Progresando hacia la Dictadura Masónica 🔒

El Gobierno limitará la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado a comercios, empresas, hostelería y transportes​

El aire no podrá situarse por debajo de los 27 grados ni la calefacción por encima de los 19
Forma parte del paquete de medidas que serán incluidas en el decreto de ahorro energético


El Gobierno instará a empresas, oficinas, negocios, centros comerciales y transportes a controlar las condiciones de temperatura para evitar el despilfarro energético, en el marco del paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético que aprobará en el Consejo de Ministros del próximo lunes, según ha adelantado RNE.

El objetivo es que en verano los aires acondicionados de locales, establecimientos y transportes no estén por debajo de los 27 grados, mientras que en invierno los sistemas de calefacción no deberían superar los19 grados, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de las medidas. Este primer paquete de medidas estará dirigido al sector privado, pero no tendrá carácter coercitivo, y se prevé que los hogares queden al margen en una primera instancia.

El Ejecutivo también apelará a racionalizar los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático de los edificios de oficinas, así como el resto de los equipos consumidores de energía, de manera que se minimice su uso energético, trasladando así parte del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, aprobado el pasado mes de mayo.

Se prevé que las medidas incluyan también el impulso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios, que podrían contar con subvenciones. Cabe señalar que este viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha adaptado una serie de medidas que simplifican los trámites para contratar el autoconsumo eléctrico en España, con el objetivo de impulsar la entrada de energías renovables, la descarbonización de la economía y la competencia en el mercado minorista. En concreto, el regulador ha simplificado los trámites administrativos relacionados con la contratación, facturación y reclamaciones del autoconsumo de baja potencia y colectivo.

Con vistas a la racionalización del uso de los edificios, se recomendarán medidas que mantengan un nivel óptimo de ocupación de los inmuebles. Por el momento se desconoce si el paquete de medidas incluirá, al igual que ocurrió con el plan de ahorro de la Administración, la recomendación del refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto energético producido, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo.

Mayor uso del transporte público​

En cualquier caso, se da por hecho que el Ejecutivo apostará por promover el uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible, aprovechando que el Gobierno bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre. También se fomentará el uso de la bicicleta como ejemplo de transporte sostenible, facilitando puntos de estacionamiento.

El Gobierno espera que estas medidas sean suficientes para cumplir con el acuerdo alcanzado con Bruselas por el que España se compromete a reducir en un 7% el consumo de gas, con el objetivo de reducir la dependencia europea al gas procedente de Rusia.

El Ejecutivo adopta este plan después de la ronda de consultas mantenida entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con todos los actores (asociaciones de consumidores, energéticas, agentes sociales, grupos parlamentarios, etc.) en los últimos días.

Esta propuesta planteará también sustituir el uso del gas por otros combustibles allí donde sea posible, así como impulsar la electrificación de la demanda y la entrada de más renovables. Las medidas de este plan se enmarcan dentro de la estrategia de la Unión Europea para enfrentarse a ese posible corte del suministro de gas por parte de Rusia.

El pasado 13 de julio, Ribera afirmó que la situación de España es «más halagüeña» que en otros países del entorno debido, entre otros factores, a la diversificación en su suministro de gas natural, la capacidad de sus plantas de regasificación y de unos niveles de los almacenamientos subterráneos (72%) y de los tanques de las plantas de gas licuado (80%) en «máximos históricos». No obstante, subrayó que este escenario de tensión hace que se esté en una situación de «tranquilidad relativa», por lo que apostó por un plan para abordar el uso más inteligente posible de la energía, impulsando así el ahorro y la eficiencia energética.

 

Sánchez aprueba la ley de espionaje bancario y de represión al opositor y Olex Abogados pone en marcha una demanda colectiva en el Tribunal de Justicia de la UE para pararlo​

El pasado 28 de Julio del presente, se aprobó y fue publicada el 29 de Julio, una mala notica para la libertad,

«Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.»

Sánchez y su equipo, podrá tener acceso a todo el censo de información de cuentas e incluso de depósitos bancarios en cajas de seguridad, a través de la oficina en el Ministerio de Justicia, art. 3, f) «La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y las oficinas de recuperación de activos designadas por España de conformidad con la Decisión 2007/845/JAI, de 6 de diciembre de 2007». el acceso a la información financiera y a la información del Fichero de Titularidades Financieras, así como su uso por las autoridades competentes, jueces penales, como hasta ahora, fiscales, policías y agencia tributaria como vigilancia aduanera, para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves. Si ya esto de por sí es grave, que puedan tener acceso a los datos bancarios de todos los residentes en España sin autorización judicial, tener un censo de todos los activos privados de la población, tiene una finalidad muy clara y está conectada con la siguiente modificación en la misma ley, la modificación de la Ley de Seguridad Nacional de modo encubierto, con las infraestructuras criticas, como la salud, las comunicaciones tics(tecnologías de la información y la comunicación) Internet, RRSS y lo financiero.

Pero no nos adelantemos, paremos antes en la disposición adicional primera:

«Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que quedan redactados como sigue:

«Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.

1. Con la finalidad de prevenir, impedir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago (en adelante, las entidades declarantes) deberán declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo de cuentas de pago, así como los contratos de alquiler de cajas de seguridad y su periodo de arrendamiento, con independencia de su denominación comercial.


Las declaraciones no incluirán las cajas de seguridad, cuentas y depósitos de las sucursales o filiales de las entidades declarantes españolas en el extranjero.

La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares y de sus titulares reales y los datos identificativos de los representantes o autorizados y cualesquiera otras personas con poderes de disposición. La información de los productos a declarar incluirá en todo caso la numeración que los identifique, el tipo de producto declarado y las fechas de apertura y de cancelación. En el caso de las cajas de seguridad se incluirá la duración del periodo de arrendamiento. Reglamentariamente se podrán determinar otros datos de identificación que deban ser declarados.»

Crean una ley de espionaje bancario y no persiguen ¿Las declaraciones no incluirán las cajas de seguridad, cuentas y depósitos de las sucursales o filiales de las entidades declarantes españolas en el extranjero.? Que es donde los defraudadores y los que financian el terrorismo guardan su dinero en entidades bancarias españolas en el extranjero o directamente en el extranjero…, ¿incomprensible verdad?


Sigamos con el análisis de la situación hacen el siguiente cambio:

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.

1. Se modifican los apartados c) y d) del artículo 13 de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, que quedan redactados como sigue:

«Artículo 13. Operadores críticos.

(…)

c) Elaborar el Plan de Seguridad del Operador en los términos y con los contenidos que se determinen reglamentariamente, debiendo acreditar la
implantación de las medidas exigidas por la autoridad competente a través de la certificación oportuna.

d) Elaborar, según se disponga reglamentariamente, un Plan de Protección Específico por cada una de las infraestructuras consideradas como críticas en el Catálogo, debiendo acreditar la implantación de las medidas exigidas por la autoridad competente a través de la certificación oportuna.»

2. Se añade un nuevo apartado h) al artículo 13 con el siguiente tenor:

«h) Constituir un Área de Seguridad del Operador, de la manera que reglamentariamente se determine.»

Hay que entender que las infraestructuras criticas son clave para la seguridad nacional y estamos hablando tanto las físicas como las digitales,

Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.

Núm. 314 Viernes 31 de diciembre de 2021 Sec. I. Pág. 167812

«Campañas de desinformación:

Las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa –fake news– o información errónea –misinformation–. De hecho, las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado.

En este sentido, el ámbito cognitivo es un espacio más en el que ejercer influencia, que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo. Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque. Así, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos electorales.»

Los planes de seguridad nacional son secretos según la ley que los regula, por tanto, a todos los que Sánchez y su equipo considere desinformadores podrá con la justificación de la seguridad nacional, adoptar cualquier medida que vaya encaminada a suprimir lo que ellos consideran amenazas y solo tienen que requerir al operador de la infraetructura que cierren un canal, una web, una red social o cualesquiera medida que ponga en riesgo la seguridad nacional, hasta el punto de poder adoptar la vacunación forzosa contra el covid19 si entienden que existe algún peligro para la seguridad nacional.

No obstante, desde OLEX ABOGADOS, con el Abogado Sergio Cebolla a la cabeza han puesto en marcha una demanda colectiva para llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de diez días, por vulneración del Derecho de la Unión Europea y los Derechos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, para parar esta aberración. En su web Demandas Colectivas - O´Lex Abogados ; pueden colaborar y hacer su aportación para cubrir los gastos que supone pleitear en Luxemburgo.

En el siguiente enlace puede escuchar el video completo del Abogado Sergio Cebolla:




Igualmente tienen previsto varias modalidades para ayudar a los represaliados como un recurso-habeas corpus, para los que eliminen sus canales o cualquier otra medida abusiva y arbitraria, e incluso en las aportaciones a las demandas colectivas han incluido en las modalidades plus y Premium una consulta con un abogados del equipo de OlexAbogados.

 

Detenido en Reino Unido por retuitear un meme sobre el movimiento LGTBI​

Alucinando nos hemos quedado al conocer la noticia de la detención de un ciudadano británico por retuitear un meme en el que se mostraba una esvástica hecha con banderas del orgullo, con la intención de comparar la naturaleza del movimiento LGTBI con el nazismo represivo y autoritario.

El detenido se llama Darren Brady y es un veterano del ejército británico. Así lo informa el digital National Life, en un artículo que puedes leer en este enlace.

Según esta información, cuando la policía detuvo a Darren Brady, él preguntó por qué lo arrestaban. La respuesta que obtuvo fue que alguien se había sentido ofendido por su retuit. “Alguien ha estado ansioso por tu publicación en las redes sociales, por eso te arrestaron”, le dijo un oficial a Darren Brady.

Os dejamos con el mensaje publicado en la red social Twitter en el que se explica lo ocurrido…



 
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Más pruebas que demuestran la dictadura impuesta por Sánchez y sus secuaces​

Olvídense de la palabra democracia. En España son ya muchos los años en los que ha quedado meridianamente claro que no existe, lo que todo el mundo puede entender con esa palabra. Muchos años, pero la cosa con Sánchez ha ido a mucho más y ahora ya podemos tener claro que lo que vivimos es una dictadura. La peor de las dictaduras porque muchos todavía creen que no existe.

Y el miserable que tenemos en la Moncloa sigue sin importarle las muchas pruebas que nos deje para demostrar esa gran dictadura que existe. La última la ha publicado ‘Voz Populi‘ y aunque escandalosa, no es más que una buena muestra de la realidad que estamos viviendo, a pesar de que muchos no la quieran ver.

“Moncloa oculta qué ministros y altos cargos tienen viviendas con los gastos pagados. El Gobierno elude las preguntas registradas por un diputado en el Congreso, en las que requería información sobre el número de personas que usan estos inmuebles y el tamaño de los mismos”.

Esta ha sido la respuesta dada por el gobierno a una pregunta realizada por el diputado diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero. “La respuesta del Ejecutivo -con fecha del 28 de julio- se centra en la base legislativa que regula el acceso a una vivienda oficial por parte de miembros del Gobierno. En concreto, remite a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Pero no existe ninguna referencia a la información solicitada por el diputado. Ni del número de ministros o altos cargos que viven en estos inmuebles ni del tamaño de los mismos”, comentan en ‘Voz Populi’.

Quizás a muchos todo esto les pueda parecer una tontería, o algo sin importancia. Pero la realidad es que este gobierno sigue haciendo lo que le da la gana y pasándose las leyes por el forro. Si los españoles seguimos impasibles ante todo lo que está sucediendo, solo Dios sabe con lo que nos podremos encontrar de aquí a muy poco tiempo.

 

Camino a una dictadura encubierta​

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Todos recordamos cuando, tras las elecciones generales del 20 de Diciembre de 2.015, Pablo Iglesias, nada más salir de la reunión con el Rey, el 22 de Enero de 2.016, y cuando Pedro Sánchez, a su vez, estaba reunido con el monarca; comunicó en rueda de prensa en el Congreso, las carteras ministeriales que pretendía para Podemos en un hipotético gobierno de coalición con el PS; dado que el PP no tenía visos de conseguir la investidura de su candidato, Mariano Rajoy. Los ministerios que pedía Pablo Iglesias eran, además de la dirección de RTVE y la vicepresidencia del Gobierno; los de Economía, Educación, Servicios Sociales, Defensa e Interior; con los que, en definitiva, dirigiría la economía y política nacional y social. Pedro, que puede ser un mendaz, un cínico, un hipócrita, un demagogo, un populista, y alguna “virtud” más; no es tonto; por lo que los acuerdos entre ambos se pospusieron hasta el año 2.019 en las circunstancias que todos conocemos.

Al igual que el pequeño Lenin, Pedro Sánchez sabe que, dominando RTVE y medios afines, a los que, lubricando convenientemente mediante subvenciones de las ubres de Hacienda, que casi todos ayudamos a llenar; el ciudadano llega a conclusiones que son las que el poder desea a las que debe llegar. Mediante el Ministerio de Hacienda, el dirigir los fondos a distribuir y a confeccionar el proyecto de presupuesto anual. Mediante Educación, pretendía moldear el intelecto de los jóvenes desde su más tierna edad, con el fin de encauzarlos a un pensamiento único; el comunista. A través de los servicios sociales, un dirigente da limosnas a una parte de la población que previamente ha empobrecida, con el fin de fidelizar su voto, bajo la velada y tácita amenaza de que, si gobierna otro Partido, se quedarán sin dádivas. En cuanto a Defensa, Ministerio que Sánchez pasó de querer eliminarlo a elevar su presupuesto e incrementar la aportación a la OTAN, es de suponer que pretendía reducir o eliminar la presencia de las fuerzas armadas en el exterior y tenerlas maniatadas en una supuesta defensa de la territorialidad nacional y defensa de amenaza exterior. Por último, el del Interior, con el fin de manejar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante huelgas indeseadas, protestas callejeras, manifestaciones y buenismo con la inmigración ilegal, ocupación de viviendas, así como con el soberanismo.

Dicho todo esto como preámbulo y puestos en situación, narraré lo que a mi parecer se asemeja el futuro a corto plazo, del caminar de España hacia una dictadura blanda en manos de Pedro Sánchez.

Este hombre, con sed de poder infinito, está, en solo tres años, acabando o diluyendo las instituciones del Estado; debilitándolas o retorciéndolas en beneficio propio; y digo propio porque a Sánchez ni le interesan los españoles, ni le interesa España, ni le interesa el Partido Socialista, que acabará dejándolo hecho escombros y a España en un país sin influencia exterior y pobre.

Así, ha maniobrado contra la Judicatura, empezando por nombrar a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, a pesar de informes desfavorables de la cúpula judicial, y su sustituto que figuró en los mítines del Partido Socialista en las elecciones gallegas; con el fin de colocar a magistrados de su cuerda, tanto en el Tribunal Supremo como en el Consejo General del Poder Judicial; Poder Judicial que le ha dado diversos varapalos, como el no del Supremo a los indultos a los golpistas catalanes, el informe contra la Ley de la Memoria Democrática, que yo la denominaría de la Memoria Selectiva, el fallo del Constitucional sobre Pablo Iglesias y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma; la corte de garantías tumbó el Decreto-Ley que nombró a Rosa María Mateo, a buenas horas mangas verdes; la de la “televisión espantosa”, como la denominó ella en una comparecencia en el Congreso, traccionándola su subconsciente; como administradora única de RTVE, la suspensión de las restricciones al ocio nocturno, por la Audiencia Nacional; el TC anuló la disposición con la que Moncloa “blindó” la presencia de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de Inteligencia, dentro del Decreto-Ley del 17 de Marzo, para paliar los efectos económicos de la pandemia, la Ley de Libertad Sexual o del “Solo sí es sí”, el Ministerio Público valora desfavorablemente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El CGPJ, que ya no aguanta más, explota contra el Gobierno tras su maniobra con el Tribunal Constitucional: “Quieren colonizar las instituciones a cualquier precio”, señalan algunas voces de dicho Consejo; “Su reforma legal es una obscenidad tremenda”, añaden. Señalan también que el Gobierno está realizando una utilización partidista de la ley, a su conveniencia y que es impropia de un Estado de Derecho; es de un cinismo y desfachatez enorme y que utiliza las leyes para beneficio político, añaden.

El Gobierno le ha dado al CGPJ, debido a la reforma “exprés” de las competencias de este, un plazo hasta el 13 de Septiembre, como máximo, para que designe dos nuevos magistrados del TC; dando pie, justificadamente, a que algunos Vocales afirmasen que es “innecesario”, o que “sería más fácil si el Gobierno nos diera los nombres. Es lo que les falta”. Con la reforma, que a su vez reforma la anterior del propio Gobierno que les prohibía efectuar nombramientos de cualquier tipo, éste pretende conseguir la mayoría “progresista” en el Tribunal Constitucional.

Como dijo Charles Bukowski, “La diferencia entre una democracia y una dictadura es que, en una democracia, primero votas y después recibís órdenes. En una dictadura no tienes que perder el tiempo votando”.

Como sabemos, este Gobierno pretende controlar el CGPJ y el TC; sabe, y todos sabemos, que, controlándolos, controla la Justicia; en primer lugar, puede recortar o conculcar los derechos y libertades de la ciudadanía, perpetuarse en el poder, en segundo lugar, debido a su influencia, torcer sentencias que pudieran serle desfavorables, y, en tercer lugar, para el caso de que pierdan el poder no sean juzgados ante posibles denuncias de cuando lo detentaron.

Otra muestra que nos da este Gobierno, de pretender ramificarse a través de instituciones y organismos de toda índole, al igual que hizo el PS durante años en Andalucía, con el fin de que no exista alternancia en el poder y si llega a producirse, no dure más de una legislatura; es la toma de Indra, cesando a cinco consejeros independientes que se oponían a las pretensiones del Gobierno. Los consejeros cesados denuncian por escrito que el Gobierno solo quiere en la empresa a vocales “que no se opongan a sus pretensiones”, no exigiendo a la empresa a alguien “con capacidad y experiencia suficiente”. No se dan de cuenta esos vocales que como van a exigir capacidad y experiencia suficiente, si no se las exigen a ellos mismos dentro del propio Gobierno.

Debemos considerar que el Gobierno adjudicó a Indra, sin concurso público, por el procedimiento de emergencia; que está limitado a las catástrofes naturales, para todos los contratos electorales. Es la segunda vez que recurre a esta forma de contratación; la primera fue en las elecciones generales del 28 de Abril de 2.019. En el segundo caso, las del 10 de Noviembre; basa su actuación en la Disposición Séptima de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y al apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Esto podría tener algo de justificación en estas elecciones, pero no en todas.

Pastrana, candidato a la presidencia de Colombia, insinúa que Indra cometió fraude electoral por su relación con Gustavo Petro, antiguo terrorista, y de alguna anomalía, como que el software dio los resultados electorales en tiempo récord la misma noche de la votación. Esto es una mera sospecha, pues nada se ha confirmado y Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia.

Un paso más que está dando Sánchez para hacerse con el poder total y cuasi permanente, y no es un paso de menor cuantía, que, espero que no sea aprobado, no solo por el PP, Vox y Cs, sino también por los independentistas y, de ser aprobado, sea recurrido ante el Tribunal Constitucional, ya que buena parte de las observaciones del Consejo de Estado no han sido incorporadas al texto; es la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

Se trata del proyecto de ley de la reforma antes mencionada, aprobado por el Gobierno en su Consejo del día 15 de Febrero de 2.022. Esta ley modificará la 36/2015, de 28 de Septiembre, de igual denominación.

El Congreso, por amplia mayoría, tumba las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts. Esto no quiere decir PP, Vox y Cs, estén de acuerdo con la redacción del proyecto, si no que rechazan las pretensiones de los independentistas. El proyecto seguirá tramitándose en el Congreso, pero con enmiendas que presente la oposición.

Una de las guidas, posiblemente la mejor para la izquierda en general, y para Sánchez en particular; es esta ley que estamos tratando. No hace falta hurgar demasiado en su contenido para darse cuenta que la misma legitima al Gobierno a tomar medidas mediante Real-Decreto, sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional o al Congreso. En su exposición de motivos señala: “La actuación de la seguridad nacional, mediante la declaración por el Presidente del Gobierno, de una situación de interés para la seguridad nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, incluso aquellas en manos de particulares mediante de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico” (la letra en negrita la aporto yo).

La ley otorga a Sánchez el mismo poder para confiscar bienes, que la de Venezuela a Maduro. Es el artículo 30 de la mencionada ley es el que expresa que el Catálogo de recursos constituye la relación de medios que se consideran de interés para la seguridad nacional, entre los que se contemplan la prestación personal de los españoles y sus bienes y derechos.

Expertos en expropiaciones alertan del “cheque en blanco” a Sánchez para requisar los bienes privados, ya que el Estado puede requisar “incluso el efectivo”. ¿Se acuerdan aquello de Chávez: ¡Exprópiese!

Esta es la deriva que va tomando el Gobierno de Sánchez; deriva que nos conduce a una dictadura encubierta o blanda. Con razón dijo en su día Pablo Iglesias, el joven; que la derecha no iba a gobernar en muchos años. Tomas los medios de comunicación, tomas el Poder Judicial, tomas la educción y el resto viene rodado. Diremos como Wliliam Hurt: “Esto no es una democracia, es una dictadura. Una dictadura benévola, pero una dictadura al fin y al cabo”. Piénsese como empezaron Venezuela, Guatemala y otros países Sudamericanos y nos veremos reflejados. No hagamos como el personaje del poema del pastor alemán Martín Niemöller, en el que muestra su indiferencia ante lo que ocurre a su alrededor hasta que llega lo inevitable.

Otro contenido que nos lleva a la misma conclusión, es la puesta en marcha del Organismo contra la desinformación, que preside el General Ballesteros. ¿No nos acordamos ya cuando, en aquellas parafernalias ruedas de prensa de todas las “fuerzas vivas”, durante el comienzo del coronavirus, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, dijo que los agentes trabajaban en las redes sociales contra los bulos y para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”? Marlaska achacó tales manifestaciones a un lapsus del general. Yo, y conmigo la mayoría de seres pensantes, por el contrario, digo que ni siquiera fue su subconsciente el que le traicionó, si no que dijo la verdad; dijo para que le habían puesto. El general no volvió aparecer en aquellas comedias comandadas por Fernando Simón, otro que no sabía para donde estaba revuelto.

Pues bien, no se trataba de un lapsus, ya que a los seis meses después, el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 6 de Octubre de 2.020, aprobó el Procedimiento de actuación contra la desinformación, y que será un comité de vigilancia para combatir campañas a bulos o noticias falsas que traten de desestabilizar instituciones o procesos electorales; pero que en la práctica no será otra cosa que tener subyugada a la prensa díscola con el Gobierno, y no solo a los medios de comunicación, sino también una censura en las redes sociales. Este plan fue publicado mediante Orden ministerial PCM/1030/220, de 30 de Octubre, y del que nada se sabe a pesar de las innumerables preguntas de la oposición, en el Parlamento.

Hay juristas y despachos importantes de abogados que critican el procedimiento, basándose en que puede llegar a afectar a la libertad de información y prensa, que defiende tanto la UNESCO, como la Constitución española en su artículo 20. Ante las numerosas críticas, la Unión Europea confirmó que se llevará a cabo un seguimiento sobre su aplicación.

Otra de las quejas es sobre la naturaleza política de la mayoría de los órganos que integran este Organismo, en el que están representados los ministerios de Asuntos Económicos, de Exteriores, de Defensa y del Interior. Las críticas se basan en que la gran mayoría de la toma de decisiones recaen exclusivamente en órganos de la administración pública; concretamente, los ministerios reflejados, ya que esto puede derivar en un control de las informaciones y comunicaciones a las que puedan acceder los ciudadanos. Sánchez, y en su día Pablo Iglesias, dentro del Gobierno, quiere ciudadanos desinformados o mal informados.

Resumiendo; todo aquel que informa u opine algo en contra de lo que el Gobierno quiere, éste entenderá que es un desinformador; por lo que deja en manos del Comité lo que se permite como información, sea cierto o no, y lo que es desinformación.

Y, por último, pero no por ello menos importante para los planes de Sánchez, es querer que España siga siendo un país de personas que necesitan ayudas, pretensión propia de países comunistas. Ayuda por la electricidad, ayuda a la juventud de 400 € para cultura, baja cultura, ayuda suplementaria a becas concedidas, ayuda a los carburantes, etc., etc. Pretende que la gente dependa absolutamente del Estado y de este modo teman que, si a él le echan, pierdan lo poco que tienen porque el mismo los ha llevado a la crisis de pobreza y ruina. Sánchez crea los problemas para luego mostrarse como solución a los mismos y de esta forma tener a los ciudadanos supeditados a sus dádivas, cuando lo que debiera hacer es bajar impuestos y el I.V.A. de ciertos bienes de consumo; pero claro, eso no compra votos, no es tan visible como las generosas subvenciones. Mientras tanto, el Gobierno gasta y malgasta sin freno, aumentando la deuda pública, aumenta el índice de precios al consumo, aumenta el paro, aumenta la recaudación del Estado y disminuye la capacidad económica de las familias.

El presidente del Gobierno hace buene la frase de Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”

Ahora, para colmo, Sánchez estudia que los inmigrantes sin papeles, se regularicen mediante la realización de un curso; con lo cual será, no solo un voto agradecido y cautivo, sino un efecto llamada. Solo le restaría, como pretendía Iglesias, darles el voto a los mayores de 16 años, para cerrar el círculo del mercadeo dictatorial. A esto se le llama clientelismo político.

Está claro que Pedro Sánchez pretende perpetuarse en el poder y, para el caso de que no lo consiga, desea que las instituciones queden parasitadas y con, aunque disimulados, visibles signos de favoritismos hacia el Partido Socialista, con el fin de que la derecha, si consigue el poder, no lo detente más allá de una legislatura.