Las inmobiliarias advierten ante la última medida anunciada por Pablo Iglesias: "Facilita las cosas a los okupas"

El Gobierno del Frente Popular anunció a finales de febrero que tiene previsto reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Su objetivo es proteger al propietario, todo lo contrario. Ha informado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que la voluntad del ejecutivo es evitar que existan desahucios por impagos de rentas. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, que un arrendatario podrá dejar de pagar el alquiler (vivir gratis) y no se le podrá echar a la calle. Pese a que será en algunos casos concretos todavía por definir, todo apunta que podría afectar a algunas zonas y especialmente a los que viven en viviendas de propietarios con un stock de viviendas amplio, sobretodo bancos y fondos.

El sector inmobiliario ha sido el primero en protestar y en denunciar el enésimo disparate: "El coste y el incremento de riesgos que supone la intervención del Gobierno en el mercado hipotecario se trasladará al 90% de los clientes cumplidores con sus obligaciones contractuales. Nada es gratis". Consideran también que esto va a dar alas a la okupación.

Esta medida implica, una vez más, dar la espalda a la España trabajadora y honrada que paga la hipoteca y las cuotas de alquiler con apuros, pero las paga, porque es su responsabilidad. Es inadmisible que los españoles cumplidores, por culpa de la chusma okupa, paguen el sobrecoste que los propietarios, legítimamente, van a 'cargar' sobre sus precios.