Aluvión de ilegales en las oficinas de asilo de Ceuta tras una sentencia que permite su libre circulación​

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Los policías trasladados hasta la frontera de Marruecos en Ceuta para reforzar la vigilancia del paso fronterizo fueron los primeros en sorprenderse ante la llegada de cientos de inmigrantes ilegales hace apenas 48 horas a la oficina de Asilo y Refugio de la frontera del Tarajal. Desde principios de esta semana se cuentan ya por cientos las personas que están saturando los servicios de esta oficina y cada día que pasa son más. En su última jornada de atención, la del miércoles, fueron 250 personas las que hacían cola en esta oficina ante la estupefacción de los agentes. ¿De dónde salían todas estas personas si la frontera lleva cerrada a cal y canto dos semanas?

Todas esas personas eran las que pudieron burlar la vigilancia de la frontera con Marruecos en los días del asalto masivo y que todavía no habían podido ser localizadas e identificadas por los policías que llevan días patrullando la ciudad.

Pero ¿por qué precisamente ahora, y todas a la vez, se han decidido a pedir asilo y no nada más llegar a España? Las fuentes consultadas por OKDIARIO apuntan a que hay que fijarse en un fallo judicial muy reciente.

La singularidad geográfica de Ceuta y Melilla les había conferido a ambas ciudades unas características especiales a la hora de conceder asilos a inmigrantes ilegales. El solicitante de asilo disfrutaba de libertad de circulación en el momento en que su petición era aceptada, pero esa libertad se limitaba a los límites de la ciudad. Pues bien, eso acaba de cambiar y alguien se lo ha comunicado a las personas que se encontraban de manera ilegal escondidas de las Fuerzas del Orden en Ceuta.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lleva años peleando en el tribunal es que esta excepcionalidad que afecta a los ilegales que piden asilo en Ceuta o Melilla cambiara, y lo consiguieron hace poco. El 12 de mayo CEAR supo que el Tribunal Supremo había aceptado uno de sus recursos y ponía negro sobre blanco un párrafo que no deja lugar a dudas:

“El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla)”.

Silencio administrativo​

Las fuentes policiales especializadas en Extranjería y consultadas por OKDIARIO explican las consecuencias de esta sentencia sobre la situación de Ceuta. Para empezar, hay que comprender que todas las solicitudes de asilo por motivos humanitarios son aceptadas a trámite a no ser que el funcionario que las reciba perciba de manera inequívoca indicios de falta de veracidad. Por ejemplo, los argumentos más esgrimidos a la hora de pedir asilo es la persecución en sus países de origen por motivos religiosos, sexuales o ideológicos, todas ellas cuestiones muy complicadas de investigar.

El problema es que semejante número de demandas de asilo tan localizadas en una oficina con pocos medios provoca saturación y a los funcionarios no les da tiempo a tramitarlas. Y aquí viene el segundo argumento: el tiempo. Tras un mes de silencio administrativo la petición de asilo se da por admitida a trámite y durante los próximos dos años se instruirá a favor o en contra. Por cierto, que en esos dos años se consigue el arraigo necesario para pedir quedarse en España, aunque se haya entrado como inmigrante ilegal.

Para comprender el volumen de peticiones de asilo a las que se están enfrentando en Ceuta baste decir que estos días se están dando citas a las personas que lo solicitan para ser entrevistadas en el mes de agosto. Para ellos esa cita les convierte en solicitantes de asilo a la espera de ser entrevistados, así que hasta ese día pueden estar en España sí o sí.

Las situaciones a las que se enfrentan los agentes que tramitan los expedientes de asilo son muy variopintas. Sobra decir que nadie duda de la veracidad de peticiones como las de aquellas personas que llegan de territorios inmersos en conflictos bélicos activos y que, por una condición manifiesta, como la raza, sufren persecución en sus países. Otras sin embargo son de echarse las manos en la cabeza.

Hace sólo unos días un solicitante de asilo pidió quedarse en Canarias por sentirse perseguido en su país. El agente tecleó los datos y resulta que le constaba una prohibición de entrada en territorio Schengen hasta 2025 impuesta por Italia. Aun así insistía en solicitar asilo. Al final su abogado le convenció de que desistiera, de no haberlo hecho quién sabe si sus intenciones no hubieran prosperado.

 

Mensaje de un marroquí nacionalizado español: “En caso de conflicto yo con Marruecos, soy más racista que todos vosotros, cabr…”​

Nos hemos quedado alucinados con un vídeo del que se hizo eco ayer Julio García en su programa La Voz de España de Canal 5TV, en el que un individuo marroquí y nacionalizado español nos amenazaba a todos los españoles puño en alto e insultándonos.




El sujeto, a pesar de reconocer que lleva 30 años viviendo en España y teniendo la nacionalidad española, muestra una agresividad hacia todo lo relacionado con España bastante preocupante. Nos preguntamos qué sigue haciendo aquí y por qué no se ha ido. El caso es que el sujeto se muestra completamente fuera de sí cuando se pone a amenazarnos.

Y no crean que lo de este tipo es ninguna excepción. Muchos de los marroquíes que tenemos en España, una inmensa mayoría, piensan de esta forma y en caso de problemas se convertirían en una especie de quinta columna del ejército marroquí que tendríamos directamente infiltrada en nuestra sociedad, como una especie de caballo de Troya.

¿Se imaginan lo que puede pasar con todo eso en caso de que haya problemas? Puede ser una auténtica hecatombe para nuestro país. Un desastre.

 

«No somos racistas, solo queremos vivir en paz»​

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Los vecinos de Bandama zona residencial de Santa Brígida; en el antiguo convento de Santa Ana, en Los Lirios; y Marzagán en la Finca La Data (estas dos últimas pertenecientes al municipio de Las Palmas de Gran Canaria) han denunciado los innumerables problemas de convivencia que existen en estas tres zonas después de que se hayan instalado sendos centros de acogida para menores migrantes.

Los vecinos señalan que resulta realmente difícil convivir con estos centros en las cercanías de sus casas, donde se acumulan las basuras, enseres de muebles rotos, que los mismos chicos rompen en los altercados, riñas, peleas y las reyertas, que son frecuentes, haciendo muy difícil dormir por las noches y donde se generan otros problemas de suciedad, acumulación de basura, pozos negros desbordados, dado que en el caso de uno de estos centros, ni siquiera está conectado a la red de saneamiento, a pesar del número de menores que albergan.

Los vecinos señalan de antemano que se sienten «desamparados por las autoridades, que nadie les apoya, ni protege y que sin embargo, cada vez que protestan se les tacha de racistas y xenófobos, cuando lo único que reivindican es tener una vida tranquila, puesto que ellos eligieron vivir en una zona rural y sin embargo con la implantación de estos centros sus vidas se han convertido en un calvario.

En el caso de una de las vecinas denunciantes, que prefiere guardar el anonimato, explica que «no somos para nada racistas, somos personas normales que simplemente queremos vivir en paz, y si los chicos fueran canarios nuestras quejas serían las mismas que si vienen de cualquier parte de África»

En el caso del centro de menores de la carretera de Bandama, denominado Demeanac La Fortaleza -instalado en lo que anteriormente se conocía como el restaurante y centro deportivo Maverick, en la carretera GC-802, de Bandama número 37, perteneciente al municipio de Santa Brígida-, se encuentra uno de dichos centros que viene acogiendo a entre 80 y 100 menores migrantes de media. En este centro, que se creó acogiéndose al Real decreto 23/2020, y por el cual no requiere licencia municipal, y por lo que ninguna administración supervisa si cumple con la normativa sobre basuras, ruidos y otras ordenanzas corrientes que se exigen para cualquier actividad, además, se encuentra implantado en un suelo rústico, entre cuyos usos no se incluye una actividad de este tipo. De hecho el propio Ayuntamiento de Santa Brígida lo ha denunciado ante la Agencia de Protección del Medio Natural.

También se quejan los vecinos de los continuos ruidos, sobre todo durante la noche, a veces se producen peleas y altercados y suele ser habitual que se deposite la basura de este centro en un contenedor normal para los vecinos, en lugar de contar con el suyo propio, lo que supone que siempre se desborde y genere la presencia de roedores y suciedad.

También denuncian que el centro, al no requerir ningún tipo de licencia, escapa a todo tipo de controles, ninguna administración lo inspecciona y no reúne las condiciones para ser una residencia, ya que en su día era un restaurante. Además denuncian que se acumulan los restos de muebles que los chicos rompen, dando a la zona un aspecto de abandono y suciedad que sin duda causa muy mal aspecto en esta zona residencial y donde se pierde calidad de vida, el valor de las viviendas de los vecinos se devalúa y resulta imposible arrendar las casas.

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En este sentido, apunta una vecina que prefiere guardar el anonimato que ella se vino a vivir a esta zona porque quería una vida tranquila en un entorno rural y lejos de la ciudad, y al instalarse este centro lo que se ha encontrado es ruido, suciedad, peleas, broncas y una convivencia casi insufrible, que sin duda no merece«.

Antiguo Convento de Los Lirios​

En los otros dos centro los problemas que se generan son similares. En el caso del centro de menores migrantes de los Lirios, instalado en el antiguo convento de Los Hoyos, con capacidad máxima para 100 menores que gestiona la Ong Nuevo Mundo, ubicado a los pies de Pico Bandama, perteneciente al municipio de la capital, ya a principios de año se hizo eco la prensa tras un altercado en el que varios menores atacaron con unas tijeras a su director. También en este centro son frecuentes las peleas, el ruido y los altercados también en este centro denuncian que presuntamente no se reúnen las condiciones para albergar a menores y los pocos vecinos que viven en la zona están cansados de esta situación.

Además, apuntan que existe la certeza de que podría haber adultos, aunque la tardanza en realizarles las pruebas óseas hace que sigan allí alojados, siendo de alguna manera quienes distorsionan la convivencia del resto de menores. De hecho señalan que la Ong que gestiona este centro lo ha denunciado a las autoridades sin que haya habido respuesta. Sin ir más lejos apuntan los vecinos que hace apenas cuatro días volvió a haber otro altercado nocturno.

En relación con este centro, varios de los chicos que estuvieron alojados, una vez que se demostró que eran mayores de edad, tras su salida fueron a ocupar una casa abandonada en la zona, donde se genera basura y a su vez, son estos chicos los que según explican los vecinos consultados, producen distorsión entre los menores del centro, siendo en gran parte los causantes de las peleas y disputas.

El tercer centro en cuestión, en este caso en la carretera de Marzagán número 30 en la finca La Data, en el que se alojan cerca de una quincena de chicos, se han instalado caseta de obra para duchas y comedores para acoger a los menores para ampliar la capacidad alojativa, dado que en realidad se trata de una antigua residencia, que difícilmente tiene capacidad para acoger a los menores que acoge, y mucho menos para prestar un servicio acorde a las necesidades.

En este caso, denuncian que el centro carece de conexión a la red de alcantarillado y saneamiento y vierte directamente a un pozo negro, el cual lleva días desbordado causando graves problemas a los vecinos.

 

Dinamarca quiere deportar a los solicitantes de asilo fuera de Europa​

Dinamarca, famosa por su dureza frente a la inmigración, aprobó este jueves un proyecto de ley gubernamental que permite enviar a los migrantes que solicitan asilo a un país fuera de Europa que actuará como subcontratista, pese a las críticas sobre todo de las Naciones Unidas. El texto aprobado por el Parlamento, apoyado por la derecha y la extrema derecha, fue adoptado por 70 votos a favor y 24 en contra, pero su aplicación solo será posible cuando un país acepte recibir un centro de acogida de los solicitantes de asilo.

Se trata de la última iniciativa anti-migratoria del gobierno "socialdemócrata" de la primera ministra Mette Frederiksen que pretende disuadir a los migrantes de poner un pie en el rico país nórdico.

El texto establece que el solicitante de asilo permanezca en otro país, incluso si se le otorga el estatuto de refugiado. El gobierno danés de centro-izquierda aplica actualmente una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa con el objetivo oficial de llegar a "cero refugiados". Esa política incluye la retirada del permiso de residencia para los sirios cuyas regiones de origen se encuentran en una situaión de seguridad y el endurecimiento de una ley anti-"gueto" para limitar el número de habitantes "no occidentales" en los barrios.-

De acuerdo al proyecto de ley, todo solicitante de asilo en Dinamarca, una vez registrado y salvo algunas raras excepciones -como una enfermedad grave-, será enviado a un centro de acogida fuera de la Unión Europea (UE). Si no obtiene el estatuto de refugiado, se le exigirá al migrante frustrado que abandone el país de acogida. "Pero en el proyecto del gobierno, aquellos que obtengan el derecho de asilo no podrían 'regresar' a Dinamarca, sino simplemente tendrían la condición de refugiados en el país tercero", destaca Martin Lemberg-Pedersen, especialista en temas migratorios de la universidad de Copenhague. Todo el procedimiento se encomendará al tercer país en cuestión, eso sí, previo pago por Dinamarca.

EGIPTO, ERITREA O RUANDA, ENTRE LOS CANDIDATOS​

Hasta ahora, ningún país ha aceptado un proyecto de este tipo, pero el gobierno afirma que lo está discutiendo con entre cinco y diez que no identificó. Egipto, Eritrea, Etiopía circulan como candidatos en la prensa danesa. Pero sería sobre todo con Ruanda -que durante un tiempo consideró acoger solicitantes de asilo en nombre de Israel-, donde las discusiones estarían más avanzadas.

A fines de abril se firmó un protocolo de acuerdo sobre asilo y migración, sin mencionar la externalización del procedimiento. Por supuesto, el sistema "debe ser establecido en el marco de las convenciones internacionales. Es una condición previa para un acuerdo" con otro país, señaló a la AFP el ministro de Migración, Mattias Tesfaye. El mes pasado, Tesfaye dijo que no se trataría forzosamente de una democracia "tal como la entendemos".-

El proyecto danés muestra el cambio absoluto de la socialdemocracia danesa respecto a la migración, encarnado por Mette Frederiksen. Generaliza hacia casi todo el espectro político propuestas que antes estaban reservadas a la extrema derecha, señala el politólogo Kasper Hansen, profesor en la universidad de Copenhague. Cinco años después de aprobar una polémica ley que permitía la incautación de los objetos de valor de los migrantes que llegaban a Dinamarca, que rechazó todo el mundo aunque ha sido poco aplicada, las autoridades continúan su estrategia de disuasión. Solo 761 personas obtuvieron asilo en 2019 y 600 en 2020, ante más de 10.000 en 2015. Respecto a su población, Dinamarca recibe diez veces menos refugiados que sus vecinos alemanes o suecos.

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Este proyecto es la continuidad de una política simbólica, del estilo de Donald Trump y su muro", dijo el secretario general de la oenegé ActionAid Dinamarca, Tim Whyte. Esta nueva vuelta de tuerca inquieta a los observadores internacionales. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la considera "contraria a los principios en los que se apoya la cooperación internacional en materia de refugiados". Un temor es que esta actitud danesa, drástica y restrictiva, desencadene un efecto dominó en Europa.

 

Los ladrones más carroñeros se ponen las botas en el paseo de Gràcia​

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El paseo de Gràcia recupera poco a poco su vitalidad tras la hecatombe que ha supuesto la pandemia para su economía. La milla de oro barcelonesa vuelve a brillar y a recibir visitantes de todo el mundo. El 90% de sus hoteles ya están "plenamente operativos" y los turistas se dejan ver por la vía, pero no todo iban a ser buenas noticias para esta prestigiosa arteria.

Los ladrones se están poniendo las botas con la llegada de franceses, alemanes y rusos que pasean o se alojan en los exclusivos establecimientos de esta calle. Su vuelta al ruedo ha desencadenado un preocupante pico en los baremos de delincuencia, que habían bajado considerablemente, situándose muy por debajo de la época prepandemia. "Han vuelto a actuar con más intensidad y violencia", ha alarmado en un comunicado la Associació del Passeig de Gràcia.

LADRONES 'LOW COST'​

A pesar de que el eje comercial ha sido siempre una de las zonas clave para los delincuentes, estos se han vuelto más carroñeros y descarnados. Lluís Sans, presidente de la Asociación del Passeig de Gràcia, detalla a Metrópoli Abierta que "antes había delincuentes especializados en relojería, telefonía móvil o parkings, por ejemplo. Ahora aprovechan todas las oportunidades que se les ponen por delante".

El aumento de robos y hurtos en el paseo de Gràcia comenzó "hace unas tres semanas". Los comercios de la zona han sido testigo de cómo los rateros han ido llegando a cuenta gotas para hacerse con el perímetro para saquear.

CARTERISTAS OKUPAS​

Según especifica el presidente de la asociación, el perfil es el mismo que el de antes de la pandemia. "La mayoría son extranjeros y viven en pisos okupados", detalla. El también propietario de Santa Eulàlia, una de las boutiques de lujo de la avenida, asegura que los carteristas hallan en Barcelona una "manera sencilla de delinquir" por "la facilidad de okupar viviendas". Además, añade que la lentitud de las administraciones propicia que actúen con impunidad: "cuando los pillan saben que la sentencia saldrá al cabo de mucho tiempo, por ello siguen actuando a espaldas de la ley y cuando se cansan se vuelven a marchar". "Se tienen que llevar a cabo juicios rápidos para reprimir a estos delincuentes", apunta.

Los empresarios y empleados de la zona temen que la situación se agrave y vuelvan a producirse niveles de delincuencia similares a los de antes del covid-19. Por ello, la policía ha reforzado su presencia en la zona. Sans argumenta que, desde que han aumentado estos incidentes, los vecinos del paseo de Gràcia "han presenciado una mayor presencia de efectivos". Al cierre de esta edición, los Mossos d'Esquadra no han especificado a Metrópoli cuál está siendo el método de actuación del cuerpo policial.

BANDAS ESPECIALIZADAS EN ALUNIZAJES​

A pesar del descenso, la delincuencia jamás ha dado una tregua a los comercios y hoteles de la milla de oro. A finales de 2020 una oleada de robos por alunizaje hizo que la milla de oro de Barcelona temblase y las grandes marcas blindasen sus escaparates por miedo a ser desvalijadas.

En menos de un mes la avenida cifró seis importantes robos: un coche se empotró contra la fachada de Salvatore Ferragamo; G-Star y Dolce&Gabbana fueron saqueadas de madrugada con el mismo modus operandi; Uniqlo fue objetivo de uno de los grupos criminales y Tommy Hilfiger sufrió dos robos en menos de dos semanas. En este último comercio, los delincuentes hicieron estallar la puerta de cristal con la tapa de una alcantarilla para después entrar a robar.

LAS TIENDAS, BLINDADAS​

Los cuerpos policiales de Barcelona centraron sus esfuerzos en la zona y Metrópoli pudo saber que una de las bandas había sido desarticulada y otras tres estaban bajo sospecha de la policía. Según explicaron portavoces del paseo de Gràcia, los Mossos d'Esquadra también habían logrado "frenar otras tres bandas especializadas que querían actuar" en diciembre de 2020. Las pesquisas policiales determinaron que los grupos criminales identificados tenían un objetivo claro: la reventa de objetos robados en el mercado negro.

Este estilo de robos parece haberse esfumado en el paseo de Gràcia: "no hemos vuelto a saber nada más de este tipo de bandas", asegura a este medio Sans. El presidente de la asociación de comerciantes cree que los pivotes antialunizaje, las vallas y otros mecanismos especiales que instalaron algunas tiendas supusieron una traba para las mafias.

 

España ha dado a Marruecos otros 7,7 millones contra la inmigración ilegal en plena crisis diplomática​

España y Marruecos tienen seriamente dañadas sus relaciones diplomáticas tras los acontecimientos del último mes, pero parece que los beneficios que Marruecos viene obteniendo de Fondos Europeos a través de España no se están viendo afectados. Rabat se ha beneficiado en los últimos dos meses, antes y después del asalto a la frontera de Ceuta, de material por valor de 7.741.000 euros, y aquí viene lo irónico, bajo el epígrafe ‘Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración en Marruecos’.

El primero de estos contratos está fechado el 29 de marzo de 2021 y tiene su origen en diciembre de 2020. Según consta en su descripción oficial, se trata de la adquisición de 98 cámaras térmicas de largo alcance por valor de 6.517.000 euros, antes de impuestos. Estos sistemas de detección son extremadamente útiles tanto en la localización de embarcaciones ilegales que abandonan las costas marroquíes con destino a Canarias como en la vigilancia de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

Precisamente el reciente asalto a la valla de Ceuta no se inició con una masiva marcha de personas contra la frontera. Como OKDIARIO ya informó, la Guardia Civil, responsable de vigilar el lado español de la frontera de Ceuta, detectó varias horas antes del paso masivo de personas a la ciudad autónoma movimientos que levantaron sus sospechas. Se trataba de personas o pequeñas embarcaciones que se encontraban todavía en el lado marroquí pero que pudieron ser vistas por la vigilancia fronteriza española.

La Gendarmería marroquí no respondió a muchos de esos avisos y a los que sí respondió no reaccionó de ninguna manera. Precisamente, estos equipos de visión térmica sirven para detectar el calor tanto de personas como de motores. En la valla de Ceuta habrían detectado sin ningún problema a las personas que bordeaban el espigón nadando desde la parte marroquí de la playa de El Tarajal. Otra cosa es que haya voluntad para usarlo porque, a la vista del comportamiento de las fuerzas marroquíes durante el incidente de Ceuta, hubiera dado igual que hubieran tenido acceso a satélites tácticos para detectar los movimientos.

El titular de la contratación de estos dispositivos es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. A esta organización ya la conocimos al hablar de otros contratos similares y, como su propio lema indica, su misión principal es “mejorar el mundo”. La presidenta del patronato que gobierna esta fundación es la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Esta fundación es la que el Gobierno de España utiliza para dirigir los fondos europeos a luchar contra la inmigración ilegal que entra a Europa desde la frontera sur del continente que conforma España.

Renovar el alquiler de los quads​

Pero ése no es el único contrato que puede encontrarse en estas semanas tan complicadas con Marruecos. En la Plataforma de contratación del Estado se puede ver otro que llama la atención por las fechas y el concepto de la licitación.

Con fecha de 27 de mayo, sólo 10 días después del asalto masivo a la valla de Ceuta, la citada plataforma presenta una modificación de un acuerdo del mes de marzo por el que se preparó un contrato para dar más medios al reino de Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal.

Este contrato, del que ya informó en su día OKDIARIO, se encuentra en proceso de revisión, según consta en la citada plataforma. Se trataría de la adquisición de 90 motos quad en régimen de alquiler y que estaría a punto de ejecutarse de manera efectiva. El contrato alcanzaría casi el millón y medio de euros e incluye colocar los vehículos en Rabat y proporcionar a las autoridades marroquíes la formación necesaria para el mantenimiento de los quads.

El uso de estos vehículos es extremadamente útil en la lucha contra la inmigración ilegal y funcionan además en conjunto con la utilización de las cámaras térmicas del otro contrato. Estos quads se utilizan para la reacción rápida de las autoridades marroquíes. En caso de que en las fronteras se detectaran personas con intenciones de salir de Marruecos estos vehículos son las más efectivos.

En el momento en el que se encuentran las relaciones con Marruecos es muy revelador leer la descripción completa de estos contratos: la Fundación ha suscrito con la Comisión Europea, a través del Fondo Fiduciario para África, un contrato para el proyecto “Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración en Marruecos” que tiene como objetivo “contribuir a la mitigación de las vulnerabilidades ligadas a la migración irregular y a la lucha contra la misma, a través del fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales para la vigilancia de las fronteras, incluyendo mecanismos de coordinación y cooperación nacional, regional y transfronteriza”. Para la ejecución de dicho contrato, es necesario proveer al Ministerio del Interior de Marruecos de los medios necesarios para la gestión integrada de fronteras y de la migración.

 

El principal representante del islam en España recomienda libros integristas en la Mezquita de Madrid​

El principal representante del islam en España, Aiman Adlbi, recomienda a sus alumnos de la Mezquita Central de Madrid libros de predicadores salafistas y wahabistas radicales. Se trata de corrientes a las que recurren grupos yihadistas “para justificar sus acciones”, según un informe de la Policía Nacional del pasado marzo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El docente es un médico sirio de 74 años que ejerce desde el pasado julio como presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), la entidad que gestiona las actividades de los musulmanes con el Gobierno y las comunidades autónomas sobre mezquitas, cementerios y escuelas.

Adlbi, que también preside la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), aconseja a sus estudiantes textos del clérigo y profesor de Derecho Islámico Umar Sulaiman Al-Ashqar, que perteneció a la influyente organización integrista Hermanos Musulmanes (Al Ijuan al Muslimin), según los investigadores.

También, del telepredicador salafista radical canadiense afincado en Catar Abu Ameenah Bilal Philiphs, que fue señalado por EE UU como inspirador en 1993 de un atentado en el aparcamiento de una de las Torres Gemelas de Nueva York. El ataque causó seis muertos, más de 400 heridos y sembró el pánico en la isla de Manhattan. Bilal Philiphs fue vetado por estos hechos para entrar en EE UU, Reino Unido, Dinamarca, Australia, Alemania, Bangladesh y Kenia, según la Policía Nacional, que cita como fuente a la ONG de prevención del radicalismo Counter Extremism Project.

Yusuf Estes, un clérigo y telepredicador salafista radical estadounidense convertido al islam en 1991 al que Singapur vetó la entrada por su radicalismo, figura también entre las recomendaciones de Adlbi. Unas sugerencias que corona Zakir Naik, el fundador del canal de televisión islámico Peace TV, que fue vetado por su extremismo y posiciones contrarias al “multiculturalismo” en Canadá y Reino Unido.

“Adlbi tiene entre sus referentes religiosos a predicadores salafistas-wahabistas radicales”, indica el informe policial, de 102 páginas, tras analizar decenas de pinchazos telefónicos. El documento está incorporado a la causa sobre financiación del yihadismo desmantelada en 2019 en la Operación Warmor que instruye el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. Sus pesquisas condujeron el pasado marzo a la detención y puesta en libertad de Adlbi, que ha declinado dar su versión a este periódico.

Un informe inédito incorporado a esta investigación judicial revela también cómo una organización a la que perteneció el presidente del CIE recaudó 154.393 euros entre 2012 y 2020 para la actividad de las milicias de Al Qaeda en Siria desde la Mezquita Central de Madrid, también conocida como de Abu-Bakr.

Los fondos se camuflaron bajo supuestas donaciones de auxilio a huérfanos a través de la ONG turca Al Bashaer, una entidad apoyada por Catar y Kuwait que —según Europol— está conectada con milicias yihadistas, crímenes de guerra y con los Hermanos Musulmanes. Además, el presidente de Al Bashaer, Muhamad Ben Anis Alsaour, supervisó el departamento financiero del Ejército del Islam y ha participado en “actividades opacas de financiación terrorista”.

El dinero destinado inicialmente a los huérfanos a través de esta ONG fue a parar a mártires, detenidos y viudas de combatientes yihadistas en la región siria de Guta. Y, junto a CIE, procedería de las asociaciones islámicas radicadas en la Mezquita de Madrid como UCIDE y Asociación Musulmana de España (AME).

El tesorero de CIE y de la Mezquita Central de Madrid, el sirio Mohamed Hatem Rohaibani, de 61 años, es otra de las presuntas piezas clave de la organización de financiación yihadista. La Policía le sitúa como el recaudador de fondos e interlocutor con la ONG Al Bashaer. Rohaibani instaba supuestamente a los fieles a introducir el dinero en efectivo en sobres en buzones distribuidos por distintos puntos del edificio de culto.

Tretas para eludir el bloqueo de fondos​

Los agentes creen que el dinero llegó a la ONG en metálico mediante un mecanismo opaco ajeno al sistema financiero español. Y es que, junto a las donaciones en efectivo, las asociaciones vinculadas a la Mezquita de Madrid disponían de una cuenta bancaria controlada por Rohaibani. El tesorero se encargó de extraer mediante 172 talones los 155.444 euros que llegó a acumular este depósito entre 2012 y 2019. Los fondos se retiraron en cantidades inferiores a 1.000 euros para que el banco no estuviera obligado a identificar al cliente. La red sorteó así los controles de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, según los investigadores.

Además, la cuenta bancaria comenzó a partir de mayo de 2013 a recibir ingresos con el concepto de “donativo a huérfanos”. Una treta que buscaba —según las pesquisas— evitar sanciones como el bloqueo de fondos, ya que la fecha coincide con la declaración por parte del Consejo de Seguridad de la ONU como grupo terrorista del Frente de Al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria, donde operaba la supuesta ONG Al Bashaer.

La policía estima también que no es casual que el último envío de fondos de UCIDE a la región siria de Guta fuera en febrero de 2018, dos meses antes de que el Ejército sirio liberara esta zona del asedio yihadista.

Destrucción de documentos sensibles​

El tesorero de la Mezquita Central de Madrid tejió una estructura de recaudación desde la capital, que tenía tentáculos en comunidades islámicas de Zaragoza y Alicante. También, destruyó presuntamente documentos almacenados en el lugar de culto para evitar ser relacionado con la financiación del terrorismo. Lo hizo después de que en junio de 2019 fuera arrestado en Madrid el sirio Fares Kutayni, de 73 años, por su vinculación con una célula yihadista en el marco de la Operación Warmor. “Cuando pasó lo de Fares Kutayni destruí todos los documentos antiguos”, confesó por teléfono en septiembre de 2012 Rohaibani, que ha declinado responder a las preguntas este periódico.

Fares Kutayni, miembro de un clan sirio asentado en España, integró también la trama de financiación terrorista. Su papel fue el de “promotor” de recaudaciones en la carnicería que su familia regenta en la Mezquita de Madrid. Su hermano Manaf, vinculado a la filial de Al Qaeda en Siria, se quejó a su familiar del mecanismo para enviar los fondos desde Madrid a la zona de combate. “Dejad de mandar dinero por medio de organizaciones, son unos ladrones y se están quedando con un 80%”, recoge un pinchazo.

“Hay combatientes que van a las batallas en ayuno”​

Manaf Kutayni alertó también a su hermano por WhatsApp de las penurias de los milicianos. “Te juro que hay que combatientes que van a las batallas en ayuno, te voy a enviar testimonios de algunos muyahidines”, indicó. Según los investigadores, Fares Kutayni ha enviado fondos a Siria a través de la ONG Al Bashaer desde 2011. “Lo llevamos haciendo con esta organización desde el inicio de la revolución”, apunta otro mensaje de esta red que usaba un lenguaje en clave, se comunicaba con aplicaciones encriptadas y evitaba tratar temas sensibles en llamadas convencionales.

Los investigadores concluyen que Fares Kutayni, Adlbi y Rohaibani mantienen vínculos con la rama siria de Hermanos Musulmanes, una organización “que ha promovido estrategias de apoyo a las milicias yihadistas”.

 

El nuevo golpe de Mohamed VI: 500 millones a empresas españolas que viven del Paso del Estrecho​

El nuevo golpe de Mohamed VI a España tras la avalancha de migrantes a Ceuta es la cancelación de la llamada operación Paso del Estrecho, que tiene un duro impacto económico. Al menos 500 millones en, sobre todo, la provincia de Cádiz -que siempre destaca en la economía española por su alta tasa de paro superior al 25%-, pero también en amplias zonas de la Península que suelen recorrer tres millones de marroquíes cada verano camino de cruzar el Estrecho.

 

La justicia abre la vía a regularizar a miles de inmigrantes​

La Secretaría de Estado de Migraciones dictó este martes instrucciones para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a que miles de extranjeros, sobre todo demandantes de asilo a quienes se les ha denegado su solicitud tras dos años en España, puedan regularizar su situación a través del arraigo laboral. Esta era hasta ahora una figura muy restrictiva, pero después de la sentencia da la opción de obtener los papeles más fácilmente a miles de inmigrantes que demuestren que han trabajado al menos seis meses.

Hasta ahora, quien se beneficiaba del arraigo laboral eran inmigrantes en situación irregular que, después de dos años en España, probaban una relación laboral clandestina de al menos medio año. La fórmula estaba pensada para hacer aflorar el trabajo irregular y la única manera de que el extranjero probase esa relación laboral era obteniendo una resolución judicial o con un acta de infracción de la inspección de trabajo. Esta vía de regularización, con la que se obtiene un permiso de residencia y trabajo de un año, era muy limitada, pues exigía una inspección previa o que el inmigrante denunciara a sus empleadores.

La sentencia del Supremo llegó el pasado marzo y fue ratificada después por otras dos resoluciones. La justicia considera que el extranjero puede demostrar su actividad laboral con cualquier otra prueba y abre el arraigo laboral a un universo de personas mucho mayor que pueden demostrar que han mantenido relaciones laborales regulares.

Miles de solicitantes de asilo​

En la práctica, la resolución facilita la regularización sobre todo de miles de solicitantes de asilo porque son un colectivo muy numeroso en España y su casuística encaja bien en lo establecido por la sentencia. En su caso la ley les permite trabajar legalmente después de seis meses desde que formalizan su demanda de asilo, pero pierden su autorización en el momento en que se les deniega la solicitud de protección. Sin asilo, su manera de volver a residir y trabajar legalmente en el país era optar a un arraigo social, una figura legal más exigente que demanda, entre otros requisitos, un contrato de trabajo de un año y haber pasado al menos tres años residiendo en España. Pero la resolución del Supremo les permite ahora optar por una vía que estaba restringida a relaciones laborales clandestinas. Los trámites se simplifican (no necesitan aportar un contrato, por ejemplo) y el tiempo que deben esperar se acorta.

Otros perfiles, menos numerosos, también pueden beneficiarse. Es el caso de familiares de residentes de la UE que obtuvieron sus permisos por sus vínculos familiares y trabajaron legalmente en España, pero que perdieron su documentación, por ejemplo, al divorciarse. El caso que llevó a la sentencia del Supremo es el de una mujer que recibió un permiso de residencia y trabajo provisional por ser víctima de violencia de género, pero no logró la autorización definitiva y perdió sus papeles. Con la interpretación del Supremo, la mujer puede optar a recuperarlos acreditando su vida laboral.

Los abogados de Extranjería esperaban con impaciencia las instrucciones de Migraciones para tener claros los criterios que seguirán a partir de ahora las Oficinas de Extranjería cuando se encuentren con estos casos. Jaime Martín Martín es el letrado que lleva peleando este cambio en los tribunales desde 2015. El abogado celebra que el Supremo “obligue” al Estado a interpretar el arraigo laboral “de una forma mucho más amplia”, un cambio que, según interpreta, conllevará una “regularización masiva” de extranjeros. Martín considera que las instrucciones facilitarán la regularización de cualquier inmigrante que haya perdido sus papeles, siempre y cuando haya cotizado al menos seis meses, carezca de antecedentes penales y resida en España durante por lo menos dos años.

Migraciones, sin embargo, ha hecho una lectura restrictiva de la interpretación del Supremo y sus instrucciones buscan que la aplicación de la resolución judicial no se convierta en un cajón de sastre y acabe desvirtuando la propia ley de Extranjería. Aunque la sentencia no cierra la puerta a que inmigrantes que han perdido sus autorizaciones de residencia y trabajo puedan acogerse a esta vía de regularización, la Administración pretende evitar que esta fórmula sirva para encadenar permisos y se convierta en un camino recurrente de renovación de las autorizaciones. Permitirlo supondría, apuntan fuentes de la Secretaría de Estado, que el resto de figuras que ya establece la ley para la obtención de permisos y sus renovaciones según cada supuesto queden vacías de contenido. Las instrucciones excluyen, además, a estudiantes en prácticas que tienen un régimen propio y exigen, entre otras cosas, que la relación laboral sea de al menos 30 horas semanales por cuenta ajena —se excluye a los autónomos— y un salario mínimo interprofesional.

 

La Eurocámara condena el uso de menores como 'presión política' de Marruecos a España​

Hay que remontarse a 1996 para ver una condena del Parlamento Europeo a Marruecos por la situación de derechos humanos. Pero la crisis desatada en Ceuta, con la llegada de unas 9.000 personas en apenas de 48 horas a la ciudad española, ha roto esta tendencia. El Parlamento Europeo pone a Rabat en el punto de mira por el uso politizado de menores como arma de presión política.

El Pleno de Estrasburgo ha censurado por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones esta provocación marroquí que en la capital comunitaria han definido abiertamente como chantaje durante el debate de la resolución. Cuatro son los mensajes que salen de la ciudad francesa: el uso de menores como moneda de cambio es inaceptable, las fronteras españolas son europeas, la postura comunitaria sobre el Sáhara Occidental se mantiene y hay que seguir tendiendo puentes con un socio necesario.

La resolución ha salido adelante con buena parte de los votos de las principales familias políticas de la Eurocámara (Partido Popular, Socialdemócratas, Verdes y Renovar Europa). Los partidos españoles han votado en bloque ‘sí’, a excepción de Vox, que se ha abstenido. Previamente, los Conservadores y Reformistas habían presentado una enmienda poniendo en la diana la “infiltración de inmigrantes ilegales”, mientras que la Izquierda Unitaria hacía lo propio con una condena la “instrumentalización de esta crisis humanitaria por la extrema derecha”. Ninguna ha salido adelante en una resolución final que ha contado con amplio consenso.

Mientras que algunas delegaciones se decantaban por utilizar la fórmula de “lamenta”, otros lo hacían por el “condena firmemente”. En la burbuja de Bruselas cada matiz y cada palabra se negocia y se pelea. El texto final reza, finalmente, que el Parlamento Europeo “rechaza el uso del control fronterizo y de la migración, especialmente de menores no acompañados, como presión política” contra España y contra la UE.

El epicentro de la resolución emana de la utilización de niños y menores de edad por parte del reino alauí para su agenda interna. Los eurodiputados han “deplorado” la participación de menores en este cruce masivo por tierra y mar a la ciudad ceutí que puso sus vidas “en claro riesgo”. Y mandan un recado a Rabat: debe cumplir con la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que el propio país suscribió en 1990.

Sin embargo, como todo en caso de política exterior y, sobre todo, de vecino conflictivo pero necesario, la UE juega al palo y a la zanahoria. Esta resolución es no vinculante, pero tiene gran calado como mensaje político. De hecho, Rabat ha intentado frenarla y no ha tardado en expresar su malestar. El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, acusaba poco antes a España de querer “europeizar una crisis bilateral”.

“Es inútil intentar que esto se limite a una situación bilateral entre Marruecos y España. Eso es no entender la lógica de la Unión”, ha señalado el eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor, en el debate previo. “No es un tema bilateral porque afecta a todos los europeos y porque hablamos del respeto de los derechos humanos y, especialmente, del respeto de los derechos de los niños. A los niños no se les lanza al mar para hacer política”, ha coincidido Jordi Cañas, de Ciudadanos.

Marruecos ha querido desde el primer momento hacer de la crisis migratoria y de su relación con la UE dos episodios diferentes, pero la defensa de Bruselas a las fronteras españolas se ha consumado como una de las armas más potentes de Madrid frente a su vecino.

La Eurocámara recoge este testigo y lanza hoy un inusual órdago a Rabat reiterando que la frontera sur es una frontera europea cuya soberanía territorial es inviolable. Pero por el otro lado, le tiende la mano pidiendo una relajación de las tensiones y una vuelta a la relación privilegiada, “constructiva”, “de confianza” y “de respeto” entre la UE y Marruecos. Además, pide a la Comisión Europea que proporcione un fondo de emergencia a España para lidiar con la situación migratoria en Ceuta y mejorar la situación de los menores todavía varados allí.

Reafirmación sobre el Sáhara Occidental​

Otra pata de la resolución que no gustará al monarca Mohamed VI es la reiteración de la postura europea sobre el Sáhara Occidental, invariable durante las últimas décadas. La UE no reconoce la soberanía marroquí sobre la excolonia española. Para Bruselas la única solución viable pasa por culminar el encallado diálogo bajo el paraguas de la ONU y en consonancia con las resoluciones de su Consejo de Seguridad. Europa no se ha dejado intimidar por el reconocimiento de la anterior Administración Trump en Estados Unidos de la soberanía marroquí a cambio del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Israel.

Marruecos no ha sido una excepción a la deriva de muchos líderes que se agolpan en las fronteras europeas defendiendo una política exterior más agresiva. Y para ello ha jugado con una de las mayores debilidades del bloque comunitario: la falta de una política migratoria y el miedo europeo a repetir las imágenes de 2015, cuando millones de personas llegaron a sus fronteras en el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Ya Turquía, hace poco más de un año, enseñó este camino abriendo la puerta a miles de refugiados sirios hacia las islas griegas para presionar a Bruselas con el tema chipriota y obtener concesiones económicas. “Cambiarán los flujos migratorios y los Gobiernos, pero nunca cambiará nuestra geografía. Marruecos y Europa seguirán compartiendo una frontera terrestre y, por ello, estamos obligados a entendernos”, ha señalado el eurodiputado popular Ignacio Zoido.

En medio de la parálisis de la UE, que suma más de un lustro incapaz de definir una estrategia migratoria sostenible y largoplacista, la apuesta de Bruselas es fortalecer la cooperación migratoria con países terceros. Como lugar de origen, tránsito y destino de refugiados, Marruecos es uno de los países que más interés despierta para gestionar los flujos de refugiados. Por ello, la Comisión Europea busca aumentar su cooperación con el reino alauí. La propia Helena Dalli, comisaria de Igualdad, ha rebajado la tensión mostrándose “confiada” en que una situación como la de Ceuta no vuelva a ocurrir.

 

Marruecos insiste: "Ceuta no es territorio europeo, sino tierra marroquí ubicada en el territorio del Reino de Marruecos"​

El presidente de la Cámara de Representantes marroquí, Habib el Malki, consideró hoy que la resolución votada horas antes por el Parlamento Europeo "es una oportunidad para insistir sobre la marroquinidad de Ceuta", en una reunión extraordinaria convocada para estudiar con los grupos parlamentarios el resultado de esa votación.

"Ceuta no es territorio europeo, sino tierra marroquí ubicada en el territorio del Reino de Marruecos", dijo El Malki en respuesta a la resolución de la Eurocámara, que en su punto 3 dijo expresamente que "Ceuta es una frontera externa de la UE, cuya protección y seguridad competen a toda la Unión Europea".

El Malki, que hizo estas declaraciones al comenzar la reunión con los jefes de los grupos parlamentarios y en presencia de los periodistas, insistió en que Ceuta "es parte del pasado colonial" de España en Marruecos.

Por otro lado, El Malki consideró que la resolución adoptada hoy por la Eurocámara "es moderada, y presenta una gran diferencia entre el primer borrador y el texto adoptado"; según él, esto ha sido un logro de la diplomacia marroquí, tanto la oficial como la parlamentaria, que se han ocupado de recordar a sus socios europeos la naturaleza estratégica de las relaciones euromarroquíes.

Al respecto, anunció en los próximos días una campaña de comunicación ante todos los parlamentos del mundo, "incluidos los europeos", para explicar la posición marroquí.

 

Sánchez rechazó un plan del Ejército para reforzar Ceuta y Melilla en plena crisis con Marruecos​

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo sobre la mesa de su despacho en Moncloa una propuesta para reforzar militarmente Ceuta y Melilla como respuesta al asalto masivo a la frontera ceutí. Un plan que contemplaba un despliegue rápido, temporal y de baja intensidad en Ceuta, cuyo objetivo más que defender la ciudad autónoma era enviar «un mensaje» a Rabat sobre la firmeza de la respuesta española. Moncloa lo desechó al considerar que no ayuda a «distender» la situación.

Las Fuerzas Armadas españolas fueron parte de la respuesta al desafío diplomático planteado por Marruecos en forma de invasión a Ceuta. Lo hicieron desplegándose en la propia playa de El Tarajal, epicentro del caos vivido los pasados días 17 y 18 de mayo. Sin embargo, según fuentes militares a las que ha tenido acceso OKDIARIO, su papel pudo ser aún mayor.

En pleno caos, el Gobierno de Pedro Sánchez reunió a una serie de altos cargos para diseñar el plan de reacción de España al pulso de Rabat. Y entre quienes formaban parte de esa célula de crisis, como no podría ser de otra forma, estaba el Ministerio de Defensa.

Según las fuentes consultadas, el departamento que dirige Margarita Robles «canalizó» esos días hacia Moncloa una propuesta planteada por el Estado Mayor de la Defensa. Un plan que pasaba por reforzar militarmente Ceuta y Melilla (sobre todo la primera) de forma urgente y temporal.

Enviar a la Legión​

La estrategia planteada buscaba enviar efectivos militares desde la Península hasta las plazas africanas. Provendrían principalmente, explican las fuentes consultadas, de las filas de la Legión. Concretamente, desde la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II del cuerpo legionario, con sede en la base de Viator (Almería) y de la Bandera de Operaciones Especiales de la Legión (BOEL). Alrededor de un centenar de efectivos en suma.

La propuesta de despliegue, ya lista y que ejecutaría el Mando de Operaciones, contaba con enviar estos efectivos a Ceuta y Melilla bajo el pretexto de «unos ejercicios militares rutinarios» conjuntos con la unidad de la Legión que tiene sede en Ceuta. Unas maniobras de las que se diría que estaban previstas con anterioridad a la crisis, de forma que la opinión pública no lo relacionase con los acontecimientos del momento.

La presencia de esas fuerzas en las ciudades autónomas, sin embargo, no pasaría desapercibida para Marruecos. Era, en síntesis, un «mensaje» discreto dirigido a Rabat sobre hasta qué punto se tomaba España en serio la defensa de Ceuta y Melilla. El despliegue se replegaría de vuelta a la Península una vez apaciguada la crisis.

Sánchez y Redondo lo desecharon​

El plan no caló en Moncloa. Los asesores del presidente Sánchez advirtieron que esa presencia no serviría para «distender» la situación, y que esa era la fase a la que debía encaminarse la crisis según el Gabinete de Sánchez.

Eso sí, Moncloa pidió a Defensa información concreta sobre si Marruecos había realizado algún movimiento militar significativo en los días previos o posteriores a la crisis. La respuesta que obtuvo fue negativa: todo tranquilo en las bases marroquíes.

Acción de ‘zona gris’​

Defensa, a través de los representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas, explicaron a Moncloa que todo cuanto estaba sucediendo no involucraría en ningún momento a las fuerzas militares marroquíes.

Lo que estaban viviendo esos días era, explicaron, lo que en el argot militar se conoce como una acción de ‘zona gris’, un desafío entre estados a alto nivel pero sin intención de llegar a cruzar la frontera del conflicto armado. En resumen, que las ‘armas’ de Marruecos en esa ‘guerra’ habían sido los más de 10.000 marroquíes que habían entrado en el territorio ceutí. Finalmente, Moncloa dejó la acción principal de respuesta en manos del Ministerio de Exteriores. Desde el Gobierno «no se volvió a requerir nada más del Estado Mayor», concluyen a OKDIARIO las fuentes consultadas.

En cambio, en días posteriores si se vieron algunos movimientos que, a un lado y a otro de la frontera, se han entendido como un guiño a la situación de tensión en la que viven inmersa España y Marruecos. Por ejemplo, el vídeo difundido por la Armada en el que muestra cómo pertrecha a los militares españoles del Peñón de Alhucemas, un territorio a 600 metros de la costa que reclama como propio Rabat.

 

Un hombre se niega a dar tabaco y le rompen la pierna en Tarragona​

Un hombre que caminaba con un amigo por la zona de la plataforma del Miracle acabó con una pierna rota. Fue porque dijo que no tenía tabaco cuando un grupo de seis jóvenes le pidió un cigarro. Tres de los sospechosos –dos de ellos menores de edad– acabaron detenidos por la Guàrdia Urbana.

La agresión se produjo en la medianoche del miércoles al jueves en la confluencia de la Baixada del Toro con el Passeig Rafael de Casanova. La víctima aseguró que había sido atacado por seis jóvenes marroquíes, de los que dio la descripción de algunos de ellos. Al decirles que no tenía tabaco, comenzaron a tocarle por el cuerpo con la intención de robarle el bolso de mano, por lo que él se defendió para que no se lo quitaran. Ante su resistencia, uno de los ladrones le golpeó la pierna izquierda, lo que provocó que cayera al suelo. El delincuente quiso robarle de nuevo el bolso, pero apareció el amigo de la víctima y el grupo se dio a la fuga.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana acudió al lugar y se entrevistó con la víctima y el testigo. La persona herida posiblemente tenía la pierna rota y no se podía mover. Una ambulancia evacuó al hombre al Hospital de Santa Tecla. Mientras, la descripción de los sospechosos era transmitida a todas las patrullas de dicho cuerpo policial y de los Mossos.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana observó, en el Passeig de les Palmeres, a un grupo formado por tres jóvenes, cuya descripción concordaba con la facilitada por la víctima. Los tres quedaron detenidos por un delito de tentativa de robo con violencia y otro de lesiones.

Los dos más jóvenes pasaron el jueves a disposición del Juzgado de Menores. El fiscal pidió el internamiento de ambos en un centro. El Equipo Técnico informó que uno de los menores frecuenta grupos de amigos disociables y conductas disruptivas, no tiene ni control ni contención por parte de adultos. Respecto de este menor el juez acordó el internamiento en régimen semiabierto por seis meses en el Centre Can Llupià, ubicado en Barcelona.

El otro menor tiene mejor comportamiento y pronóstico. Además, está estudiando. No vulnera normas, aunque las lleva al límite. Por eso se le puso una medida de libertad vigilada por seis meses prorrogables.

 

Heridos nueve guardias civiles al frenar la entrada de 150 inmigrantes a Melilla​

Nueve guardias civiles han resultado heridos por contusiones, al parecer leves, al frenar esta madrugada el intento de entrada irregular en Melilla de más de 150 inmigrantes, la mayoría de origen subsahariano, aunque había también varios magrebíes, ninguno de los cuales ha conseguido su objetivo.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que este intento de entrada se ha producido a las 5.15 horas en la zona del Dique Sur, que un grupo de más de 150 personas han tratado de bordear a la carrera.

Ninguno de ellos ha logrado acceder a Melilla gracias al dispositivo desplegado por la Guardia Civil, que ha contado con la participación de la Policía Nacional, y en el que, según la Delegación del Gobierno, ha habido una "colaboración activa" de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

La Delegación ha subrayado la violencia utilizada por los inmigrantes, que en su intento de entrada a Melilla portaban palos y han lanzado piedras.

Nueve agentes de la Guardia Civil han resultado heridos por contusiones, lesiones que a priori son leves.

La Policía Local también ha colaborado cortando al tráfico la carretera del Dique Sur.