El PSOE dice que España necesita 250.000 inmigrantes más al año para sostener las pensiones​

El PSOE hace una llamada a la inmigración legal en plena crisis de llegadas de pateras con inmigrantes ‘sin papeles’ a las Islas Canarias, un problema que dista mucho de haberse solventado. La exministra de Trabajo socialista y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Magdalena Valerio, ha dicho este lunes en un foro que España necesita atraer a 250.000 inmigrantes al año para poder pagar las pensiones.

Aunque Valerio habla de una inmigración «regular, segura y ordenada», también es cierto que este mensaje puede ser concebido como un efecto llamada a la inmigración, justo en el peor momento: cuando España está sufriendo una nueva crisis migratoria en plena pandemia. Esta vez en las Islas Canarias.

Valerio ha hecho estas declaraciones en el Foro Next ‘Pensiones: vía libre al Pacto de Toledo’. Mientras tanto, el tema de la inmigración sigue generando algunos problemas en el seno del Ejecutivo, ya que Podemos es partidario de que los inmigrantes que llegan a las costas canarias sean derivados a otras comunidades autónomas por solidaridad, exigiendo una reforma de la Ley de Extranjería que facilite el asilo y rechace las deportaciones.

Valerio ha utilizado asimismo el siguiente argumento: que aunque la alta esperanza de vida sea concebida como un inconveniente para el sistema de pensiones, la realidad es que «es una buena noticia» el poder envejecer. Algo lógico, por otra parte.

España paga actualmente casi 10 millones de pensiones al mes, una cifra que subirá hasta los 15 millones en el año 2050, con el consiguiente gasto que ello lleva aparejado.

Mientras tanto, sigue habiendo problemas con la inmigración irregular que llega a Canarias. El presidente de estas islas Ángel Víctor Torres ha asegurado que «no podemos pertenecer a un país o a un continente que margina, para dejarlas abandonadas a su suerte, a las regiones a las que llega la inmigración irregular», en referencia a la crisis que se está produciendo las islas ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales.

Torres también arremete contra UE porque opina que «ha fallado» en su gestión migratoria derivada de la crisis del coronavirus y advierte que Canarias tiene «límites» y se va a «rebelar» contra quienes pretendan hacer como que Canarias «no es Europa».

Más recetas de Valerio para pagar las pensiones​

En este sentido, Valerio ha señalado que, para afrontar el coste de las pensiones, España no sólo necesita inmigrantes, también fomentar la natalidad, para lo que precisa facilitar la conciliación laboral y familiar. En cuanto a la edad de jubilación, la exministra ha recordado que una de las recomendaciones acordadas recientemente en el Pacto de Toledo es la de hacer que la edad real de retiro vaya coincidiendo con la legal.

Para ello, Valerio subraya que las jubilaciones anticipadas «tienen que ir a menos» y que debe fomentarse la prolongación de la vida laboral de manera voluntaria. «Hay personas que no saben que incentivar su vida laboral va a incrementar la pensión posterior», ha afirmado al respecto.

Los expertos piden reformas más profundas y mejor enfocadas al Pacto de Toledo​

Mientras que la mayoría de las fuerzas políticas parece que han llegado a un acuerdo para reformas las pensiones, que tendrá que concretarse como una nueva reforma del sistema -ya ha habido dos desde la anterior crisis-, dos de los expertos más reputados sobre las pensiones han avisado de que el Pacto de Toledo llega a conclusiones «contradictorias» y, en algunos casos, peca de «optimismo».

Según José Antonio Herce, por ejemplo, de las 22 recomendaciones que se han puesto sobre la mesa, sólo 8 tendrán efectos económicos reales en el sistema. Lo peor es que este impacto en las cifras no está cuantificado y tres de las medidas, de hecho, irá en contra de la sostenibilidad futura del sistema. «Si estas recomendaciones fueran ya ley, no sabríamos qué hacer, porque son ambiguas y contradictorias», llegó a decir. «No está claro cómo se reconcilian la solidaridad y la contributividad del sistema», concluyó.

Por su parte, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, advierte de que las recomendaciones del Pacto de Toledo «pecan de excesivo optimismo». A su juicio, se está dando a entender que se puede mantener la generosidad del sistema actual de pensiones sin muchos problemas. Sin embargo, este experto avisa que esta idea no se corresponde con la realidad, pues los recursos «no son infinitos». «Da la impresión de que nos están diciendo que el sistema no tiene un problema real, sino contable», concluye.

 
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El Gobierno destina 16,4 millones para atender a ‘menas’ en Canarias, Ceuta y Melilla​

La ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que las subvenciones se ejecutarán «vía decreto»

El Gobierno ha aprobado subvenciones directas que ascienden a 16,4 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla ante el aumento de las llegadas en esos territorios en 2020 y por «razones de interés social y humanitario».

Según ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, se aprueban esas cantidades «vía decreto» ante la necesidad de tomar medidas «para atender de manera inmediata» a los menores extranjeros que han llegado solos a España. De esa cantidad, 10 millones se entregan para esa atención y acogida de los menores migrantes al Gobierno de Canarias y otros 6,4 millones a Ceuta y Melilla.

Según los reales decretos que regulan la concesión directa de esas subvenciones, divulgados por Vicepresidencia de Derechos Sociales al Consejo de Ministros, esas cantidades se destinarán a actividades de atención inmediata y acogida de los menores, así como para la información, orientación y apoyo psicosocial del menor extranjero no acompañado, su escolarización, su inclusión social o su formación e inserción profesional.

Argumentan que Canarias y las ciudades autónomas están afectadas por «una mayor presión migratoria que otros territorios al ser puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa».

Los decretos exponen que el fuerte incremento de menores que han llegado en 2020 a las costas canarias y a las ciudades autónomas ha obligado a aumentar las previsiones y recursos disponibles de los servicios de protección para otorgarles la protección y la atención necesaria «para dar respuesta a sus derechos y a sus necesidades específicas, que no pueden ser satisfechas por los medios regulares de los que dispone esta comunidad autónoma».

El Gobierno recuerda que son las comunidades las competentes de la protección de la infancia en sus respectivos territorios y que el decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración.

Las subvenciones son compatible con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

 

El Gobierno aprueba 40 millones para atender la llegada de inmigrantes a Canarias​

El Consejo de Ministros ha acordado este martes destinar 40 millones de euros del fondo de contingencia para atender el repunte de llegadas de inmigrantes al archipiélago canario.

Según recuerda el Gobierno, existe un programa para atender el estado de necesidad de los inmigrantes en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, personas que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación.

A través de estas dotaciones se financia la acogida integral a personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como los traslados de las personas llegadas a costas, la atención de emergencia, la atención en centros diurnos y en grandes ciudades y la atención en asentamientos, añade.

En el caso concreto de Canarias, resalta el Ejecutivo, se ha registrado un aumento de las llegadas de inmigrantes a sus costas muy significativo. A ello se añade la emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus, que "ha desencadenado una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, y con especial impacto sobre determinados colectivos caracterizados por su vulnerabilidad, tales como los inmigrantes" que llegan a España.

Debido a la pandemia, ha disminuido el número de plazas disponibles para la atención humanitaria al limitar los aforos de los centros, lo que ha obligado a bloquear plazas para la realización de cuarentenas o aislamiento de personas residentes en centros.

Asimismo, esta crisis sanitaria ha supuesto también un aumento de tiempo de estancia en los centros, disminuyendo la capacidad de los mismos para acoger a personas recién llegadas.

Entre las soluciones habilitadas de forma transitoria se ha tenido que contratar alojamientos turísticos para hacer frente a la situación y no dejar a ningún migrante sin él.

Todo ello "ha tenido lugar mientras se desalojaban instituciones educativas y deportivas, a la vez que se realizaban pruebas PCR en costa a todos los migrantes para garantizar la seguridad en materia sanitaria", agrega la referencia del Consejo.

Para poder atender las necesidades en lo que queda de año en Canarias, se ha declarado como emergencia la construcción, montaje y desmontaje de instalaciones provisionales, así como la atención sociosanitaria de urgencia, acogida, suministro de material para cubrir necesidades básicas, ayudas económicas mínimas, traslado y cualquier otro servicio que se considere necesario.

Una serie de necesidades que el centro gestor ha cuantificado en 40 millones de euros, concluye.