No saldrá en ningún telediario. Esta injusticia será ignorada por "la prensa del sistema". El Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona) deja en la calle a un trabajador por su militancia política en Democracia Nacional.
El hecho es gravísmo pese a que será silenciando por "la prensa del sistema".
Da igual que sea inconstitucional el que ningún trabajador pueda ser despedido por sus ideas políticas. Menos, todavía, que nadie pueda ser despedido en España por estar orgullo so de ser español. En Cataluña los independentistas han implantado su "propia ley". Y el gobierno de España lo consiente.
Y aún es más grave cuando esta decisión se produce en un consistorio gobernado en coalición por el PSC-PSOE y Ciudadanos.
La dicotomía independentistas contra constitucionalistas es falsa.
La única guerra que se libra en Cataluña es entre constitucionalistas y patriotas
Este hecho demuestra que es falsa la dicotomía que el sistema intenta presentar, que en Cataluña existe una disputa entre independentistas y constitucionalistas; independentistas y constitucionalistas son lo mismo, parte del Régimen del 78 y los primeros no existirían si no los hubiera consagrado el Estado de las Autonomías de la Constitución Española que defienden, tanto PSOE y Ciudadanos como PP y VOX.
La verdadera lucha en Cataluña se libra entre constitucionalistas (independentistas y no independentistas) y patriotas, que son todos aquellos que reniegan de la Constitución del 78, que rechazan el Estado de las Autonomías y que defienden la españolidad de Cataluña en la calle, a bofetadas muchas veces, no solo contra los independentistas sino contra su policía política: los Mozos de Escuadra.
Juan de Haro es vigilante jurado y trabaja en la empresa de seguridad que presta sus servicios al Ayuntamiento de la localidad de El Vendrell.
El propio alcalde se ha dirigido al director de la empresa de seguridad para asegurarse el despido del trabajador.
Y pese a lo ilícito e inmoral del suceso, un acto claramente prevaricador del alcalde de El Vendrell, presume de su gesta en redes sociales.
A mayor abundamiento, el consistorio ¡gobernado por constitucionalistas! hace una inadmisible e ilícita intromisión en la intimidad del trabajador (en sus ideas y su militancia política) y argumenta su decisión para exigir el despido del vigilante jurado, en supuestos comentarios que el trabajador Juan de Haro habría publicado en redes sociales sobre el colectivo LGTBI, comentarios que, en ningún caso, afectan a su trabajo como vigilante jurado, ni hacen referencia alguna a la población en la que presta sus servicios.
¿Es que un trabajador no tiene vida privada? ¿Acaso no puede publicar cada ciudadano lo que tenga por conveniente en redes sociales, sin temor a que le pueda costar el despido de su puesto de trabajo?
No puede permitirse que ningún trabajador sea despedido de su puesto de trabajo, que a nadie se le niegue el pan que gana para su familia, por sus ideas políticas ni por comentarios ideológicos publicados en redes sociales, en lo que se supone que es una democracia y un Estado de Derecho.
La Tribuna de España ha intentado conseguir unas declaraciones del alcalde de El Vendrell sin éxito.
Para mayor vergüenza, El Diario de Tarragona informa de este hecho de manera absolutamente tergiversada, publicando la vida personal y política del trabajador despedido e ignorando su derecho a la privacidad.
El Diario de Tarragona publica información del trabajador, de su militancia política en Democracia Nacional y de toda su actividad privada en redes sociales, nada que ver con el puesto de trabajo para el que está contratado: ninguna falta en el servicio prestado, ningún incidente que ponga en cuestión su profesionalidad... absolutamente nada que justifique este despido.
latribunadeespana.com
El hecho es gravísmo pese a que será silenciando por "la prensa del sistema".
Da igual que sea inconstitucional el que ningún trabajador pueda ser despedido por sus ideas políticas. Menos, todavía, que nadie pueda ser despedido en España por estar orgullo so de ser español. En Cataluña los independentistas han implantado su "propia ley". Y el gobierno de España lo consiente.
Y aún es más grave cuando esta decisión se produce en un consistorio gobernado en coalición por el PSC-PSOE y Ciudadanos.
La dicotomía independentistas contra constitucionalistas es falsa.
La única guerra que se libra en Cataluña es entre constitucionalistas y patriotas
Este hecho demuestra que es falsa la dicotomía que el sistema intenta presentar, que en Cataluña existe una disputa entre independentistas y constitucionalistas; independentistas y constitucionalistas son lo mismo, parte del Régimen del 78 y los primeros no existirían si no los hubiera consagrado el Estado de las Autonomías de la Constitución Española que defienden, tanto PSOE y Ciudadanos como PP y VOX.
La verdadera lucha en Cataluña se libra entre constitucionalistas (independentistas y no independentistas) y patriotas, que son todos aquellos que reniegan de la Constitución del 78, que rechazan el Estado de las Autonomías y que defienden la españolidad de Cataluña en la calle, a bofetadas muchas veces, no solo contra los independentistas sino contra su policía política: los Mozos de Escuadra.
Juan de Haro es vigilante jurado y trabaja en la empresa de seguridad que presta sus servicios al Ayuntamiento de la localidad de El Vendrell.
El propio alcalde se ha dirigido al director de la empresa de seguridad para asegurarse el despido del trabajador.
Y pese a lo ilícito e inmoral del suceso, un acto claramente prevaricador del alcalde de El Vendrell, presume de su gesta en redes sociales.
A mayor abundamiento, el consistorio ¡gobernado por constitucionalistas! hace una inadmisible e ilícita intromisión en la intimidad del trabajador (en sus ideas y su militancia política) y argumenta su decisión para exigir el despido del vigilante jurado, en supuestos comentarios que el trabajador Juan de Haro habría publicado en redes sociales sobre el colectivo LGTBI, comentarios que, en ningún caso, afectan a su trabajo como vigilante jurado, ni hacen referencia alguna a la población en la que presta sus servicios.
¿Es que un trabajador no tiene vida privada? ¿Acaso no puede publicar cada ciudadano lo que tenga por conveniente en redes sociales, sin temor a que le pueda costar el despido de su puesto de trabajo?
No puede permitirse que ningún trabajador sea despedido de su puesto de trabajo, que a nadie se le niegue el pan que gana para su familia, por sus ideas políticas ni por comentarios ideológicos publicados en redes sociales, en lo que se supone que es una democracia y un Estado de Derecho.
La Tribuna de España ha intentado conseguir unas declaraciones del alcalde de El Vendrell sin éxito.
Para mayor vergüenza, El Diario de Tarragona informa de este hecho de manera absolutamente tergiversada, publicando la vida personal y política del trabajador despedido e ignorando su derecho a la privacidad.
El Diario de Tarragona publica información del trabajador, de su militancia política en Democracia Nacional y de toda su actividad privada en redes sociales, nada que ver con el puesto de trabajo para el que está contratado: ninguna falta en el servicio prestado, ningún incidente que ponga en cuestión su profesionalidad... absolutamente nada que justifique este despido.
El Ayuntamiento de El Vendrell despedide a un trabajador por estar en contra del colectivo LGTBI. El consistorio pide a la empresa de seguridad que despida a un trabajador por su militancia en Democracia Nacional - La Tribuna de España
No saldrá en ningún telediario. Esta injusticia será ignorada por "la prensa del sistema". El Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona) deja en la calle...
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