Nunca se había producido un incremento mensual de gasto tan elevado. Según los datos de la Intervención General del Estado, la remodelación del Gobierno que Sánchez realizó en julio subió el coste en asesores un 115,1%. Si en julio de 2020 alcanzó los 3,3 millones de euros, en el mismo mes de 2021 se disparó hasta los 7,1 millones.
En el acumulado del año, es decir, en los primeros siete meses del año, este gasto en personal de confianza alcanzó los 37,9 millones (otro récord) frente a los 33,2 millones de hace un año, con un alza del 14,3%, casi tres veces más que el incremento registrado en el pago a los empleados públicos de la Administración Central (5%). La previsión fijada en los Presupuestos Generales del Estado para esta partida de contratados en todo 2021 es de 62,4 millones (65,4 millones si se incluye a los organismos autónomos de los ministerios), un 12,3% más sobre los 55,5 millones liquidados en 2020.
Para atender este ingente gasto se ha realizado en lo que va de año una primera ampliación de crédito de casi 1,6 millones más y es posible que haya otras revisiones ya que el crédito medio disponible hasta fin de año (incluida la paga extra de diciembre) es de algo más de cuatro millones mensuales.
El baile de ministros y de altos cargos, que son los que tienen facultades para rodearse de este personal eventual contratado del sector privado, es la causa principal de este espectacular incremento ya que, aunque algunos asesores fueron cesados con la salida de González Laya, Ábalos, Campo, Duque o Celaá, los nuevos titulares de Exteriores, Transportes, Justicia, Ciencia y Tecnología, y Educación (Albares, Raquel Sánchez, Llop, Alegría y Morant) han conformado sus propios equipos con nuevas contrataciones y a la vez están manteniendo a parte de los que ya figuraban en las nóminas de sus departamentos.
A esta nueva inflación de asesores, sobre cuyo número e identidades se guarda un profundo hermetismo, han contribuido también: la salida de Iceta de Política Territorial y Función Pública hacia el ministerio de Cultura (en sustitución de Rodríguez Uribes); el nombramiento de Isabel Rodríguez en Política Territorial y también como portavoz del Gobierno; así como la asunción de la cartera de Función Pública por parte de la ministra de Hacienda.
Hay que sumar la llegada de Félix Bolaños como titular de Presidencia en sustitución de Carmen Calvo y la de Óscar López en el puesto de Iván Redondo como Director del Gabinete de Sánchez. Además, aunque se había anunciado la reestructuración de 17 órganos de la etapa de Redondo en La Moncloa, con la posible reducción de altos cargos y de asesores, los afectados se han adscrito al nuevo organigrama de Presidencia y en julio, última información disponible, seguían percibiendo la totalidad de sus retribuciones.
A estos cambios, con más nuevos nombramientos que ceses, hay que añadir que Calviño ha sustituido Calvo en la vicepresidencia primera del Gobierno; que la ministra de Trabajo, representando a Podemos, ha ascendido a vicepresidenta segunda; y que Teresa Ribera pasó de la vicepresidencia cuarta a la tercera. Y todo esto es la consecuencia de que Sánchez haya conformado un Gobierno con 23 carteras, la más amplia desde Adolfo Suárez (24), tras el nombramiento de Ione Belarra como titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la salida de la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias para concurrir a las elecciones de la comunidad autonómica de Madrid (y su posterior abandono de la política activa).
Ningún ajuste ministerial desde la instauración democrática, ni en otras circunstancias, ha producido un incremento de gasto en asesores tan alto. Aunque quedan a distancia de repunte del 115% mensual, sólo son equiparables a esta cifra los abonos de los últimos meses de junio, que incluyen la paga extraordinaria, del 63,9% en 2020 (con Podemos en el Ejecutivo) respecto al mismo mes del año anterior (2019) en el primer año de Sánchez en La Moncloa en que aumentó un 54,1%. También ha ocurrido en otros periodos, por ejemplo, en octubre de 2018, sólo cuatro meses después de que saliera ganador de la moción de censura a Rajoy, el incremento de este coste subió de golpe un 55,1%.
El Gobierno de Sánchez es el que más ha incrementado el gasto y el número de asesores. Desde su llegada a La Moncloa no han parado de crecer las cifras. En cuanto al coste acumulado (en los primeros siete meses del año), un mes después de la moción era ya de 24,1 millones (julio 2018); llegó a 30,5 millones en ese mismo mes de 2019 tras quedarse en funciones por la convocatoria de elecciones generales; alcanzó los 33,2 millones en julio de 2020 y ahora en julio de 2021 es de casi 38 millones también en los siete primeros meses del ejercicio. Por tanto, con Sánchez se ha producido un aumento de gasto en este personal de confianza de casi el 60%.
En cuanto a las anualidades y a los distintos gobiernos, el coste con Zapatero a finales de 2011 era de 38.494 millones cuando dejó La Moncloa. Rajoy lo situó un año después en 31.795 millones y llegó a finales de 2017 a los 38.501. Con Sánchez es más que evidente el incremento permanente ya que acabó 2018 con un gasto de 41.358 millones y ahora tiene presupuestados 62,4 millones. Las crisis no han afectado a esta partida ya que su presupuesto se ha duplicado desde 2007.
Según el Registro de Personal de las Administraciones Pública, en enero había 764 asesores (361 dependían directamente de Sánchez y 138 de Política Territorial frente a los 599 que tenía Rajoy a su salida de La Moncloa o los 648 de que disponía Zapatero o los 465 de Aznar. Sin embargo, en la Memoria de Personal de los Presupuestos de 2021 se identifica un ejército récord de 1.212 asesores para este año (532 corresponden a Presidencia del Gobierno y 163 a Política Territorial, el ministerio de la actual portavoz del Gobierno). Para darnos una idea del volumen de esta inmensa bola de nieve de nóminas (de enchufados también) a cargo del erario público sin que se conozca cuál es su función real, hay que sumar los 376 con que cuentan los diputados del Congreso y sus órganos representativos así como los 76 del Senado y una decena del Tribunal Constitucional. En total, sale una cifra cercana a los 1.700, y puede llegar a más de 20.000 en el conjunto de todas las Administraciones Públicas.
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En el acumulado del año, es decir, en los primeros siete meses del año, este gasto en personal de confianza alcanzó los 37,9 millones (otro récord) frente a los 33,2 millones de hace un año, con un alza del 14,3%, casi tres veces más que el incremento registrado en el pago a los empleados públicos de la Administración Central (5%). La previsión fijada en los Presupuestos Generales del Estado para esta partida de contratados en todo 2021 es de 62,4 millones (65,4 millones si se incluye a los organismos autónomos de los ministerios), un 12,3% más sobre los 55,5 millones liquidados en 2020.
Para atender este ingente gasto se ha realizado en lo que va de año una primera ampliación de crédito de casi 1,6 millones más y es posible que haya otras revisiones ya que el crédito medio disponible hasta fin de año (incluida la paga extra de diciembre) es de algo más de cuatro millones mensuales.
El baile de ministros y de altos cargos, que son los que tienen facultades para rodearse de este personal eventual contratado del sector privado, es la causa principal de este espectacular incremento ya que, aunque algunos asesores fueron cesados con la salida de González Laya, Ábalos, Campo, Duque o Celaá, los nuevos titulares de Exteriores, Transportes, Justicia, Ciencia y Tecnología, y Educación (Albares, Raquel Sánchez, Llop, Alegría y Morant) han conformado sus propios equipos con nuevas contrataciones y a la vez están manteniendo a parte de los que ya figuraban en las nóminas de sus departamentos.
A esta nueva inflación de asesores, sobre cuyo número e identidades se guarda un profundo hermetismo, han contribuido también: la salida de Iceta de Política Territorial y Función Pública hacia el ministerio de Cultura (en sustitución de Rodríguez Uribes); el nombramiento de Isabel Rodríguez en Política Territorial y también como portavoz del Gobierno; así como la asunción de la cartera de Función Pública por parte de la ministra de Hacienda.
Hay que sumar la llegada de Félix Bolaños como titular de Presidencia en sustitución de Carmen Calvo y la de Óscar López en el puesto de Iván Redondo como Director del Gabinete de Sánchez. Además, aunque se había anunciado la reestructuración de 17 órganos de la etapa de Redondo en La Moncloa, con la posible reducción de altos cargos y de asesores, los afectados se han adscrito al nuevo organigrama de Presidencia y en julio, última información disponible, seguían percibiendo la totalidad de sus retribuciones.
A estos cambios, con más nuevos nombramientos que ceses, hay que añadir que Calviño ha sustituido Calvo en la vicepresidencia primera del Gobierno; que la ministra de Trabajo, representando a Podemos, ha ascendido a vicepresidenta segunda; y que Teresa Ribera pasó de la vicepresidencia cuarta a la tercera. Y todo esto es la consecuencia de que Sánchez haya conformado un Gobierno con 23 carteras, la más amplia desde Adolfo Suárez (24), tras el nombramiento de Ione Belarra como titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la salida de la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias para concurrir a las elecciones de la comunidad autonómica de Madrid (y su posterior abandono de la política activa).
Ningún ajuste ministerial desde la instauración democrática, ni en otras circunstancias, ha producido un incremento de gasto en asesores tan alto. Aunque quedan a distancia de repunte del 115% mensual, sólo son equiparables a esta cifra los abonos de los últimos meses de junio, que incluyen la paga extraordinaria, del 63,9% en 2020 (con Podemos en el Ejecutivo) respecto al mismo mes del año anterior (2019) en el primer año de Sánchez en La Moncloa en que aumentó un 54,1%. También ha ocurrido en otros periodos, por ejemplo, en octubre de 2018, sólo cuatro meses después de que saliera ganador de la moción de censura a Rajoy, el incremento de este coste subió de golpe un 55,1%.
El Gobierno de Sánchez es el que más ha incrementado el gasto y el número de asesores. Desde su llegada a La Moncloa no han parado de crecer las cifras. En cuanto al coste acumulado (en los primeros siete meses del año), un mes después de la moción era ya de 24,1 millones (julio 2018); llegó a 30,5 millones en ese mismo mes de 2019 tras quedarse en funciones por la convocatoria de elecciones generales; alcanzó los 33,2 millones en julio de 2020 y ahora en julio de 2021 es de casi 38 millones también en los siete primeros meses del ejercicio. Por tanto, con Sánchez se ha producido un aumento de gasto en este personal de confianza de casi el 60%.
En cuanto a las anualidades y a los distintos gobiernos, el coste con Zapatero a finales de 2011 era de 38.494 millones cuando dejó La Moncloa. Rajoy lo situó un año después en 31.795 millones y llegó a finales de 2017 a los 38.501. Con Sánchez es más que evidente el incremento permanente ya que acabó 2018 con un gasto de 41.358 millones y ahora tiene presupuestados 62,4 millones. Las crisis no han afectado a esta partida ya que su presupuesto se ha duplicado desde 2007.
La función de los asesores
Según el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, este personal eventual (asesores) "sólo realiza funciones calificadas como de confianza o de asesoramiento especial, siendo su retribución a cargo de los Presupuestos consignados a este fin". Son nombrados por los altos cargos y su cese se produce cuando sale quién lo nombró o si desiste en su confianza. No se conocen sus nombres, ni sus méritos o su carrera profesional o académica. Por ejemplo, un tercio de los contratados en el equipo de Sánchez sólo tiene estudios primarios o certificado de escolaridad. Muchos de ellos proceden de los propios partidos. Su sueldo es otro de los secretos mejor guardados, la media suele estar entre los 45.000 y 70.000 euros (e incluso más) ya que están entre los máximos niveles del empleo público (del 28 a 30).Según el Registro de Personal de las Administraciones Pública, en enero había 764 asesores (361 dependían directamente de Sánchez y 138 de Política Territorial frente a los 599 que tenía Rajoy a su salida de La Moncloa o los 648 de que disponía Zapatero o los 465 de Aznar. Sin embargo, en la Memoria de Personal de los Presupuestos de 2021 se identifica un ejército récord de 1.212 asesores para este año (532 corresponden a Presidencia del Gobierno y 163 a Política Territorial, el ministerio de la actual portavoz del Gobierno). Para darnos una idea del volumen de esta inmensa bola de nieve de nóminas (de enchufados también) a cargo del erario público sin que se conozca cuál es su función real, hay que sumar los 376 con que cuentan los diputados del Congreso y sus órganos representativos así como los 76 del Senado y una decena del Tribunal Constitucional. En total, sale una cifra cercana a los 1.700, y puede llegar a más de 20.000 en el conjunto de todas las Administraciones Públicas.
Sánchez disparó el gasto en asesores un 115% tras su crisis de Gobierno
Nunca se había producido un incremento mensual de gasto tan elevado. Según los datos de la Intervención General del Estado, la remodelación del Gobierno que Sánchez realizó en julio subió
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