plazas «tendrá carácter permanente para afrontar en el futuro hipotéticas llegadas sin necesidad de acudir a dispositivos de emergencia».

 

Entierran sus pasaportes al llegar a Canarias para evitar ser deportados​

Nada más llegar a Lanzarote tras un duro viaje de cuatro días en patera, antes incluso de beber agua, tres jóvenes marroquíes corrieron a enterrar sus pasaportes en un descampado, en mitad de la nada, porque consideraron que así evitarían ser devueltos.

Cuando a principios de abril se subieron al cayuco que salió desde el sur de Marruecos ya lo tenían todo pensado: al arribar a Canarias ocultarían sus pasaportes, que llevaban escrupulosamente plastificados y protegidos, para evitar que la Policía los identificase y los devolviera a su país, de donde se fueron por falta de oportunidades laborales.

Nada más llegar a Lanzarote tras un duro viaje
de cuatro días en patera, antes incluso de beber agua, tres jóvenes marroquíes corrieron a enterrar sus pasaportes en un descampado, en mitad de la nada, porque consideraron que así evitarían ser devueltos.

Cuando a principios de abril se subieron al cayuco que salió desde el sur de Marruecos ya lo tenían todo pensado: al arribar a Canarias ocultarían sus pasaportes, que llevaban escrupulosamente plastificados y protegidos, para evitar que la Policía los identificase y los devolviera a su país, de donde se fueron por falta de oportunidades laborales.

Estos papeles, a los que consideran "su corazón", son el salvoconducto que les permitirá viajar esta semana a la Península para reencontrarse con sus familiares.

Su pérdida hubiera supuesto un fracaso que no les hubiese permitido continuar con su tránsito migratorio, asegura Loueila Mint El Mamy, quien considera que enterrar los pasaportes fue "un mecanismo de supervivencia".

Después de que llevasen ocho días ocultos en una zona descampada, su abogada, siguiendo las indicaciones de los jóvenes a través de una videollamada, los recuperó con el objetivo de ayudarles a solucionar su situación administrativa.

Se encontraban "en mitad de un descampado" de la localidad de Arrieta, en el norte de Lanzarote, y cuidadosamente doblados y colocados debajo de una placa sobre la que hay colocada una señal de tráfico, lo que le permitió encontrarlos con sus propias manos con relativa facilidad.

"Cuando se los enseñé se les iluminó la cara de alegría", afirma la abogada, quien indica que esta "anécdota" refleja el miedo que tienen los inmigrantes a ser devueltos, lo que hace que muchos de ellos viajen sin documentación.

"El pasaporte es su corazón y la solución a todos sus problemas aquí", manifiesta Loueila Mint El Mamy, quien ya les ha entregado su documentación para que puedan viajar sin problemas a la Península.

Con los pasaportes en las manos, ya sin plastificar aunque algo deteriorados tras ser escondidos varios centímetros bajo tierra, confían en que podrán irse en los próximos días del campamento de Las Raíces.

"Insahallah", agregan estos tres jóvenes marroquíes, quienes esperan que haya merecido poner en riesgo su vida y también sus "corazones", sus pasaportes, en el viaje a Canarias.