Progresando hacia la Dictadura Masónica 🔒

For Two Years UK Testing New Surveillance Technology that Tracks and Stores Web Browsing for Every British Citizen​

For two years now the UK has been testing a surveillance technology that will track and store all of your web browsing activity.

The new program will track browsing for every single person in the country.

It is not a stretch to see the government use this technology to abuse its citizens — and not just in Great Britain.

This is a really scary development.

Wired.co.uk reported

For the last two years police and internet companies across the UK have been quietly building and testing surveillance technology that could log and store the web browsing of every single person in the country.

The tests, which are being run by two unnamed internet service providers, the Home Office and the National Crime Agency, are being conducted under controversial surveillance laws introduced at the end of 2016. If successful, data collection systems could be rolled out nationally, creating one of the most powerful and controversial surveillance tools used by any democratic nation.

Despite the National Crime Agency saying “significant work” has been put into the trial it remains clouded in secrecy. Elements of the legislation are also being challenged in court. There has been no public announcement of the trial, with industry insiders saying they are unable to talk about the technology due to security concerns.

The trial is being conducted under the Investigatory Powers Act 2016, dubbed the Snooper’s Charter, and involves the creation of Internet Connection Records, or ICRs.

 

En China se lanza una aplicación para que los ciudadanos denuncien a aquellos que emitan opiniones “erróneas”, como criticar al Partido Comunista​

Parece que el gobierno comunista chino pretende apretar, cada vez más, a las pocas voces a las que se les permite tener una opinión discordante con la dictada por el Partido Comunista Chino.

Y ahora han vuelto a apretar un poco más la tuerca ya que se va a lanzar una aplicación para que los ciudadanos denuncien a aquellos que emitan opiniones erróneas en internet, sobre todo si los afectados son el gobierno o el propio Partido Comunista Chino.

La nueva plataforma apuntará a cualquiera que critique al gobernante Partido Comunista, que cuestione la versión oficial de la historia del país o participe en “desinformación”.

El nuevo sitio web y la aplicación fueron presentados con orgullo por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), y las autoridades pidieron a los usuarios que desempeñen un “papel activo” para ayudar a identificar a “personas malintencionadas que distorsionan los hechos y confunden” a los demás.

Verán que esta noticia que llega desde China no sorprende en lo más mínimo pero lo que sí nos genera es una gran duda que para nosotros, por lo menos, tiene una respuesta negativa: ¿Estamos mucho mejor nosotros en España o incluso en Estados Unidos con lo que hemos vivido en los últimos meses por parte de las grandes plataformas de redes sociales?

La respuesta, tal y como hemos dicho, es “no”. Aquí se restringe nuestra libertad de opinión y de expresión de la misma forma que se hace en China con una diferencia: aquí no se cuenta y no se reconoce de forma oficial. Por lo tanto, lo que debemos convenir todos es que, desgraciadamente, lo que está imperando en el mundo es el comunismo al estilo chino. Al fin y al cabo, en estos momentos, el dinero lo tienen ellos casi en exclusiva y están imponiendo su forma de vida al resto de los países.

¿Sorprendente todo esto? Desgraciadamente no.

 

El espionaje alemán someterá a vigilancia a un movimiento negacionista de la covid​

Querdenker, el movimiento alemán integrado por un pequeño ejército de fanáticos esotéricos, nacionalistas, extremistas de ultraderecha y negacionistas del coronavirus, se ha convertido oficialmente, este miércoles, en un peligro para la Constitución germana. El Ministerio del Interior Federal anunció que será sometido a una estrecha vigilancia por la Oficina Federal para la protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), el servicio secreto interior germano.

La decisión del Ministerio del Interior permitirá a los agentes de la BfV vigilar a personas y grupos dentro del movimiento negacionista de la pandemia y recopilar datos sobre ciertos miembros de este movimiento. En general, la autoridad teme que las teorías de la conspiración difundidas en el transcurso de las protestas contra las medidas tomadas para luchar contra el coronavirus continúen incluso después de que finalice la pandemia.

Puesto que las autoridades no han podido incluir al movimiento en ninguna de las categorías de los fenómenos previamente conocidos, como el extremismo de derecha, el extremismo de izquierda o el islamismo, han creado una nueva figura jurídica que les permita someter el movimiento a una vigilancia nacional cuando se produzca una “deslegitimación del Estado relevante para la protección de la Constitución”. El movimiento está bajo sospecha por la instrumentalización que ha hecho de las protestas contra las políticas de gestión de la pandemia. “Frecuentemente muestran claramente que su agenda va más allá de la mera movilización para protestar contra las medidas de protección del Estado contra la pandemia de coronavirus”, señaló el Ministerio del Interior.

En varios actos de protesta como en Berlín o en Stuttgart (sur del país) se han producido incidentes con las fuerzas policiales, los manifestantes no han respetado las normas de distanciamiento ni el uso de la mascarilla y algunos extremistas han provocado tensiones. En una de esas concentraciones hubo incluso un conato de asalto al edificio del Bundestag protagonizado por un grupo de los llamados Reichsbürger (Ciudadanos del Reich), un movimiento radical que no reconoce la autoridad ni las fronteras de la República Federal de Alemania.

El ministerio apunta que serán “tomadas en cuenta” posibles conexiones con grupos de extrema derecha como Ciudadanos del Reich, que “defienden que se ignoren las disposiciones oficiales y, en última instancia, niegan el monopolio de la fuerza al Estado” porque consideran que, a largo plazo, puede debilitar la confianza en las instituciones y en sus representantes. “Nuestro orden democrático fundamental, así como instituciones estatales como parlamentos y gobernantes, han estado expuestos a varios ataques desde el inicio de las medidas para contener la pandemia de covid-19”, señaló por su parte la Oficina Federal para la Protección de la Constitución.

Piensa diferente​

Querdenker, que puede traducirse como “piensa de forma diferente” o “pensadores transversales”, es una iniciativa que inició en Stuttgart en abril de 2020 Michael Ballweg, un empresario informático de 46 años sin afiliación política conocida. En su página web, la organización se describe como “apartidista”, sin excluir “ninguna opinión”, y defendiendo “la restauración de la Constitución” para que “todos los medios democráticos vuelvan a estar disponibles”, porque considera que las restricciones vinculadas a la covid-19 son antidemocráticas.

“Somos demócratas. La extrema derecha, la extrema izquierda, los fascistas, las ideologías que desprecian el ser humano no tienen lugar entre nosotros” se puede leer en la página web del movimiento, pero en sus concentraciones cada vez aparece más gente con banderas del Reich. “No podemos evitar que personas aisladas con pensamientos extremistas acudan a nuestras manifestaciones”, dijo Michael Ballweg.

Felix Klein, responsable de antisemitismo del Gobierno alemán, cree que el espectro de las protestas contra las restricciones abarca desde “entusiastas del esoterismo, pasando por naturópatas, pacifistas, hasta los conocidos como Reichsbürger y extremistas confesos de derecha, que utilizan estas manifestaciones como foro de movilización”.

También se ha comprobado que existen conexiones entre las protestas contra las medidas del coronavirus y el mayor partido de la oposición en el Bundestag, Alternativa para Alemania (AfD), de extrema derecha. Sus miembros han puesto al mismo nivel la Ley de Protección contra Infecciones del Ejecutivo de Merkel con la Ley Habilitante de 1933 nacionalsocialista, que permitió a Hitler adueñarse de un poder absoluto.

Amenazas de muerte​

Querdenker también está bajo sospecha por propiciar una hostilidad creciente hacia los medios de comunicación, a los que se considera parte de lo que denominan “sistema dictatorial” que supuestamente se esconde tras las restricciones impuestas por las autoridades. Entre abril y finales del año pasado se denunciaron en Alemania 69 ataques a profesionales de la comunicación en marchas o actos de Querdenker, según datos del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Opinión (ECPMF).

El anuncio de seguir de cerca las actividades del movimiento ha coincidido con la publicación de una lista que amenaza de muerte a todos los diputados que aprobaron la semana pasada el llamado “freno de emergencia”, que hace posible activar unas medidas sanitarias restrictivas —como toque de queda y suspensión de clases— en los lugares donde haya una alta incidencia de contagios.

Según el periódico Der Tagesspiegel, la lista incluye a los 342 diputados que refrendaron con su voto nominal la modificación de la Ley de Protección contra las Infecciones, que contó con el respaldo de conservadores y socialdemócratas. La Oficina Federal de Policía Criminal se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios del Bundestag para informarles de las amenazas, que se publicaron en la red social Telegram.

 

Sánchez plantea herramientas para luchar contra la radicalización y el extremismo violento en las redes sociales​

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado este viernes una serie de herramientas necesarias para luchar contra la radicalización y el extremismo violento en las redes sociales y ha defendido que esta tarea es una "prioridad" para el Ejecutivo español, que lo ha plasmado en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en su participación por videoconferencia en la cumbre del aniversario del Llamamiento de Christchurch convocada por la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

En este contexto, Sánchez ha asegurado que "aprovechar internet para difundir discursos de odio e incitación a la violencia no es aceptable". "No podemos permitir que el mal uso de internet socave los principios y valores que están en el centro de nuestras democracias", ha defendido.

De este modo, el presidente del Gobierno ha planteado una serie de herramientas necesarias para lucha contra tal amenaza. Así, Sánchez ha señalado la importancia de buscar la colaboración de más empresas tecnológicas y de desarrollar una nueva legislación concreta a nivel multilateral, destacando que la nueva norma de la UE para contrarrestar la difusión de contenidos terroristas en la web en línea "es un hito positivo y marca el camino a seguir en otras instituciones".

Por último, ha subrayado "el importante papel de la sociedad civil, tanto como supervisores como defensores de las soluciones". "Llevemos juntos el Christchurch Call a la siguiente etapa y trabajemos para eliminar el contenido terrorista y extremista online, preservando al mismo tiempo una Internet gratuita, abierta y segura", ha concluido el jefe del Ejecutivo.

Esta cumbre virtual se enmarca en la iniciativa del "Christchurch Call", lanzada el 15 de mayo de 2019 tras los atentados del mismo nombre en Nueva Zelanda, en los que murieron 51 personas. Estos ataques pusieron de relieve el daño que puede originar el contenido extremista violento en las redes ya que fueron retransmitidos en directo y se hicieron virales.

Así, la convocatoria de Ardern y Macron reúne de nuevo a jefes de Estado y de Gobierno y líderes del sector tecnológico con el fin de ahondar en sus compromisos para eliminar el contenido terrorista y extremista violento de la red.

España es parte de la iniciativa desde 2019, cuando el presidente Sánchez la apoyó en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en septiembre del mismo año. "La lucha contra la radicalización y el extremismo violento, tanto a nivel multilateral como nacional, es una prioridad del Gobierno español plasmada en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo", ha destacado Moncloa en un comunicado.

 

La policía irlandesa obtendrá nuevos poderes para acceder a los teléfonos móviles​

En Irlanda, la policía (Gardaí) pronto tendrá nuevos poderes ampliados que incluirán el derecho a acceder a los teléfonos de las personas, ya que se está introduciendo un nuevo delito en el sistema judicial del país: la negativa a entregar la contraseña.

Una vez que entre en vigor la nueva legislación, el proyecto de ley Garda Síochána (Poderes), penalizará la negativa a entregar un pasaporte telefónico.

Quienes hagan eso pueden ser enviados a prisión por hasta cinco años y condenados a pagar una multa de hasta 30.000 euros. Las penas máximas se aplican a los casos que se considerarán más graves, en los que se ha presentado una acusación y se ha llevado a cabo el juicio ante un juez y un jurado. Pero incluso aquellos que se nieguen a dar acceso a la policía a sus teléfonos en lo que serán tratados como casos menos graves también serán procesados y, si son declarados culpables, pagarán una multa de hasta 5.000 euros y pasarán hasta un año en prisión.

La ministra de Justicia irlandesa, Heather Humphreys, presentó el proyecto de ley el lunes, y quienes lo respaldan justifican esta expansión de los poderes policiales mediante la migración de actividades delictivas en línea y los delincuentes que utilizan dispositivos como teléfonos para comunicarse.

La pandemia de Covid se cita específicamente como otra razón más para introducir el nuevo delito, ya que se afirma que las aplicaciones de mensajería y otros canales de comunicación en línea se utilizan cada vez más para cometer transacciones de drogas de bajo valor entre individuos.

Los informes previos a la presentación del proyecto de ley, que supuestamente consolidará una gran cantidad de reglas legales existentes que definen los poderes policiales, no dijeron explícitamente bajo qué circunstancias la policía irlandesa podrá exigir que un ciudadano entregue su contraseña de teléfono y en Efecto renunciar a su privacidad, dado el tipo de información almacenada estos días en un teléfono promedio.

Pero el Irish Times citó fuentes anónimas que dijeron que una persona que se niega a entregar los datos de inicio de sesión de su dispositivo tendría que ser un sospechoso o alguien sospechoso de obstruir la investigación de un crimen, para ser condenado y multado.

Sin embargo, no está claro si el derecho de la policía a solicitar contraseñas estará restringido solo a los sospechosos.

 



Decenas de agentes de la Guardia Civil han llegado al campamento Arco Iris caminando varios kilómetros. Allí han encontrado a más de 140 personas de varias nacionalidades acampadas. Y la escena que se ha producido es sorprendente. Han intentado abrazar a los guardias, alguno sin ropa. Tuvieron que frenar sus muestras de cariño porque nadie llevaba mascarilla.
 
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Todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis​

El Gobierno tendrá potestad para imponer “prestaciones personales” a los ciudadanos, según la reforma de la Ley de Seguridad Nacional
https://elpais.com/espana/2021-07-0...ovilizados-en-caso-de-crisis.html#comentarios

Toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades.

Así lo establece la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno y que incorpora algunas de las lecciones aprendidas durante casi año y medio de crisis sanitaria.

En el supuesto de que en España se declarase un estado de crisis (“situación de interés para la Seguridad Nacional” es la denominación que le da la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. En sus primeras redacciones, la ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal.

Aunque el anteproyecto no lo especifica, se supone que las prestaciones personales y la requisa de material estarán relacionados con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de carácter sanitario, medioambiental, económico, financiero, etcétera. Lo que sí deja claro el articulado es que las medidas que se adopten serán graduales y proporcionadas a la situación que haya que afrontar y se limitarán al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis.

El deber atañe no solo a todos los ciudadanos sino también a las empresas y entidades jurídicas para que colaboren con las autoridades a la superación de la crisis, mediante una prestación de carácter personal o material. El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”.

Es el mismo artículo que regula el servicio militar obligatorio (suspendido en España desde el año 2001), aunque no se remite a su apartado 2º, que consagra las “obligaciones militares de los españoles”, sino al 4º, según el cual, “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, una previsión constitucional cuyo desarrollo permanecía hasta ahora inédito.

Aunque prevé la imposición de prestaciones personales y materiales, la ley de Seguridad Nacional es ordinaria, a diferencia de la del Servicio Militar de 1991, que era orgánica; lo que puede plantear problemas jurídicos pues solo las leyes orgánicas pueden afectar a derechos fundamentales. Además, la declaración de una situación como “de interés para la Seguridad Nacional” (es decir, estado de crisis), mediante real decreto, corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno y no al Congreso, aunque las Cortes deben ser informadas inmediatamente de las medidas adoptadas.

Obligación de los medios de comunicación​

Durante la pandemia, el Gobierno no recurrió a la declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional”, sino al estado de alarma, regulado por una ley de 1981. Sin embargo, con la reforma que ahora se ultima, la ley de Seguridad Nacional podría resultar más idónea para afrontar este tipo de situaciones. Entre otras novedades, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo.

Lo más importante, sin embargo, es que incorpora medidas para evitar que se repitan situaciones de desabastecimiento de productos y bienes críticos para afrontar una crisis, como la falta de mascarillas, respiradores y EPI que se produjo cuando empezaron a extenderse masivamente los contagios.

El anteproyecto fue visto en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y está pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso, aunque ya se ha informado de su contenido a las comunidades autónomas y a algunos grupos parlamentarios.

Su elaboración responde al mandato contenido en una disposición de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que daba al Gobierno un plazo de un año, obviamente incumplido, para enviar a las Cortes un “proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de recursos a la Seguridad Nacional”. En vez de elaborar esta nueva norma, el Gobierno ha preferido reformar la ley vigente a la luz de la experiencia adquirida en la lucha contra el coronavirus.

Una de las principales lecciones de la pandemia ha sido la necesidad de garantizar el abastecimiento de recursos críticos en situaciones de crisis internacional, ante la dificultad de adquirirlos en un mercado tensionado por las restricciones a su exportación impuestas por los países productores y la especulación derivada del exceso de demanda y la escasez de oferta. Por eso, el texto apuesta por garantizar el suministro de recursos de primera necesidad y carácter estratégico mediante el autoabastecimiento bajo condiciones excepcionales.

Con este fin, el Consejo de Seguridad Nacional elaborará y actualizará un catálogo de recursos humanos y materiales, de propiedad pública o privada, que puedan ser útiles en caso de crisis. El catálogo lo aprobará el Consejo de Ministros y contará con las aportaciones de comunidades autónomas y entes locales. Se aprobarán planes de preparación y disposición de los recursos incluidos en el catálogo y se harán ejercicios para comprobar su disponibilidad, aunque sin despliegue real de medios.

 

Con la reforma de Ley de Seguridad Nacional el gobierno tendrá potestad para hacer contigo lo que quiera y quedarse con todo lo tuyo​

Así, con el despiste del virus y a la chita callando el gobierno de Pedro Sánc-Hez sigue legislando para avanzar en esa dictadura que ya nos ha impuesto a todos los españoles. Pero a escondidas, como quien no quiere la cosa y todo para acabar con las pocas libertades y ningún derecho que tenemos ya los españoles.

Y ahora lo va a hacer, también, con la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Con esta reforma, el gobierno, por ejemplo, tendrá potestad para imponer “prestaciones personales” a los ciudadanos. Toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades.

Pero no solo se queda en eso la cosa, las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados.

Pero lean, lean, que continúa porque, por si fuera poco, esta reforma también tiene trampa porque la ley no especifica si las prestaciones personales y la requisa de material estarán relacionados con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de carácter sanitario, medioambiental, económico, financiero, etcétera. Es decir, lo dejan abierto para poder hacer lo que quieran, cuando quieran, justificándolo como les de la gana ya que eso no está especificado.

¿A que se nos está quedando una Unión Soviética muy estalinista en España?

 



Se ha filtrado unos breves esbozos de la futura ley de seguridad nacional que tienen previsto presentar en España, en dicha ley, usted podrá ser propiedad en cuerpo y mente del estado, de manera permanente y por si fuera poco, todos sus bienes podrán ser incautados en tiempo indefinido, todo ello, por un mendrugo de pan.
 

DC AG cita a Facebook para obtener datos sobre TODOS los usuarios que han difundido "información errónea sobre COVID-19"​

El Fiscal General (AG) del Distrito de Columbia (DC) Karl Racine, un demócrata, ha citado a Facebook por una amplia gama de registros relacionados con la "información errónea de COVID-19" en la plataforma.

La citación se presentó el 21 de junio y exige que Facebook identifique todos los grupos, páginas y cuentas que han violado las reglas de desinformación COVID-19 de gran alcance de la plataforma.

También pide a Facebook que publique un estudio interno que analice las dudas sobre las vacunas entre sus usuarios. Los informes de los medios sobre este estudio en marzo afirmaron que mostraba que el contenido de Facebook que no infringe las reglas puede estar causando un daño "sustancial".

Si Facebook cumpliera con esta citación, probablemente afectaría a millones de usuarios. Facebook ha eliminado más de 18 millones de piezas de contenido de Facebook e Instagram por violar sus reglas de desinformación COVID-19 y ha aplicado etiquetas de advertencia a más de 167 millones de piezas de contenido COVID-19.

La citación es parte de una investigación no revelada anteriormente sobre si Facebook está violando las leyes de protección al consumidor.

La directora de comunicaciones de Racine, Abbie McDonough, dijo a Politico que la investigación es parte de un esfuerzo para garantizar que Facebook tome medidas enérgicas contra la "información errónea sobre vacunas".

"Facebook ha dicho que está tomando medidas para abordar la proliferación de información errónea sobre la vacuna COVID-19 en su sitio", dijo McDonough. “Pero luego, cuando se le presionó para mostrar su trabajo, Facebook se negó. La investigación de AG Racine tiene como objetivo asegurarse de que Facebook realmente esté tomando todas las medidas posibles para minimizar la información errónea sobre vacunas en su sitio y respaldar la salud pública ".

La medida sigue a informes anteriores de demócratas que trabajan con Big Tech para censurar contenido que consideran desinformación.

En particular, una demanda reciente mostró evidencia de que los demócratas señalaron una supuesta desinformación en Twitter a través de un "portal de socios" y Twitter respondió eliminando los tweets marcados.

Otro ejemplo de esto son los demócratas que exigen que Facebook y Twitter “aborden” a 12 prominentes escépticos de las vacunas en abril. Desde que hicieron sus demandas, cuatro de estos escépticos de las vacunas han visto cerradas sus cuentas de redes sociales.

Los legisladores también han sugerido que el gobierno federal puede haber “inducido a Facebook a censurar ciertos discursos en violación de la Primera Enmienda” y exigido que el gigante tecnológico explique por qué censuró las teorías de filtraciones de laboratorio.

Este intento de DC AG de identificar a los usuarios de Facebook por publicar información errónea sobre COVID-19 se produce cuando el gigante tecnológico está utilizando medidas cada vez más agresivas para dirigirse a las personas en función del contenido que comparten e interactúan.

Ayer, comenzó a preguntar a los usuarios si les preocupa que sus amigos "se conviertan en extremistas" y advirtió a los usuarios que "pueden haber estado expuestos a contenido extremista dañino".

Y en mayo, un denunciante reveló que Facebook está usando un filtro interno secreto para señalar el escepticismo de las vacunas "basado en la libertad" y "basado en la religión" y usando un algoritmo secreto para suprimir las experiencias negativas de las vacunas .

 

El FMI insiste en la posible confiscación de ahorro privado para reducir deuda pública​

El Fondo advierte de la aplicación de quitas y la expropiación de riqueza privada para reducir la histórica deuda pública de los países ricos.

Un nuevo documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a poner a sobre el tapete la posibilidad de aplicar quitas soberanas y expropiar parte de los ahorros de las familias para reducir el ingente volumen de deuda que acumulan los gobiernos de los países desarrollados. En su último informe sobre Vigilancia Fiscal (Fiscal Monitor), publicado el pasado octubre, dicha entidad advertía de la posibilidad de confiscar hasta el 10% del patrimonio que acumulan los hogares para reducir la deuda pública a niveles de 2007, antes de de que estallara la actual crisis financiera.

Ahora, son los destacados economistas Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff -ex economista jefe del FMI- quienes insisten en un reciente estudio publicado por el Fondo que, muy posiblemente, numerosos estados se verán obligados, de una u otra forma, a aplicar distintas fórmulas para reducir su elevado endeudamiento público, desde la reestructuración (quitas y/o espera) y reconversión de deuda, hasta elevada inflación, represión financiera (impuestos, tasas de interés negativas,etc.) o bien una combinación de varias de estas medidas.

La conclusión del informe es clara: la historia demuestra que los gobiernos suelen optar por este tipo de salidas en caso de elevado endeudamiento público, y la situación actual no será muy distinta. De este modo, Reinhart y Rogoff prevén la quiebra parcial (default) de diversos países, refiriéndose en particular a la periferia del euro, y la reducción de deuda pública mediante la transferencia de recursos desde los ahorradores privados hacia el Estado.

Según ambos economistas, la combinación de crecimiento y austeridad para reducir el endeudamiento soberano es necesaria, pero será insuficiente para resultar eficaz por dos razones: por un lado, el PIB de los países ricos registrará un tímido avance en los próximos años debido, precisamente, a la elevada deuda pública; y, por otro, las medidas de austeridad son difíciles de aplicar porque suelen ser muy impopulares. ¿Conclusión? Los inversores en deuda pública y los ahorradores pagarán la factura de los gobiernos.

La deuda pública más alta en 200 años​

En la actualidad, el conjunto de las economías avanzadas acumula el mayor volumen de deuda pública de la historia reciente. En concreto, se aproxima al 100% del PIB, un nivel no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, según el estudio, si se mira más atrás en el tiempo, se aproxima a su punto más elevado de los dos últimos siglos.

A ello se suma, igualmente, una deuda externa (pública y privada) que también registra tasas récord, no vistas en las últimas décadas, superando el 250% del PIB de los países ricos. Se trata de un indicador relevante, ya que la separación entre deuda pública y privada es muy tenue durante las crisis financieras, como bien demuestran los numerosos rescates públicos de bancos llevados a cabo en los últimos años por multitud de países, de modo que la vulnerabilidad de los estados es aún más alarmante de lo que refleja, simplemente, el nivel de deuda pública.

Vías para reducir la deuda​

Así pues, los datos demuestran que el mundo desarrollado atraviesa una grave crisis de endeudamiento, similar a la acontecida tras la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión de los años 30. Y por entonces, tal y como recuerdan Reinhart y Rogoff, la mayoría de gobiernos optó por el default y la expropiación de riqueza al sector privado para reducir sus abultadas deudas.

El estudio del FMI cita cinco posibles vías para solventar el sobreendeudamiento:
  • Crecimiento.
  • Austeridad.
  • Suspensión de pagos y reestructuración de deudas.
  • Alta inflación.
  • Represión financiera y una constante dosis de inflación.
La combinación de crecimiento económico y austeridad es la excepción. Lo habitual, sin embargo, es la tercera opción (default) y la quinta (represión financiera e inflación), según reflejan las experiencias históricas de similar naturaleza a la actual acontecidas en los dos últimos siglos.

Más allá de la mera suspensión de pagos, el informe cita la posibilidad de aplicar una intensa "represión financiera" para que los estados reduzcan sus deudas. Najo este término se engloban múltiples medidas, desde la nacionalización de fondos de pensiones, hasta la puesta en marcha de medidas fiscales para incentivar la compra de bonos estatales, la aprobación de nuevos impuestos y tasas especiales sobre el ahorro y el patrimonio de las familias (de una vez o constantes en el tiempo), así como determinados controles de capital para evitar o limitar la salida de fondos del país, o la instauración de tipos reales negativos durante varios años (inflación superior al tipo de interés, con la consiguiente disolución de deudas y pérdida de poder adquisitivo en depósitos y otros activos).

En todo caso, esta particular fórmula de "represión financiera" consiste, básicamente, en redistribuir la riqueza mediante la transferencia de fondos desde los ahorradores (familias y empresas) hasta los acreedores (estados y bancos).

Pero los analistas del FMI no son los únicos que contemplan este tipo de opciones. Philipp Bagus, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y autor del libro La tragedia del euro, coincide en que algunos de los gobiernos de los países ricos intentarán generar inflación, impagar su deuda y, en última instancia, aplicar un impuesto único sobre la riqueza para solventar su sobreendeudamiento.


Noticia del 2014
 

Nuevo paso hacia el totalitarismo tecnológico: el sistema de identificación facial​

El comisario general de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, ha dicho este martes que espera que este año las Fuerzas de Seguridad de España puedan contar con un «nuevo arma», el sistema automático de identificación facial.

Así lo ha manifestado Pedro Luis Mélida en el curso de verano de la Universidad Complutense organizado por la Fundación Policía Española.

«Los sistemas de identificación facial han llegado para quedarse, tienen un potencial enorme, como todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, y por lo tanto yo creo que estamos hablando de un nuevo arma policial», ha destacado el comisario.

Ha advertido de que «es probable que en algunas circunstancias, como puede ser la captación de imágenes masivas, se puedan sufrir restricciones».

En todo caso ha pedido que se den «las bendiciones legales para que en el mes de octubre» los sistemas automáticos de identificación facial «sean una realidad».

Ha comentado que las Fuerzas de Seguridad españolas han realizado ya «pruebas con resultados muy buenos» y ha insistido: «Son un arma que podemos utilizar».

Pedro Luis Mélida ha recordado que Alemania fue el primer país que implantó estos sistemas de reconocimiento facial, en 2008, y que Francia lo utiliza desde 2013.

Por otra parte ha comentado que «en cualquier momento nos pueden captar una imagen y difundirla en segundos en todas las partes del mundo a través de redes sociales», que se convierten en auténticas bases de datos que pueden usar las Fuerzas de Seguridad para cotejar imágenes de personas que están siendo buscadas por ejemplo.

No obstante ha señalado que una gran parte de las imágenes utilizadas en este ámbito por la Policía proceden de cámaras de seguridad motivo por el que responsables del Cuerpo suelen mantener encuentros con representantes de empresas del sector para avanzar en la calidad de las grabaciones, un aspecto «en lo que queda camino por recorrer», ha dicho.

También ha intervenido la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Lidia Sánchez Milán, que ha recordado que el próximo 2 de agosto entra en vigor el DNI europeo, conocido como DNI 4.0, que permite la firma electrónica y que ha calificado como «uno de los documentos más seguros del mundo».

Lidia Sánchez ha indicado que este documento «es fruto de la relación de éxito entre la Policía Nacional y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre».

 

Entrevista con el abogado Rodríguez de Brujón: “Los españoles ni se imaginan lo que podrá hacer Sánchez con todos nosotros gracias a la nueva Ley de Seguridad Nacional”​

Hoy ha sido especialmente interesante la entrevista que hemos mantenido con el abogado Eduardo Rodríguez de Brujón, al que pueden contactar a través de las webs Quercus Jurídico y Superbia Jurídico o a través del correo electrónico contacto@superbiajuridico.es.

Por un lado hemos tratado un asunto que puede afectar a muchos españoles, como es el asunto de las tarjetas revolving, los usurarios intereses que cobran los bancos por el uso de esas tarjetas a sus clientes y la relativa facilidad que hay para que ese dinero sea devuelto por los bancos de manera amistosa o judicial y por otro lado, hemos tratado de un asunto que nos va a afectar a todos los españoles como es la Ley de Seguridad Nacional.

La Ley de Seguridad Nacional será, según nos comenta Eduardo Rodríguez de Brujón, la ley con la que Sánchez se va a proteger, inicialmente, de todas las ilegalidades cometidas a lo largo de los estados de alarma que hemos vivido en este ya más de año y medio. Además, con esa ley Sánchez va a certificar, como tirano que es, la dictadura a la que ya nos está sometiendo desde hace ya mucho tiempo.

Escuchen con suma atención porque los dos temas tratados son muy interesantes.




 

López Obrador impone su dictadura en México denunciando a tuiteros en ruedas de prensa​

No solo en España se está imponiendo una dictadura por parte del Gobierno social comunista que nos desgobierna. También el país hermano de México sigue los pasos de Venezuela, Bolivia o la propia Cuba; y allí su presidente, Andrés Manuel López Obrador, se dedica a denunciar a tuiteros en ruedas de prensa.

Así lo hemos podido comprobar en el vídeo que compartimos en este artículo, en el que una tal Ana Elizabeth García Vilchis, elegida por López Obrador para actuar de mamporrera del Gobierno, se dedica a denunciar a tuiteros; algo que hará todos los miércoles, denunciando las noticias que, según para el Gobierno de México, son falsas.

Un paso más para la dictadura progre, la de la Agenda 2030, la que nos dice lo que tenemos que decir y lo que tenemos que pensar, y si no obedecemos nos denuncian públicamente. Pero no os preocupéis, todo es por nuestro bien.

Y por cierto, qué triste contemplar que en México, donde se habla un perfecto español se haya buscado a una persona que se expresa tan mal, ¡parecen políticos españoles!




 

CHATCONTROL: EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA VIGILANCIA MASIVA DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS​

Hoy, el Parlamento Europeo aprobó la Exención de privacidad electrónica, que permite a los proveedores de servicios de correo electrónico y mensajería buscar automáticamente todos los mensajes personales de cada ciudadano en busca de contenido presuntamente sospechoso e informar los casos sospechosos a la policía. La Delegación de Piratas Europeos en el grupo Verdes / EFA condena enérgicamente esta vigilancia masiva automatizada, que de hecho significa el fin de la privacidad en la correspondencia digital. Los eurodiputados del Partido Pirata planean emprender acciones legales.

En la votación de hoy, 537 diputados al Parlamento Europeo aprobaron Chatcontrol, con 133 votos en contra y 20 abstenciones [1]. Según datos policiales, en la gran mayoría de los casos, ciudadanos inocentes son sospechosos de haber cometido un delito debido a procesos poco fiables. En una encuesta representativa reciente, el 72% de los ciudadanos de la UE se opuso al seguimiento general de sus mensajes [2]. Si bien los proveedores inicialmente tendrán la opción de buscar o no las comunicaciones, la legislación de seguimiento, que se espera para el otoño, obligará a todos los proveedores de servicios de comunicaciones a realizar una selección indiscriminada.

Breyer: "Esto perjudica a los niños en lugar de protegerlos"

El miembro del Parlamento Europeo del Partido Pirata Alemán, Patrick Breyer, ponente alternativo sobre la propuesta legislativa, comenta:

“La adopción del primer reglamento de la UE sobre vigilancia masiva es un día triste para todos aquellos que dependen de comunicaciones y consejos gratuitos y confidenciales, incluidas las víctimas de abusos y las fuentes de prensa. El reglamento asesta un golpe mortal a la confidencialidad de la correspondencia digital. Es una brecha generalizada de la presa permitir la vigilancia indiscriminada de espacios privados por parte de corporaciones; por esta lógica totalitaria, nuestra publicación, nuestros teléfonos inteligentes o nuestras habitaciones también podrían ser monitoreados en general. Desencadenarnos con tales máquinas de denuncia es ineficaz, ilegal e irresponsable.

Las búsquedas indiscriminadas no protegerán a los niños e incluso los pondrán en peligro al exponer sus fotos privadas a personas desconocidas y al criminalizar a los mismos niños. Los investigadores ya sobrecargados se mantienen ocupados con tener que resolver miles de mensajes criminalmente irrelevantes. Las víctimas de un crimen tan terrible como el abuso sexual infantil merecen medidas que prevengan el abuso en primer lugar. El enfoque correcto sería, por ejemplo, intensificar las investigaciones encubiertas sobre las redes de pornografía infantil y reducir los retrasos de procesamiento de años en las búsquedas y evaluaciones de los datos incautados. "

Los piratas planean acciones legales contra la regulación

Un ex juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que los planes de la UE para el control del chat violan los derechos fundamentales. [3] Patrick Breyer planea emprender acciones legales contra la regulación y está buscando víctimas de abuso que presenten una denuncia. "Las víctimas de abusos se ven especialmente perjudicadas por esta vigilancia masiva" , explica Breyer. „Poder hablar libremente sobre el abuso que han sufrido y buscar ayuda en un espacio seguro es fundamental para las víctimas de violencia sexual. dependen de la posibilidad de comunicarse de forma segura y confidencial. Estos espacios seguros ahora se les están quitando, lo que evitará que las víctimas busquen ayuda y apoyo ”.

La Comisión Europea ya ha anunciado un reglamento de seguimiento para que el control del chat sea obligatorio para todos los proveedores de correo electrónico y mensajería. Los servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo que antes eran seguros, como Whatsapp o Signal, se verían obligados a instalar una puerta trasera. Hay una reacción considerable contra estos planes: una consulta pública realizada por la Comisión de la UE reveló que el 51% de todos los encuestados se oponen al control del chat para los proveedores de correo electrónico y mensajería. El 80% de los encuestados no quiere que se aplique el control del chat a los mensajes cifrados. [4] Debido a la resistencia, la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johannson, pospuso la propuesta hasta septiembre de 2021.

 

El Parlamento Europeo aprueba Chatcontrol, la monitorización masiva de mensajería y email​

El Parlamento Europeo ha aprobado Chatcontrol, lo que supone la monitorización masiva de comunicaciones electrónicas.

Por 537 votos a favor, 133 en contra y 20 abstenciones, se ha aprobado en el Parlamento Europeo la derogación de ePrivacy y la instauración de Chatcontrol, lo que supone la monitorización masiva de comunicaciones electrónicas de mensajería instantánea y correo electrónico que permitirá acceder a los contenidos de las comunicaciones electrónicas.

Desde la UE se pretende con esta iniciativa obligar a las plataformas electrónicas, desde Gmail a WhatsApp y similares, a instalar en sus herramientas una “puerta trasera” que, en caso de necesidad decretado por las autoridades, permita acceder a los contenidos de la comunicaciones privadas de sus usuarios. En concreto esta iniciativa surge como forma de luchar contra la pornografía infantil, aunque resulta evidente que presenta muchas ramificaciones.

Chatcontrol permitirá a los proveedores de servicios de comunicación electrónica efectuar búsquedas en los mensajes que sean susceptibles de presentar contenidos sospechosos, reportándolo a las autoridades policiales, algo que algunos partidos del Parlamento Europeo, como el Partido Pirata o la agrupación de Los Verdes condenan enérgicamente por considerarlo vigilancia masiva automatizada.

En una reciente encuesta efectuada a más de 10.000 ciudadanos de la Unión Europea, un 72 % de los mismos se declaró en contra de permitir la búsqueda entre todos los mensajes presuntamente ilegales, reportando su contenido a la policía por parte directamente de las propias plataformas electrónicas.

La principal consecuencia de esta regulación sería que plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram (además de herramientas como Mensajes de Apple y similares) deberían instalar de manera obligatoria una “puerta trasera” que les permitiera acceder a los mensajes de sus usuarios, que actualmente presentan encriptación punto a punto.