PSOE y Podemos ultiman negociaciones sobre la Ley Mordaza y buscan prohibir el uso de pelotas de goma en protestas

También quieren bajar multas y fijar un criterio de proporcionalidad que tiene como base el salario mínimo interprofesional

PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación para cerrar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas de cara a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores, y que versan entre otros asuntos sobre la prohibición de pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante incidentes en manifestaciones.

Además, según han explicado fuentes conocedoras de la negociación entre ambas formaciones, existe una propuesta de base aunque aún no es definitiva para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se producen incidentes en protestas.

Esta redacción, se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes 'antidisturbios', dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material.

MULTAS SEGÚN INGRESOS​

Las conversaciones se centran también en fijar una redacción definitiva al criterio de proporcionalidad en las multas a las personas sancionadas, ligado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para propiciar reducción en los importes.

Específicamente, se discute sobre como reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el SMI y otra franja del 25% para aquellos que se sitúen en la franja entre 1,5 y 2,5 veces del salario mínimo.

Este lunes y en rueda de prensa, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que el acuerdo base con el PSOE para la derogación de la Ley Mordaza es una "excelente noticia" que garantizará el "disfrute" de libertades públicas, como es el derecho de manifestación y reunión.

El miércoles previsiblemente se cerrará el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que impulsa el PNV y que ha estado parado durante más de un año. De esta forma, los socios de coalición se afanan en definir los últimos flecos sobre las propuestas de modificación de esta normativa, aprobada por el PP en 2015.

Durante las negociaciones que dirigen los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos), se han consensuado varios cambios a esta polémica normativa, como sacar del texto las referencias a los asuntos de extranjería, como es el caso de las 'devoluciones' en calientes de migrantes irregulares.

SIN SANCIONES PARA LAS MANIFESTACIONES NO COMUNICADAS PACÍFICAS​

Otros aspectos son la retirada de sanciones en manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica, pues solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia.

En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".

También se trabaja en la redacción de una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente "alegada y verificable". Además, una vez concluida la persona identificada deberá ser "devuelta" al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.

En atención a las reclamaciones de medios de comunicación, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.

A su vez, las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. Por ello, se propondrá en los expedientes la resocialización por encima de la sanción y así eliminar la limitación actual para poder sustituir multas a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez.

 
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Imagen resumen de las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una de ellas es la de devolver al identificado al mismo lugar en donde fue «interceptado» por la policía. Un agente ha resumido las consecuencias de esta modificación en un hilo de Twitter.

 

Policías y guardias civiles estallan contra Marlaska: saldrán a la calle contra la nueva Ley de Seguridad​

Policías y guardias civiles acaban de anunciar protestas en la calle contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Fernando Grande-Marlaska que deroga la anterior, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores. La nueva ley que pretende implantar el ministro del PSOE con sus socios de Gobierno ha logrado poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que pelearán con todas sus fuerzas para que la nueva ley que anunció el Ministerio del Interior no sea aprobada. Será una manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre. La AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil) y el SUP (Sindicato Unificado de Policía) han convocado concentraciones en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno sin fecha determinada todavía.

Los agentes aseguran que la nueva ley no está diseñada para proteger a los manifestantes, sino «para cercenar la capacidad las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, se merma cada vez más el principio de autoridad de Policía y Guardia Civil», aseguraba hace unos días Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional en la que dispone de ocho asientos de los 14 disponibles en el Consejo de la Policía. También el SUP (Sindicato Unificado de Policía) acudió a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Interior solicitando que protejan a los policías del intento de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. «Una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias y atenta contra los derechos del resto de la sociedad», explicaban. Está previsto que en los próximos días el SUP también sea recibido por el ministro Marlaska.

La AUGC y el SUP vienen reclamando desde hace tiempo la reforma del Código Penal «para endurecer las penas a los agresores de los miembros de la seguridad pública, el Gobierno y sus socios contestan con una reforma que pone en mayor situación de riesgo a policías, guardias civiles y las familias de todos», han asegurado en un comunicado conjunto. También explican que esta misma mañana los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP han ofrecido a Jusapol unirse en una macromanifestación.

Tanto para AUGC como para el SUP, «nos preocupa de la reforma, la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo. La nueva medida nos pone en riesgo y a nuestras familias, especialmente en las zonas de España en las que se vive mayor conflictividad y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos. A pesar de que la reforma castigaría la difusión de las imágenes, una vez difundidas, el daño es irreparable. Más irracional aún es retirar el material de trabajo a los antidisturbios sin prever su reemplazo por otro menos lesivo, dejando a guardias civiles y policías a merced de los violentos», explican.

La bautizada por sus detractores como ‘ley mordaza’ pretende ser derogada, eliminando del ordenamiento jurídico la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa. Todos los sindicatos y organizaciones de Policía y Guardia Civil están de acuerdo en que derogar esta ley supondría anular lo que se considera ahora una «salvaguarda para el derecho a la intimidad de los miembros de las FFCCSE y una medida para garantizar la integridad física de los agentes y de sus familias».

El anuncio de movilizaciones de protesta para este 27 de noviembre se produce después de que este jueves a las seis de la tarde Fernando Grande-Marlaska recibiese a representantes de Jusapol, que le reclamaron a través de Aarón Rivero, su secretario general, que»defienda a los policías y guardias civiles de los ataques constantes que se vienen repitiendo desde el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos». Durante la reunión con el ministro, que duró aproximadamente una hora, los representantes de este sindicato le trasladaron que esta medida supone «una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones».

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero tuvo este jueves un largo encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el que se ha puesto en conocimiento del titular de la cartera de Interior la oposición frontal y absoluta de la organización sindical mayoritaria en el Cuerpo Nacional de la Policía a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana llevada a cabo por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Para Rivero la derogación de esta Ley, supone “un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”.

Aarón Rivero ha indicado que entre esas acciones se encuentran movilizaciones formadas por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales. En concreto, JUPOL ha anunciado que el próximo día 27 de noviembre convocará una manifestación en Madrid, bajo el amparo de JUSAPOL, y a la que se ha invitado a todos los sindicatos de la Policía Nacional, de policías locales y autonómicas y las asociaciones de la Guardia Civil.

Una manifestación bajo el lema “NO a la inseguridad ciudadana” y en la que como ha expresado Rivero “se busca la unión de todos los representantes policiales, unidos bajo un interés común y en defensa de todos nuestros derechos, en la que tendrán cabida todas las siglas».

La derogación de la Ley ha indicado el líder de JUPOL “nos deja sin derecho a la intimidad, permitiendo que nuestros enemigos puedan difundir nuestra imagen, poniendo en grave riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias”. Una situación que encima se produce en el momento que más atentados contra la autoridad se cometen en España. Una cifra que se incrementa día a día con más de 20 agresiones a policías diarias en nuestro país.

Una situación en la que para Rivero el ministerio del Interior, “lejos de ponerse del lado de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil parece que prefiere mostrar su apoyo a los que nos atacan, nos pegan palizas por cumplir con nuestro trabajo, insultan a nuestros hijos en sus colegios, nos lanzan piedras y adoquines o nos embisten con el coche”.

Además, durante el encuentro con el ministro, Aarón Rivero ha trasladado otras preocupaciones surgidas en el seno de la Policía Nacional, como el aumento de las agresiones, la necesidad de proceder a la declaración de Zona de Especial Singularidad de Cataluña y del Campo de Gibraltar, la puesta en marcha de nuevas especialidades en grupos de la Policía Nacional (GAC, Extranjería, Judicial, etcétera), la provisión de vestuario adecuado, la creación de una nueva jornada laboral más efectiva y justa a través del conocido como turno 6 x 6 o la implantación de un seguimiento médico- psicológico de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

«Una situación que genera un clima constante de inseguridad jurídica e incluso puede llevar a una inseguridad operativa dentro de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», añadieron desde Jupol. Por estos motivos, los sindicatos policiales han coincidido en pedir a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a que mantengan dentro de la Ley la prohibición de difundir imágenes de los agentes del orden.


Las protestas contra la inseguridad provocada por los MENAs, las bandas latinas, los okupas extranjeros y en general los MILLONES de inmigrantes que en los ultimos 25 años han entrado en España ilegalmente, sin ningún control y sin ningún tipo de certificado de penales, ya las dejan para otra ocasión.

Será porque ellos han colaborado activamente en el proceso.

Además ¿no habíamos quedado que ellos nunca dicen nada contra la politica de inmigración del Gobierno porque ellos "solo pueden obedecer y callar"?¿por qué no callan ahora también?

Parece que eso es solo cuando interesa.
 

La foto viral de los ponentes de la Ley de Seguridad Ciudadana​

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Se ha hecho viral una fotografía que dice mucho. En la imagen se pueden ver a seis personas, se trata de los miembros de las Cortes Generales ponentes de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma legal que quiere acabar con la que aprobó en su día el Gobierno del Partido Popular.

Sí, se trata de uno de Bildu, otro del PNV, del PSOE, de ERC, de Podemos y del Partido Comunista, los que apoyan a Pedro Sánchez, sus socios de gobierno. Y en manos de esos estamos…, como dice la propia fotografía, ¿qué puede salir mal?

Los enemigos de España, los que quieren acabar con la nación, son los deciden sobre este país, los que proponen reformas legales, aprueban leyes y sustentan al Gobierno social comunista que nos desgobierna.

Mal futuro tiene un país en el que deciden los que quieren su destrucción. Mal futuro…

 


PP, Vox y Ciudadanos se manifestaron ayer para oponerse a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'Ley Mordaza'. ¿Por qué la derecha se está equivocando gravemente en este asunto?