La censura que viene 🚫

Twitter anuncia nueva política para suprimir contenido considerado ‘desinformación’​

Twitter tomará más medidas enérgicas contra lo que considere información falsa.

Twitter anunció el jueves que aumentará su censura de información que considere “engañosa”.

La nueva política «guiará nuestros esfuerzos para elevar la información fidedigna y fidedigna, y ayudará a garantizar que la desinformación viral no sea amplificada o recomendada por nosotros durante las crisis», anunció la empresa Big Tech.

“En tiempos de crisis, la información engañosa puede socavar la confianza pública y causar más daño a comunidades que ya son vulnerables”, anunció la compañía.

“A los efectos de esta política, definimos crisis como situaciones en las que existe una amenaza generalizada para la vida, la seguridad física, la salud o la subsistencia básica”, explicó la empresa. Twitter finalmente se basará en la orientación de las Naciones Unidas, pero por ahora buscará «múltiples fuentes creíbles y disponibles públicamente, incluida la evidencia de grupos de monitoreo de conflictos, organizaciones humanitarias, investigadores de código abierto, periodistas» para verificar las afirmaciones.

Los censores de la compañía “no ampliarán ni recomendarán contenido que esté cubierto por esta política” y “darán prioridad a agregar avisos de advertencia a Tweets altamente visibles y Tweets de cuentas de alto perfil, como cuentas de medios afiliados al estado, cuenta gubernamental oficial verificada. ”

El récord irregular de Twitter en información errónea​

Si bien la empresa Big Tech trabajará para suprimir la información que considere engañosa, el historial de Twitter en la verificación de hechos está lejos de ser perfecto.

Yoel Roth, el ejecutivo que supervisará la nueva política, bloqueó las historias sobre la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020.

El Washington Free Beacon informó :

Yoel Roth, jefe del Equipo de integridad del sitio de Twitter, citó la información de los funcionarios de inteligencia de EE. UU. para justificar la decisión de Twitter de bloquear el acceso a una serie de artículos del New York Post publicados en octubre que detallan los correos electrónicos encontrados en la computadora portátil de Biden. Un grupo conservador presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Elecciones acusando a Twitter de realizar una contribución ilegal a la campaña presidencial de Joe Biden al bloquear el acceso a los artículos.

Twitter, Facebook y otros sitios de redes sociales se han enfrentado durante mucho tiempo a acusaciones de parcialidad contra los conservadores. Roth, quien ayudó a desarrollar la política de Twitter de etiquetar publicaciones engañosas, fue criticado el año pasado por tuits en los que llamó a Donald Trump y su equipo «NAZIS REALES».

La compañía también ha bloqueado cuentas, incluidas las de Tucker Carlson, Charlie Kirk y LifeSiteNews , por afirmar la verdad biológica de que el funcionario de la administración de Biden, Richard “Rachel” Levine, es un hombre.

La compañía también se ha visto atrapada en su propio escándalo de desinformación. Se ha subestimado el número de cuentas falsas o “bots” en la plataforma , según la diligencia debida realizada por Elon Musk como parte de su intento de comprar la empresa.

Twitter afirmó que solo el cinco por ciento de las cuentas eran falsas, pero una auditoría reveló que el número podría llegar al 20 por ciento. Una empresa de software llamada SparkToro auditó la cuenta del presidente Joe Biden y concluyó que casi la mitad de sus seguidores no son reales.

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La asesora nacional sobre el clima de la Casa Blanca, Gina McCarthy, quiere que las empresas de medios sociales censuren los contenidos que exponen los enormes costes de pasar a una "economía más verde". También quieren que se prohíba por completo a cualquier persona u organización que cuestione "la ciencia".
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Moncloa crea un órgano con olor a censura para controlar la «desinformación» en periodos electorales​

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha puesto en marcha el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, un órgano cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Moncloa, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». «Dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales», esgrimen desde el Ejecutivo.

Este polémico órgano se une al Procedimiento de actuación contra la desinformación que se aprobó en octubre de 2020 y que levantó fuertes suspicacias en los grupos de la oposición. Las propias asociaciones de periodistas respondieron avisando que ese intento de control podría derivar en censura. En dicho procedimiento se admitía como uno de los propósitos «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación y se contemplaba la «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que fue ampliamente criticado.

El Gobierno se remite ahora a la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada el pasado diciembre en la que se contemplan expresamente las campañas de desinformación como una amenaza y un riesgo. En dicho informe se recoge que «las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa —fake news— o información errónea —misinformation—. De hecho, las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado».

«Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque», prosigue ese documento.»Así, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos electorales. Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones», concluye.

El Ejecutivo esgrime también la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, para la creación del citado Foro, toda vez que dicha norma establece «que el Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía», como «requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos».

16 miembros​

El órgano de control estará integrado por seis personas en representación de la Administración General del Estado, empleadas y empleados públicos con nivel 28 o superior, y diez personas en representación de organismos de la sociedad civil procedentes del ámbito académico, del sector privado y de asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro.

El Foro será presidido por «la persona titular del Departamento de Seguridad Nacional», actualmente el general Miguel Ángel Ballesteros. La vicepresidencia será ejercida por una persona designada en representación de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Como vocales habrá cuatro personas en representación de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa, del Interior, y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

También habrá diez vocales, que serán «personas en representación de la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado», propuestas por las autoridades y organizaciones de cada ámbito, y nombradas por la persona titular de la presidencia, el director del DSN.

Los vocales serán elegidos en representación de las asociaciones del sector de comunicación audiovisual; de las asociaciones de periodistas; de las organizaciones independientes de verificación; en representación de las universidades españolas; de centros de investigación en el campo de la inteligencia artificial; de centros de análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional; de los institutos y centros de análisis estratégicos sobre la seguridad nacional e internacional; de las asociaciones del sector industrial digital; de las asociaciones y organizaciones del sector de la publicidad y de las asociaciones de usuarios de nuevas tecnologías de la información.

Sus funciones serán promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan «aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación», y sobre «la corresponsabilidad de todos en medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas». Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios del Pleno.

Polémicas​

La obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar la información ha provocado distintas polémicas. Una de las más sonadas fue cuando, en abril de 2020, el entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, desveló en una de las ruedas de prensa sobre la pandemia la existencia de una orden en la que se exigía perseguir bulos y desinformaciones que provocasen desafección a las instituciones del Gobierno. El mando policial reconoció que el Instituto Armado trabajaba en «minimizar todo el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».

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Moncloa crea un órgano con olor a censura para controlar la "desinformación" en periodos electorales

El Gobierno ha activado el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional.
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Twitter suspende la cuenta de Desokupa y se sospecha del mismo de siempre porque, además, no disimula​

Veamos, siempre que se suspende en Twitter una cuenta que no encaje con lo progre y que se salga de lo políticamente correcto, ¿quién aparece entre los principales sospechosos por haber provocado la suspensión de esa cuenta? Pues, ¿quién va a ser? El de siempre: Rubén Sánchez, más conocido como “el Facuo”, uno de los más grandes vividores de España puesto que utiliza una supuesta asociación de consumidores para lograr objetivos políticos… y subvenciones.

En estos días, Desokupa anunciaba que se iba a ocupar de echar a los “son sus costumbres” que habían ocupado la casa de matrimonio de ancianos de Fuenlabrada. Decía, además, que lo iba a hacer gratis y que lo iba a hacer de inmediato.



Pues hoy se le ha suspendido la cuenta en Twitter. ¿Y quién dirán que ha sido de los primeros en aparecer para celebrarlo? Pues el de siempre. El que siempre anda detrás de todas estas cosas. El que tiene montado un chiringuito caza subvenciones, por un lado, y un chiringuito en las redes sociales para perseguir las cuentas de quien disiente con la “versión oficial”.



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Twitter ha prohibido/suspendido a Jordan Peterson por este tuit: "¿Recuerdas cuando el orgullo era un pecado? Y Ellen Page (Hard Candy) acabó extirpándose los pechos por un médico criminal". El tuit fue tachado de incitación al odio. Jordan se negó a llamar a la actriz Ellen Page por su nuevo nombre, Elliot, atacó la discrepancia de estar orgulloso de la propia sexualidad y se atrevió a entrar en el tabú de las intervenciones médicas contra niños y adolescentes. Twitter eliminará la prohibición cuando Jordan se borre de Twitter, algo que ha dicho que no hará aunque se muera.
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Twitter suspende las cuentas del juez Fernando Presencia y de ACODAP​

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Ayer tarde, tuvimos noticia a través de ACODAP que las cuentas de Twitter tanto de la asociación, como del juez Fernando Presencia habían sido suspendidas. Cuando les preguntamos por los motivos que les había dado esta red social para esa suspensión nos contaron que no lo sabían, que absolutamente ninguno y que estaban reclamando para que les fueran devueltas las cuentas puesto que no habían cometido ninguna infracción en las políticas que, teóricamente, tiene marcadas esta red social.

Lo que también nos aseguraron es que, de no serles devueltas las cuentas, enviarán un burofax a la red social para pedir explicaciones y, probablemente, tomar medidas judiciales contra ellos ante, lo que parece, una nueva medida represiva y censora tomada tras lo ordenado por el juez Gadea a través del último auto dictado por la Audiencia Nacional por el que se ordenaba el cierre definitivo de todo acceso a la página web de la asociación y las derivadas que pudiera haber.

También sabemos que en ACODAP hay sospechas acerca de quiénes pudieran estar detrás de la suspensión de las cuentas y que, probablemente, lo hagan público en los próximos días. Nosotros ya sabemos de quien puede tratarse y es el de siempre.

El caso es que, con este asunto nos encontramos de nuevo con una medida que demuestra cómo están las cosas en España. Dense cuenta que, antes de tomarse declaración o celebrarse cualquier tipo de juicio, lo primero que se ha hecho es cortar de lleno cualquier posibilidad que tenga ACODAP y el juez Presencia de difundir cualquier tipo de información.

¿China? No, España 2021.

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NUEVA LEY MORDAZA CONTRA LOS INFLUENCERS​

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge el papel de los llamados ‘influencers’, quienes a través de plataformas YouTube o Twitch, promocionan servicios o productos de terceros o comparten información que publican. Una vez más, el estado, con el beneplácito de los grandes grupos de comunicación, establece la censura de los contenidos que se pueden emitir y dar en internet a través de usuarios “ supuestamente no controlados”.

En la nueva norma, los influencers que tengan una actividad profesional van a ser declarados “prestadores de servicio de comunicación audiovisual, y reglamentariamente se regulará que algunos de ellos tengan que adherirse al registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Este es un registro al que hasta ahora se tenían que adherir medios de comunicación como las grandes cadenas de televisión, pero a partir de ahora también tendrán que hacerlo plataformas como YouTube, Twitch o TikTok.

La ley establece que los influencers tendrán la obligación de hacer contenidos que respeten la dignidad humana ( art. 4), igualdad de genero e imagen de las mujeres ( art.6), personas con discapacidad ( art. 7.1), alfabetización mediática ( art.10), autorregulación ( art.12), correlación (art.14) y mantener un código de conducta ( art.15).

Otra de sus obligaciones será la de distinguir de forma explícita entre publicidad y contenidos editoriales. Es parte del cumplimiento de la regulación sobre comunicaciones comerciales que deben cumplir a partir de ahora.

En el artículo 94 se recogen las obligaciones de los “usuarios de especial relevancia” que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de las diferentes plataformas.

A efectos del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, se fomentará la adopción de códigos de conducta de auto y corregulación por parte de los usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos, las asociaciones que los agrupen o sus representantes.

Los códigos de conducta previstos en el cuerpo normativo regulan, entre otros aspectos, los siguientes puntos:
  • Prever los medios para una aplicación efectiva, incluidas unas sanciones efectivas y proporcionadas.
  • Prever mecanismos de reclamaciones de usuarios.
  • Prever sistemas de resolución extrajudicial de conflictos ante entidades acreditadas como entidades de resolución alternativa de litigios.
  • Establecer mecanismos de consulta previa para asegurar el cumplimiento normativo y evitar incurrir en posibles infracciones y riesgos reputacionales.
  • Establecer órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos.
  • Respetar la normativa sobre defensa de la competencia.
  • En todo caso, se promoverán, tanto a nivel estatal como autonómico, códigos de conducta, entre otros, en los siguientes ámbitos:
  1. Protección de los usuarios.
  2. Protección de la salud pública en el ámbito audiovisual.
  3. Protección de los menores en los servicios de comunicación audiovisual y en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.
  4. Protección de los usuarios respecto de contenidos que atenten contra la dignidad de la mujer, o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados.
  5. Fomento de una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos de las personas de minorías raciales o étnicas en los contenidos audiovisuales y que tenga en consideración una presencia proporcional al peso y a la participación de dichas personas en el conjunto de la sociedad.
  6. Protección de los usuarios respecto de contenidos que fomenten una imagen no ajustada o estereotipada de las personas con discapacidad.
  7. Protección de los usuarios respecto de la desinformación.
  8. Protección de los usuarios respecto de los contenidos con violencia gratuita y pornografía.
  9. Protección y fomento de diversidad lingüística y cultural.
  10. Fomento de la alfabetización mediática, informacional y audiovisual favorecedora del derecho de acceso a los servicios públicos de comunicación audiovisual.
  11. Fomento de contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a la naturaleza, las acciones que tengan como objetivo la preservación del medio ambiente y alerten de las consecuencias provocadas por el cambio climático.
  12. Fomento de contenidos audiovisuales que promuevan el bienestar de los animales.
El incumplimiento de sus obligaciones puede hacerles incurrir en una falta grave o leve con sus correspondientes sanciones y la posibilidad de que la plataforma en la que emitan se vea obligada a cerrar su canal.

Esta Ley supone un cambio de paradigma por el que la sanción no será recibida por el prestador del servicio de video efectivo, sino por el creador de contenidos. Con ello se pretende amedrentar la libertad de expresión en internet mediante la amenaza de fuertes sanciones económicas a quienes incumplan la agenda globalista. Anteriormente, a las comunicaciones en youtube se les aplicaba el código civil y el código penal. Es decir, si tú difamabas a alguien podías acabar en los tribunales, y condenado (por un juez). De lo que se trata ahora, es que alguien puede decidir vía administrativa que eres culpable, cerrarte y ponerte una multa; y a partir de esa culpabilidad por defecto búscate la vida.

El control que pretende el gobierno sobre internet es total. Nos lo intentan vender como un remedio legal para combatir las fake reviews y la publicidad encubierta de Influencers, cuando en la práctica impone obligaciones al margen de la actividad comercial de un producto o servicio, y que implican la censura de cualquier opinión crítica que se salga del discurso oficial. Al final, una ley que tendría que regular exclusivamente actividades comerciales concretas en las redes sociales, acaba afectando a cualquier persona crítica que intente ganarse honradamente la vida mediante la difusión de opiniones o cualquier información periodística.

Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. MARIO VARGAS LLOSA
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NUEVA LEY MORDAZA CONTRA LOS INFLUENCERS | Periodistas por la verdad

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge el papel de los llamados 'influencers'.
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