El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde el 29 de octubre de 2017, fue detenido anoche en Cerdeña por las autoridades italianas en cumplimiento de la orden de busca y captura internacional cursada por el Tribunal Supremo, al que se informó de forma inmediata, según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas. El arresto se produjo en el aeropuerto de Alghero, donde el procesado se había trasladado para asistir al Encuentro Internacional del Adifolk y para reunirse con el presidente de Cerdeña y con el síndico de Alghero. La consejera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, iban a participar en este encuentro folclórico de la cultura catalana.
Según confirmaron fuentes oficiales del partido, esta misma mañana Puigdemont será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasseri, competente para decidir la puesta en libertad o su extradición. El expresident está asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y un equipo de letrados italianos. A partir de este momento se inicia un procedimiento complejo e incierto que se puede prolongar en el tiempo, porque, como recuerdan fuentes jurídicas, la euroorden parte de cero en otro país, de la misma forma que en su momento lo hizo en Alemania y en Bélgica.
El pasado 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) había retirado la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el ‘expresident’ y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Apenas un mes antes el mismo tribunal les había concedido esta protección de forma temporal y hasta que se resolviera el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo para seguir adelante con la entrega a España.
Desde que Puigdemont huyó, tras proclamar la independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Justicia no ha dejado de insistir en que responda de sus actos, de ahí que la orden del Supremo estuviera plenamente activa, según han manifestado siempre fuentes del TS. Cuestión distinta es que en su resolución del 30 de julio el TGJUE «invitara» a los países a esperar a que el Tribunal de Luxemburgo resolviera una cuestión prejudicial que el propio Llarena había planteado a raíz de la negativa de Bélgica a entregar a España al también exconsejero Lluís Puig.
En declaraciones a ABC, la propia Fiscalía del Supremo sostuvo el pasado julio que el Ministerio Público español no tomaría ninguna iniciativa hasta que se resolviera la cuestión prejudicial, pero recordaba que «las euroórdenes siguen vigentes» y que cualquier país que lo estimara oportuno podía ejecutarlas. Italia lo ha hecho. Y lo cierto es que, sin inmunidad, ya había una limitación de movimientos por la Unión Europea.
En los últimos meses, sobre todo tras los indultos del Gobierno de España a nueve de los doce condenados por el Tribunal Supremo en 2019, Puigdemont ha ido quedando relegado del foco mediático, si bien la justicia ha mantenido la lupa sobre él y de hecho volverá a instar a su entrega. También el Ejecutivo decidió aplazar cualquier medida legal que pudiera facilitar la vuelta del ex presidente autonómico que no fuera respondiendo ante la Justicia. De hecho, a finales de agosto, el Gobierno decidió aplazar ‘sine die’ la anunciada, pero no concretada, reforma del Código Penal que rebajaría las penas de prisión por el delito de sedición, pasando de los 15 años actuales a los ocho. Tras los indultos de junio el Ejecutivo enfrió una modificación legal que, en el mejor de los casos, la opinión pública y la oposición entiende que sería hecha a medida para los implicados en el ‘procés’. Fue precisamente Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hombre fuerte del Consejo de Ministros, el que inició este curso político anunciando que las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez serán, para los próximos meses, las relacionadas con la recuperación económica y social de los españoles. Así, la reforma del Código Penal del que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está guardada en un cajón de La Moncloa.
Establecido en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, y elegido eurodiputado tras las últimas elecciones europeas, Puigdemont se ha convertido en referente del independentismo unilateralista. Líder de Junts, partido que se reivindica heredero de Convergència Democràtica, el papel de Puigdemont ha ido perdiendo brillo en los últimos años, con episodios oscuros que le han convertido incluso en una figura incómoda para los partidos europeos que le han apoyado. El episodio más reciente, la conexión rusa, una trama en la que figuras de su entorno más directo habrían establecido nexos con el espionaje ruso, en una comunión de intereses, ahora bajo investigación judicial, entre el separatismo catalán y los intentos del gobierno Putin por desestabilizar Europa.
De hecho, de manera reciente, la Audiencia de Barcelona avaló la petición del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh sobre la presunta financiación irregular del «procés», de investigar la supuesta implicación del jefe de la oficina de de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en un negocio de petróleo con el empresario ruso afincando en Cataluña Alexander Dmitrenko.
Moncloa ha manifestado su respeto por «las decisiones de las autoridades italianas» como -ha asegurado- que ya lo hizo cuando «los tribunales españoles y europeos» dictaron «resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan» al expresidente catalán.
«La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales», ha asegurado Moncloa.
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Según confirmaron fuentes oficiales del partido, esta misma mañana Puigdemont será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasseri, competente para decidir la puesta en libertad o su extradición. El expresident está asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y un equipo de letrados italianos. A partir de este momento se inicia un procedimiento complejo e incierto que se puede prolongar en el tiempo, porque, como recuerdan fuentes jurídicas, la euroorden parte de cero en otro país, de la misma forma que en su momento lo hizo en Alemania y en Bélgica.
El pasado 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) había retirado la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el ‘expresident’ y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Apenas un mes antes el mismo tribunal les había concedido esta protección de forma temporal y hasta que se resolviera el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo para seguir adelante con la entrega a España.
Desde que Puigdemont huyó, tras proclamar la independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Justicia no ha dejado de insistir en que responda de sus actos, de ahí que la orden del Supremo estuviera plenamente activa, según han manifestado siempre fuentes del TS. Cuestión distinta es que en su resolución del 30 de julio el TGJUE «invitara» a los países a esperar a que el Tribunal de Luxemburgo resolviera una cuestión prejudicial que el propio Llarena había planteado a raíz de la negativa de Bélgica a entregar a España al también exconsejero Lluís Puig.
El riesgo existía
Aunque el propio tribunal general reconocía que el riesgo de detención sería «bajo» -al entender que los países susceptibles de poder detenerlo preferirían esperar al fallo de Luxemburgo-, ese riesgo existía, y Puigdemont medía sus movimientos temeroso de que la «suspensión» de las órdenes a la que aludió el TGJUE no fuera tan clara como algunos la entienden. En el entorno del expresident se aferrarán a esa supuesta «suspensión» de las euroórdenes para rechazar la entrega.En declaraciones a ABC, la propia Fiscalía del Supremo sostuvo el pasado julio que el Ministerio Público español no tomaría ninguna iniciativa hasta que se resolviera la cuestión prejudicial, pero recordaba que «las euroórdenes siguen vigentes» y que cualquier país que lo estimara oportuno podía ejecutarlas. Italia lo ha hecho. Y lo cierto es que, sin inmunidad, ya había una limitación de movimientos por la Unión Europea.
En los últimos meses, sobre todo tras los indultos del Gobierno de España a nueve de los doce condenados por el Tribunal Supremo en 2019, Puigdemont ha ido quedando relegado del foco mediático, si bien la justicia ha mantenido la lupa sobre él y de hecho volverá a instar a su entrega. También el Ejecutivo decidió aplazar cualquier medida legal que pudiera facilitar la vuelta del ex presidente autonómico que no fuera respondiendo ante la Justicia. De hecho, a finales de agosto, el Gobierno decidió aplazar ‘sine die’ la anunciada, pero no concretada, reforma del Código Penal que rebajaría las penas de prisión por el delito de sedición, pasando de los 15 años actuales a los ocho. Tras los indultos de junio el Ejecutivo enfrió una modificación legal que, en el mejor de los casos, la opinión pública y la oposición entiende que sería hecha a medida para los implicados en el ‘procés’. Fue precisamente Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hombre fuerte del Consejo de Ministros, el que inició este curso político anunciando que las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez serán, para los próximos meses, las relacionadas con la recuperación económica y social de los españoles. Así, la reforma del Código Penal del que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está guardada en un cajón de La Moncloa.
Establecido en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, y elegido eurodiputado tras las últimas elecciones europeas, Puigdemont se ha convertido en referente del independentismo unilateralista. Líder de Junts, partido que se reivindica heredero de Convergència Democràtica, el papel de Puigdemont ha ido perdiendo brillo en los últimos años, con episodios oscuros que le han convertido incluso en una figura incómoda para los partidos europeos que le han apoyado. El episodio más reciente, la conexión rusa, una trama en la que figuras de su entorno más directo habrían establecido nexos con el espionaje ruso, en una comunión de intereses, ahora bajo investigación judicial, entre el separatismo catalán y los intentos del gobierno Putin por desestabilizar Europa.
De hecho, de manera reciente, la Audiencia de Barcelona avaló la petición del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh sobre la presunta financiación irregular del «procés», de investigar la supuesta implicación del jefe de la oficina de de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en un negocio de petróleo con el empresario ruso afincando en Cataluña Alexander Dmitrenko.
El Gobierno dice que debe ser juzgado
El Ejecutivo ha señalado que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont «debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano» y ha apuntado que la detención en Cerdeña obedece «a un procedimiento judicial» que está en curso.Moncloa ha manifestado su respeto por «las decisiones de las autoridades italianas» como -ha asegurado- que ya lo hizo cuando «los tribunales españoles y europeos» dictaron «resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan» al expresidente catalán.
«La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales», ha asegurado Moncloa.
Puigdemont, ante el juez en Italia tras ser detenido por orden del Supremo
Fue arrestado en el aeropuerto de Alghero donde se había trasladado para asistir al Encuentro Internacional del Adifolk y reunirse con el presidente de Cerdeña
