Se está matando la libertad de expresión 🤐

Por Judith Bergman.- En mayo, Francia pidió que aumentara la supervisión del Gobierno sobre Facebook. Ahora Facebook ha accedido a entregarles a los jueces franceses los datos de identificación de usuarios sospechosos de discurso del odio en su plataforma, según el secretario de Estado para el Sector Digital, Cédric O.

Anteriormente, según una información de Reuters, «Facebook se había abstenido de entregar los datos de identificación de las personas sospechosas de discurso del odio porque no estaba obligada a hacerlo según el ordenamiento jurídico estadounidense-francés, y porque le preocupaba que los países donde no hubiera un poder judicial independiente pudieran abusar de ello». Hasta ahora, señaló Reuters, Facebook sólo había cooperado con el poder judicial francés en asuntos relacionados con atentados y actos violentos transfiriéndoles las direcciones IP y otros datos identificativos de individuos considerados sospechosos por los jueces franceses y que los habían demandado oficialmente.

Ahora, sin embargo, el «discurso del odio» —como se tilda interesadamente al discurso que no cumple la ortodoxia política del momento— parece ser comparable al terrorismo y los crímenes violentos. Muy autocrático, pero al parecer a Cédric O le encanta: «Esto es una gran noticia, significa que el proceso judicial podrá transcurrir con normalidad».

Es bastante probable que otros países quieran hacer algún acuerdo similar con Facebook; también parece probable Facebook lo acataría. En mayo, por ejemplo, mientras Francia estaba debatiendo unas leyes que le darían a un «regulador independiente» el poder de multar a las empresas tecnológicas con hasta el 4% de sus ingresos globales si no lo hacen lo suficiente para eliminar el «contenido de odio» de sus redes, el consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró: «Espero que [la propuesta francesa] se pueda convertir en un modelo que se utilice en toda la UE».

Francia es el primer y hasta ahora único país en haber llegado a un acuerdo de este tipo con Facebook.

El nuevo acuerdo podría representar el fin de facto de la libertad de expresión en Facebook para los ciudadanos franceses.

La autocensura en Europa ya es algo generalizado: una reciente encuesta en Alemania mostró que dos tercios de los alemanes tienen «mucho cuidado» con los temas de los que hablan en público, de los cuales los más tabú son el islam y los inmigrantes. Es probable que saber que una simple publicación en Facebook podría llevarte ante el juez esté poniendo una sordina decisiva al deseo de cualquiera de hablar con libertad.

Las autoridades francesas ya están en proceso de establecer un ejemplo muy público de lo que les puede ocurrir a los que usan su libertad de expresión en internet. Hace poco, Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, recibió la orden de comparecer en juicio y se podría enfrentar a una pena máxima de tres años de cárcel y a una multa de 75.000 euros por difundir «mensajes violentos que incitan al terrorismo o la pornografía o herir gravemente la dignidad humana». En 2015, había tuiteado imágenes de las atrocidades perpetradas por el ISIS en Siria e Irak para demostrar lo que éste estaba haciendo.

Es probable que, si otros países reproducen el acuerdo de Facebook con Francia, se agote lo poco que quede de libertad de expresión en Europa, especialmente en internet.

A principios de julio, la Asamblea Nacional de Francia adoptó un proyecto de ley concebido para limitar el discurso del odio online. El proyecto de ley les da a las redes sociales 24 horas para retirar el «contenido de odio» o de lo contrario se enfrentarán a multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. El proyecto de ley ha pasado al Senado francés y se podría convertir en ley tras el receso estival del Parlamento. Si lo hace, Francia será el segundo país de Europa, después de Alemania, que apruebe una ley que hace directamente a las redes sociales censoras de sus usuarios en nombre del Estado.

También a principios de julio, en Alemania —donde la ley de censura, conocida como NetzDG, también exige que Facebook retire contenidos en un plazo de 24 horas so pena de multa de hasta 50 millones de euros—, la Oficina Federal de Justicia impuso una multa de 2 millones de euros a Facebook «por la incompleta información proporcionada en su informe publicado [la publicación de su informe de transparencia para la primera mitad de 2018 que exige la NetzDG] sobre el número de quejas recibidas por contenidos ilícitos. Esto le causa al público general la impresión distorsionada de la cantidad de contenidos ilícitos y la respuesta de la red social».

Según la Oficina Federal de Justicia de Alemania, Facebook no informa a sus usuarios lo suficiente sobre la opción de denunciar «contenidos delictivos» con el «formulario de denuncia específico de la NetzDG»:

«Facebook tiene activos dos sistemas de denuncia: sus canales normales para reportar y responder, por un lado, y el ‘formulario de denuncia de la NetzDG’ por el otro. Los usuarios que deseen presentar una queja por contenido delictivo amparada por la Ley de Aplicación de la Ley en las Redes serán guiados por los canales normales, ya que la existencia paralela de los canales normales y el ‘formulario de denuncia de la NetzDG’ no es lo suficientemente transparente, y el ‘formulario’ de la NetzDG está demasiado escondido […] Si las redes sociales ofrecen más de un canal de denuncia, se debe indicar con claridad y transparencia a los usuarios, y las quejas recibidas por estos canales se han de incluir en el informe de transparencia. Al fin y al cabo, los procedimientos para gestionar las quejas de contenido ilícito tienen un impacto considerable en la transparencia».

Facebook respondió: «Queremos eliminar el discurso del odio de la manera más rápida y eficaz posible, y trabajar para ello. Estamos seguros de que nuestros informes publicados para la NetzDG están en conformidad con la ley, pero como muchos críticos han señalado, la ley adolece de claridad».

A pesar de que Facebook afirma estar combatiendo el discurso del odio online, incluido haber eliminado millones de publicaciones de contenido terrorista de su plataforma, según un reciente reportaje de The Daily Beast, 105 publicaciones de algunos de los terroristas más infames de Al Qaeda siguen en Facebook, y también en YouTube.

Entre esos terroristas están Ibrahim Suleiman al Rubaish, encarcelado durante más de cinco años en la bahía de Guantánamo por entrenarse con Al Qaeda y luchar junto a los talibanes en Afganistán contra Estados Unidos, y Anwar al Awlaki, terrorista de origen estadounidense. Ambos murieron en ataques con drones. Según dijo un funcionario estadounidense de la lucha antiterrorista en septiembre de 2016:

«Si fueses a la gente que ha perpetrado actos de terrorismo o hubiese sido detenida, y les hicieras una encuesta, verías que la mayoría ha tenido algún tipo de contacto con Awlaki».

Awlaki ya estaba predicando y difundiendo sus mensajes de la yihad en las mezquitas estadounidenses en la década de 1990. Dos de los futuros terroristas del 11-S asistieron, entre 1996 y 2000, a sus sermones en la mezquita de Masyid ar Ribat al Islami, en San Diego. También se ha publicado que se inspiró en otros terroristas, como el de Fort Hood, el comandante Nidal Malik Hasán, con el que se intercambió emails, y los hermanos Tsarnaev, que atentaron contra la maratón de Boston en 2013. Al parecer, ese tipo de actividad no molesta a Facebook: The Daily Beast encontró los vídeos mediante búsquedas sencillas en árabe utilizando sólo los nombres de los yihadistas.

Que Facebook sea tan «creativamente» selectivo en cómo elige seguir sus propias reglas no es ninguna novedad. Como informó anteriormente el Gatestone Institute, Ahmad Qadan recaudó fondos públicamente para el ISIS en Suecia durante dos años. Facebook sólo borró las publicaciones después de que el Servicio de Seguridad de Suecia (Säpo) se pusiera en contacto con ellos. En noviembre de 2017, Ahmad fue sentenciado a seis meses de cárcel por utilizar Facebook para recaudar dinero y financiar la compra de armas para las organizaciones terroristas ISIS y el Frente al Nusra y publicar mensajes que llamaban a cometer «graves actos de violencia principal o desproporcionadamente dirigidos a los civiles con la intención de causar un terror público».

En septiembre de 2018, los medios canadienses sacaron a la luz que un líder terrorista de Toronto, Zakaria Amaria, mientras cumplía cadena perpetua por planear un atentado con camión en el centro de Toronto al estilo de Al Qaeda, tenía una página de Facebook donde publicó fotos de la prisión y notas sobre lo que le había hecho ser terrorista. Sólo cuando los medios canadienses se pusieron en contacto con Facebook para preguntarle por la cuenta, borró la cuenta de Amara «por infringir las normas de nuestra comunidad».

¿Cuándo se tomarán como prioridad Facebook y YouTube eliminar material que incluya al terrorista Awlaki, cuya incitación ha hecho que auténticos terroristas maten a personas?

 


Libertad de expresión- Mesa redonda con los abogados de Liberum Alexis Aneas e Inmaculada Jaén

Hablamos con los abogados de Liberum sobre nuestros derechos más básicos y lo que está por venir si no hacemos nada.
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Twitter etiquetará tweets que contengan mensajes de odio​

Twitter toma nuevas medidas contra aquellos tweets que contienen discurso de odio. La red social va a etiquetar aquellos mensajes que violan las normas de uso y que han sido restringidos. Se va a mostrar un aviso en la pantalla en el que se informa de los motivos por los que dicho tweet viola las normas y su visualización ha sido restringida en la plataforma.

Twitter va a etiquetar tweets que violen las normas​

La red social quiere reducir el alcance de este tipo de contenidos. Además, buscan explicar a los usuarios los motivos por los que esto se ha hecho.

Nuevas medidas contra tweets peligrosos​

Estas etiquetas que Twitter va a introducir explicarán que un tweet en cuestión ha violado las normas de uso. Además, se especificará si esto es porque dicho mensaje contiene un texto que se considera es discurso de odio o incita al odio. Los usuarios que se encuentren con dicho aviso sabrán de este modo qué ha pasado, el motivo por el que la red social ha limitado el alcance de dicho tweet.

En el pasado la red social no era siempre transparante sobre los motivos por los que se limitaba el alcance de un tweet o se eliminaba uno. Este es un intento de ser más transparentes y mantener a los usuarios informados en todo momento sobre las decisiones que se han tomado en este sentido.

Twitter confirma que esta herramienta no es un sustituto de las herramientas de moderación, sino que se trata de una función o herramienta adicional. Esperan de este modo ser más transparentes y dejar claro cuando un tweet ha violado las normas de uso. Así tanto la persona que lo haya subido como quienes puedan ver su perfil o tweet sepan en qué se basan a la hora de tomar dicha decisión.

 


¿Debe ser ilegal apalear una piñata de Pedro Sánchez?

El PSOE denunciará ante la Fiscalía a quienes apalearon una piñata con la forma de Pedro Sánchez. Los acusa de delitos de odio, injurias y amenazas. ¿Debería ser ilegal hacerlo?
 


TERRIBLE ANUNCIO de PEDRO SÁNCHEZ🔴 EL FIN de NUESTRA LIBERTAD de EXPRESIÓN y tapar a Begoña Gómez.

TERRIBLE ANUNCIO DE PEDRO SÁNCHEZ PARA ACABAR CON LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Y TAPAR ASÍ EL JUICIO DE BEGOÑA GÓMEZ QUE LLEVA EL JUEZ PEINADO Y EL CASO KOLDO.
A ESO LO LLAMA PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA CUANDO ES AFIANZAR UN RÉGIIMEN AUTORITARIO.
 


El plan de Sánchez para atar en corto a la prensa libre

El Gobierno ha presentado hoy las líneas maestras de su plan de "regeneración" democrática con el que se pretende, entre otras cosas, controlar a la prensa no alineada con el PSOE.
 


Un Premio Nobel en contra de la libertad de expresión en internet

Daron Acemoglu ha ganado el Premio Nobel de Economía de 2024. Pero, más allá de sus méritos académicos, durante los últimos meses se ha caracterizado por defender la censura estatal en internet.
 

Bluesky investigada por vulnerar la Ley de Servicios Digitales de la UE en materia de divulgación de información​

Bluesky, el último rival de X (Twitter), está siendo investigado por la Unión Europera al violar las normas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE en materia de divulgación de información. Para suerte de Bluesky, la plataforma aún es muy pequeña y poco relevante frente a otras redes sociales como X o Threads. Es por ello que, según la DSA, al ser no ser una "plataforma en línea muy grande", el regulador no puede regular a Bluesky de la misma manera que lo hace con X o Threads.

Según reveló Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, la comisión ha pedido a los 27 gobiernos nacionales de la Unión Europea que busquen "cualquier rastro de Bluesky", como oficinas con sede en la Unión Europea. Y es que una de las normas aplica que deben tener al menos una oficina en en Europa. El regulador aún no se ha puesto en contacto con Bluesky directamente, por lo que esta no ha aportado más información. Por otro lado, The Verge contactó con Bluesky para que se pronunciara ante esta información, pero no recibieron respuesta.

Bluesky se salva por ahora al tener menos de 45 millones de usuarios​

Según se ha informado, Bluesky realmente no está cumpliendo con la Ley de Servicios Digitales de la UE en materia de divulgación de información. Ahora bien, al tener menos de 45 millones de usuarios, Bluesky aún no es lo bastante grande como para recibir la etiqueta de plataforma en línea muy grande. El auge de usuarios tras las elecciones presidenciales de EE.UU. elevó su número de usuarios a 15 millones hace 10 días. En la actualidad, está rondando los 22,5 millones de usuarios. En España esta red social ha comenzado a ganar mucha popularidad. Y en parte está ligado a la libertad de expresión en X, y a lo molesta que puede resultar para algunos las Notas de la Comunidad.

Curiosamente, mantener este crecimiento sería una mala noticia. Y es que al llegar a los 45 millones de usuarios, automáticamente la DSA podrá tomar cartas en el asunto y sancionar a Bluesky. Por lo que esta red social deberá comenzar a leerse todos los requisitos que debe cumplir para seguir operando y evitar una sanción en Europa cuando consiga alcanzar los 45 millones de usuarios y sea catalogada como una "plataforma en línea muy grande".

"Todas las plataformas de la Unión Europea, incluso las más pequeñas que están por debajo de este umbral, como es el caso de Bluesky, tienen que tener una página específica en su sitio web en la que digan cuántos usuarios tienen en la Unión Europea y dónde están legalmente establecidas. A día de hoy, este no es el caso de Bluesky". Dijo el portavoz de la Comisión Europea.

Breve resumen de todo lo que engloba cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea​

Una vez que Bluesky alcance los 45 millones de usuarios, deberá cumplir con estos criterios de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea:
  • Controlar contenido ilegal: La implementación de un sistema para identificar y eliminar contenido ilícito de forma rápida.
  • Proteger a los usuarios: Evitar prácticas manipuladoras (como patrones oscuros) y garantizar la transparencia en los algoritmos.
  • Supervisar riesgos: Realizar evaluaciones de impacto sobre riesgos sociales, como la desinformación.
  • Garantizar transparencia: Informar sobre políticas, moderación y publicidad personalizada.
  • Colaborar con autoridades: Proveer informes detallados y responder a solicitudes de la Unión Europea.
 


Sánchez promueve desde Davos la censura en redes sociales

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha abogado en el Foro Económico de Davos por imponer, desde la Unión Europea, la censura en redes sociales.
 

HODIO: la nueva herramienta del Gobierno de España para medir el discurso de odio en redes sociales como X​

Ayer se anunció a HODIO, una herramienta anunciada por el Gobierno de España para medir la presencia del discurso de odio y la polarización en redes sociales. HODIO significa Huella del Odio y la Polarización, y Pedro Sánchez, Presidente de España, la anunció durante su asistencia al I Foro contra el Odio celebrado en Madrid. Según se informa desde Moncloa, la herramienta servirá para medir la presencia, evolución y alcance de estos contenidos en plataformas digitales. Sus resultados se publicarán cada seis meses para que la ciudadanía sepa qué nivel de odio circula en cada red y cómo responden las plataformas. Evidentemente, una de las principales redes sociales a las que se les hará seguimiento será a X.

Hay que destacar que HODIO no se ha presentado como una nueva ley ni como un sistema automático de censura. Se trata más bien de un instrumento de medición, trazabilidad y presión pública. La documentación oficial indica que calculará y publicará un indicador periódico por red social, incluyendo variables como la prevalencia, la amplificación y el impacto del contenido problemático. En otras palabras, la idea no es solo detectar mensajes de odio aislados, sino también medir cuánto circulan, cuánto se expanden y qué plataformas incentivan este discurso.

HODIO se ha desarrollado por OBERAXE, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia​

HODIO - Gobierno de España - Pedro Sanchez vigilancia redes sociales


Según se informa, HODIO se ha creado sobre la infraestructura que el Estado ya venía desarrollando a través del OBERAXE, dependiente del Ministerio de Inclusión. Ese observatorio monitoriza discurso de odio en redes desde 2020, cuenta con la aplicación ALERTODIO desde 2022 y, desde 2024, utiliza el sistema FARO, basado en IA y desarrollado con apoyo de LALIGA, para detectar y analizar contenidos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X. La monitorización se realiza sobre perfiles abiertos, en español, y centrada en odio contra personas o colectivos.

De esta forma, según el gobierno, HODIO se presenta como la capa política y pública de un sistema de observación que ya existía, pero ahora va un paso más allá: buscará exponer qué redes frenan el problema y cuáles lo toleran mejor.

El OBERAXE ya tenía entre sus objetivos evaluar cómo responden las plataformas a la retirada de contenidos, colaborar en la moderación y analizar tendencias de odio racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitanismo. HODIO parece ir un paso más allá: convertir ese trabajo técnico en un marcador público y comparativo que exponga qué redes frenan el problema y cuáles lo toleran mejor.

Moncloa afirma que tres de cada cuatro jóvenes españoles se encuentran con discursos de odio en internet​

Según se informa, el OBERAXE identificó más de 845.000 contenidos de odio en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y X. También sostiene que los delitos de odio han crecido en un 41% en la última década en España. También sumaron los datos del informe anual de OBERAXE sobre 2024. Este registró 2.870 contenidos reportados, de los cuales únicamente se retiraron el 35% por parte de las plataformas. Esto refuerza la tesis oficial de que el ecosistema actual es permisivo y de que hace falta más rendición de cuentas.

HODIO encaja en una estrategia más amplia del Ejecutivo para endurecer el control sobre las grandes redes sociales. El pasado mes de febrero, Pedro Sánchez había anunciado un paquete de cinco medidas. La más conocida era prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Pasando por hacer legalmente responsables a los directivos de las plataformas por ciertas infracciones. Tipificar penalmente la manipulación algorítmica y la amplificación de contenido ilegal, investigar posibles infracciones vinculadas a Grok, TikTok e Instagram, y crear precisamente un sistema de rastreo de la “huella del odio y la polarización”. Así que HODIO no es una pieza aislada: es una pata más del programa gubernamental sobre gobernanza digital.

Aún hay muchos detalles en el aire. No se habla de cómo se distingue técnicamente polarización de odio. Es decir, si habrá un acceso a nivel de APIs o scraping externo. Tampoco qué mecanismo de revisión tendrán las plataformas ante un mal resultado. Y ahí está, probablemente, la parte más delicada del proyecto: medir odio manifiesto es complejo, pero medir “polarización” sin abrir un debate sobre libertad de expresión, sesgos metodológicos y arbitraje institucional lo es todavía más. Esa discusión no está resuelta en lo que el Gobierno ha publicado hasta ahora.