Progresando hacia la Dictadura Masónica 🔒
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El abogado Eduardo Rodríguez de Brujón estudia al detalle la Ley de Seguridad Nacional que pretende aprobar Sánc-HEZ, prepárense para la dictadura y el saqueo si sale adelante
Hace muchos años, compré en lo que era la magnífica librería de El Corte Inglés, un libro de Stephane Courtois titulado “El libro Negro del Comunismo”. Su lectura me hizo estremecer ante los crímenes de esta ideología maldita y asesina que ha asolado el mundo durante el siglo XX, matando de modo programado, en muchos casos, a más de 120 millones de personas (cifra aproximada ya que de los países comunistas no se puede extraer información alguna sobre las personas represaliadas y desaparecidas). Curiosamente, a los pocos días, fui a comprar otro libro idéntico, para regalárselo a un amigo y ya no había. Desde entonces nunca lo he vuelto a encontrar, hasta la reedición efectuada en este año 2021. Recomiendo comprar el libro, antes de que sea secuestrado o censurado por el Gobierno de Sánchez y sus newtrolas. En este libro nos cuenta el gran autor Courtois, no sólo las atrocidades del comunismos-socialismo, sino de cómo se ha introducido, esta peste ideológica y cultural, en las nacionales, engañando a los pueblos utilizando piel de cordero y creando una red de leyes excepcionales antes situaciones especiales y temporales, que daban poderes inauditos a los dirigentes del estado en cuestión, los cuales aprovechaban para derogar las constituciones de esas naciones y convertirse en tiranos, sin que las naciones invadidas por esta lacra, supieran como había podido llegar en tan poco tiempo a ocupar el poder.Después de este libro excepcional, un gran periodista, como Federico Jiménez Losantos, ha escrito y se han editado, dos libros magníficos (“Memoria del Comunismo” y “La Vuelta del Comunismo”), que sin ser complementarios al de Stephane Courtois, podrían considerarse una ampliación y actualización cronológica de cómo el comunismo está invadiendo las naciones del mundo, a una velocidad vertiginosa, y especialmente en Hispanoamérica y España.
Una persona temerosa de Dios, de su libertad, de su hacienda y de su familia, es decir, amante de su patria, debe de llevárselos para leer en estas vacaciones, ya que al ritmo que vamos, con el avance del comunismo en nuestra querida España, puede que sean de las últimas que tengamos en paz y semilibertad.
El ejemplo de cómo llegó el comunismo al poder en Venezuela, la nación más prospera y rica de Hispanoamérica durante décadas, nos ha de servir de ejemplo a los españoles, para que meditemos sobre como Sánchez está preparando, al igual que lo hizo Hugo Chávez, el asalto al poder perpetuo y la derogación de nuestra Constitución, de la Monarquía, destruyendo nuestra patria para convertirla en un estado federal asimétrico de naciones independientes. Es decir, como por medio de un golpe de estado encubierto, Sánchez va a destruir España.
Hugo Chávez, con la excusa perfecta de que necesitaba poderes especiales para gestionar la emergencia causada por unas inundaciones que causaron la muerte a unas 40 personas y el desalojo de sus hogares a más de 140.000, en el año 2010, la asamblea venezolana le concedió poderes especiales durante 18 meses para gobernar por decreto durante 18 meses, desoyendo las críticas de la oposición, que afirmó que la medida coinvertía a Venezuela, el mayor productor de petróleo de Sudamérica, en una dictadura.
Chávez, se defendió, alegando que esos poderes especiales estaban contemplados en el artículo 236 de la Constitución venezolana y eran esenciales para la gobernanza del país. Era la cuarta vez desde que llegó al poder, en 1999, que al mandatario venezolano se le otorgaron poderes especiales. Desde ese momento Hugo Chávez anunció que tenía previstos 20 nuevos decretos leyes para ser aprobados de modo inmediato, que entrarán en vigor sin oposición parlamentaria
La Ley Habilitante de Hugo Chávez, fue aprobada con los votos de la mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el rechazo de la veintena de diputados opositores y permitiría a Hugo Chávez legislar por decreto en ámbitos tales como infraestructuras, transporte y servicios públicos, vivienda, ordenación territorial, desarrollo integral, expropiaciones y uso de tierras urbanas y rurales, así como en el campo financiero y tributario. Además, la ley le faculta también para promulgar decretos leyes en seguridad ciudadana y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico.
Como todos conocemos, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, en el año 2010, era asesor de Hugo Chávez y jefe de Propaganda. Estaba instalado en Venezuela desde el año 2004 como asesor personal de Chávez en el Palacio de Miraflores, donde colaboró estrechamente con los asesores cubanos que han convertido al país en una sucursal de la dictadura castrista y se le encargó por Hugo Chávez, la creación del Centro Internacional Miranda (CIM), concebido como un «espacio institucional para coordinar los apoyos internacionales al proceso revolucionario venezolano» y para llevar a cabo el «entrenamiento, preparación y desarrollo de cuadros políticos, sociales y económicos» de Venezuela.
Es decir, que después de servir Venezuela de laboratorio de cómo llegar al poder dando un golpe de estado taimado mediante el “truco” de las Leyes Habilitantes, en España, con la excusa del coronavirus Covid-19, se ha seguido por el mismo camino, otorgándose Sánchez, poderes especiales mediante el decreto inconstitucional del 14 de marzo de 2020 y con sus ampliaciones inconstitucionales e ilegales, llegando incluso a evitar el control del parlamento durante seis meses, todo ello con la mirada puesta en otro lado, del Partido Popular.
Experimentado en Venezuela, se ha reproducido al milímetro la estrategia venezolana en España, pero algo nos diferencia de Venezuela: Ellos tardaron 10 años en que el golpe de estado se llevara a cabo y nosotros vamos a una velocidad vertiginosa.
Sánchez, tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, necesita una ley habilitante para tomar el poder y convertirse en tirano, pero no le queda mucho tiempo y la experiencia de las elecciones en Madrid le han puesto muy nervioso. Para ello, va a dictar la ley habilitante española, conocida como Ley de Seguridad Nacional. El texto prevé regular los deberes que el jefe del Gobierno puede imponer a los ciudadanos ante una «situación de emergencia» amparándose en el artículo 30.2 de la Constitución.
Entre los motivos que utiliza Sánchez de coartada para promulgar y aplicar esta ley, cuando a le venga bien, está el de atender a las necesidades de la población, en caso de una pandemia, como la del Covid.
¿Les suena parecido a lo que sucedió en Venezuela?
Por orden del presidente, los ciudadanos pueden ser obligados a realizar prestaciones personales, colaboraciones materiales, movilizar a la población civil y realizar expropiaciones. Esta norma que pretenden promulgar, está realizada con una técnica jurídica muy peligrosa, que es la de la indeterminación de sus preceptos, los cuales con una redacción muy imprecisa, pueden llevar a interpretar su contenido tal y como le apetezca al “dictator sine die”.
Pero no sólo puede movilizar a la población civil, sino también destinarla a realizar actividades que el propio gobierno estime necesarias y en la zona que sea de mayor necesidad, es decir, que se está regulando el destierro de los molestos, los cuales estarán destinados a zonas y territorios donde sean menos incómodos al poder y dedicados a actividades de poca proyección social, con el objeto de silenciar a los insurrectos.
Esta ley va a suspender todos los derechos constitucionales de los ciudadanos, mediante una técnica legislativa curiosa, si se amplían obligatoriamente los deberes de los ciudadanos, evidentemente, se va a producir una suspensión de derechos.
El art.30.4 de la Constitución, ya deja abierto que el “sátrapa” pueda dictar leyes habilitantes como la “Ley de Seguridad Nacional”. Dice este precepto: “…mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública…” Esta indefinición del artículo constitucional, producida a conciencia por los “padres” de la Constitución de 1978, nos llevan a que Sánchez pueda hacer vericuetos jurídicos para tomar el poder indefinidamente y cuando a él le plazca.
Pero no sólo es eso, sino que al igual que hizo Hugo Chavez, Sánchez podrá expropiar la propiedad privada, según el borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Nacional. El art. 28, punto 3 de esta ley dice literalmente que la participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional, llevará a que “cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades”.
Sánchez, con esta ley, cuando quiera, puede decretar una situación catastrófica justo antes de las elecciones, suspender los comicios, (si Tezanos le dice que no lo lleva bien en las encuestas) y expropiar a los españoles todo lo que le plazca, es decir, bienes de todo tipo. La norma prevé incluso expropiar dinero en efectivo y cuentas corrientes tanto abiertas en España como en el extranjero.
Cabe una pregunta para todos los que hemos estudiado Derecho Administrativo, ¿No estaban las expropiaciones y requisas reguladas en la Ley de Expropiación Forzosa?
Los arts. 101 y 102 de la Ley de Expropiación Forzosa, prevén que se puedan producir requisas en supuestos concretos de guerra o movilizaciones militares, pero sólo por ello. Con la Ley de Seguridad Nacional, el Gobierno no tiene que justificar porque realiza las requisas, solo alegar que ha considerado que la expropiación tiene “interés para la seguridad nacional”, sin que sea necesaria una situación de grave riesgo o urgencia, o utilidad pública, pero siempre dentro de un procedimiento de expropiación.
Pero a su vez, la Ley Orgánica 4/1981, también prevé que se pueda requisar y expropiar por parte del Gobierno, en una situación de emergencia nacional, estado de alarma, excepción o sitio.
Sánchez, se está fabricando una varita mágica para gobernar tiránicamente España, sin control parlamentario y esta varita se llama Ley de Seguridad Nacional. Según el art. 10 del borrador del proyecto de esta norma, con la excusa de “ … preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales…” puede expropiar todos los elementos privados que estén relacionados con ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente, sin que se regule, en esta ley, las indemnizaciones a pagar por el gobierno a los ciudadanos y empresas, si realiza la requisa o la expropiación.
Sin reparo alguno Sánchez, en este proyecto de norma, desarrolla el comunismo en toda su extensión, con la posibilidad de nacionalizar empresas, con el pretexto de organizar “una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial” para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y el suministro de bienes y suministros considerados básicos.
Como vemos, esta Ley que se va a procurar Sánchez a sí mismo, para su mayor gloria, es inconstitucional, se mire por donde se mire. Nace como una Ley Ordinaria y una ley de este tipo, nunca puede atentar contra la propiedad privada de los españoles, ya que es un derecho constitucional, y para ello necesitaría de una ley orgánica, al afectarse derechos fundamentales de los ciudadanos.
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Garzón pretende acceder a los movimientos de tu tarjeta, para bloquearla si accedes a apuestas y juegos de azar
Sí, como se puede leer en el titular de este artículo, el Gobierno, de la mano del ministerio de Alberto Garzón, pretende acceder a los movimientos de tu tarjeta de crédito, para bloquearla si accedes a apuestas y juegos de azar.Pero no te preocupes, que lo hacen por tu bien. Y es que este gobierno social comunista que nos desgobierna pretende acceder a los movimientos de tu tarjeta de crédito para ayudarte si tienes un problema de adicción, así nos lo venden. Todo por nuestro bien, porque para eso está el Gobierno, para tutelarnos y marcarnos el camino correcto. Así se explica en la noticia publicada por el diario El Español, y que puedes leer en este enlace.
Es decir, con esta excusa de las adicciones, el Gobierno tendrá acceso a los movimientos de la tarjeta de crédito de todos los españoles con lo que no solo podrán detectar gastos en casas de apuestas, sino cualquier otro tipo de gasto.
Control absoluto sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos y dejamos de hacer y sobre lo que nos gastamos y donde nos lo gastamos.
Una razón más para dejar de utilizar las tarjetas para pagar los gastos y hacerlo con pagos en efectivo, porque eso, los billetes y las monedas, todavía no las pueden perseguir. Es lo que tienen los gobiernos comunistas, que pretenden controlar nuestras vidas, con cualquier excusa…
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Garzón pretende acceder a los movimientos de tu tarjeta, para bloquearla si accedes a apuestas y juegos de azar...
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Eivissa fichará a turistas extranjeros como ‘infiltrados’ en las fiestas ilegales
Se buscan jóvenes extranjeros de entre 30 y 40 años que quieran infiltrarse en las fiestas ilegales de Eivissa. Recompensa: un sueldo. Objetivo: acabar con esta actividad ilegal. El Consell d'Eivissa prepara la contratación de jóvenes de este perfil que se muevan de manera encubierta en los circuitos donde se organizan esta tipo de actividades para saber dónde se van a celebrar y poder abortarlas de forma preventiva.Con las discotecas de Eivissa cerradas a cal y canto desde hace más de un año por la pandemia, cientos de jóvenes residentes y turistas tratan de sortear cada día la prohibición de no celebrar fiestas y han trasladado esta actividad a viviendas en suelo rústico donde la policía no puede acceder por la inviolabilidad del domicilio. No hay día en el que no se detecte una fiesta en algunas de las muchas viviendas diseminadas por el campo ibicenco, que se han convertido en auténticas discotecas itinerantes, con pago de entrada, disc-jockeys de alto nivel, transporte concertado, bebidas y servicios de seguridad.
Ante las dificultades que están teniendo las policías locales para atajar estas prácticas debido al temor a recibir una denuncia por allanamiento de morada, el Consell d'Eivissa pondrá en marcha este plan piloto durante el mes de agosto para infiltrar jóvenes extranjeros en los circuitos donde se preparan estas actividades ilegales.
El vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan Colomar, explica que el objetivo de estos rastreadores será detectar la fiesta por anticipado para desarticularla antes de que sea un peligro sanitario. Se pretende que estos “rastreadores”, como los llama Juan Colomar, se infiltren como clientes en las fiestas y recaben pruebas para que después pueda acceder la policía por incumplimiento de las normativas covid y de actividades, y aprobar así sanciones.
El plan piloto se iniciará en unos días y el vicepresidente asegura que prefiere no dar más detalles porque el éxito de esta iniciativa radica en que se haga con discreción. El plan se desarrollará durante este mes de agosto y en septiembre se hará un balance sobre las posibilidad de extender su aplicación a partir del año que viene. “Este es un modelo de negocio pirata que ha venido para quedarse y hay que aprender a combatirlo con nuevas herramientas”, asegura el vicepresidente ibicenco.
Una amenaza para la salud pública
Juan Colomar precisa que las actuaciones no se harán contra posibles fiestas privadas que se celebran en domicilios particulares, sino contra aquellas en las que se genera un lucro, suponen una competencia ilegal y representan una auténtica amenaza para la contención de la pandemia, con los casos completamente disparados en la isla.La medida se toma ante la falta de efectivos policiales, uno de los problemas endémicos derivados de la insularidad. El alto precio de la vivienda y de otros servicios hace que muchos policías no quieran desplazarse a la isla porque no les compensa con su sueldo. Los jóvenes detectives infiltrados suplirán la carencia de policías, que además están desbordados en la persecución de otros delitos.
Policías interinos y detectives aficionados
El Govern balear también trata de luchar contra esta carencia y ha aprobado un decreto ley que permite recuperar como policías interinos a quienes se presentaron a las oposiciones y no las superaron. Son los llamados agentes covid, que comenzarán a desplegarse este mismo mes. Sin embargo, todos los cuerpos policiales de las islas han criticado este refuerzo porque consideran que no están preparados para estas funciones. El vicepresidente del Consell señala que las policías locales de los municipios de Eivissa se oponen a esta posibilidad, de ahí que se haya optado por la idea de infiltrar a jóvenes extranjeros como detectives aficionados.La decisión de fichar a topos contra las fiestas ilegales se toma para ayudar a la policía, dice el Consell. Los agentes que se despliegan para desarticular este tipo de actos no pueden acceder al interior de domicilios particulares, por lo que las autoridades han pedido al Govern que apruebe un decreto ley. La nueva norma debería distinguir entre una fiesta privada, a la que la policía no puede entrar, y una actividad económica vinculada al ocio, contra la que sí se podría actuar en caso de irregularidades.
“Hace falta reforzar esa distinción entre un evento privado y una actividad económica no permanente. Pedimos al Govern que apruebe un decreto ley para dar seguridad a los policías y que actúen con todas las garantías porque no podemos cargar sobre ellos la decisión de si deben intervenir o no”, señala el vicepresident del Consell. Juan Colomar insiste en la necesidad de un cambio normativo y una reflexión “seria” sobre ese límite que están perfilando los jueces.
Las fiestas sin control también han proliferado en Mallorca y Formentera
El responsable del Consell señala también que ya hay varias sentencias en municipios de la isla que ratifican esa delimitación entre evento privado y una actividad de ocio que genera beneficios. “Las sentencias vienen a decir que, cuando hay organización y logística, como transporte, seguridad, venta de bebidas, venta de entradas, promoción en las redes sociales o en otros establecimientos eso ya no es ámbito privado sino una actividad económica”, añade el representante del Consell.Las fiestas en viviendas en suelo rústico han proliferado en Eivissa, pero también se han detectado en Mallorca y en Formentera, donde hace unos días se tuvo que intervenir para dispersar a una multitud que se encontraba en una de las playas de la isla sin cumplir las normas sanitarias. El Govern balear asegura que está decidido a combatir este turismo de excesos y para ello aprobó un decreto ley que establece sanciones de hasta 600.000 euros para quienes organicen este tipo de eventos donde los organizadores obtienen lucro.
Eivissa fichará a turistas extranjeros como ‘infiltrados’ en las fiestas ilegales
Se buscan jóvenes extranjeros de entre 30 y 40 años que quieran infiltrarse en las fiestas ilegales de Eivissa. Recompensa: un sueldo. Objetivo: acabar con esta
Expertos en expropiaciones alertan del "cheque en blanco" a Sánchez para requisar los bienes privados
El Gobierno pone en jaque la propiedad privada. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elaborado un controvertido borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Nacional que contempla que el Estado pueda movilizar a todos los mayores de edad e, incluso, requisar sus bienes.Así figura en uno de los apartados más polémicos del documento de 15 páginas que se ha filtrado recientemente. En concreto, el punto 3 del artículo 28. Este artículo hace referencia a la "Participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional" y contempla que "cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades". Los expertos consultados no dan crédito. Consideran este punto innecesario y peligroso.
"Un cheque en blanco al Gobierno"
"Supone un ataque muy grave contra la propiedad privada y un cheque en blanco para que el Gobierno pueda requisar en supuestos no concretados en una Ley" asegura a Libre Mercado César Olano Espinosa, el responsable de Olano Abogados. Precisamente, son las propiedades de los particulares de las que el Gobierno podría pretender apoderarse (en teoría, temporalmente y en aras de la seguridad nacional), la principal novedad respecto a la Ley de Seguridad Nacional anterior (la de 2015) "que establecía el deber de colaboración, pero no preveía estas requisas", explica el experto.Según el artículo 10 de la Ley de Seguridad Nacional, "se considerarán ámbitos de especial interés aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente".
Para este especialista en expropiaciones y requisas, el concepto "naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional no puede ser más genérico". Se trata de "una causa de expropiación amplísima donde cabría casi todo y supone delegar en el Gobierno algo que debe de determinarse en la Ley", añade.
Ejemplo de este concepto tan difuso lo tenemos en el propio art.30.4 de la Constitución que ya establece que "mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Lo que es mucho más concreto que el "interés para la seguridad nacional al que hace referencia el Gobierno" explica.
De hecho, hay otras normas, como la Ley de Expropiación Forzosa (art. 101-102) "que también regula las requisas en supuestos concretos de guerra o movilizaciones militares, pero no se justifican las requisas por algo que se considere de "interés para la seguridad nacional", sin que exista un situación de grave riesgo o urgencia, o una causa de utilidad pública específica prevista en la ley (como una guerra, catástrofe, o atentado)", señala el experto. "Solo puede expropiarse cuando exista una causa de utilidad pública o interés social concreta, que se declare de forma específica mediante norma con rango de ley", insiste.
"Esto es pura ideología comunista"
César Olano Espinosa defiende a diario a los propietarios a los que la Administración les expropia sus bienes. Lo más habitual es que se trate de suelo por el paso de tren, una carretera o un tendido eléctrico, si bien a veces afecta a negocios ubicados en esos suelos e incluso a viviendas vacías, como ha sucedido en Baleares. Pero ahora, si este texto saliera adelante, el experto alerta que el Ejecutivo podría requisar "bienes de todo tipo: inmuebles, fábricas, vehículos, alimentos, medios de producción, bienes muebles, empresas… No hay límite. Incluso dinero en efectivo".Otro problema que destaca Olano es que la ley "no regula adecuadamente las indemnizaciones por requisas temporales de bienes y de los perjuicios que esas requisas pueden causar". El mejor ejemplo lo encontramos en las mascarillas o geles hidroalcóholicos que el Gobierno no dudó en confiscar a las empresas privadas al inicio de la pandemia. "Cuando se requisa una industria, por ejemplo, mascarillas, se generan unas consecuencias que van mas allá del valor de las mascarillas en sí, debido a que se pierde clientela, se paraliza una actividad, se tiene que despedir personal, etc. Porque nadie fabrica cosas para que se las requisen. Y toda esa pérdida debe de indemnizarse" asegura. "No se dan cuenta de que cuando un bien es escaso y el Estado lo requisa lo hace más escaso todavía porque las empresas dejan de fabricarlo. Esto es pura ideología comunista" concluye.
¿Dinero en efectivo?
El abogado especialista en derecho administrativo y socio director en Administrativando Abogados, Antonio Benítez Ostos, también se muestra totalmente en contra del borrador de Sánchez. Preguntado por este periódico sobre si encuentra justificación a semejante amenaza a la propiedad privada de los españoles señala que "bajo ningún concepto". Además, este otro experto en expropiaciones alerta de que "puede resultar inconstitucional" debido a que pretenden establecer medidas que afectan a derechos fundamentales a través de una Ley Ordinaria en lugar de hacerlo mediante la "aprobación de una Ley Orgánica con la correspondiente tramitación parlamentaria y alcanzando la mayoría absoluta exigida por nuestra Constitución. Una ley ordinaria, como se pretende, no es el instrumento jurídico adecuado, dado que, a buen seguro, quedarían afectados derechos fundamentales de los ciudadanos".Sobre los tipos de bienes que el Gobierno podría arrebatarle a sus dueños a través de esta nueva ley, el abogado cree que "deberemos de estar al tanto del texto normativo que finalmente se publique para poder determinarlo más concretamente, no obstante, en los términos que regula en el proyecto, se utiliza una fórmula abierta que permitiría la requisa u ocupación temporal de todo tipo de bienes, sin excepción". Preguntado por si el dinero en efectivo entraría dentro de esa lista bienes, Benítez Ostos coincide con su compañero y considera que "el dinero en efectivo, también".
No obstante, "tales medidas deberán de ser proporcionales y estar estrechamente relacionadas con la finalidad que en cada caso se persiga y con la protección del interés público en cuestión. Por tanto, los bienes a requisar tendrían que ser justificados con el tipo de calamidad o circunstancia de urgencia que en cada caso se suceda", matiza. Desde su punto de vista, "sería muy complicado en una situación de crisis o seguridad nacional poder justificar la requisa de dinero en efectivo o aquel que se encuentra en entidades bancarias, a no ser que nos hallemos ante situaciones extremas donde el Estado se viese en la necesidad imperiosa de liquidez para el sostenimiento de las arcas públicas", declara.
Por tanto, "según la Constitución y en términos generales, el poder público no podrá llevar a cabo privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, si no es a través del correspondiente procedimiento de expropiación forzosa que se regula en la Ley de 16 de diciembre de 1954". Asimismo, "y para una situación de emergencia nacional, se contempla la posibilidad de llevar a cabo este tipo de medidas, en el supuesto de que nos hallemos ante un Estado de Alarma, Excepción o Sitio, previamente decretado conforme establece la Ley 4/1981, de 1 de junio".
Expertos en expropiaciones alertan del "cheque en blanco" a Sánchez para requisar los bienes privados
El borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Nacional contempla que el Estado pueda requisar "incluso el efectivo", alertan los expertos.
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El gobierno australiano propone ir de puerta en puerta para realizar pruebas masivas de coronavirus
Estamos preparados para hacer lo que hay que hacer”, dijo Daniel Andrews, Primer Ministro de Victoria, incluso ir “puerta por puerta” para realizar las pruebas obligatorias de coronavirus a los australianos.Andrews hizo estos comentarios en una rueda de prensa mientras Australia continúa con su ridícula política de “covid cero”, que impone medidas draconianas de confinamiento con el pretexto de un puñado de “nuevos casos”.
“No estamos en un punto en el que tengamos que ir de puerta en puerta”, dijo Andrews. “No estamos en un punto en el que necesitemos que suburbios enteros salgan a examinarse. Si llegamos a ese punto, no dudaremos. Creo que hemos demostrado, de hecho sé que hemos demostrado que estamos preparados para hacer lo que hay que hacer, sea popular o no”, añadió.
Dado que en algunas partes del país los militares están imponiendo a la fuerza las medidas de confinamiento y cuarentena, cabe preguntarse cómo tratarán a quienes no quieran someterse a las pruebas.
Con sus argumentos ya no embaucan a nadie, y si dan el paso de imponer la obligatoriedad de las pruebas de coronavirus puerta a puerta, lo siguiente será la obligatoriedad de las vacunas puerta a puerta.
Andrews señaló que quienes se nieguen a ser vacunados serán discriminados y permanecerán indefinidamente sujetos a las normas de confinamiento de facto. “Es una conversación difícil de mantener con la gente ahora, en un tono casi amenazante, cuando la gente que quiere vacunarse no puede hacerlo porque no tenemos suficiente material. Pero llegará un momento en que creo que las restricciones se aplicarán a los que no se han vacunado, en lugar de que las restricciones se apliquen a todos nosotros”, dijo.
“Para entrar en un recinto, para asistir a un evento importante, para participar plenamente como cliente, como poseedor de una entrada, como consumidor, como espectador, como quieras verlo, estar vacunado significará que entras, y estar vacunado significará que no”, amenazó.
Australia ha impuesto uno de los confinamientos más brutales del mundo desarrollado, con la exigencia de llevar mascarilla al aire libre, lo que ha provocado innumerables detenciones y escenas impactantes como la de la semana pasada en Brisbane, donde un anciano sufrió un infarto tras ser acosado por la policía por no llevar mascarilla mientras hacía ejercicio al aire libre.
El gobierno también ha ordenado a los australianos que se mantengan alejados de sus nietos y que no entablen conversación entre ellos, aunque lleven mascarilla.
Las personas que publican informaciones críticas sobre el confinamiento en las redes pueden ser multadas con hasta 11.000 dólares en virtud de una nueva ley.
Mientras tanto, algunos australianos están siendo llevados a la fuerza a manicomios contra su voluntad si no están de acuerdo con las explicaciones oficiales sobre el coronavirus.
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“Estamos preparados para hacer lo que hay que hacer”, dijo Daniel Andrews, Primer Ministro de Victoria, incluso ir “puerta por puerta” para realizar las pruebas obligatorias de coronavirus a los australianos. Andrews hizo estos comentarios en una rueda de prensa mientras Australia continúa con...
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La dictadura cubana aprueba ley que persigue penalmente a quien publique en redes sociales noticias falsas, difamaciones al país e incite a movilizaciones contra el Gobierno
Hoy la Gaceta Oficial de la dictadura comunista cubana ha publicado el Decreto Ley de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico. Una norma que persigue a quien, según el régimen dictatorial se atreva a divulgar, entre otras cosas, noticias falsas, o a quien incite a movilizaciones contra el Gobierno que alteren el orden público.En el Decreto Ley, que puedes leer en este enlace, se condena concretamente la “Divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país” y la “Difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
Es decir, a partir de la entrada en vigor de esta Ley en Cuba, a cualquiera que se atreva a criticar al país, al Gobierno, al partido, a cualquiera que incite una movilización o se atreva a criticar preceptos constitucionales según la dictadura comunista, se le podrá condenar.
Un claro ejemplo de censura, de un atentado contra la libertad de expresión, algo propio de una dictadura. Y para algunos la Cuba comunista es un paraíso.
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Pronto en Europa
Pretenden instaurar una criminal DICTADURA al más puro estilo comunista a la que llaman NWO o NOM y el primer país en aplicarla es Australia
De nosotros depende que sea el primero y el último o habrá
que empezar a pensar en una resistencia nada pacífica.
Sin libertad, sin justicia y sin unos derechos inalienables,
la paz es imposible.
La Primer Ministro de Nueva Gales del Sur (Australia) dice que a las familias completamente vacunadas se les permitirá una hora más de “recreo” al aire libre
La locura distópica en la que vive instalada Australia es absolutamente surrealista y nos está extrañando lo mucho que están aguantando los ciudadanos la dictadura sanitaria impuesta por el gobierno.No se les permite salir de casa pero como un gesto de benevolencia por parte del gobierno, ahora se les ha dicho que podrán salir durante una hora para que puedan hacer ejercicio. Pero los vacunados tendrán más fortuna, siempre que toda la familia esté completamente vacunada, ya que a estos se les permitirá una hora más de “recreo”, tal y como ha declarado la Primer Ministro de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian.
“A partir del 13 de septiembre, los hogares que viven en las LGA de interés del gobierno de Nueva Gales del Sur podrán pasar una hora adicional de recreo al aire libre, siempre que todos los adultos del hogar estén completamente vacunados”.
“Los residentes de los hotspots pueden salir de casa para una hora de recreo además de su hora de ejercicio, mientras que las personas en otras áreas pueden reunirse con otras cinco al aire libre”.
Esto es muy fuerte, señores. A ver cuánto tiempo tardamos en ver esto en más lugares del mundo porque tengan por seguro, que Australia se está convirtiendo en el banco de pruebas del globalismo y la dictadura sanitaria. A partir de ahí, más países a pasar por el aro y España es una de las firmes candidatas con el alto grado de sometimiento que estamos demostrando tener.
La Primer Ministro de Nueva Gales del Sur (Australia) dice que a las familias completamente vacunadas se les permitirá una hora más de "recreo" al aire libre - El Diestro
La Primer Ministro de Nueva Gales del Sur (Australia) dice que a las familias completamente vacunadas se les permitirá una hora más de "recreo" al aire libre
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El gobierno australiano aprueba un proyecto de ley por el que la Policía puede incluso secuestrar una cuenta en redes sociales sin autorización judicial
Australia se dirige, sin remedio, hacia una dictadura absoluta que, de no evitar el propio pueblo australiano, va a convertir a aquel país en una especie de nación orwelliana. Y es que el gobierno ha aprobado un proyecto de ley en 24 horas con el que otorga a la Policía Federal Australiana (AFP) y a la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) tres nuevos poderes para hacer frente a los delitos en línea:- Orden de interrupción de datos: le da a la policía la capacidad de “interrumpir los datos” modificándolos, copiándolos, agregándolos o eliminándolos.
- Autorización de actividad de red: permite a la policía recopilar información de los dispositivos o redes que utilizan, o es probable que utilicen, quienes están sujetos a la orden.
- Orden de toma de posesión de cuenta: permite a la policía tomar el control de una cuenta en línea (por ejemplo, redes sociales) con el fin de recopilar información para una investigación.
Es cada vez más evidente que Australia se ha convertido en el banco de pruebas de la dictadura globalista y es muy importante que los australianos lo eviten. En realidad estamos todos en manos del pueblo australiano porque si los globalistas consiguen imponer todo esto, a continuación iremos cayendo más países. Y tengan ustedes una cosa clara, España está en las primeras posiciones para ser de los siguientes.
El gobierno australiano aprueba un proyecto de ley por el que la Policía puede incluso secuestrar una cuenta en redes sociales sin autorización judicial - El Diestro
El gobierno australiano aprueba un proyecto de ley por el que la Policía puede incluso secuestrar una cuenta en redes sociales sin autorización judicial
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La dictadura que viene: Australia y el sueño totalitario de nuestros jerarcas. Por Davy Rodriguez
Decía el Doctor Eduardo Núñez Martul en un artículo para el diario liberal-conservador La Voz de Galicia, que Australia es un "régimen democrático pleno" y poco sospechoso de comunista, cuestión que no le impide aplicar decretazos para la salvaguarda de la salud de la mayoría sobre los derechos fundamentales de la minoría.El texto en cuestión, seguro que ha sido del agrado del rey de taifa Núñez Feijoó y sin duda que también gustará a los caciques de Andalucía, Cantabria o Canarias. Para ellos la democracia no puede ser representativa y defender el interés de la mayoría, porque viola los derechos de sus minorías. Sin embargo, ellos sí pueden imponernos, en aras de la seguridad y salud de la colectividad, normas que cercenan los derechos fundamentales más básicos. La cuadratura del círculo realizada por estos prestidigitadores de la farándula política.
Por eso no dudamos que al Doctor Eduardo Núñez y a sus ávidos lectores de la cosa pública, se les pondrá dura cuando leen que el jefe de gobierno del estado de Victoria hizo uso de las de las trazas de Coronavirus "en las alcantarillas" para imponer un confinamiento a 6,5 millones de habitantes en Melbourne. O cuando ven que la dirigente de Nueva Gales del Sur (Sydney), Gladys Berejiklian, admite abiertamente que las restricciones para trabajar o moverse libremente por la calle no terminarán nunca, "incluso con cero casos y el 80% de las personas doblemente vacunadas".
El experimento totalitario en la tierra de los prófugos que aún hoy son súbditos de su majestad la Reina de Inglaterra, no es más que el preludio para llevar esos ensayos y sus resultados a la metrópoli o al otro lado del charco por parte del senil Joe Biden. Por eso nuestros políticos y sus palmeros apesebrados prestan tanta atención a lo que allí pasa, porque como buenos siervos bien saben que deberán obedecer llegado el día que el nuevo sistema se implemente en Nueva York o la pérfida Albión.
Esperemos por el bien de Occidente que prosigan los levantamientos, las manifestaciones y las algaradas callejeras de los australianos en cuyos genes perdura aún la masculinidad tóxica. De ser así, nuestras autoridades nunca podrán implantar ese sistema totalitario que no existe ni en la China más autoritaria y controladora. Y no se crean que les exagero cuando les afirmo, que el nuevo Peter Fechter bien podría ser un australiano que tiene terminantemente prohibido salir de aquella nación en la actualidad. Una distopía al más puro estilo orweliano que en España, teniendo en cuenta nuestra propia peculiaridad, contaría con la posibilidad de que un inmigrante pudiera entrar a nuestro territorio ilegalmente a la vez que no se le puede echar del mismo ¿Se apuestan algo?
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