Marroquí detenido en las naves del Tarajal tras abrirle la ceja a un trabajador de Cruz Roja​

Hasta tres vigilantes de seguridad tuvieron que emplearse para reducir al violento y entregárselo a la Policía Nacional

Un trabajador de la Cruz Roja ha sido brutalmente agredido en la jornada de ayer viernes por un marroquí residente en las naves del Tarajal. El operario de la 'oenegé', un conocido ex jugador de la AD Ceuta, recibió un fuerte golpe con una barra en el rostro a la altura del ojo que le produjo una severa brecha en la ceja por la que necesitó que se le practicaran 5 puntos de sutura.

Los hechos se produjeron a la hora del almuerzo, en la jornada de ayer viernes. Según indican las fuentes, una de las naves se convierte en comedor y en el protocolo de actuación, Cruz Roja, cuando se lleva a cabo el horario de comidas, no ha de realizarse en la nave tareas domésticas, ni otra cualquiera para centrarse exclusivamente en atender a los turnos de comida. En estas circunstancias, sobre las 14:30 horas uno de los residentes trasladaba ropa al exterior, por lo que fue conminado por un trabajador de la Cruz Roja sin esperar la violenta actitud del residente que contestó lanzándole un tablón de madera, sin mediar palabra, que pudo esquivar en un primer momento el trabajador. Tras este hecho, el operario recriminó esa actitud y ello fue contestado con una agresión con objeto contundente (una barra) que tenía en la mano el marroquí lo que le produjo al trabajador una herida inciso contusa en la ceja. En ese momento, los vigilantes de seguridad actuaron para frenar al residente, y hasta tres vigilantes tuvieron que emplearse para reducir al individuo que mostró aún más violencia.

Tras reducirlo, la Policía Nacional, que llegó tras el aviso en muy poco tiempo, según indican fuentes de la 'oenegé' lo condujo detenido hasta Comisaría, donde quedó a disposición judicial por agresión y daños.

En las naves del Tarajal, bajo gestión de Cruz Roja, cedida por la Ciudad Autónoma en acuerdo con Delegación del Gobierno, para atender a los marroquíes tras los acontecimientos de mayo que derivaron en invasión de marroquíes, ya sólo quedan 3 naves operativas, de las 4 que adquirió la Ciudad. En estos momentos son unos 400 los marroquíes (incluso algunas familias) los que se encuentran en ellas.

A pesar de estas circunstancias, se prevé la reducción del personal de vigilancia de seguridad privada para los próximos días.

 
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Agreden a dos guardias civiles al grito de “¡aquí mandamos los árabes!”​

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sienten “vendidos”. Y es que, los intentos del Gobierno por reformar la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana no solo provoca una “inseguridad jurídica” sino que está generando una preocupante pérdida de respeto hacia los agentes que cada día se enfrentan a agresiones y amenazas en el desempeño de su trabajo.

Así ocurrió el pasado fin de semana cuando dos guardias civiles en prácticas fueron “acorralados” cuando se encontraban fuera de servicio, tomando algo en la discoteca Ébano de Peñíscola, después de haber sido reconocidos como miembros del Cuerpo.

En el interior de la discoteca, un grupo de cinco personas, de varias nacionalidades, predominantemente marroquíes, siendo conocidos delincuentes habituales de la zona, reconocieron a los guardias civiles y comenzaron a acosarles en el interior del local. “Os esperamos fuera”, fue la amenaza. Ante esto, los agentes decidieron no salir de la discoteca y esperar al cierre del mismo con la confianza de que se hubieran marchado, pero les estaban esperando. Fue entonces, al cierre del local cuando salieron y al grito de “¡aquí mandamos los árabes!”, recalcando que la Guardia Civil ahí no pintaba nada, comenzaron a agredir a los agentes.

Según ha podido saber LA RAZÓN fueron hasta diez los detenidos como participantes de la agresión. Entre los agresores destacaba un dominicano, converso al islam, y federado en boxeo, que no solo se dedicó a proferir a los agentes numerosos golpes sino que arengó al resto para que se sumaran a la paliza.

Incidente en Vinaroz​

Pero ese no es el único incidente vivido en la Comunidad Valenciana, en menos de siete días, contra guardias civiles.

El viernes, un grupo de Menas –menores extranjeros no acompañados- fueron detenidos por la Guardia Civil, siendo éstos, además, viejos conocidos por los agentes por sus continuas fechorías. En concreto, ese día recibieron un nuevo aviso: habían secuestrado a una joven a punta de navaja y se la habían llevado por los cajeros para atracarla.

Una vez que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial, el juez ordenó que uno de los Mena fuera trasladado al Centro de Menores de Vinaroz (Comunidad Valenciana). Fue entonces, cuando se procedió al ingreso de este menor extranjero no acompañado cuando comenzó a autolesionarse con un cuchillo parecido a los que se usan para la mantequilla. Cuando los agentes intentaron reducirle, el menor lesionó a una guardia provocándole un corte en un dedo de la mano. Después, fue contra el otro agente a quien le clavó el cuchillo en el muslo de la pierna, aunque este no llegó a traspasar la carne al ser de punta roma.

Indefensión​

El Ministerio del Interior se comprometió en septiembre a crear en la Policía Nacional y en la Guardia Civil grupos específicos para perseguir delitos de odio, en las unidades centrales y provinciales de información. Además, dijo que desarrollaría herramientas para evaluar el riesgo de las víctimas. Pero, ¿y cuando el odio es contra la Guardia Civil? ¿Quién les protege?

Los agentes ven cada vez más mermada su autoridad y, ante la amenaza de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, tratan de hacer un frente común y han lanzado un llamamiento a todas las organizaciones policiales y asociaciones profesionales para que se unan, con el único objetivo de proteger a los policías de “una reforma legal que agrava nuestra actual situación de indefensión”. “Se trata de una reforma que limitará la capacidad de actuación policial ante eventos de gran conflictividad social. Esta reforma impide cumplir con los deberes que impone nuestra Constitución, en especial la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La reforma de la Ley vigente compromete la seguridad, no sólo de los policías sino de toda la sociedad en su conjunto”, agregan.

 

El joven del coma diabético en el 'avión patera' de Mallorca, buscado por agredir a unos policías en Marbella​

A los agentes que lo arrestaron los habría amenazado con frases como: «Tengo la vida para buscaros y mataros, voy a violar a vuestras hijas, me da igual que me caigan 20 años»

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Dos de los detenidos tras el aterrizaje forzoso en el aeropuerto balear, al pasar a disposición judicial.

Yassine ocupaba el asiento F de la fila 4 del vuelo de la compañía Royal Air Maroc entre Casablanca (Marruecos) y Estambul (Turquía), más conocido por ser el primer 'avión patera' de Europa. Él fue quien, supuestamente, fingió un coma diabético para provocar el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Mallorca.

El ardid permitió que 22 jóvenes marroquíes y un palestino huyeran por las pistas del aeropuerto balear, una situación que la jueza describe como un «caos» sin precedentes en el espacio aéreo europeo y de «dimensiones internacionales»: paralizó la actividad durante tres horas, ocasionó el desvío 11 vuelos a Ibiza y Menorca, y obligó a cancelar otros 22.

La policía cree que la enfermedad era el último eslabón de un plan preconcebido que se urdió en un grupo de Facebook llamado 'Brooklyn'. Los agentes del Grupo IV de la Ucrif de Palma de Mallorca pudieron recuperar algunos de los mensajes difundidos en la red social, pese a que ya habían sido borrados. Una de esas publicaciones es casi la crónica anunciada de lo que pasó en el aeropuerto. La jueza lo reproduce literalmente en uno de sus autos por el valor probatorio del texto:

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Traducción del mensaje en Facebook que la policía incorporó al atestado y la jueza a los autos del caso.

La pieza clave de ese plan era Yassine, un joven de 24 años, natural de Marruecos, que quería volver a España y que presuntamente hizo de señuelo para provocar el aterrizaje de emergencia. Por los síntomas que mostraba, un doctor que iba a bordo (la magistrada precisa que el médico no fue uno de los que posteriormente huyeron) dijo que el pasajero del 4F posiblemente estaba sufriendo un coma diabético.

El avión tomó tierra en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca la tarde del 5 de noviembre. A las 18.25 horas, Yassine fue trasladado junto a un amigo en ambulancia al Hospital Son Llatzer. El acompañante aprovechó para escapar poco después de llegar al centro sanitario.

Tras realizarle varias pruebas, el médico de urgencias que atendió a Yassine constató que no presentaba signos de «patología urgente» ni enfermedad «objetivable en el momento actual», por lo que le dio el alta.

Lo que probablemente no sabía Yassine es que sobre él pesaba una requisitoria del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que lo puso en busca y captura para sentarlo en el banquilo por enfrentarse en Puerto Banús a cuatro policías locales. Ese fue el (primer) motivo de su detención en el hospital, aunque posteriormente le añadirían cargos por sedición y favorecimiento de la inmigración irregular.

Sucedió el 17 de agosto de 2020, sobre las 7.05 horas. La sala del 092 recibió una llamada que informaba de una pelea tumultuaria en la avenida de las Naciones Unidas, en Puerto Banús. Cuando la primera patrulla iba de camino, se registró un segundo aviso que alertaba de que se había producido también un atropello.

Al llegar, los agentes vieron a un muchacho que intentaba meterse debajo de una furgoneta de Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental. El conductor pensó que intentaba simular un atropello.

El joven estaba muy nervioso. Iba desnudo de cintura hacia arriba, sangraba por la boca y por la nariz y tenía señales de golpes por todo el cuerpo. Dijo que le había agredido y que le habían robado el móvil, pero modificaba constantemente su versión sobre cómo habían sucedido los hechos.

Mientras lo atendían, unos viandantes se acercaron a los policías y les informaron de que el joven, efectivamente, había estado implicado en una pelea. Pero también señalaron que el chaval llevaba un rato buscando bronca y que incluso había interferido el tráfico hasta que, finalmente, fue agredido por un grupo de unas 20 personas.

El empleado de una pizzería cercana corroboró esta versión y además contó que el joven había estado lanzando piedras contra su establecimiento al tiempo que provocaba a todas las personas que se encontraban en la zona.

Lejos de calmarse, Yassine cargó entonces contra los policías locales, a los que supuestamente amenazó con frases como: «Tengo la vida para buscaros y mataros, voy a violar a vuestras hijas; soy un asesino, me da igual que me caigan 20 años».

Los agentes le pidieron que se identificara e indicara su domicilio. Según fuentes policiales, se negó a facilitarlo y proporcionó diferentes nombres. Luego cogió su cinturón, se lo ató al cuello y dijo que se iba a matar, intentando arrojarse a la avenida.

Otra dotación acudió en apoyo de sus compañeros. Entre los cuatro trataron de quitarle el cinturón del cuello y mantenerlo en la acera. El joven, según la versión policial, reaccionó con violencia, dando golpes, empujones y una patada a un agente.

Mientras trataban de reducirlo, escupió «sangre y saliva» a los cuatro funcionarios -a uno de ellos lo alcanzó en la cara, el cuello y un brazo- mientras manifestaba que iba a contagiarles. Cuando lograron introducirlo en el patrulla, continuó profiriendo amenazas y se golpeó la cabeza contra el cristal hasta que terminó por romper la puerta trasera derecha.

En el Hospital Costa del Sol mantuvo la misma actitud. Lanzó una patada en la cabeza al vigilante de seguridad, que logró esquivarla «a duras penas», y se resistió a tumbarse en una camilla. Hubo que sedarlo e inmovilizarlo de pies y manos.

Cuando le tomaron la temperatura, tenía 38 grados, lo que obligó a los agentes a hacer cuarentena por el riesgo de contagio. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico ni en el escrito de acusación de la Fiscalía consta si finalmente dio positivo en Covid-19.

Al cachearlo, los policías encontraron, ocultos en sus genitales, un formulario de solicitud para el permiso de residencia -estaba en situación irregular en España- y un pasaporte marroquí. El nombre no coincidía con ninguno de los que proporcionó. Era Yassine, al mismo joven al que ahora se investiga por fingir el coma diabético en el avión.

Por los hechos sucedidos en Marbella, la Fiscalía lo acusa de atentado a la autoridad, dos delitos leves de lesiones y daños. Pide para él una condena de un año y nueve meses de cárcel, una multa total de 8.280 euros y dos indemnizaciones: una de 210 euros para uno de los policías lesionados y otra de 528 euros para el Ayuntamiento por los desperfectos en el coche patrulla.

El juzgado trató de localizarlo para comunicarle el auto de procedimiento abreviado, pero no lo consiguió. El 17 de diciembre de 2020, lo puso en busca y captura. Yassine ya había vuelto a Marruecos y no habían vuelto a saber de él hasta el aterrizaje del 'avión patera' en Mallorca.

Yassine ha ingreso ya en prisión junto a otros 11 supuestos participantes del plan de fuga que -en palabras de la jueza- «puso en entredicho la seguridad del tráfico aéreo». Entre los encarcelados también está el joven que lo acompañó al hospital. De los 13 restantes, dos fueron devueltos al avión y 11 continúan a la fuga.

 

Interior declara secreto de Estado todas las subvenciones a fondo perdido a Marruecos​

Marlaska, tras las crisis de Ceuta, alega ante Transparencia que el dinero que se entrega sin contraprestaciones no puede ser fiscalizado

La entrada ilegal de cerca de 800 menores marroquíes a Ceuta el pasado mayo durante la mayor crisis migratoria con el país vecino ha desatado una avalancha de preguntas al Gobierno sobre su relación con Rabat en el Portal de Transparencia, la plataforma que en teoría, desde 2013, debe responder todas las dudas que los ciudadanos tienen de la actuación de la Administración central.

Sin embargo, y a pesar de que la inmensa mayoría de las preguntas planteadas por privados o instituciones son sobre simples subvenciones y ayudas de carácter público -y por tanto no se refieren a materias reservadas que hayan sido clasificadas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968- el Ministerio del Interior ha decidido no hacer público ningún detalle de este dinero que se ha entregado a Rabat a fondo perdido en los últimos meses.

La negativa ante el Portal de Transparencia a facilitar la más mínima información del dinero que ha salido de las arcas españolas con destino a Marruecos en concepto de «cooperación policial» y la determinación de no facilitar un solo dato de las manos en las que han acabado esos fondos lleva la firma de Elena Garzón Otamendi, directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Las demandas de información del destino de subvenciones públicas (no sujetas a la consideración de fondos reservados) que desde la primavera pasada se vienen sucediendo en Transparencia se están encontrado con el mismo frontón: desvelar el dinero y el destino de ese dinero provocaría un daño a la «seguridad nacional», amén de perjudicar «las relaciones internacionales desarrolladas por el Reino de España».

Sin detalles​

Aunque las demandas en el portal en el que la Administración central debería responder en qué gasta el dinero son muy concretas (incluso hay ciudadanos que preguntan por partidas específicas de «ayudas en cooperación policial internacional»), Interior se escuda, sin ahondar en más detalles, en que se trata de cuestiones que el Gobierno puede vetar a la opinión pública en atención a la Ley de Transparencia por tratarse de asuntos que afectan a excepciones previstas en los artículos 14.1.a, c y d de la normativa de 2013 (cuestiones que afectan a la «seguridad nacional», las «relaciones exteriores» y la «seguridad pública»).

Garzón, mano derecha del ministro en cuestiones migratorias, insiste en sus resoluciones en que la administración tiene derecho, aunque no se trate de fondos reservados declarados con tal, a ocultar a la ciudadanía qué dinero y a dónde van a parar esas subvenciones al país vecino. «Resulta necesario exceptuar la aplicación de los principios generales de publicidad y concurrencia a las ayudas otorgadas en desarrollo de la política del Gobierno en el marco de la política exterior española y en el desarrollo de la política de seguridad», apunta la alto cargo de Grande-Marlaska en sus escritos.

Interior llega a asegurar en el Portal de Transparencia que desvelar a dónde van a parar los fondos que llegan a las autoridades marroquíes sería tanto como dar pistas a las mafias de la inmigración clandestina. «Se trata de información cuya difusión comprometería la eficacia de la política de seguridad de ambos países, especialmente en un ámbito como el de lucha de las redes criminales de tráfico y trata de personas e inmigración irregular, cuyo modus operandi fluctúa de forma constante, con la finalidad de evadir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abriendo nuevas rutas de tráfico irregular de personas», llegan a apuntar los documentos oficiales de Interior.

Revelar la cuantía de las ayudas y los receptores -entiende el Ejecutivo- equivaldría a «comprometer la eficacia de la cooperación desarrollada en un ámbito que tiene una repercusión directa en la seguridad interior e internacional, por el carácter transnacional de las redes criminales de tráfico y trata de personas, y por su conexión con otras actividades delictivas».

Pero la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería va más allá para defender que no va a facilitar información pública sobre el dinero que supuestamente se entrega a personas en Marruecos ni en concepto de qué. Destapar a dónde y a quién van a parar al otro lado del Estrecho los fondos públicos -llega a afirmar Interior solo días después de la crisis de los menores de Ceuta- quebraría la «confianza mutua» entre los dos países.

Por ello, zanja el departamento que dirige Grande-Marlaska, descubrir detalles sobre el dinero que va de la península al país vecino sería tanto como destapar «actuaciones relevantes para la seguridad», que incluso afectarían a la «Estrategia de Seguridad Nacional».

 

Ocho muertos, el saldo de un fin de semana con casi 500 inmigrantes intentando llegar a Canarias​

La muerte de 8 personas cuando trataban de alcanzar Canarias por mar es el triste saldo que ha dejado un fin de semana en el que el archipiélago ha recibido cerca de 500 inmigrantes que viajaban en una decena de pateras auxiliadas por Salvamento Marítimo, cuyo trabajo dio, al menos, una alegría: el rescate, sanos y salvos, de un bebé y de su madre a bordo de una de ellas.

Los esfuerzos de los equipos de rescate no pudieron evitar, con todo, el fallecimiento de esas 8 personas, halladas entre los 62 ocupantes de una patera localizada a 65 kilómetros al sur de Gran Canaria en la noche del sábado, 12 de los cuales fueron hospitalizados además por su mal estado, especialmente grave en el caso de tres de ellos, que fueron evacuados de urgencia en helicóptero, uno con una parada cardiorrespiratoria y dos con hipotermia severa.

Un velero francés que navegaba por la zona alertó inicialmente de la presencia de ese grupo de 62 ocupantes, al que siguió su rumbo sobre las seis de la tarde del sábado, momento en que, ante la lejanía de su posición, se contactó con un mercante próximo, el Nord Mosel, al que se solicitó que vigilara la zona hasta la llegada de la Guardamar Polimnia.

El grupo fue rescatado sobre las 21:30 horas, descubriendo que entre sus integrantes había 7 fallecidos y 3 que estaban especialmente graves.

Razón por la que, mientras se les procedía a izar a bordo, se solicitó la intervención de un helicóptero para su evacuación al hospital, fijando un punto de encuentro para que pudieran ser recogidos por la aeronave, han detallado desde Salvamento Marítimo.

Un muerto durante la travesía​

La Guardamar Polimnia continuó luego su ruta hasta arribar, ya pasada la medianoche, al muelle grancanario de Arguineguín, adonde llegó finalmente con una cifra de 8 fallecidos, al haber muerto uno más mientras navegaba hacia puerto, de acuerdo a los datos facilitados por el 112 una vez desembarcados todos los ocupantes de la patera.

Sin embargo, ésta no fue la única embarcación detectada por Salvamento Marítimo este fin de semana, que comenzó con el rescate de un total de 242 inmigrantes que se dirigían al archipiélago canario a bordo de cinco pateras entre la noche del viernes y las primeras horas de la mañana del sábado.

Trasladados los ocupantes de dos de ellas a Gran Canaria, de otras dos a Fuerteventura y de la quinta a Lanzarote, se comprobó que dos de esas personas presentaban problemas de salud que hicieron necesaria su hospitalización, aunque el resto tomaron tierra en buen estado, conforme a datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

La actividad de Salvamento Marítimo no se detuvo tampoco entre la noche del sábado y el amanecer del domingo, cuando, además del trágico descubrimiento de la expedición de la que formaban parte las ocho víctimas mortales, y merced a los radares del Servicio Integral de Vigilancia Exterior del archipiélago, se pudo localizar a otra patera a 24 kilómetros de Gran Canaria con 36 personas de origen magrebí, 34 hombres, una mujer y un menor de edad.

La buena noticia​

La mejor noticia del fin de semana se produjo en torno al mediodía del domingo, cuando se rescató a una madre y a su bebé viajando junto a 39 hombres, todos de origen magrebí, que habían pedido socorro alrededor de las 8 de la mañana al quedarse sin combustible en aguas situadas a 40 kilómetros al norte de Lanzarote, isla a la que fueron conducidos.

Salvamento Marítimo rescató aún a otros 32 inmigrantes el mismo domingo, después de que detectaran su patera a unos 27 kilómetros del faro de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, los radares del patrullero de la Armada Tornado, que navegaba no muy lejos, en torno al mediodía.

Movilizada en su auxilio la Salvamar Macondo, el buque militar se aproximó a la patera para escoltarla hasta que pudo llegar al lugar una hora más tarde, procediendo a izar a bordo a sus ocupantes, todos hombres de origen magrebí, que fueron llevados finalmente a Gran Canaria.

 

Un marroquí acuchilla a dos clientes de un bar durante una pelea en San Javier.​

Los agentes encontraron a varios clientes, uno presentaba un puñetazo en un ojo y un corte en el brazo derecho, y una mujer llevaba varios tajos en ambas manos.

Los otros dos implicados sufrieron magulladuras por los puñetazos que recibieron en la disputa.

Los heridos, todos marroquíes, señalaron a un compatriota suyo como la persona que había iniciado la pelea y el autor de las lesiones que presentaban.

 

Polonia alerta de la entrada de millones de inmigrantes en Europa si no se protege la frontera​

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha alertado este jueves de que los países europeos sufrirán una ola migratoria de "millones de personas" si los controles fronterizos siguen siendo "así de laxos".

En una entrevista con el periódico alemán Bild, el mandatario ha señalado que no descarta el riesgo de que se produzca una guerra ante los acontecimientos registrados en la frontera con Bielorrusia. "Si no somos capaces de evitar que entren ahora miles de migrantes, pronto serán millones los que traten de llegar a Europa", ha dicho.

Así, ha manifestado que si "no se protege y defiende de forma decisiva la frontera europea, millones de personas procedentes de África y Oriente Próximo tratarán de entrar, especialmente en Alemania".

Morawiecki ha descrito la situación en la frontera con Bielorrusia como "estable", si bien ha admitido que hay un "creciente peligro". "Las fuerzas bielorrusas cada día están provocándonos más. Espero que no vayan muy lejos", ha manifestado antes de indicar que "los polacos están determinados a proteger sus fronteras como sea, además de la frontera oriental de la UE".

En este sentido, ha dicho sentirse agradecido de tener el apoyo de Alemania y otros estados de la OTAN. "Un siguiente paso podría ser el de activar el artículo 4 del tratado de la OTAN, que determina la violación de los territorios y sienta las bases para las consultas entre los aliados, sin que haya aún necesidad de asistencia militar", ha explicado.

Para él, es difícil entender por el momento "cuáles son los planes de Rusia y Bielorrusia", pero ha matizado que "puede tratarse de una mera táctica para distraer la atención de nuevos ataques militares por parte de Putin en Ucrania".

Más de 500 intentos de cruzar la frontera en un día​

La Guardia Fronteriza polaca ha informado de que en las últimas 24 horas habrían tratado de cruzar la frontera otros 500 migrantes desde suelo bielorruso. "Esta noche, los bielorrusos intentaron cruzar ilegalmente la frontera en Dubicze Cerkiewne. Los servicios polacos detuvieron a un grupo de unos 100 migrantes", ha explicado el Ministerio de Defensa a través de las redes sociales.




También han acusado a la parte bielorrusa de participar de forma directa. Según los militares polacos, "los servicios bielorrusos realizaron un reconocimiento previo de la situación". "Al parecer, ellos rompieron la valla. Luego los bielorrusos obligaron a los migrantes a apedrear a los soldados polacos para desviar su atención. El intento de cruzar la frontera ocurrió a varios centenares de metros", han manifestado.

La situación en la frontera, donde se han congregado miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio que buscan entrar en la UE, se ha agravado desde la semana pasada. Las autoridades polacas han aumentado la seguridad fronteriza, reforzando la zona con ayuda del Ejército y frustrando los intentos de los migrantes de entrar en el país. Además, han acusado a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.

 

Detienen en Pilar de la Horadada a dos hermanos acusados de colaborar con el terrorismo yihadista​

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada a dos hermanos acusados de colaborar económicamente y enaltecer el terrorismo yihadista, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Se trata de dos hermanos de nacionalidad marroquí y que llevaban viviendo en esta localidad alicantina más de treinta años, según la información de las mismas fuentes. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional que les ha dejado en libertad con cargos y serán expulsados a Marruecos.

 

Regresan los 'manteros' a Madrid: "Amigo, puedes pagar por Bizum"​

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Tras patear la calle de Arenal alcanzaron su destino. Su paso era cauto. Sus miradas, inquietas, no paraban de moverse, como quien atraviesa un cruce peligroso. Los manteros habían llegado a la Puerta del Sol, para sorpresa de algunos y alegría de otros, que no se privaron de comprar algún que otro regalo low cost.

Durante muchos meses las calles de Madrid han estado sin acoger a estos vendedores ilegales por culpa del Covid y de una presión policial mucho más exhaustiva que durante el Gobierno de Carmena.

Desde la Asociación de Comerciantes de las Calles Preciados Carmen Arenal y Adyacentes (Apreca) aseguran que sus asociados han notado la presencia de estos manteros desde "hace una semana o 10 días, no más", y temen que vuelvan a verse implicados en una problemática que parece no tener fin: "Los comerciantes ven cómo venden de forma ilegal productos delante de sus tiendas".

Aunque por el día, de momento, su actividad es casi «testimonial», según fuentes de la Policía Municipal ejercen "entre las 23.00 y las 00.00 horas". Mantienen, como antes de la pandemia, su surtida oferta, que va desde bolsos de Carolina Herrera hasta calzoncillos Calvin Klein, pasando por camisetas de los equipos europeos más deseados. Todos estos productos, claro está, no son más que falsificaciones, pero capaces de contentar a todos los bolsillos.

Hasta que vuelvan a tomar el pulso de esta nueva normalidad, la inquietud entre estos subsaharianos seguirá presente. Algunos de ellos no se fiaban este lunes de la aparente calma que reinaba a las 22.30 horas en Sol.

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Conscientes de las sanciones, y siempre alerta por si atisbaban a algún agente de Policía Municipal, algunos enseñaban su mercancía sin soltar una de las asas de su manta. Otros, más despreocupados, no dudaban en conversar con clientes potenciales.

"NO ES PELIGROSO"​

"No tengo efectivo", decía un joven madrileño que se acercaba hasta uno de estos tenderetes improvisados interesado en una elástica del Atlético de Madrid. "No pasa nada, amigo, puedes pagar por Bizum. Son 25 euros y es de muy buena calidad", le contestaba el vendedor, de origen senegalés, muy insistente en realizar esa breve transacción, teléfono móvil mediante.

"Mucha gente no tiene dinero y es sencillo el pago con Bizum y rápido. No es peligroso", insistía otro de los vendedores, quien agregaba: "Ahora en Navidad es cuando más dinero se puede conseguir vendiendo en esta zona".

La Policía Municipal confirma que la presencia de estos vendedores ambulantes ha sido mínima hasta el final del verano y que, actualmente, se mueven entre Sol, Gran Vía y los alrededores de la estación de Atocha, lugares donde más turistas se pueden encontrar.

Esta poca actividad también se ha visto reflejada en el número de sanciones impuestas. Las cifras de las multas por venta ilegal han caído un 72% en los ocho primeros meses del año respecto a 2019, de enero a agosto.

Como consecuencia del Covid muchos de los vendedores se fueron a trabajar al campo. A otros era habitual verlos guardando su turno para recoger comida en los bancos de alimentos de Lavapiés. Y otros pudieron sobrevivir gracias a las donaciones de otros compañeros que pusieron en marcha una caja de resistencia solidaria que permitió abrir una cuenta bancaria donde se llegaron a recibir ayudas por valor de 60.000 euros.

Desde Apreca, visiblemente preocupados por estas primeras apariciones, reclaman que la Policía Municipal de Madrid prosiga con su presencia en la zona e insisten en que los manteros suponen una "competencia desleal y un perjuicio económico para sus empresas y además incumplen constantemente la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual".