Llega al Congreso ley de eutanasia y sólo se opondrán Vox, PP y UPN

El gobierno socialista, de la mano de Podemos, está dispuesto a acelerar en el proceso de destrucción moral de España tomando medidas moralmente reprobables. La ley que permita la eutanasia ya está aquí a las puertas del Congreso y todo apunta a que desgraciadamente será aprobada por mayoría.

Y esto es uno de los grandes problemas de las democracias modernas que las mayorías deciden lo que está bien y lo que está mal, sin tener en cuenta la ley natural ni los derechos más elementales.

PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, JxCat, EH Bildu, Nueva Canarias, Compromís y Más País votarían a favor, y por contra Vox, Partido Popular y UPN se opondrán.

Esta proposición de ley recoge claves y supuestos que tendrán que cumplirse para que la eutanasia pueda ser aplicada. En primer lugar, se realizará un consentimiento informado, por el que será el paciente el que, en pleno uso de sus facultades y de forma libre, el que pueda solicitarla. En ningún caso podrán hacerlo cónyuges, padres, hijos o hermanos.

Respecto a quien podrá solicitar esta ley, serán personas con una enfermedad grave, crónica e invalidante o una enfermedad incurable con un pronóstico de vida limitado. En todos los casos en los que se apruebe, siempre será un profesional sanitario el que la llevará a cabo, o en un hospital o en casa. Así mismo, se recoge la objeción de conciencia de los médicos, que podrán negarse a llevar a cabo el proceso, pero facilitando que lo cumpla otro facultativo. Cabe destacar, además, que en caso de arrepentirse, el paciente podrá negarse a su aplicación en cualquier momento previo.

 
Sánchez busca legalizar eutanasia con prisa, sin que haya debate público

Sánchez no sabe cuanto tiempo estará en la Moncloa, pero en cualquier caso se da prisa por demoler en España todo aquello que va en contra de la ley natural y los principios más elementales. Es consciente de que tiene mayoría para hacerlo, no le importa la indignidad de sus socios.

Sánchez no viene a gobernar para todos los españoles, viene a ejercer el poder e imponer su ideología de forma sectaria y arbitraria. Ve el momento propicio para hacerlo. Si el PP con mayoría absoluta no hizo nada para cambiar el orden de las cosas, Sánchez con una mayoría simple y escuálida va a saco. El tema de la eutanasia era una de las reivindicaciones tradicionales de la izquierda y él quiere pasar a la historia como el presidente que la legalizó. Con Sánchez España irá a la cabeza de la degeneración moral y de la ruina en todos los aspectos.

El Congreso inicia hoy la tramitación parlamentaria para legalizar la eutanasia en España. Si sale adelante, nuestro país se sumará al reducido grupo de naciones donde esta práctica se considera un derecho. Poner fin a la vida cuando se tenga un sufrimiento físico o psíquico intolerable se convertirá en una prestación del Sistema Nacional de Salud financiada con dinero público, como si fuera un tratamiento médico más.

La iniciativa llega al Congreso a propuesta del Grupo Socialista y tras dos intentos fallidos en menos de dos años -el último, por el adelanto electoral- y con una fórmula, la proposición de ley, que sortea el debate de los órganos consultivos del Estado.

Pero la futura ley cuenta con mayoría suficiente en el Congreso. Solo el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, se han posicionado en contra de la nueva norma. Los demás, con casi toda seguridad, votarán a favor de la regulación. Con este respaldo, el Grupo Socialista ha optado por la vía exprés, con una fórmula jurídicamente aceptable aunque estéticamente reprochable.

 
El Gobierno quiere ahora que se aplique la eutanasia a los enfermos de Alzheimer y demencia si sus familias lo solicitan

LR (R).- La sala Ernest Lluch del Congreso fue escenario ayer de un evento organizado por siete asociaciones con el objeto de que influir en el debate que tendrá lugar en la Cámara Baja sobre la regularización del suicidio asistido en el sentido de que se incluya en su articulado a pacientes con Alzheimer y demencia. El primer ponente de la mesa redonda fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se mostró favorable a que la nueva ley incluya bajo su paraguas a pacientes en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve. «Se trata de un debate necesario y oportuno», afirmó Illa, que lamentó que se haya aprobado la toma en consideración de la ley de la eutanasia hasta en tres ocasiones en los últimos 2 años sin que se haya avanzado en este controvertido asunto que, sin embargo, a Illa le parece que está «ampliamente respaldado por la mayoría de la sociedad».

El ministro socialista se mostró partidario de que la legislación de cuidados paliativos pueda tramitarse «en paralelo» con la de la eutanasia porque no son contradictorias. Sobre el tema que centró la mesa redonda bajo el título «Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable», Illa admitió que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen unas características «particularmente complejas» pero que, en cualquier caso «es fundamental que la norma que va debatirse en el Congreso ofrezca una solución a estos pacientes». La ley se ejecutará «con todos los derechos y garantías» y se adaptará a las particularidades de todos los pacientes «entre ellos las que presentan los enfermos de Alzheimer».

El planteamiento de fondo de las asociaciones organizadoras de la mesa redonda –entre ella la Fundación Pasqual Maragall– es que pacientes que se encuentren en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a su salud y su persona. Como suele ser habitual en este tipo de actos hubo testimonios de alto contenido emocional en la línea de los casos extremos de Ramón Sampedro pero se soslayaron los peligros que puede suponer para la relación médico paciente la introducción de la eutanasia entre los servicios aportados por el sistema de sanidad pública, especialmente en el caso de pacientes de avanzada edad con situaciones familiares a veces complejas.

En ningún momento del acto se hizo referencia a un punto fuertemente criticado por los que alertan sobre los peligros que puede traer la ley de suicidio asistido que pretende aprobar el Gobierno del PSOE y de Unidos Podemos. Según la argumentación de la izquierda se trata de un derecho civil que leva a una persona a decidir sobre el final de su vida pero, si este es el nivel de autonomía que tiene la persona, ¿por que se le niega el derecho a las personas de sanas de 18 que quiere acabar con su vida?

Durante el debate en el Congreso sobre la toma en consideración de la ley de la eutanasia PP y Vox hicieron frente común.El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, intervino para acusar al PSOE de «eludir toda la información y hurtar el debate a la sociedad española sobre una norma grave que cambiará para siempre la idiosincrasia de nuestros servicios sociales y nuestra sociedad». «Lo progresista es no dar los unos a los otros. Lo reaccionario es no dar esperanza a con nuestros enfermos», concluyó el portavoz popular. Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio de Vox cargó contra los «argumentos necios» de la izquierda que «utiliza casos extremos para regularizar el derecho a matar». «No solo quiere convertir al Estado en una máquina obligada a matar sino que se aspira además a moralizar esa actitud como con el aborto» dijo Méndez Monasterio, que no se olvidó de subrayar que la primera ley de la eutanasia de Europa la aprobó la Alemania nazi de Adolf Hitler.

El problema del «deslizamiento» en los criterios para reglar es suicido asistido

Para los lobistas que organizaron la mesa redonda a la que asistió el ministro de Sanidad en el Conrgeso los pacientes que se encuentran en fase de deterioro cognitivo «leve» o de demencia «leve» tienen capacidad para tomar decisiones relativas a su salud. «Las personas con demencia leve tienen derecho a morir cuando ellas decidan», se dijo ayer.
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Los críticos sostienen que operativamente es muy difícil, por no decir imposible, evitar que con el paso de los años se vaya normalizando esta práctica y que se produzca un «deslizamiento» hacia pacientes con trastornos neurodejenerativos no tan «leves». De hecho ayer mismo uno de los participantes en la mesa redonda ya hablaba ya de pacientes con Alzheimer «leve y moderado»

 
El Congreso tumba las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de eutanasia impulsada por el PSOE

La ley de eutanasia impulsada por el PSOE sigue adelante en el Congreso después de que este jueves la Cámara haya tumbado la enmienda a la totalidad presentada por PP y Vox, en la que planteaba una norma de cuidados paliativos que sustituya a la proyectada por los socialistas. Desde Vox, de hecho, han calificado el planteamiento del PSOE como la "ley de la muerte".

El texto socialista busca reconocer el derecho a morir a las personas que padezcan una enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y respaldados por informes médicos, acabar con su vida e incluir esta práctica entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Además, establece la posibilidad a los profesionales de la salud de apelar objeción de conciencia en caso de no querer realizar esta práctica.

Ya en febrero la propuesta socialista tuvo el apoyo de todas las formaciones excepto PP, Vox, Navarra Suma y Foro Asturias. Tanto la formación de Casado como la de Abascal apuestan por los cuidados paliativos porque es la forma "más adecuada y humana". Además, quieren dar importancia "al acompañamiento de las familias" así como al "auxilio religioso".

En Vox, por otro lado, se recurre a la para señalar que en el artículo 15 se protege y defiende el derecho a la vida y a la integridad física y moral, algo que desde el partido aseguran que se vulnera en la ley impulsada por el PSOE. Igual que el PP, los de Abascal optan por los "cuidados paliativos integrales".

"Es sencillamente espeluznante la naturalidad con la que hablan ustedes, en su ley, de lo que llaman prestación de ayuda para morir", sostuvo desde la tribuna la diputada de Vox, María Ruiz, dirigiéndose al PSOE. El partido considera que lo que ahora sigue adelante no es otra cosa que un apoyo al "suicidio asistido". Desde el PP, José Ignacio Echániz apuntó que España está precisamente "abriendo la puerta" a ese suicidio asistido.

En Ciudadanos, Sara Giménez defendió que la urgencia es "una Ley de Eutanasia humanitaria, rigurosa, consensuada y garantista", y en este sentido desde el PSOE mantienen que la norma que ellos impulsan es "la más garantista".

Por su parte, la exministra de Sandidad, la diputada socialista María Luisa Carcedo, ha lamentado la "falta de empatía" que, a su juicio, suele tener la derecha con las creencias y la moral de otras personas, así como el concepto sobre la vida y la muerte que pueda tener cada uno. Además, ha señalado que el debate sobre los cuidados paliativos, que ya existen en el país y están en la cartera del Sistema Nacional de Salud, "no tiene nada que ver" con la ley socialista.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, por su parte, se ha dirigido a PP y Vox para señalar que si se aprobaran sus propuestas, los ciudadanos "solo podrían morir de acuerdo con los valores de una minoría"; mientras que si sale adelante la ley de la eutanasia, los enfermos que así lo soliciten podrán morir de acuerdo con "sus propios valores, incluidos lo votantes" de populares y Vox, "si así lo necesitaran". Fue muy rotundo en este sentido. "Por eso, la libertad es superior y por eso la mayoria de la sociedad está de acuerdo en que avancemos en derechos", ha concluido.

 

El Pleno del Congreso aprobará esta semana la ley de eutanasia​

El Pleno del Congreso aprobará el próximo jueves, 17 de diciembre, la proposición de ley del PSOE que despenaliza la eutanasia, que así se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

La iniciativa legislativa se aprobó en comisión la pasada semana, con el voto en contra del PP y de Vox, y el PSOE intentó que se incluyera en el Pleno que comienza este martes. Pero la Junta de Portavoces lo desaconsejó hace una semana al no haber terminado el debate en la Comisión de Justicia, y tampoco lo aceptó este martes al no contar unanimidad exigida, pues Vox se opuso.

En ese contexto, y según ha explicado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, se ha optado por promover la convocatoria de un nuevo pleno este mismo jueves, nada más acabar el de la semana en curso, y así asegurar la aprobación de la reforma sin más dilación.

NECESITA MAYORÍA ABSOLUTA​

La ley, al tener rango orgánico, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, un mínimo de 176 votos, aunque a la vista de los apoyos conseguidos en comisión, parece un objetivo asumible para el PSOE.

De hecho, en la fase de comisión el PSOE incorporó al texto varias enmiendas transaccionales pactadas con formaciones como EH Bildu, PNV, BNG, Más País, Junts y ERC, lo que aumentará su base parlamentaria con vistas a la votación del Pleno.

Entre los añadidos destacan una modificación para incidir en que esta regulación es un proceso en el ámbito sanitario y que no es un acto que cada uno pueda celebrar arbitrariamente; y un cambio del Código Penal detallando la despenalización de la eutanasia siempre que se cumpla lo establecido en la nueva ley.

Este último texto modifica el artículo 143 del Código Penal, que castiga quienes causen o cooperen "activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimientocrónico e imposibilitante", para eximir de responsabilidad penal "a quien causare o cooperare activamente en la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia".

 

El Congreso aprueba por amplia mayoría la ley de eutanasia​

En un pleno «ad hoc» forzado por el Partido Socialista, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por una amplia mayoría la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, que convertirá el «derecho a morir» en una «prestación» del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Con 198 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 138 en contra (PP,Vox, UPN) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe), la nueva norma ha conseguido sortear la primera etapa de su tramitación parlamentaria. Solo PP y Vox han liderado una oposición clara a esta ley que convertirá a España en el sexto país del mundo y el cuarto en Europa en legalizar la eutanasia.

Durante el debate parlamentario, la ponente de esta ley, la diputada socialista María Luisa Carcedo, defendió que la nueva normativa es «un avance en derechos civiles, que traerá más libertad a los ciudadanos» y en ningún caso se trata de «una imposición del Estado». «Es el paciente el que decide, la ley solo establece las condiciones y los procedimientos en el que ese nuevo derecho a morir podrá ejercitarse», apuntó.

Carcedo carga contra el Comité de Bioética​

La exministra de Sanidad además salió a la defensiva ante las críticas de PP y Vox sobre el nulo debate social y audiencia pública que los partidos de la coalición de Gobierno y sus socios han dado a los expertos en Bioética y cuidados paliativos durante la tramitación de la ley.

De hecho el Comité de Bioética (CBE) rechazó por unanimidad y sin votos particulares la proposición de ley, al concluir que «existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública».

Sin embargo, Carcedo --sin más argumento que «la gran demanda social» que tiene la regulación de la eutanasia entre los ciudadanos-- achacó el informe desfavorable de este comité a su desconocimiento del articulado de la nueva norma. «Claro que nos hemos leído el informe del Comité de Bioética pero da la impresión que ellos no se han leído la ley», apuntó.

El Gobierno tiene mucha prisa por poner en marcha esta «prestación de ayuda a morir» que ha tramitado en el Congreso en tiempo récord y en plena pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a confirmar esta premura, al comprometerse personalmente este jueves ante al Cámara Baja a trabajar para que la nueva prestación «se harga efectiva en el Sistema Nacional de Salud cuanto antes».

La proposición de ley que continuará ahora su tramitación en el Senado será la menos restrictiva de todas las que existen. España además se convertirá en el único país de Europa con una «prestación de ayuda a morir», pero sin un aceso universal a los cuidados paliativos. Luxemburgo, Bélgica y Holanda --los únicos países europeos que tienen regulada la eutanasia-- superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de esa atención sanitaria.

Ante esta realidad, el diputado popular José Ignacio Echániz recordó al Gobierno que sin un acceso universal a los cuidados paliativos «no hay posiblidad de elección, ni libertad porque lo único que se ofrece a los pacientes es la eutanasia». «El nivel de civilización y madurez de un país se mide por cómo trata a los más vulnerables. Responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con sus personas mayores y sanitarios no parece el mejor camino de la responsabilidad, la solidaridad intergeneracional, ni la mínima solidaridad social y política», aseveró.

La diputada por Vox, Lourdes Méndez comparó la ayuda médica a morir con la «eugenesia», y acusó al Gobierno y a los partidos que votaron a favor de «firmar sentencias de muerte para los más débiles». «Cuando acabe este debate, señorías de la izquierda radical, comunistas, separatistas, herederos del terrorismo, oportunistas, diputados enemigos de España y de los españoles se aplaudirán mutuamente con una sonrisa cruel y acartonada oculta en sus mascarillas», aseveró. «Hoy levantarán su copa por haber quebrantado la esencia del orden social y democrático, que es el derecho a la vida», añadió.

Supresión del Comité de Evaluación​

Formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o CUP, aunque han mostrado su apoyo a la norma, siguen pensando que es «insuficiente» y, por ello, han mantenido vivas en este debate varias enmiendas que, finalmente, no se han aprobado. Estas formaciones han hablado, por ejemplo, de extender el derecho a menores a partir de los 16 años, considerar el cansancio vital para pedir el suicidio asistido, o la supresión o simplificación de los Comité de Evaluación y Garantía, entre otras.

El debate del Congreso fue vehemente y con continuos recuerdos a iconos de la defensa de la eutanasia en España como Ramón Sampedro. También se mencionó al doctor Luis Montes, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, o Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, con una esclerosis múltiple muy avanzada.

Tras la luz verde otorgada este jueves por el Congreso, la proposición de ley pasará ahora al Señado y es posible que ya no vuelva a la Cámara baja, ya que el articulado de la norma lleva ya incorporadas enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios. De ser así, la proposición pasará directamente del Senado al BOE (Boletín Oficial del Estado) y entrará en vigor tres meses después de su publicación. Esto quiere decir que la eutanasia podría ser legal en España a partir de mayo. En caso de incorporar alguna enmienda y regresar al Congreso, su legalización tendría que esperar hasta el mes de junio.

Así será la «prestación de ayuda a morir»​

Dos modalidades: eutanasia y suicidio asistido. España se sumará al reducidísimo número de países que permiten las dos modalidades del «derecho a morir»: la eutanasia y el suicidio asistido. Hasta ahora solo era así en Bélgica y Holanda, ya que los pocos países que admiten el «derecho a morir» tiene legalizado uno u el otro. En Luxemburgo, Canadá y Colombia es legal la eutanasia. El suicidio asistido está despenalizado en Suiza, Alemania, Japón y algunos estados de Estados Unidos (Washington, Oregón, Colorado, Vermont, Montana y California) y uno de Australia.

Enfermos crónicos, personas con discapacidad y enfermos psiquiátricos. La eutanasia y el suicidio asistido estarán disponible en el Sistema Nacional de Salud no solo para los enfermos «terminales o incurables». La discapacidad o una enfermedad psiquiátrica también será un motivo para poder pedir la «prestación de ayuda a morir», ya que la ley reconoce ese derecho a aquellas personas que sufren «un padecimiento crónico e imposibilitante» o «una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».

Un año de empadronamiento. Entre los requisitos para poder acceder a la eutanasia se apunta a que bastará con un año de empadronamiento.

En centros privados y también a domicilio. La «prestación del derecho a morir» se podrá realizar en «el domicilio» abriendo la puerta a las residencias y los centros sociosanitarios en caso de que la persona lleve ingresada de manera continuada. Además de los centros del Sistema nacional de Salud también podrá realizarse en los hospitales privados.

Exprés. El espacio de tiempo entre que se presenta la solicitud y se recibe la «prestación de ayuda a morir» será muy corto. Con la ley del PSOE, la eutanasia se aplicará con un tiempo máximo de 32 días.

El médico puede hacer la solicitud. En aquellos casos en los que el paciente «no se encuentre en pleno uso de sus facultades», será «el médico» el que podrá presentar la solicitud de eutanasia a través «del testamento vital o de un documento equivalente legalmente» suscrito por el enfermo con anterioridad.

Muerte natural. La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir «tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos».

 

El Congreso aprueba la Ley de Eutanasia: ¿Qué pasa ahora en las comunidades del PP?​

La eutanasia ha recibido hoy el visto bueno del pleno del Congreso de los Diputados y se se convierte en ley. Tras su aprobación y posterior publicación en el BOE se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. La ley llega al Congreso para su aprobación definitiva con la modificación que obliga a cada comunidad autónoma a crear, en tres meses, la Comisión de Garantía y Evaluación necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer su recién adquirido derecho a la eutanasia.

Durante su tramitación en el Congreso y el Senado, la ley de eutanasia ha tenido que superar los vetos presentados por PP y VOX y ha contado con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras. La ley nace con la amenaza de Partido Popular y VOX de llevarla al Tribunal Constitucional de la mano de organizaciones provida. Pero se da la circunstancia de que la ley, si no se paraliza cautelarmente, tendrá que ser aplicada en territorios donde gobierna el Partido Popular como Castilla y León, Andalucía y Murcia, además de Madrid, que se encuentra en un proceso electoral.

«Deseamos que haya lealtad al proceso democrático, pero esperamos maniobras que puedan entorpecer el ejercicio de este derecho», afirma el médico malagueño, Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. «Una de ellas sería cometer el error de que las comisiones de garantía y evaluación estuvieran formadas por profesionales que están en contra de la eutanasia, sería una fuente de problemas que terminaría en los tribunales», añade.

De hacerse efectivo el temor de esta organización «nos podríamos encontrar con un escenario en el que algunas comunidades aprueban las solicitudes de eutanasia mientras que otras las rechazan todas sistemáticamente». Las solicitudes que lleguen a esas comisiones ya tienen los visados y deliberaciones de dos profesionales, el médico responsable y un médico consultor.

José Manuel Marín, senador de VOX por Murcia ha calificado la ley como contraria a la «vida y viene a implantar la cultura de la muerte en España. Es por ello, y porque toda vida es digna desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que VOX va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, vamos a pedir que no se aplique esta ley hasta que los magistrados dicten sentencia», informa Ana Belén Ramos.

Llamamientos a la desobediencia y movilizaciones​

Uno de los principales obstáculos que tiene la puesta en marcha de la ley se encuentra en organizaciones médicas como el Colegio Médico de Madrid, que tras su cambio de presidencia se ha mostrado muy beligerante con la ley. En un comunicado esta organización llamaba a lo aplicación de la ley: «Demandamos una Ley General de Cuidados Paliativos, previo diálogo con las profesiones sanitarias, y la retirada del proyecto de ley de eutanasia. En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología».

La ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso y la Organización Médico Colegial ha demandado que todos los médicos, por defecto, sean considerados objetores.

Asamblea por la Vida, que representa a unas 140 organizaciones provida de toda España también ha anunciado movilizaciones. El exministro del PP y portavoz de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha comparado esta norma con la «socialización del miedo» que ETA propició en su «etapa en el País Vasco» y ha explicado que ahora se «socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia».

 

La ley de la eutanasia entra en vigor en España este viernes​

La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, entra en vigor en España este viernes, 25 de junio. La norma establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.

Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".

Asimismo, según adelantó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho para la eutanasia, el cual regirá el procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el paciente no se encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.

"Este protocolo es necesario porque es un manual de recomendaciones que están a disposición del personal médico para poder llevar a cabo, en el caso de que la persona no sea capaz, el procedimiento establecido para ir viendo las distintas situaciones", aseveró la ministra de Sanidad.

Por otra parte, se encuentra el el 'Manual de buenas prácticas', que está terminando de revisarse, que contempla aspectos esenciales como las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar para que la prestación se realice de forma homogénea en todo el SNS e incluye modelos de los principales documentos necesarios para el desarrollo del proceso, como por ejemplo el formulario de solicitud, la hoja de información sobre la eutanasia, el consentimiento informado o las recomendaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios.

La Ley establecía un plazo de tres meses tras su entrada en vigor, es decir, hasta el 25 de septiembre para la aprobación por parte del CISNS de ambos textos. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Sanidad con todas las personas expertas y directivas de las CCAA que forman parte del Grupo de Trabajo, uno fue aprobado ayer y el otro va a estar listo para poder contar con él "próximamente".

La Comisión de Formación Continuada de los profesionales sanitarios, adscrita a la Comisión de Recursos Humanos del SNS, está trabajando con las CCAA en la coordinación de la oferta de formación continuada específica para los profesionales sanitarios. Esta formación recogerá todos los aspectos necesarios para que los profesionales sanitarios puedan llevar a cabo esta prestación. Asimismo, se ha abierto un apartado dentro de la página web del Ministerio en el que se irá subiendo información de utilidad tanto para la ciudadanía como para los profesionales sanitarios.

El Ministerio ha resaltado que se trata de "una norma garantista que da respuesta a la demanda social existente en torno a este tema". "Su legalización y regulación se asientan sobre la compatibilidad de principios esenciales recogidos en la Constitución, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, así como la defensa a la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad", defiende Sanidad en un comunicado.