Progresando hacia la Dictadura Masónica 🔒



El Arconte, Pedro Rosillo, ha sido detenido, acusado de “Incitación a la sublevación"

El ARCONTE ha sido sacado de su domicilio. El operativo llegó a su casa a las 8h, y terminó el registro en torno a las 11 h; momento en el que fue trasladado a las dependencias policiales de Almería. El operativo policial estaba constituido por 20 personas, entre los que había personal uniformado, y otros de paisano, que podrían ser Funcionarios de Justicia.

Curiosamente, el primer material incautado se reduce a prendas que llevan la Cruz de Borgoña: una camiseta, una gorra, una bandera, y unas pegatinas. Además, han confiscado dos ordenadores y dos móviles, y el disco duro de una cámara de seguridad de la alarma del domicilio.

Su esposa está alarmada ante la situación, y no ve motivos para montar semejante operativo policial. El grupo “Hijos de Cortés y Pizarro”, generado e impulsado por El Arconte promueve la oración, y no apoya acciones violentas.

Además de Pedro Rosillo, han sido detenidas otras personas, entre las que se encuentra Rafael Roselló, del Canal Trota Póker, según las noticias que tenemos hasta el momento.
 
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La OMS presenta un plan para despojar a los "teóricos de la conspiración" de sus derechos humanos.
 
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Finalmente van saliendo más excusas para justificar lo injustificable. Como ya comentamos, detuvieron a un periodista por querer informar de los hechos (explosión del tren con materias peligrosas) Es evidente que algo están intentando ocultar y las autoridades, cómplices del sistema de terror, hacen las delicias de los políticos.
 

Brasil avanza en matar la libertad de decisión​

Luego del polémico discurso del reciente Presidente Lula sobre las consecuencias de prestarse al experimento mundial, Brasil quiere avanzar con proyectos de Ley para que esto no suceda y que incluso se penalice hasta con 8 años de prisión por difundir “fake news” sobre el tema.



Proyectos de ley prevén prisión para quienes duden de las vacunas en Brasil​

Seis proyectos de ley en el Congreso brasileño criminalizan todo, desde hacer fila para recibir una vacuna hasta personas que difunden “noticias falsas” sobre cómo funcionan las vacunas.

De autoría del Senador Angelo Coronel (PSD), el PL 5555/2020 prevé la inclusión en el Código Penal de prisión de uno a tres años para las personas que omitan o se opongan a la vacunación obligatoria de niños o adolescentes en “emergencia de salud pública”.

El proyecto también criminaliza, con una pena de dos a ocho años de prisión, a las personas que se nieguen a tomar las dosis obligatorias de vacunas.

El mismo castigo también se aplica a quienes difundan “noticias falsas” sobre las vacunas o su funcionamiento.

Si el particular es empleado público, la pena se duplica.

El PL tuvo sus procedimientos actualizados en diciembre de 2022. En ese momento, pasó por la Secretaría Legislativa del Senado Federal y tuvo su continuidad confirmada.

La propuesta volvió a ser discutida en las redes sociales este mes cuando el sitio web del Senado realizó una encuesta sobre el proyecto de ley.

La propuesta fue rechazada por el 92% de las personas que contestaron las preguntas.

En abril de 2021, el senador solicitó que su propuesta fuera tramitada como PL 25/2021 por el diputado Fernando Rodolfo.

La propuesta de Rodolfo tipifica como delito saltarse la fila durante la vacunación con una pena de dos a cinco años y multa.

Además, el diputado encuadra el desvío de insumos médicos como un delito, con cinco a 15 años de prisión. El delito es agravado si lo comete un empleado público.

La solicitud de Angelo Coronel fue concedida y ambas propuestas se están procesando en conjunto.

En mayo del año pasado se sumaron a trámite otros cuatro proyectos de ley: 13, 15, 505 y 1140, todos de 2021.

Los dos primeros también quieren criminalizar las colas para vacunarse.

Los dos últimos, en cambio, tipifican como delito la aplicación de una dosis falsa de vacuna o la simulación de su aplicación.

1140 fue propuesta por el Senador Ciro Nogueira (PP), ex Ministro de la Casa Civil.

 


China es el modelo para el Gobierno Mundial, y está construyendo una base de datos biométrica que haría que el propio George Orwell se desgarrara.

Estos idiotas siempre lo enmascaran diciendo que "el uso principal de este material es rastrear a los criminales". Lo que no agregan es que la definición de "criminal" se está expandiendo rápidamente a "cualquiera que no esté de acuerdo con cualquier cosa que haga el gobierno, incluso si aún no han cometido un delito".
 

Eduardo Fernández presentó proyecto para sancionar el negacionismo​

El diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, presentó un proyecto que busca incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y genocidio.

El acto de presentación de la iniciativa se realizó en el Salón Blanco de la cámara baja, y contó con la presencia del jefe del bloque de diputados nacionales del FDT, Germán Martínez, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y referentes de organizaciones de derechos humanos y estudiantiles.

Se trata de un proyecto que reproduce el texto presentado por primera vez ante la Cámara de Diputados en 2021, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida que cumple el país en diciembre.

Según explicó el diputado, el proyecto "tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional".

En los fundamentos del proyecto, Fernández alertó sobre el "ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público".

Al respecto, el proyecto establece la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quiénes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.