El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social en el que se aborda la subida de la nómina de los pensionistas para 2020. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se hará una única revalorización de las pensiones con efectos retroactivos del 0,9% «en el momento preciso», es decir, cuando haya Ejecutivo, tal y como se recoge en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea. El Gobierno renuncia así a hacer la subida en dos pasos, primero una del 0,25%, y luego otra con el 0,65% restante.
De este modo, nueve millones de pensionistas comenzarán el año con la nómina congelada por primera vez desde 2011 pese a que el PSOE aseguró que subiría las pensiones desde diciembre. El real decreto-ley recoge la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en el que se garantiza una subida del 0,25%. Desde el Gobierno justifican esta suspensión para evitar duplicar «los aplicativos informáticos» y «el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones».
En 2019, el índice de revalorización de las pensiones se suspendió tras aprobar la subida del 1,6% de todas las pensiones en línea con la subida de los precios. Esta fórmula, vigente desde 2014 y recogida en la Ley de Pensiones de 2013 aprobada por el Partido Popular, indexaba la revalorización anual de las pensiones a una fórmula que contemplaba la salud de las cuentas de la Seguridad Social.
En materia de pensiones, también quedará por ver qué pasa con el factor de sostenibilidad, fórmula encaminada a vincular la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2019 y que se pospuso hasta 2023.
Prórroga de la cláusula de salvaguarda
Por otro lado, el Gobierno en funciones ha prorrogado otro año más la cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de las pensiones de 2011, que mantiene las condiciones de jubilación previas -más ventajosas- para las personas cuya relación laboral fue suspendida o extinguida antes de la entrada en vigor de la reforma. Celaá ha añadido que 26.000 personas se beneficiarán de esta medida.
Se trata de trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 que se jubilarán a lo largo de 2020 y que todavía podrán acogerse a las condiciones previas a la reforma de 2011, tras la cual se hizo necesario tener más edad y más años cotizados para acceder a la jubilación anticipada forzosa a la que se ven abocadas las personas que no han podido volver a encontrar un empleo.
Respecto al SMI para 2020, la portavoz explicó que se fijará una vez que pase por el diálogo social con representantes de los empresarios y los trabajadores. «El SMI para 2020 se obtendrá desde el diálogo con los agentes sociales, saldrá de ese diálogo», afirmó Celaá.
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De este modo, nueve millones de pensionistas comenzarán el año con la nómina congelada por primera vez desde 2011 pese a que el PSOE aseguró que subiría las pensiones desde diciembre. El real decreto-ley recoge la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en el que se garantiza una subida del 0,25%. Desde el Gobierno justifican esta suspensión para evitar duplicar «los aplicativos informáticos» y «el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones».
En 2019, el índice de revalorización de las pensiones se suspendió tras aprobar la subida del 1,6% de todas las pensiones en línea con la subida de los precios. Esta fórmula, vigente desde 2014 y recogida en la Ley de Pensiones de 2013 aprobada por el Partido Popular, indexaba la revalorización anual de las pensiones a una fórmula que contemplaba la salud de las cuentas de la Seguridad Social.
En materia de pensiones, también quedará por ver qué pasa con el factor de sostenibilidad, fórmula encaminada a vincular la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2019 y que se pospuso hasta 2023.
Prórroga de la cláusula de salvaguarda
Por otro lado, el Gobierno en funciones ha prorrogado otro año más la cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de las pensiones de 2011, que mantiene las condiciones de jubilación previas -más ventajosas- para las personas cuya relación laboral fue suspendida o extinguida antes de la entrada en vigor de la reforma. Celaá ha añadido que 26.000 personas se beneficiarán de esta medida.
Se trata de trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 que se jubilarán a lo largo de 2020 y que todavía podrán acogerse a las condiciones previas a la reforma de 2011, tras la cual se hizo necesario tener más edad y más años cotizados para acceder a la jubilación anticipada forzosa a la que se ven abocadas las personas que no han podido volver a encontrar un empleo.
Respecto al SMI para 2020, la portavoz explicó que se fijará una vez que pase por el diálogo social con representantes de los empresarios y los trabajadores. «El SMI para 2020 se obtendrá desde el diálogo con los agentes sociales, saldrá de ese diálogo», afirmó Celaá.
Sánchez incumple su promesa y las pensiones comenzarán el año congeladas
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que se hará una única revalorización del 0,9% «en el momento preciso» y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante
