Récord en la factura de la luz, se dispara en mayo un 45,4% interanual en medio de la reforma del Gobierno

El mes de mayo ha terminado con una subida interanual del 45,4% en la factura de la luz del usuario medio, según ha comunicado FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de las tarifas semirreguladas (PVPC). El precio del kilovatio hora ha superado los 17 céntimos. Un usuario pagará 26 euros más que hace un año por la factura de la luz.

Factura de la luz más cara​

La factura de la luz de un usuario medio se sitúa en los 82,13 euros, cerca de 26 euros más que en el mismo periodo de 2020. Si se hace un recorrido por todo el registro de facturas, es la 4ª más alta de la historia desde que se documentan.

El recibo medio de electricidad ha repuntado en mayo un 0,8% con respecto a abril y se ha disparado un 43,8% frente al mismo mes del año pasado, manteniendo así su tendencia alcista de los últimos meses.

Nueva factura de la luz​

Mañana entra en funcionamiento la nueva factura de la luz, el nuevo sistema que incentivará un consumo más eficiente por parte de los consumidores, buscando que el importe del recibo final dependa más de cuándo se consume energía no de cuánto se consume.

La factura de la luz había dado una tregua en febrero tras dispararse el precio en enero por la ola de frío y Filomena. Marzo y abril han registrado fuertes subidas. El nuevo sistema tarifario establece el desplazamiento del consumo eléctrico a la madrugada, las denominadas 'horas valle', horarios más económicos entre los tramos de 00:00 a 8:00 horas de lunes a viernes y todas las horas de sábados, domingos y festivos nacionales.

 

La industria española paga un 150% más por la luz que Francia y un 46% más que Alemania​

ArcelorMittal, Sidenor, Fertiberia, Ferroatlantica o Asturiana del Zinc son algunos de los gigantes industriales que han decidido parar su producción por los altos precios de la luz. " El actual nivel de precios hace inviable la continuidad de algunas empresas", comentan desde las empresas a Vozpópuli. Su elevada factura eléctrica castiga su competitividad y corre el riesgo de que muchas fábricas vuelen a vecinos europeos como Francia o Alemania.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y la La Alianza por la Competitividad de la Industria Española se sentaron el pasado jueves con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para transmitirle este riesgo de deslocalización de empresas con estos precios eléctricos.

Sus datos, que han compartido con este medio, muestra que, a principios de este mes de octubre, el diferencial de los precios eléctricos finales de la industria electrointensiva española con los de nuestros principales competidores europeos, alemanes y franceses, alcanzaba ya los 38 y 74 euros/MWh, respectivamente. Es decir, la industria española paga un 150% más que en Francia y un 46% más que en Alemania. En 2019, antes de la pandemia, esta diferencia se situaba entre 20 y 25 euros /MWh.

Las empresas asociadas en AEGE, como Acerinox, Celsa o Ercros, con contratos bilaterales firmados con las empresas eléctricas dominantes, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, están siendo presionadas por éstas para resolver los contratos existentes a precio fijo, o bien revisarlos al alza.

Los contratos de energía a largo plazo firmados por las industrias, los famosos PPAs (herramientas para la cobertura del riesgo ante la volatilidad del precio eléctrico del mercado mayorista), están viéndose amenazados por la situación actual. "Ante la escalada de precios que estamos sufriendo en los últimos meses, los industriales estamos viéndonos desprotegidos, ya que las medidas recogidas en el RDL 17/2021 están pensadas, principalmente, para dar protección a los consumidores domésticos", explican desde AEGE.

La industria reclama al Gobierno​

Los grandes consumidores de electricidad aprovecharon la reunión con Ribera y Maroto para pedir que se garantice el cumplimiento de estos contratos bilaterales firmados a precio fijo con los consumidores industriales finales, con independencia del origen del contrato (la contraparte).

En este sentido, reclaman que la subasta de energía de tecnologías inframarginales no emisoras, la energía nuclear o hidroeléctrica, deben diseñarse de forma que permita a todos los consumidores industriales electrointensivos poder acceder al resultado de esas subastas y lograr un precio competitivo para 2022.

"Ese debe ser el objetivo de la medida", apuntan desde AEGE. "Nuestro objetivo es, como lo ha sido siempre, lograr una energía eléctrica competitiva, estable y predecible que haga realidad la reindustrialización de España a la par que avanzamos en la descarbonización de nuestra economía, con la que estamos firmemente comprometidos", añaden.

Alerta en la descarbonización​

La reunión sirvió para que se trasladase su urgencia al Gobierno. En concreto, la industria necesita que se revise el mercado eléctrico y su normativa de fijación de precio marginalista, tan influenciada por los precios de gas y de los derechos de emisión. "El mercado eléctrico está dando señales contrarias al objetivo de descarbonización y de electrificación de la economía", consideran desde el sector.

Los precios eléctricos están poniendo en jaque la superviviencia de la industria electrointensiva, en un año que debería ser de recuperación de la actividad. La industria electrointensiva española pagará este año un sobrecoste del suministro eléctrico de más de 1.500 millones de euros, en comparación con lo que pagan sus principales competidores europeos.

"Nuestra singular característica de extrema sensibilidad al precio eléctrico, con costes eléctricos de hasta el 60% sobre los totales, está llevando a algunas empresas a parar su actividad o reducir su producción. El actual nivel de precios hace inviable la continuidad de algunas empresas, más cuando los futuros eléctricos indican que se mantendrán los dos próximos años", concluyen desde AEGE.

 

El recibo de la luz subió 22 veces más en España que en Portugal pese a tener los mismos precios en el mercado mayorista​

Mientras que los hogares españoles llevan meses echándose las manos a la cabeza, preocupados por el imparable ascenso de los precios de la electricidad, sus vecinos portugueses han visto cómo su factura de la luz apenas se ha movido en todo este tiempo. Y todo ello, a pesar de que España y Portugal comparten mercado mayorista y tienen, por tanto, los mismos precios en el 'pool'.

Los datos de lo que gastan los hogares en electricidad según el IPC -uno de los indicadores más fiables para analizar cómo han variado los precios a falta de métricas más concretas- son bastante elocuentes. Mientras que en España el pasado septiembre el gasto eléctrico fue un 45% superior a lo registrado un año antes, en Portugal el incremento apenas fue del 2,3%. Si se elimina el efecto distorsionador de la pandemia y se toma como referencia 2019, el repunte en la factura española asciende al 43,8%, mientras que la portuguesa se elevó tan solo un 1% en ese mismo periodo.

Además, los incrementos registrados en la factura de la luz han sido muchos más pequeños en las principales economías europeas. En Italia el IPC eléctrico repuntó en septiembre un 15,5% respecto a 2020, una cifra que se reduce hasta el 2,2% en Francia y al 2% en el caso de Alemania.

El encarecimiento de la electricidad 22 veces superior en España que en Portugal resulta especialmente llamativo. Sobre todo si se tiene en cuenta que los dos países comparten el mismo operador del mercado mayorista (OMIE), una característica común que ha provocado que en la última década ambos países hayan tenido los mismos precios de la energía mayorista con diferencias que apenas son apreciables.

Por tanto, si el vertiginoso ascenso en los precios mayoristas de la energía lo han sufrido por igual los dos países, ¿por qué la diferencia en lo que paga el consumidor final es tan grande? La explicación está en los diferentes mecanismos que emplea cada país para trasladar los costes mayoristas al consumidor final.

Mientras que en Portugal el regulador del mercado (ERSE) fija a finales de año los precios y tarifas que estarán vigentes el ejercicio siguiente, en España la modalidad de servicio más frecuente es la de precios dinámicos. Esto quiere decir que, mientras que un hogar portugués pagará a lo largo del año una cuantía fija por la electricidad -a no ser que el Gobierno intervenga para cambiar el precio de referencia-, en España lo que paga el consumidor medio suele estar vinculado de forma directa a los resultados del mercado mayorista diario.

El sistema minorista español es una rara avis en el ecosistema europeo. Es uno de los seis países de la UE -junto a Estonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos- que ofrecen opciones de suministro con precios dinámicos. Además, se da la circunstancia de que la tarifa regulada española (a la que están suscritos el 40% de los consumidores) es la única en todo el Viejo Continente que aplica este sistema de precios.

Según un estudio de la Comisión Europea que cita datos de la CNMC, en 2018 el 75% del consumo final de energía en España (incluido el uso comercial) estaba basado en precios dinámicos, un dato que explica en gran medida por qué España se ha convertido en el segundo país de la UE donde más se ha encarecido la factura de la luz. El único Estado donde la electricidad ha subido más es Estonia (74,5%), un país en el que el sistema de precios dinámicos es también el más habitual. Algo parecido ha ocurrido en Suecia (23,8%), donde este sistema tiene un peso relativo importante entre los consumidores.

Aunque es cierto que en tiempos de crisis energéticas con precios mayoristas altos el bolsillo de los españoles lo nota más que sus vecinos, también ocurre lo mismo cuando el mercado mayorista se desinfla. Prueba de ello es lo ocurrido en los meses más duros de la pandemia, cuando los precios mayoristas se desplomaron en todo el mundo. En abril de 2020 la factura de la luz para el consumidor español fue un 20% más baja que la que tuvo que pagar en el mismo mes de 2019. En comparación, en Portugal los precios se redujeron un 2,3%, mientras que en Alemania, Francia o Italia llegaron incluso a repuntar, eso sí, por debajo del 1%.

Pese a la volatilidad que genera, el sistema de precios dinámicos ha sido recomendado por algunos organismos de prestigio, tal y como recuerda el Banco de España. El Consejo de Reguladores Europeos de la Energía -al que está adscrita la CNMC- y algunos informes de la Comisión Europea lo defienden porque, sostienen, facilita que los consumidores adapten su consumo a la situación del mercado, porque hace al mercado más transparente y porque permite gestionar la demanda de manera más eficiente.

Entonces... ¿Dónde se paga más en España o Portugal?​

Los datos del componente eléctrico del IPC permiten saber lo que suben y bajan los precios pero no dan respuesta a qué nacionales pagan más finalmente en su factura. La única forma de saber esto es esperar a que Eurostat publique su estimación semestral, algo que la institución estadística hizo el miércoles.

Los últimos datos de Eurostat, correspondientes al primer semestre de este año, reflejan que el hogar medio español pagó la luz a 0,23 euros el kilowatio hora (€/Kwh) en ese periodo, mientras que el portugués lo hizo a 0,2 €/Kwh, una diferencia del 11,2%. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos tres años y medio -concretamente desde el segundo semestre de 2017-, en los que el hogar español ha pagado la electricidad algo más cara que su vecino peninsular.

 

El presidente de México dice que el Gobierno de España "parece un empleado" de las empresas eléctricas​

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "parecen empleados" de las grandes empresas eléctricas, al tiempo que ha vuelto a advertir de que, si la reforma constitucional del sector eléctrico no sale adelante en el país norteamericano, "pasaría lo que está sucediendo ahora en España".

"Con todo respeto, parecen empleados", ha dicho el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria, donde ha avisado de que, sin la reforma constitucional, las empresas eléctricas "terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico". "Pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes", ha continuado.

En este sentido, ha aludido al fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona, recién nombrado vicepresidente de Iberdrola España. "Al igual que aquí Iberdrola contrató a la secretaria de Energía (Georgina Kessel) y al expresidente (Felipe) Calderón, allá lo hicieron con un dirigente del PSOE, un político, sólo para mostrar su prepotencia y decir 'nosotros mandamos'", ha indicado. A su juicio, los que se oponen a la reforma en México es porque gozan de privilegios en el sistema actual.

Respecto a su reforma, ha remarcado que la iniciativa no busca expropiar, ya que el 46 por ciento del mercado eléctrico estaría en manos de las empresas privadas, a las que ha avisado de que, si buscan "robar, que se vayan a otro lado", según ha recogido el diario 'La Jornada'. Por otra parte, ha puntualizado que en México ya no se permite que las empresas extranjeras vean al país como "tierra de conquista".

No es la primera vez que López Obrador alude a España mientras defiende su reforma constitucional del sector eléctrico, que busca impulsar el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la industria para frenar el aumento del precio de la luz. También ha criticado el papel de Iberdrola en el mercado energético de México en ocasiones anteriores.

El mandatario azteca envió a la Cámara de los Diputados la reforma que busca reducir la participación privada en el mercado eléctrico a favor de la CFE. En concreto, la propuesta busca modificar varios artículos constitucionales que otorgarían a la empresa estatal una mayor participación en la producción eléctrica del país, pasando del 36% al 54% de la energía eléctrica de México.

Asimismo, la propuesta busca eliminar las diferentes filiales de la estatal para generar una sola empresa con personalidad jurídica propia que se encargue de la generación, distribución y administración energética producida.

También se eliminarían los contratos de autoabasto y de Productores Independiente de Energía (PIE), los cuales son utilizados por grandes cadenas comerciales para producir y comprar electricidad.

La reforma constitucional también recoge la desaparición de los reguladores energéticos, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estos han sido acusados por el presidente de "beneficiar al sector privado". De llevarse a cabo la reforma, la estructura y atribuciones de los reguladores los llevaría a cabo la Secretaría de Energía.

Otras propuestas del texto presentado ante la Cámara son la eliminación de concesiones de litio y de certificados de energías limpias y el regreso a la CFE del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace), que opera el sistema eléctrico nacional, así como el mercado eléctrico mayorista azteca.

Adicionalmente, el texto plantea que CFE determine las tarifas de transmisión y distribución, además de recoger el establecimiento de contratos para la compra de energía del sector privado con un régimen distinto al actual.





El presidente de México, Andrés Manuel López, pretende seminacionalizar el sistema eléctrico mexicano argumentando que, como en España no hay una empresa pública de electricidad, los precios se han disparado. Pero su pretexto es totalmente inválido.
 

Con el precio de la luz más alto de la historia y destruyendo centrales térmicas… ¡Así nos va!​

El vídeo que os traemos en este artículo es todo un símbolo, el de la caída de la Central Térmica de Velilla del Río Carrión, en la provincia de Palencia. Una voladura ejecutada por la empresa Iberdrola que caía ayer jueves.

Nos cuentan que esta demolición es un paso simbólico en la transformación energética española hacia una economía verde, competitiva y sostenible; pero la realidad es otra, la realidad en plena crisis energética, con la luz al precio más alto de la historia y en España desmantelamos centrales térmicas.

Todo muy coherente. Se nos podrá decir que la Central Térmica de Velilla llevaba años siendo desmantelada y que la voladura de la torre es un paso más. Pero es un gesto simbólico en el que se ve ilustrado lo que ocurre en España.




 

EEUU reabre centrales de carbón y los mineros vuelven al tajo​

Mientras que en Asturias, actualmente, tan sólo queda un pozo abierto del que extraer carbón, Nicolasa en Mieres, el pozo de Hunosa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explota hasta el último recurso de este combustible. Las centrales eléctricas estadounidenses emplean un 23% más de carbón este año, el primer aumento desde 2013, pese al plan de Biden para eliminar las emisiones de carbono de la red eléctrica.

El incremento se atribuye a la subida de los precios del gas natural y a la crisis energética mundial que obliga a los países a quemar combustibles más contaminantes para satisfacer la demanda.

El gas natural escasea y la energía eólica e hidráulica no son fiables en algunas regiones. Europa y Asia son las áreas más afectadas, con apagones en India, escasez de energía en China y amenaza de cortes en otros países. En Estados Unidos, las empresas están reabriendo las viejas centrales eléctricas y los mineros han vuelto al tajo.

¿Las concecuencias? El carbón suministrará el 24% de la electricidad estadounidense este año, tras caer al 20% en 2020, un mínimo histórico. Sin embargo, Estados Unidos no es el único ejemplo: no muy lejos de Asturias, en Galicia, la empresa Endesa ha recibido un cargamento de 20.000 toneladas de este combustible sucio, que pretenden usar para encender la central térmica de As Pontes, junto a otras 40.000 que ya tenían almacenadas.

 

Iberdrola propone demoler las centrales de carbón para que no haya tentación de reactivarlas​

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, apostó este jueves por renunciar por completo a la generación de electricidad con carbón, y por demoler las centrales que funcionan con este mineral, para que no haya la tentación de volver a ponerlas en marcha si se producen tensiones en el mercado a corto plazo.

Durante su participación en un evento de la Powering Past Coal Alliance de la COP 26, la coalición de Gobiernos y empresas que se creó en el 2017 para promover políticas e inversiones que desplacen al carbón como fuente de energía, el presidente de la eléctrica española insistió en la obligación de trabajar para acabar de manera urgente con el uso del mineral —que, dijo, no tiene cabida en un sistema energético moderno— y apostar por la electrificación con fuentes renovables, según informó Iberdrola en un comunicado.

La compañía predica con el ejemplo. La semana pasada, dinamitó su central de carbón en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión, que había dejado de operar quince meses antes. Es una de las 17 plantas de carbón y petróleo clausuradas en los últimos años, en los que ha invertido alrededor de 120.000 millones de euros en energías limpias, redes inteligentes y digitalización, alcanzando los 35 gigavatios (GW) instalados de energías renovables. Además, invertirá 155.000 millones a lo largo de los próximos diez años para alcanzar las cero emisiones en el 2030, adelantándose en veinte años al objetivo europeo.

En su intervención, Sánchez Galán advirtió también que los compromisos de descarbonización que saldrán de la cumbre del clima COP 26, que se celebra en Glasgow, solo serán posibles si los Gobiernos proporcionan un marco regulatorio estable, coherente, predecible y con seguridad jurídica. En ese sentido, destacó la importancia de que el desarrollo de la energía limpia no se vea afectada por problemas temporales, como está sucediendo en estos momentos con la subida del precio del gas, que está facilitando a algunas compañías desandar el camino y apostar nuevamente por el carbón.

Para Sánchez Galán, a las reglas estables habrá que sumar otras medidas, como la inmediata suspensión de los subsidios a los combustibles fósiles, o proporcionar señales de precios bajo el precepto de «quien contamina paga». E insistió en la necesidad de acabar con la burocracia para que los proyectos ecológicos puedan ser aprobados con celeridad.

 

La subida de la luz aboca en la provincia a 80.000 familias a vivir en la pobreza energética​

«Plancho después de las doce de la noche, pongo la lavadora los fines de semana, la lámpara de la habitación tiene cinco bombillas y hemos aflojado cuatro, las hemos cambiado por unas de bajo consumo y si nos levantamos por la noche, para no encender la luz, usamos una lámpara de pilas». Éstas son algunas de las medidas que han tomado ante la subida del precio de la luz Manuel Pastor y Sofía García, un matrimonio de jubilados de 77 y 72 años de la Zona Norte de Alicante que, pese al cuidado que llevan, pagan el doble por la factura eléctrica que hace un año y eso que, como explican, pasan buena parte del tiempo en casa de sus hijos. La pareja, que vive con la pensión que le quedó a Manuel de su trabajo como pavimentador, tiene bono social eléctrico. Para evitarse un mayor gasto ahora que llega el frío, optan por una estufa de butano. Explican que tienen un cuñado que necesita un aparato para respirar por las noches que recibe facturas astronómicas. También es vecino de la Zona Norte José Ignacio Giménez, sin trabajo por la pandemia y con una ayuda de 452 euros. Pese a vivir solo, pagó en agosto 80 euros de luz por usar el ventilador. Pone una lavadora a la semana y tiene una bombilla para alumbrarse en el salón pero el recibo no le baja de 50 euros dado que solo dispone de un microondas para cocinar.

El porcentaje de alicantinos que no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha crecido en el último año un 120%, según una encuesta de calidad de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) adaptada a la coyuntura económica por la Generalitat, datos que arrojan que más de 80.000 familias de la provincia (unas 240.000 personas) viven en la pobreza energética.

Con el precio de la luz por las nubes, los hogares que no pueden pagar las facturas de suministros han subido un 30% y con ello la demanda de ayuda en la provincia. Pagar la electricidad se ha convertido en una necesidad de primer orden y trabajadores sociales y ONG ya han detectado que hay familias que tienen que elegir entre alimentarse peor y no dejar de pagar algún recibo para evitar que les corten el suministro. En la provincia más de 45.000 familias están recibiendo ya el apoyo de las entidades sociales para poder cubrir sus necesidades básicas y pagar los suministros y15.000 de ellas se han incorporado al listado en apenas unos meses ante la imposibilidad de hacer frente al aumento de las tarifas. Hasta octubre la factura de la luz es un 35% mayor que la de 2020, según datos de la Unión de Consumidores.

También la Generalitat se ve obligada a ayudar a 14.000 familias de la provincia de Alicante con el pago del recibo de la luz, 2.000 más que en enero. En ello tiene mucho que ver el alza de los precios de la electricidad. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se encarga de canalizar, a través de la Renta Valenciana de Inserción, las ayudas para el pago de los recibos de los suministros básicos relacionados con la vivienda, como el alquiler, la hipoteca, el agua y, sobre todo, el denominado «complemento energético». Los destinatarios en la provincia son cerca de 31.000, cuatro mil más en solo nueve meses, que se reparten 6,5 millones de euros en ayudas. La inclusión del pago de suministros básicos a las personas beneficiarias de la Renta de Inclusión ha suavizado la presión sobre los ayuntamientos y las entidades sociales, que, no obstante, prevén que la demanda de pago de recibos por el gasto en electricidad crezca aún más con la llegada del frío. Desde Igualdad destacaron que algunas comunidades han eliminado sus rentas básicas con el Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal, pero en la Comunidad «no la hemos suprimido sino que se refuerza con complementos de ayuda al alquiler, hipoteca y pago de la factura de agua y energética».

Trabajadores de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante afirman que las citas llevan una demora de dos meses y auguran un aluvión de peticiones de ayuda al pago de recibos en las próximas semanas. El Consistorio aprobó 710.630 euros para cubrir necesidades básicas de las familias. El gobierno de Elche afirma haber dado fondos en el último año, por 582.000 euros, a 4.151 familias para hacer frente al recibo de la electricidad, el del agua o el gas.

Las entidades sociales multiplican por seis los fondos para costear los recibos de suministros básicos. Cáritas ha destinado a este fin en lo que va de año 150.000 euros. «Las ayudas directas al alquiler, pago de hipoteca y suministros como luz, agua y gas han aumentado muchísimo, de una forma brutal», apunta Javier Rubira, secretario general de Cáritas Diocesana. Esta partida se lleva ya más del 30% del presupuesto de ayudas que da a la sociedad la entidad de la Iglesia. Rubira alerta de la brecha digital como factor de exclusión y cita una línea de ayudas al alquiler de la Generalitat que se tiene que pedir telemáticamente «y mucha gente no sabe», de ahí que las tres asambleas de Cáritas de la Comunidad se hayan reunido con el Consell para pedir soluciones.

Cruz Roja también espera un incremento de peticionarios de ayuda en los dos próximos meses con el frío, señala Sagrario Sempere, responsable de Intervención Social. La entidad incide en que hay más ayudas gestionadas directamente por la administración y que la pandemia ha creado una brecha digital muy grande, que impide llegar a tanta gente como en un periodo normal.

 

Ribera no multará a las eléctricas por el vaciado de embalses en verano​

El Ministerio de Transición Ecológica no multará finalmente a las grandes eléctricas del país por el vaciado de los pantanos realizado el pasado verano para generar electricidad en pleno episodio de precios de la luz récord. El departamento que dirige Teresa Ribera lleva meses trabajando en distintos expedientes juntos a las confederaciones hidrográficas afectadas tras detectar en agosto una fuerte reducción del caudal de varios embalses. La propia Ribera llegó a interrumpir sus vacaciones para calificar de "escandalosa" la actitud de eléctricas como Iberdrola en el embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora.

Sin embargo, los informes jurídicos solicitados por la vicepresidenta ecológica sostienen que no hay margen para multar a las compañías, ya que no incumplieron lo estipulado en las concesiones firmadas hace décadas para la construcción y operación de los distintos embalses. Fuentes de Transición Ecológica explican a EL MUNDO que el expediente de Iberdrola -el vaciado que más revuelo generó por la oposición vecinal- no está aún cerrado, pero añaden que si no hay cambios de última hora próximamente será archivado.

En todo caso, Ribera no quiere que la situación vuelva a repetirse y está trabajando en un código de buenas prácticas para que los grandes grupos energéticos del país se comprometan a no hacer un uso abusivo de los embalses. Este reglamento será de adhesión voluntaria y parecido a los que regulan en el caso de la banca la venta de productos financieros o la reestructuración de la deuda ligada al Covid.

El protocolo se sumaría a los límites introducidos por el Gobierno en el real decreto que intentaba hacer frente a la subida de la luz en septiembre y que contienen el uso del agua con fines eléctricos a través de dos vías: el establecimiento de una cota mínima que nunca podrá ser desembalsada y la limitación a un máximo de caudal mensual para la turbinación.

Transición Ecológica justifica la medida alegando que en España cada vez llueve menos y cobra más importancia la implementación de una gestión hidráulica "racional". "Los datos evidencian una reducción de las aportaciones producidas en la serie hidrológica posterior a 1980 (1980/81-2017/18), respecto a la serie de los cuarenta años previos (1940/41-1979/80), del orden del 11% como valor medio para el conjunto de España, aunque esta cifra alcanza el 22 % en cuencas como el Tajo o el Guadiana", señala el texto que regula la gestión de los embalses.

Por su parte, las compañías eléctricas señaladas siempre han defendido que no se extralimitaron en el uso de los recursos hídricos y cumplieron con la normativa que regula las concesiones. Iberdrola alegó que la utilización del agua para generar electricidad intentaba frenar la entrada de otros recursos fósiles más caros como el gas, y recordaban que la finalidad de embalses como el de Ricobayo es precisamente la generación energética.

Fuentes de Transición Ecológica entienden este argumento, pero no ven razonable que un embalse pierda un 70% de su agua almacenada en apenas seis semanas. Las eléctricas responden que es algo que ha ocurrido en otras ocasiones, y vinculan la polémica en esta ocasión con el hecho de que el vaciado se produjera en pleno mes de agosto y fuera incompatible con las actividades recreativas en la zona en plenas vacaciones.

El hecho de que el Ministerio de Transición Ecológica no sancione a las eléctricas no implica que su gestión se libre de toda multa. Las autonomías también tienen capacidad sancionadora. De hecho, la Xunta de Galicia sancionó el pasado mes de septiembre a Iberdrola y Naturgy por el vaciado de cuatro embalses en las provincias de Orense y Lugo, alegando que la actitud de las empresas podría haber afectado a la fauna piscícola. La sanción fue de 25.000 euros por embalse.

Además, la consejería de Medio Ambiente gallega incoó un expediente a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente de Transición Ecológica, no cumplió con su responsabilidad de vigilar el impacto en la fauna ante vaciados como los que se produjeron en estos embalses.

 
1.png
 

La luz rompe un nuevo récord y fuerza al Gobierno a prometer nuevas rebajas de impuestos en 2022​

La crisis desatada por el precio de la luz desde el pasado verano no cede y fuerza al Gobierno a mirar más allá de este año para adelantar medidas que amortigüen su impacto sobre la economía. La vicepresidenta Teresa Ribera ha asegurado hoy tras el Consejo de Ministros que el Gobierno baraja nuevas medidas, algunas de carácter fiscal, para seguir mitigando el fuerte alza de la energía en los mercados mayoristas previsto para el primer trimestre de 2022.

La rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% anunciada el pasado mes de julio hasta final de año, la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% durante el tercer trimestre y la práctica supresión del Impuesto Especial sobre Electricidad han sido insuficientes para contener el impacto de la crisis sobre las economías domésticas. El Gobierno se aferra a su promesa de que la factura promedio de los hogares no será superior a la de 2018, si bien este dato no podrá comprobarse hasta bien entrado el año que viene y obedecerá a una media de 10 millones de hogares sujetos a tarifa regulada (que pagarán más) y 16 millones de tarifa de mercado libre.

Fuentes gubernamentales explican que la previsión del Gobierno es prorrogar las medidas ya en marcha durante el primer cuatrimestre del año, aunque en todo caso se hará de forma ponderada.

La luz batirá este miércoles su récord histórico al superar los 291 euros por megavatio hora. El registro supera el establecido a mediados de octubre y se produce a las puertas del pico de consumo navideño, rompiendo todas las previsiones del Gobierno y haciendo casi imposible de cumplir la promesa del presidente Pedro Sánchez de que los españoles pagarán el mismo precio por la electricidad que en 2018.

Los más afectados por el nuevo encarecimiento del mercado serán los 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuyo recibo está indexado directamente al volátil y caro mercado mayorista de la electricidad.

El nuevo récord de precios se produce en un contexto de alta demanda, impulsada por la recuperación de la actividad económica y la menor duración de los días, y problemas en la oferta de energía, con el coste del gas natural por las nubes a nivel mundial, los derechos de emisión de CO2 en niveles récord y la menor oferta de renovables.

Los resultados publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (Omie) reflejan que durante el día de mañana habrá un total de siete horas del día en las que el precio superará la simbólica barrera de los 300 euros por megavatio hora.

Traducido al recibo doméstico, el coste de la energía sería de 0,3 euros por cada kilovatio hora consumido en ese momento del día, cantidad a la que habría que sumar luego los cargos regulados -que el Ejecutivo ha reducido con fuerza para compensar el coste energético- y un IVA del 10%. Un hogar medio consume cada día en España alrededor de 10 kilovatios hora, aunque esto varía mucho en función del tamaño de la vivienda, su número de miembros, las horas que pasen allí al día o la eficiencia energética del inmueble.

Diciembre está siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superan ampliamente la cota de los 200 euros/MWh. De hecho, en lo que va de mes la media ya se sitúa en los 221,06 euros/MWh, con lo que, de seguir así, superaría el registro del pasado octubre, que fue el mes más caro de la historia.

A pesar de este repunte, Teresa Ribera ha reiterado hoy que los hogares pagarán "en su conjunto" lo mismo por la luz que en 2018, aunque no ha explicado ni detallado las cifras que manejan en el Ejecutivo para sostener este cálculo. En todo caso, la vicepresidenta de Transición Ecológicaha explicado que el Gobierno trabaja en nuevas medidas para seguir mitigando el fuerte alza de la energía en los mercados mayoristas previsto para el primer trimestre de 2022.

Ribera ha señalado que los altos precios energéticos no se limitan a España y ha enumerado una larga lista de países europeos en los que mañana el coste del megavatio hora será superior al registrado en la península ibérica. En este sentido y al tratarse de un problema común en Europa, la vicepresidenta ha aludido a las medidas que prevé presentar mañana la Comisión Europea para paliar la crisis de precios, entre las que se encuentra la compra colectiva de gas a nivel continental para mejorar el poder de negociación frente a los países productores.

Ribera ha comparecido en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar el PERTE de energías renovables e hidrógeno, un ambicioso plan de inversión financiado por los fondos europeos que prevé destinar más de 16.000 millones a impulsar la transición ecológica en España y el cambio del modelo energético. Este programa será clave, ha señalado la vicepresidenta, para reducir la dependencia del país de los hidrocarburos y la fuerte volatilidad en su precio.

 


El precio de la generación eléctrica y el precio del gas natural se han multiplicado por diez con respecto al año pasado. ¿A qué se debe este encarecimiento histórico de la energía?
 

Pesadilla eléctrica para febrero: los futuros marcan ya más de 500 euros​

Los precios de la electricidad no dan tregua y auguran una auténtica pesadilla para el próximo mes de febrero. El mercado de futuros sigue completamente roto y marca ya precios de 448 euros/MWh para el mes de febrero del 2022 en base (un 31% más) y de 521,45 euros (un 36% más) para las puntas de demanda, según los datos que registra Meff Power.

Estos fuertes incrementos, que suponen subidas de casi 100 euros frente a la cotización de hace apenas una semana, muestra las fuertes tensiones que se están registrando en el mercado del gas y que pueden recrudecerse con la entrada del invierno por los bajos niveles de reservas que se registran ya en parte de Europa.

La tensión además lejos de suavizarse a lo largo del año parece que puede se duradera en el tiempo. La previsión de precios para 2022 ha pasado de los 201,5 euros de hace apenas una semana hasta los 306 euros. Para el año 2023 se situaba en 90 euros/MWh y ayer ascendía ya hasta los 122 euros.

La vuelta a la normalidad tampoco parece cercana, ya que los futuros marcan para 2024 precios de 77 euros, para 2025 se sitúan en 64 euros y para 2026 en 50,35 euros. Este escenario supone, por lo tanto, un auténtico problema para la competitividad de las empresas europeas y para los consumidores.

El Gobierno ha planteado a la Comisión Europea una reforma del mercado mayorista de la electricidad que ha recibido un no rotundo por parte del Ejecutivo comunitario así como de los organismos reguladores.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha protestado en Bruselas y asegura que la Comisión no puede quedarse sin actuar frente a esta subida generalizada.

Herramientas de emergencia​

El Ejecutivo comunitario presentó las llamadas toolbox, es decir, las herramientas que los Estados pueden utilizar para hacer frente a esta situación y que ha supuesto que el Gobierno dé marcha atrás a algunas de las medidas que había planteado y prolongase otras de las recomendadas como las bajadas de impuestos.

Transición Ecológica ha dejado en suspenso la celebración de una subasta de energía primaria. Esta subasta, que previsiblemente se celebrará más adelante, debería marcar el 10% del precio del futuro PVPC.

El próximo mes de enero arrancará la ampliación de Medgaz, lo que servirá para mejorar el suministro de gas a España desde Argelia

El Gobierno abrió un proceso de consulta pública sobre el PVPC que, por el momento, no ha derivado en ningún tipo de medida, lo que lleva a que sólo España cuente con una tarifa que traslada directamente a los consumidores la volatilidad del mercado.

Esta situación complica especialmente la situación para los consumidores y les lleva a buscar precios más estables en el mercado liberalizado (aunque este también ha subido con fuerza).

El próximo mes de enero arrancará la ampliación de Medgaz, lo que servirá para mejorar el suministro de gas a España desde Argelia después del cierre del gasoducto del Magreb. Marruecos mantiene listo para una posible reapertura dicha interconexión pero por el momento no hay visibilidad sobre un acuerdo para retomar este acceso de gas hacia Europa. La situación sigue siendo complicada.

 


Pedro Sánchez se comprometió a que la factura de la luz que pagaran todos los españoles en 2021 fuera similar a la que pagaron en 2018. En el caso de 11 millones de familias no ha sido así, pero el líder del PSOE se niega a reconocer que ha faltado a su palabra.