La Policía rastrea ahora en las redes sociales para sancionar a los 'sin mascarillas' de la manifestación de Madrid
La
Policía Nacional ha recibido ahora instrucciones para que "se ponga las pilas" y trate de identificar al máximo de asistentes a la
concentración del pasado 16 de agosto en
Madrid en protesta por las medidas establecidas por el Gobierno para prevenir la expansión del
coronavirus.
Desde la Delegación del Gobierno de Madrid, el delegado,
José Manuel Franco, ha trasladado la necesidad de identificar y sancionar "con la máxima dureza" a los que incumplieron las normas de seguridad sanitaria para hacer frente a la
Covid-19. Y por eso ha trasladado a la Policía la urgencia de hacer un esfuerzo máximo ahora y tratar de identificar a los asistentes.
La Policía Municipal de Madrid cifró en algo más de 2.500 los manifestantes que se dieron cita en la Plaza de Colón. La inmensa mayoría, sin
mascarillas. Ahora, los agentes de la Policía Nacional rastrean todas las imágenes que han emitido los medios de comunicación -fundamentalmente las televisiones- y las que se han divulgado en las redes sociales sobre la concentración.
Lo más complicado es "aplicar la máxima dureza", como requiere ahora el delegado del Gobierno. Porque, como explican fuentes policiales, a los que se logre identificar solo se les podrá sancionar por no llevar la mascarilla puesta, y eso equivale a una multa no superior a los 100 euros.
ELEMENTOS PREVIOS PARA PROHIBIRLA
Franco habló de aplicar sanciones por desobediencia, que son las que podrían tener una mayor relevancia económica. Pero, como añaden estas mismas fuentes, esa sanción sólo se podría aplicar a quienes, durante la manifestación, hayan sido requeridos a ponerse la mascarilla y se hayan negado a ello.
"Ahora, ya eso no afecta. Sólo podemos identificar e informar de los que no llegaran". Durante la protesta, la Policía requirió los datos a una treintena de manifestantes por no portar la mascarilla. Los agentes están realizando también un barrido en las redes para localizar declaraciones públicas de los organizadores sobre las mascarillas.
Los agentes consultados por este periódico insistieron en que existían elementos previos a la concentración que podían haber permitido a la Delegación del Gobierno su prohibición.
Esgrimen
razones que afectan a la salud pública para poner en entredicho la autorización. Consideran que habían indicios suficientes para pensar, como anunciaban en redes los organizadores, que era una protesta -entre otros motivos, contra las mascarillas-, por lo que su ausencia iba a ser mayoritaria, con el consiguiente riesgo para todos los asistentes.
Y en esa línea le han llovido las críticas políticas al delegado del Gobierno desde las filas
populares. Las voces tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, como la del alcalde de la capital,
José Luis Martínez-Almeida, se levantaron para criticar la actitud del delegado del Gobierno en la gestión de la protesta.
Desde sectores policiales, así como jurídicos y políticos, se ha señalado que en base a la legislación vigente, y ante el riesgo evidente a la salud pública, el Gobierno tenía herramientas suficientes para prohibir esa concentración.
La Policía Nacional ha recibido ahora instrucciones para que "se ponga las pilas" y trate de identificar al máximo de asistentes a la concentración del pasado 16 de agosto en Madri
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