Celaá promociona el árabe en las aulas mientras expulsa el español​

El Ministerio de Educación ha lanzado un portal de Programas Lingüísticos para impulsar las iniciativas que fomenten el aprendizaje de lenguas extranjeras, como el árabe. Todo ello, mientras la ministra Isabel Celaá margina el español en su nueva ley educativa, la polémica Ley Celaá, recientemente aprobada.

El departamento señala que «más de 60.000 alumnos se benefician cada año de uno de los cuatro programas lingüísticos de ámbito nacional», coordinados por el Ministerio y gestionados por las comunidades autónomas.

Estos programas se desarrollan en colaboración con Reino Unido, Francia, Marruecos y Portugal. Ahora, el Ministerio de Celaá los promociona a través de un nuevo portal de Programas Lingüísticos, con toda la información sobre los diferentes planes educativos.

Entre esos programas, el Ministerio coordina el correspondiente a lengua árabe y cultura marroquí, financiado por el Gobierno de Marruecos a través de la Fundación Hassan II, y que se realiza en colaboración con la Embajada de Marruecos en España.

En la actualidad, se imparte en 354 centros de Educación Primaria y Secundaria de 11 comunidades autónomas, y participan más de 7.100 alumnos. Aunque en un principio va dirigido al alumno marroquí, Educación señala que está abierto «a los interesados en aprender la cultura y la lengua árabes».

Entre sus objetivos se encuentra «proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida» o «fomentar la educación intercultural». Se imparte tanto dentro como fuera del horario lectivo.

Educación también promociona el Programa Educativo Bilingüe, realizado en colaboración con el British Council; o el Bachibac, creado con el Gobierno francés. Por último, el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa se desarrolla en colaboración con la Embajada de Portugal a través del Instituto Camões.

La ministra Celaá promueve así la enseñanza de otros idiomas, algo lógico pero que contrasta con el ataque al español, según su ley de Educación.

La polémica Ley Celaá fue aprobada el pasado noviembre entre una gran polémica por el trato marginal que concede al castellano. Para sacar su plan adelante, el Gobierno contó con el apoyo del ERC, PNV, Más País-Equo y Compromís. En contra votaron el PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Partido Regionalista Cántabro, mientras que Bildu, Junts per Catalunya, BNG o Teruel Existe se abstuvieron.

El texto de la nueva ley suprime la referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Mientras se margina en España, paradójicamente, los Presupuestos Generales del Estado apuestan por expandir su enseñanza en el resto del mundo.

En concreto, dentro de los planes del Ministerio de Educación, se señala que uno de los objetivos será «el mantenimiento de vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior» junto con «la promoción y organización de programas de apoyo en el marco de sistemas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y cultura españolas».

El plan de Isabel Celaá incide en atender «la demanda de enseñanzas de lengua por parte de la población española residente en el extranjero que desea mantener sus vínculos culturales con nuestro país», para lo que destaca las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, que funcionan en la actualidad en 12 países -Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Suiza-, que suman 365 aulas.

Ley polémica​

La ley también incluye que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis sólo para construir centros públicos y no concertados.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no aplicarán este próximo curso la polémica ley.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ha aprobado el decreto que eleva los conciertos educativos de 6 a 10 años, y que «garantiza la libertad de elección» de 360.000 alumnos

Esta medida ha sido adoptada ante la «disconformidad» del Ejecutivo regional tras la decisión del Gobierno de la nación de reducir «el papel de la educación concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada».

 

El Gobierno devolvió sólo a 480 inmigrantes de los 23.000 que llegaron a Canarias en 2020​

2020 ha roto todos los registros. Más de 23.000 inmigrantes llegaron en patera a Canarias de forma irregular. La saturación de las instalaciones se convirtió en un problema de primer orden para las autoridades locales… y para el Gobierno, que no encontraba la vía para devolver a todas esas personas a sus países de origen. De acuerdo a las cifras a las que ha tenido acceso Vozpópuli, sólo se logró repatriar a 480 personas en todo el año.

La evolución de las cifras refleja la presión migratoria que se vivió a lo largo del año. 129 embarcaciones llegaron a las costas canarias en 2019, frente a las 745 que lo hicieron en 2020. Lo mismo se puede decir del número de personas: de 2.687 se pasó a 23.023. Los datos figuran en el dossier elaborado por el Ministerio del Interior titulado Inmigración irregular 2020, con los datos acumulados del 1 de enero al 31 de diciembre.

Unas estadísticas que se tradujeron en escenas ya conocidas como la del muelle de Arguineguín, colapsado por la creciente llegada de embarcaciones. El Gobierno tuvo que recurrir a medidas drásticas para ubicar a todas estas personas: desde el acondicionamiento de cuarteles militares en desuso hasta abrir las puertas a unos hoteles que estaban vacíos por el desplome del turismo a causa de la pandemia.

De esos 23.023 inmigrantes que llegaron a Canarias, el Ejecutivo sólo logró devolver a sus países de origen a 480 que no cumplían con los requisitos de acogida o asilo. Son cifras que figuran en una respuesta escrita del Gobierno a preguntas registradas por Vox en el Congreso de los Diputados.

Presión migratoria en Canarias​

Fuentes del Gobierno consultadas por este diario señalan que las cifras corresponden exclusivamente a los últimos dos meses del año, que es cuando se logró desbloquear la devolución a los países de origen. "Son muy buenas cifras", señalan. Hasta entonces, la pandemia del coronavirus había propiciado el cierre de las fronteras, impidiendo que se aplicasen los convenios de repatriación.

"Debido a las restricciones de movilidad internacional derivadas de la actual situación de pandemia, provocado por el virus COVID-19, muchas fronteras exteriores permanecen cerradas imposibilitando la realización de viajes para repatriaciones o dificultando esta labor por la exigencia de ciertos requisitos a cumplir", señala el Gobierno en otra respuesta parlamentaria. "Se están manteniendo contactos con los distintos países de origen con el objetivo de poder retomar las repatriaciones lo antes posible".

Las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos explotaron ese bloqueo para lanzar más barcazas a aguas del Atlántico. Asimismo, la situación de pobreza y desequilibrio derivada de la pandemia propició que más inmigrantes tratasen de llegar a las costas canarias. Un cóctel que, según el Gobierno, propició esa saturación en las Islas.

Reubicaciones, traslados y repatriados​

¿Qué ocurrió con el resto de personas? Como contó Vozpópuli, en 2020 se trasladaron a 2.168 personas de Canarias a la Península. Todas ellas, según la Secretaría de Estado de Migraciones, formaban parte de colectivos vulnerables: “Deterioro físico, psicológico, u otras circunstancias económicas, sociales o familiares”. Por tanto, merecedoras de la condición de asilo. De esas 2.168 reubicaciones, 1.447 se llevaron a cabo en el último trimestre del año.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior trabaja en la adjudicación de un contrato a aerolíneas privadas que permitiría redoblar los esfuerzos de devolución de inmigrantes a sus países de origen. Para ello cuenta con unos fondos próximos a los diez millones de euros. Tras descartar una oferta de Canary Fly por no haber presentado la documentación exigida, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska debe optar entre las propuestas presentadas por dos Uniones Temporales de Empresas (UTE): la conformada por Air Europa y Aeronova, y la de Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo y Evelop Airlines.

A día de hoy, miles de inmigrantes que no cumplen con los requisitos de asilo permanecen en las Islas a la espera de ser devueltos a sus lugares de origen. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que trabajan en el acondicionamiento de nuevas instalaciones para acoger a los inmigrantes que aún permanecen en hoteles. La irrupción del temporal Filomena -señalan desde el departamento- retrasó la ejecución del proyecto y el traslado de las personas que llegaron a Canarias por vía irregular.

 

Las Canteras abrirá de forma “inminente” y acogerá de inicio a 300 inmigrantes​

El centro de acogida de inmigrantes de Las Canteras abrirá sus puertas de forma “inminente”. Así lo apuntó ayer el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras una reunión celebrada en el Ayuntamiento de La Laguna. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que la previsión que le han transmitido desde el Estado es que sea el viernes cuando empiecen a llegar los primeros usuarios. Inicialmente, según cifró, se producirá la acogida de 300 personas, y afirmó que desde el Gobierno central existe un compromiso de que no se superen en ningún caso los 1.000 inmigrantes.

“Nosotros, la semana pasada, cuando tuvimos la información, nos reunimos con los colectivos vecinales”, expresó el regidor local. “Le trasladamos un mensaje de intentar colaborar totalmente e ir de la mano”, expuso, antes de considerar que el mensaje ha sido positivo por parte de las entidades ciudadanas de la zona. “Los vecinos, por lo pronto, me están trasladando que aceptan el reto de este centro si es temporal”, manifestó el político socialista, e indicó que desde el Consistorio le han solicitado a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “que es la organización que va a llevar a cabo la gestión de este centro”, tener conocimiento “de todos y cada uno” de los movimientos que se vayan a hacer dentro y de cómo se van a organizar “para que se adelanten y no suceda lo que pasó en los primeros días de Las Raíces”.

Asimismo, apuntó que ha estado en contacto con las asociaciones de vecinos de Las Canteras, Jardina, Las Mercedes, San Roque, el casco, La Rúa y San Diego, así como con la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere). Otro de los puntos en los que se detuvo fue en que se ha creado un plan de seguridad adaptado a Las Canteras. “Tenían pensado que entrasen 1.300 y yo estuve negociando con ellos y, en vista de lo que estábamos viendo en Las Raíces, se reducen a 1.000”, añadió Gutiérrez sobre la labor realizada con el Estado. “Creo que esta situación nos ha cogido a todos por sorpresa y nos ha hecho tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles de digerir; pero sabemos que estamos hablando de personas y que hemos de aunar esfuerzos para trabajar y buscar una solución”, manifestó antes de que se celebrase un encuentro, a partir de las 15:00 horas, en el salón de plenos lagunero.

La cita estuvo centrada en el centro de acogida de Las Raíces y en ella se sentaron diferentes instituciones con una representación de los vecinos del Rodeo Alto. Junto a la directora general de Inclusión y el delegado y el subdelegado del Gobierno en Canarias estuvieron el alcalde y concejales de diferentes grupos políticos, y también tuvieron presencia el Servicio Canario de la Salud, las policías Local y Nacional, y la oenegé que gestiona el campamento, entre otros agentes. Según las fuentes consultadas, la principal idea que dejó el encuentro fue la intención estatal de que antes del 31 de diciembre no exista el centro de acogida en Las Raíces.

“No hay duda de que Canarias está sufriendo una emergencia humanitaria, pero tampoco hay duda, y menos después de esta reunión, de la solidaridad de los vecinos de La Laguna”, expresó la directora general de Inclusión, Maite Pacheco. “Los vecinos tenían preocupaciones absolutamente legítimas, como algunas de seguridad vial, qué está pasando con estas personas, cómo es el proyecto dentro del centro, algunas preocupaciones de salud… Creo que les hemos podido tranquilizar, porque estamos trabajando todas las administraciones”, resaltó. También se mostró satisfecho con el encuentro el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. “Yo creo que ha sido una reunión positiva, constructiva...”, sostuvo. Y reconoció: “Hay cosas que mejorar, que algunas son en la vertiente municipal, pero otras competen a la Delegación o al Ministerio de Migraciones”.

Camino El Matadero​

Los vecinos pusieron sobre la mesa sus reivindicaciones. “Nos han oído, hemos discutido, hemos valorado...; ahora habrá que ver si por lo menos se consiguen algunas de las peticiones más acuciantes y en las que tenemos un mayor interés”, señaló José Carlos Cabrera, uno de los residentes en el Rodeo Alto que estuvieron presentes en el encuentro. “Para nosotros es fundamental canalizar todo el tráfico de vehículos y personas por lo que llaman el camino El Matadero”, apuntó sobre una de las principales demandas formuladas, y planteó que, mientras que eso no se resuelva, abogan por asfaltar la vía que va desde la puerta que se está utilizando en la actualidad para acceder al acuartelamiento hasta la carretera de La Esperanza. “Son peticiones muy concretas, fáciles de cumplir…”, expresó. “Se trata de pequeñas acciones que nos permitirían compaginar una situación nueva para nosotros y mantener esa tranquilidad que ha sido la tónica general de este barrio en el que ha vivido muy poquita gente durante toda su vida”, argumentó Cabrera.

Otra de las representantes vecinales, María José Hernández, calificó de “muy importante” el encuentro celebrado en la tarde de este martes. “Había muchas cosas que desconocíamos, sobre todo en cuanto a nuestras reivindicaciones, ver las competencias…”, expuso tras la reunión. “Nos hemos dado cuenta de que ha habido una gran improvisación al haber elegido este campamento”, continuó, y se refirió a continuación a las infraestructuras o la cantidad de migrantes de distintas culturas congregados en el lugar, entre otros factores. Hernández puso de relieve que los vecinos han mostrado su preocupado desde el inicio por la atención recibida por los usuarios del recinto.

“De hecho, hemos sido los primeros en denunciar la situación al ver cómo estaban construidas las tiendas de campaña, pues sabíamos que iban a pasar frío, las condiciones de hacinamiento...”, ejemplificó sobre lo que después se ha comprobado. Profesional sanitaria, expuso también su inquietud por la covid y el riesgo que entrañan los contactos que se producen en el exterior del campamento con gestos como abrazos.

 

Un estudio realizado en Suecia revela un preocupante dato sobre las nacionalidades de los agresores que cometen la mayor parte de las violaciones en aquel país​

Es un secreto a voces, del que muy poca gente habla, que los delitos de violaciones cometidos en Suecia llevan aumentando, año tras año, de una forma muy alarmante. y más alarmante todavía es la sospecha que siempre se ha tenido de que esos delitos son cometidos, en su mayor parte, por inmigrantes de diferentes nacionalidades de los que Suecia ha estado acogiendo en los últimos años sin ningún tipo de control.

Tal y como publica el digital ‘Breitbart‘, un estudio de la Universidad de Lund ha revelado que la mayoría de los violadores condenados en Suecia son de origen extranjero y casi la mitad de los violadores nacidos en el extranjero en un estudio histórico que es uno de los primeros de su tipo en la nación de alto nivel de inmigración.

El estudio analizó un total de 3.039 violadores condenados y descubrió que el 59,3 por ciento de los condenados provenían de ‘antecedentes migratorios’: inmigrantes de primera y segunda generación. En el caso de los delincuentes nacidos fuera de Suecia, el 47,8% en total, el 34,5% procedía de la región del Norte de África y Oriente Medio, mientras que el 19,1% procedía del África subsahariana.

El 32,5 por ciento, estaban en algún tipo de programa de asistencia social del gobierno, mientras que se decía que el 38,6 por ciento tenía bajos niveles de educación. Además, es importante recordar que la Universidad de Malmo había realizado un estudio similar en 2020, pero solo de casos sucedidos en aquella ciudad, y determinó que el 71 por ciento de esos delitos habían sido cometidos por inmigrantes. ¡El 71%!

Con todo esto tendremos que llegar a aquello de son “sus costumbres y hay que entenderlo”. Tengan en cuenta la enorme cantidad de inmigrantes que están llegando a España con costumbres similares a las que están sufriendo en Suecia, ya verán de quñe forma va a ir subiendo este problema tan grave en nuestro país.

Nota: En Suecia viven, según publica la ONU, 2.005.210 de inmigrantes, lo que supone un 19,42% de la población de Suecia. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 1.008.536 hombres, lo que supone el 50.29% del total, frente a los 996.674 de inmigrantes mujeres, que son el 49.70%.

 

¡Exprópiense! Baleares empieza a expropiar viviendas privadas para dárselas a los inmigrantes​

El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol acaba de expropiar 56 viviendas vacías a sus propietarios, para destinarlas durante los próximos siete años a alquileres sociales.

Se trata, presume la Conselleria balear de Vivienda, de una medida pionera en España, fruto de la Ley 5/2018 de 19 de junio, que permite al Gobierno insular hacerse con las viviendas que desde hace meses ha ido inscribiendo en un registro de grandes tenedores. En los próximos días la resolución se publicará en el BOIB, se notificará a los grandes tenedores la expropiación de uso, y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones.

"A pesar de que hay algunas comunidades que tienen figuras similares, la mayoría están en fase de detección de pisos vacíos, y no se ha producido ninguna medida de cesión obligatoria de viviendas del alcance de la que hoy se inicia Baleares", apuntó el conseller balear de Vivienda, Josep Marí Ribas.

Se consideran viviendas vacías las que llevan más de dos años en desuso sin causa que lo justifique, y son propiedad de personas físicas o jurídicas dedicadas al sector inmobiliario que sean titulares de diez o más inmuebles. Estas primeras 56 viviendas ya habían sido visitadas por personal técnico de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que las consideró adecuadas por sus dimensiones, características y estado, para incorporarse al parque de vivienda social.

Se trata de una de las iniciativas más innovadoras y agresivas de la Ley de la vivienda de las Islas Baleares, con el fin de poner en circulación parque de vivienda "donde hay necesidad objetiva", explica la Conselleria.

El registro de viviendas vacías llegó a contar con 1.400 inmuebles, de los que ahora apenas quedan 700, después de que los propietarios sacaran muchas al mercado en previsión de que el Gobierno balear pudiera expropiarlas.

El ejecutivo autonómico, en manos de PSOE, Podemos y los ecosoberanistas de Més, llego a abrir una veintena de expedientes sancionadores a grandes propietarios por no haber registrado sus viviendas, o por no colaborar para que los inspectores accedieran y revisaran los inmuebles.

La mayoría se encuentran en la isla de Mallorca, 27, mientras que 23 están en Menorca y seis en Ibiza. En concreto, once en Palma, once en Inca, dos en Llucmajor, dos en Manacor y una en Calvià. Las de Menorca están 17 en Ciutadella y seis en Maó. Mientras que las ibicencas están repartidas por casi todos los ayuntamientos de la isla.

"Permite sacar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de quien más lo necesita, de forma que retorna la función social de la vivienda, que se incumple teniendo los pisos cerrados", apunta Marí Ribas.

Los propietarios recibirán una compensación durante los siete años que la vivienda esté en alquiler social. Para este primer paquete se prevé un montante de 1,8 millones de euros, que recibirán en un único pago.

El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas es "considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la Comunidad", que fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que el que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.

Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler adaptado a su bolsillo, de forma que nunca supere el 30% de sus ingresos.

Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Govern pagará al gran tenedor es de 408 euros al mes. La previsión total es de 926.000 euros en compensación por la cesión. En Menorca el precio medio que se pagará será de 336 euros mensuales (649.000 euros por la compensación al gran tenedor). Y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto: 530 euros mensuales (266.000 euros para la indemnización a los grandes tenedores).

"La Ley de la Vivienda de Baleares se ha convertido en la primera ley progresista a nivel de toda España que no será objeto de recurso de inconstitucionalidad, porque la Abogacía del Estado y también el Consejo Consultivo reconocen el planteamiento de la obligación de los grandes tenedores de ceder las viviendas que estén vacías", apuntó en mayo de 2019 el entonces conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons durante la presentación del decreto.

El PP, por su parte, denunció en su momento el proyecto de Ley de Vivienda al considerarlo "intervencionista", y que "vulnera la propiedad privada".

El Govern, anuncia, sigue una segunda línea de acción respecto de los pisos de los grandes tenedores: el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las operaciones de disposición de viviendas entre los grandes tenedores. Al mismo tiempo, refuerza el control sobre los grandes tenedores, con sanciones más graves por los incumplimientos.

El objetivo es, por esta segunda vía, adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social. De momento, se ha iniciado ya el proceso de adquisición por esta vía de ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Es Mercadal.