«Voy directa al grano: voy a morir en un máximo de 10 días. Después de años de duelo, mi lucha termina… Seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable». Fueron las palabras de despedida de Noa Pothoven en Instagram. La joven holandesa, de 17 años, fallecía en su casa con la ayuda de una «clínica para el final de la vida».

Pothoven fue violada por su primo cuando era una pequeña, episodio tras el que sufrió un trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia. Escribió una autobiografía llamada «Ganar o aprender» sobre sus batallas contra las enfermedades mentales tras ser violada a una edad temprana. Dijo que quería que su libro ayudara a jóvenes vulnerables que luchan por la vida. Noa consumó su suicidio en el salón de su casa, ante la complacencia de sus familiares que se despidieron plácidamente de ella.

El caso ha reabierto el debate sobre la eutanasia. Holanda fue el primer país europeo en legalizar esta práctica. La ley entró en vigor en abril de 2002, considerando legal la intervención directa y eficaz del médico para causar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se encuentra en fase terminal y con padecimiento insoportable.

Las peticiones de eutanasia en el país las pueden hacer menores de edad, en algunos casos con el consentimiento de los padres (entre los 12 y 16 años inclusive) y sin el consentimiento, aunque participando en la decisión final (entre los 16 y 17 años).

5.516 personas solicitaron y recibieron la muerte asistida en Holanda en 2015. 56 de ellas padecían trastornos psiquiátricos. El denominador de estas personas es que todas eran de raza blanca. En 2016 se practicó la eutanasia de forma oficial a unas 6.091 personas, un 10% más que en 2015, lo que significó que el 4% de las muertes en el país durante ese año se debieron al suicidio asistido. En 2017 hubo 6.585 casos y, en 2018, los médicos neerlandeses aprobaron un total de 6.126 solicitudes, 459 menos que en 2017 y de las que casi dos terceras partes (4.013) se debieron a un cáncer.

Antes de Noa, cuya muerte ha sido prácticamente un acontecimiento público en Holanda, otros casos también llamaron la atención del mundo y pusieron el foco en una medida polémica.

Aurelia Brouwers

Aurelia Brouwers, de 29 años, fallecía por eutanasia en enero de 2018. No era una enferma terminal, pero desde los 12 años tenía una enfermedad mental que le impedía llevar su vida con normalidad, de ahí su decisión.

«Tengo 29 años y he elegido someterme voluntariamente a la eutanasia. Lo he elegido porque tengo muchos problemas de salud mental. Sufro de forma insoportable y no tengo esperanza. Cada aliento que tomo es tortura», dijo la joven en una grabación días antes de morir.

Sus últimos días, además, fueron grabados por una cadena de televisión holandesa, que la siguió durante dos semanas para retransmitir el final de su vida. «Estoy atrapada en mi propio cuerpo, en mi propia cabeza, y solo quiero ser libre», decía la joven en el reportaje.

Sus médicos habituales no compartían su decisión, por lo que la joven tuvo que recurrir a Levenseindekliniek, la clínica del «fin de la vida», en La Haya, donde encontró el respaldo del sanitario que le sumistró el veneno.

Mark Langedijk

Mark Langedijk, de 41 años y padre de dos niños, decidió que la única solución para acabar con su sufrimiento era la eutanasia, falleciendo en 2016, tras una inyección letal, en la casa de sus padres en Holanda. Langedijk era alcohólico. Había asistido a 21 sesiones de rehabilitación en los últimos ocho años, pero perdió la esperanza.

Según relata su hermano mayor, el periodista Marcel Langedijk, «cuando Mark se dio cuenta de que necesitaba ayuda, el alcohol ya lo había atrapado. Nunca lo soltó».

Respecto a la despedida con su hermano, Marcel explicaba que «estábamos llorando, diciéndonos que nos amábamos, que nos cuidaríamos unos a otros, que nos volveríamos a ver…».

 
Acabar con la raza blanca en Europa, objetivo de la ingeniería social: Holanda practica la eutanasia a una joven de 17 años que sufría depresión

Una joven holandesa de 17 años que sufrió abusos sexuales cuando era una niña ha muerto en su casa, en la localidad de Arnhem, con la ayuda de una «clínica para el final de la vida». Noa Pothoven murió en una cama de hospital en su sala de estar después de que se le concedió el derecho a la eutanasia.

Noa escribió una autobiografía llamada «Ganar o aprender» sobre sus batallas contra las enfermedades mentales tras ser violada a una edad temprana. Como resultado de aquel terrible suceso, sufrió un trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia.

Noa dijo que quería que su libro ayudara a jóvenes vulnerables que luchan por la vida, y agregó que los Países Bajos no tienen instituciones o clínicas especializadas donde los adolescentes puedan acudir para recibir ayuda psicológica o física.

En las redes sociales, tan sólo un día antes de su fallecimiento, el domingo pasado, Noa hizo pública su decisión. Ella escribió: «Estuve deliberando por un tiempo si debería o no compartir esto, pero decidí hacerlo de todos modos. Tal vez esto sea una sorpresa para algunos, dado mis publicaciones sobre hospitalización, pero mi plan no es impulsivo. Tras años de luchar y pelear, estoy agotada. He dejado de comer y beber por un tiempo y, después de muchas discusiones y evaluaciones, decidí dejarme ir porque mi sufrimiento es insoportable».

¿Estaríamos lamentando a estas horas la muerte de Noa de no haber sido una europea de origen de raza blanca? ¿Se mostrarían los progres tan comprensivos con la torcida voluntad de la joven de haberse tratado de una inmigrante extraeuropea?

La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos

Por otra parte, e gobierno de Amsterdam ha desestimado las quejas de los grupos que han denunciado el éxodo de ancianos que huyen de los servicios de salud holandeses.

Holanda ha sido pionera en la legalización del aborto, las drogas y la prostitución, y ahora muchos ancianos temen que los «maten» en los hospitales donde se aplica abiertamente la ley de ‘terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio’. El éxodo de ancianos y enfermos comenzó en el segundo semestre de 2002, pero se ha intensificado en los últimos meses. Los viejos desconfían profundamente de sus médicos, del servicio de salud holandés e incluso de sus familiares, y cruzan la frontera solos o en grupos, especialmente hacia Alemania, para ponerse a salvo de la eutanasia. Sin preguntas La cifra es espeluznante.

En Holanda fallecen 4.000 personas al año por ‘muerte legalmente provocada’. La ley que lo permite entró en vigor en abril de 2002 para despenalizar la eutanasia, una práctica que de todas formas venía cumpliéndose, sin persecución judicial, en los servicios de salud holandeses desde principios de los 90. La ley en cuestión lo único que hizo fue reglamentar una práctica que, vista desde la óptica de los enfermos, puede ser la materialización de la peor pesadilla. La alarma se disparó con un reciente estudio de la Universidad de Göttingen (Alemania), que analizó 7.000 casos de eutanasia en Holanda y encontró que los médicos y familiares parecen disponer de la vida de sus ancianos y de sus enfermos.

Según los investigadores, 41 por ciento de estas muertes por eutanasia fueron ‘legitimadas’ por el deseo de los familiares de acabar con el sufrimiento del paciente. Lo que es peor, en 11 por ciento de estos casos el enfermo se hallaba consciente y estaba en situación de tomar decisiones, pero nunca se le preguntó si quería morir o no. «Con estos antecedentes es apenas natural que el miedo se haya apoderado de los ancianos, que escapan de una muerte ‘anticipada’ y buscan ahora refugio en los asilos de Bocholt y de otras poblaciones alemanas cercanas a la frontera con Holanda», dijo a SEMANA Reiner Mansch, profesor de medicina de la Universidad de Göttingen y asesor del estudio sobre la eutanasia. El estudio concluyó que 60 por ciento de las muertes por ese procedimiento en Holanda tuvieron como razón fundamental la falta de expectativas para la recuperación del enfermo, pero para Mansch el dato más preocupante que arroja la investigación es que uno de cada tres casos de ‘muerte asistida’ obedeció a «la incapacidad de los familiares para continuar con la situación del enfermo hasta el final».

Los que deciden La ley holandesa, llamada «Verificación de la terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio», exige como requisitos para que se pueda aplicar la eutanasia a un enfermo que su sufrimiento sea ‘insoportable’ y la ausencia de un tratamiento que alivie sus padecimientos. El médico está obligado a pedir una segunda opinión a un colega, y sobre todo debe informar a una comisión regional de control -integrada por un jurista, un médico y un experto en ética-, que dictamina si el facultativo que practicó la eutanasia cumplió las disposiciones de la ley.

En teoría, la eutanasia sigue figurando como delito en el Código Penal y el médico podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, si no la practica de acuerdo con los requisitos legales. La norma vigente fue más lejos de lo que muchos preveían al permitir a los menores optar por la eutanasia a partir de los 16 años sin el consentimiento de sus padres.

En el caso de los niños de 12 a 16 años, es preciso el acuerdo del menor y de por lo menos uno de sus progenitores. Hasta abril de 2002, fecha en que entró en vigor la ley, la eutanasia en Holanda no era legal pero tampoco era perseguida. Rara vez se acusaba a algún médico de practicarla y sus reglas evolucionaron durante 25 años de debates, con precedentes que sentaron la jurisprudencia que dio sustento a la ley. Antes, los médicos estaban obligados a registrar los casos ante el Fiscal General del país, y ahora sólo deben acudir ante la comisión regional, que los exonera de toda persecución judicial. Pero Ilse Keuenhof, del Movimiento Católico Holandés, uno de los grupos que más se han opuesto a la eutanasia en su país, aseguró que, tras tantos años de práctica habitual de la eutanasia y con la presión de los familiares del enfermo, «la interpretación de la ley ha cambiado al punto de que basta con que el paciente, en medio del dolor de sus quebrantos, haya manifestado en repetidas ocasiones su deseo de morir para establecer una base legal y ser conducido a la muerte».

Los partidos y grupos católicos han denunciado el éxodo de ancianos y enfermos rumbo a Alemania, pero el gobierno de Amsterdam y el ministro de Justicia holandés, Piet Hein Donner, han desestimado sus quejas y recuerdan las encuestas donde casi 90 por ciento de los 15 millones de holandeses, «entre ellos la mayoría de los católicos», se han mostrado a favor de la eutanasia.

 
La ley de eutanasia que propone el PSOE quiere autorizar la muerte para las personas sanas que no quieren vivir

La historia de Noa Pothoven, la adolescente de 17 años que ha muerto por eutanasia en Holanda tras no poder superar los traumas fruto de haber sido víctima de abusos en su niñez por parte de su primo, reabre el debate sobre la legalización o no de la eutanasia y los casos en los que debería ser aplicada. En España, el Gobierno del PSOE quiere legalizar esta práctica y lleva tiempo intentando aprobarla.

Argumenta que individuos que «opinan que su vida está completa, deben, bajo criterios estrictos y esmerados, poder terminar con su vida de una manera digna», por lo que el suicidio asistido pronto puede ser una realidad en el país.

El planteamiento de los socialistas defiende que la prestación de la eutanasia debe estar integrada como una partida más de la sanidad pública. La propuesta de los socialistas pretende «regular el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir» cuando concurran las circunstancias previstas en la norma. El PSOE va un paso más allá de lo que significaría la mera despenalización de la eutanasia en el código penal ya que ésta se configura como una prestación más del catálogo del Sistema Nacional de Salud.

La decisión de solicitar ayudar para morir ha de ser una decisión autónoma, después de haber sido informada la persona por el equipo sanitario que le atiende. Y debe quedar constancia de esa información en la historia clínica. Entre las condiciones que propone el PSOE para solicitar la eutanasia se encuentran las siguientes: tener la residencia legal en nuestro país y ser mayor de edad. Siendo, además, «capaz y consciente» en el momento de la solicitud. Además, el paciente tiene que haber recibido toda la información que exista sobre su proceso y las diferentes alternativas terapéuticas, incluidos los cuidados paliativos. El paciente debe haberla formulado de manera voluntaria y por escrito. Un proceso que debe repetirse al menos una ocasión más con una separación de quince días naturales. Esa prestación de ayuda para morir no se podrá realizar sin que hayan transcurrido al menos quince días desde la última solicitud.

La proposición incluye también un apartado de derechos y deberes de los facultativos, incluida la regulación de la objeción de conciencia, que se presenta como «derecho individual» que debe manifestarse anticipadamente y por escrito.

 
Un padre denuncia el intento de eutanasia encubierta de su hijo




El hijo de Luis Paulet Cordero tuvo un accidente de coche el 19 de noviembre de 2018. en el hospital de Valladolid tuvieron que hacerle una craneotomía descompresiva. Desde entonces, esta postrado en una cama.

«En Valladolid le mandaron a paliativos dejarle morir» alegando que «iba a estar así toda la vida tirado en una cama sin hacer nada, que la mejor solución era acabar» [con su vida], explica en un vídeo que ha divulgado la Asociación Española de Abogados Cristianos en el que Paulet denuncia: «Nos estaban proponiendo una eutanasia encubierta».

A su juicio, dicha propuesta responde a que «no les interesa tener a gente discapacitada, gente que les va a costar dinero […] lo mejor es sacarles de la vida […] son muy caros, cuestan mucho dinero».

Paulet ha decidido ponerle rostro a la campaña ‘Aquí no sobra nadie‘ que tiene por objetivo denunciar que la eutanasia no es un «derecho» como pretende la proposición que se está tramitando desde este martes en el Congreso, sino «un recorte encubierto en sanidad y dependencia» que «supone un fracaso para la medicina y para la humanidad».

«Yo no voy a dejar morir a mi hijo. Si veo que él tiene ciertos estímulos y ciertas respuestas que no son compatibles con dejarle morir…. porque sí, por por dejarle morir… ¡no!»

«Habrá que darle una oportunidad», reclama Paulet para su hijo de 20 años de quien reivindica con orgullo que «está luchando» y está aguantando «lo que no está escrito», doce entre lágrimas.

«Mi sensación es que los médicos no han querido salvarle la vida», concluye con tristeza, no sin antes preguntarse: «¿Muerte digna? ¿Para quién? ¿Para el que le cuida?» expone Paulet que defiende la asistencia para la administración de cuidados paliativos. Y reitera: «Lo que no me parece bien es que un médico diga: ‘porque sí, porque hay que dejarle ir’. ¿Por qué?».

Paulet no es partidario de decidir por la vida del hijo, ni los familiares, ni los médicos: «No, cuídale en condiciones hasta que él no pueda más».

 
‘Alt News’: «La eutanasia es la planificación de un genocidio por razones economicas»

«La eutanasia es la planificación de un genocidio por razones economicas». Son palabras del director de AD, en la edición e hoy de «Alt News», Radio Cadena Española. Este fue uno de los asuntos abodados en el espacio conducido y diigido por Santiago Fontenla. Todo parece indicar que la Ley de Eutanasia será aprobada en el Congreso de los Diputados más pronto que tarde. Su aprobación forma parte además de los acuerdos entre PSOE y Podemos.

«Claro que me preocupa que se apruebe una ley de la eutanasia. Me preocupa que el utilitarismo económico determine en el futuro qué españoles deben vivir y qué otros no. Me preocupa que se reserve el derecho a la vida solo a quienes produzcan y consuman, que la materialidad del hombre sustituya a su trascendentalidad, sostuvo Robles..

Y agregó: «La eutanasia traerá consigo la prevalencia del utilitarismo económico sobre la trascendentalidad del individuo a la hora de que otros decidan si debe vivir o morir. Ya está ocurriendo en Europa. En residencias europeas se viven auténticos holocaustos; muertes que han dejado de ser investigadas porque corresponden a un sector de la población que ya no es económicamente útil, que es el principal valor imperante en las sociedades que pierden el alma».

El espacio de Fontenla, que hoy contó también con la participación del periodista navarro Javier Garisoain, también abordó las repercusiones del coronaviris en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelonay también la reunión prevista por los reyes con Donald Tump.

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Javier Benegas: «Me inquieta una sociedad que tiene más preocupación por la muerte digna que por vivir dignamente»

Nos enfrentamos a un nuevo y temible totalitarismo, una ideología invisible, líquida y polimórfica que desborda las tradicionales fronteras ideológicas. Un monstruo con vida propia que apela a las emociones y no a la razón, a las ensoñaciones y no a la realidad, que promete proporcionar aquello que cada uno desee, aunque sea una identidad imposible. Incrustado dentro del propio poder, compra voluntades, proporciona prebendas a quienes son sus cómplices y castiga con la muerte civil a quienes lo desafían.”

Mediante el pensamiento lateral, y con una prosa directa y sin ornamentos, Javier Benegas desgrana para el gran público las claves de un nuevo totalitarismo, una ideología invisible que ha penetrado en las sociedades democráticas, infectando como un virus nuestro pensamiento y estado de ánimo.




 



Enrique de Bustos es decano de la Universidad de Alcalá y experto en derecho, explica en el programa "Entrevista por la Libertad", los motivos por lo que es ilógico aprobar una ley de eutanasia.
 



La diputada al Congreso por VOX, Lourdes Méndez Monasterio, rechaza contundentemente en un discurso con argumentos sin desperdicio ante el Congreso de los Diputados, la pretensión de grupos parlamentarios que apoyan seguir adelante con la legalización de la eutanasia en España.


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Enrique de Bustos, decano de la Universidad de Alcalá y experto en derecho, explica en el programa "Entrevista por la Libertad", que la eutanasia solo se entiende en una sociedad hedonista y pobre.
 
El Gobierno prepara una eutanasia exprés y «a domicilio»

El Gobierno de coalición quiere que la eutanasia sea un derecho al que puedan acceder todos los ciudadanos cuanto antes y sin ninguna cortapisa. Eso es lo que se desprende de las enmiendas que tanto PSOE y Podemos presentaron este miércoles en el Congreso a su propia proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La mayoría de sus propuestas para modificar el actual articulado de la norma están encaminados a acelerar los procesos, rebajar los requisitos y ampliar todo lo posible la cobertura de lo que han denominado «prestación de ayuda a morir».

Para poder cumplir con su objetivo, los grupos parlamentarios que forman la coalición de Gobierno proponen en sus enmiendas -a las que ha tenido acceso ABC- cuestiones muy controvertidas como la eutanasia exprés o que el suicidio asistido se pueda aplicar a una persona con «padecimiento crónico» y no solo a un enfermo terminal, como planteaba el texto original. Además las comisiones encargadas de supervisar todos los procesos ya no se llamarán «de control» sino que pasarán a ser «de garantía».

Acortar los plazos

Si salen adelante sus propuestas, los médicos que participen en la aplicación de la eutanasia podrán acortar el plazo de quince días naturales que la actual proposición establece entre la primera y la segunda solicitud que realiza el paciente para poder acceder a este «nuevo derecho».

El nuevo articulado precisa que podrán recortarlo «a cualquier periodo menor» si «consideran «inminente» la pérdida de «la capacidad del paciente para dar su consentimiento». En esos casos -y de salir adelante las enmiendas de ambos grupos parlamentarios-, la eutanasia también se podrá practicar «sin la verificación previa», es decir, el médico se podrá saltar también el último plazo de 24 horas que se otorga al paciente antes de la eutanasia para que decida «si desea continuar o desistir».

Otro de los puntos polémicos es la falta de garantías que la norma establece para que la decisión de morir sea realmente «libre, voluntaria y consciente». Con sus enmiendas, los partidos de la coalición del Gobierno proponen que prácticamente cualquier documento sea válido para que una persona pueda acceder a la eutanasia cuando no se encuentre «en pleno uso de sus facultades». Bastará que haya suscristo su petición con antelación en «el testamento vital, las voluntades anticipadas o en documentos equivalentes legalmente reconocidos».

En el texto original, el PSOE solo incluía «el documento de instrucciones previas», pero en las enmiendas se han añadido también como válidos todos los demás.

Requisitos laxos

Los requisitos para presentar la solicitud de eutanasia también son muy laxos. Ambos partidos pretenden que cuando «la situación personal o condición de salud del paciente no lo permita», la solicitud pueda «ser fechada y firmada» a través «de otros medios que le permitan dejar constancia» o «por otra persona plenamente capaz». La única condición es que lo haga «en presencia» del que solicita la eutanasia.

Entre las novedades más llamativas figura también que la nueva prestación -que será incluida en el Sistema Nacional de Salud- «se pueda realizar en el domicilio particular» del paciente y no sólo en «hospitales públicos, concertados y privados» como señalaba el texto original.

La nueva ley pretende dejar muy claro que la eutanasia no será en ningún caso un delito. Por ello, ambos partidos han decidido incluir el artículo 143 bis en el que se señala expresamente que cualquier «acto necesario y directo» que realice el médico o el personal del equipo asistencial y «cause o coopere a la muerte de una persona cuando esta sufra un padecimiento crónico o una enfermedad incurable dejará de ser «una conducta punible».

Amnistía

Para más inri, el Gobierno pretende también que esta nueva ley tenga además carácter retroactivo, al proponer una disposición transitoria en el que se deja claro que «estará exento de pena quien esté siendo investigado, o haya sido procesado o sentenciado, por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia por el delito previsto en el artículo 143.4 del Código Penal, siempre que la persona fallecida reuniera los requisitos previstos» en la ley. Entre ellos, que conste «de manera inequívoca su voluntad expresa de poner fin a su vida».

El Gobierno no sólo plantea que la ley tenga efectos jurídicos antes de su entrada en vigor sino que además solicita a los tribunales que ya hayan dictado sentencia, que «revisen de oficio sus fallos firmes condenatorios con anterioridad a la entrada en vigor de la norma y en las que el penado se encuentre cumpliendo efectivamente la pena».

Tras sortear un paso más, la proposición de ley será debatida ahora en la Comisión de Justicia. Los grupos parlamentarios negociarán las enmiendas que finalmente se incorporarán al articulado definitivo de la ley. Una vez votada la ponencia, el texto se llevará al pleno del Congreso, donde será rechazado o aprobado.

La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha contado hasta ahora con un amplio apoyo parlamentario. Muy pocos partidos se han opuesto a la nueva norma, salvo PP y Vox, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad pero fueron rechazadas.

El Gobierno sacará adelante esta ley pese al veto del Comité de Bioética. Este órgano asesor del Gobierno reprobó la semana este proposición por unanimidad y sin votos particulares.

 

Canadá da a conocer los millones que se ahorra con la eutanasia en vez de los cuidados paliativos​

Los gobiernos que impulsan la eutanasia aducen razones compasivas o reivindicativas de derechos, pero lo único verificable es el dinero que se ahorran: la eutanasia o el suicidio médicamente asistido son mucho más baratos que los cuidados paliativos. Canadá ha echado esas cuentas, como cuenta Caterina Giojelli en Tempi:

¿La verdad sobre la eutanasia? La ha escrito muy bien, negro sobre blanco, Canadá, agitando la bandera de la compasión y mandando a la muerte a los más débiles, los inactivos, a los que están medio muertos, porque eso permite ahorrar. Así de fácil. Desde la legalización del suicidio asistido en junio de 2016, el Estado no ha tenido que dilapidar más de 66 millones de dólares en cuidados médicos o paliativos. Y apunta a ahorrar mucho más ahora que los defensores de la buena muerte han clamado para extender el MAID (Medical Assistance in Dying [Asistencia Médica en la Muerte]) -que equipara el acto de proporcionar la muerte a un enfermo a ocuparse de su vida hasta el final- a quien no sufre patologías letales.

Utilizando a Roger y los pacientes del Hospice

¿Se acuerdan del caso de Quebec? Todo empezó aquí, cuando el Tribunal Supremo echó por tierra una ley y el Parlamento Federal se dedicó rápidamente a eliminar la mayor parte de los requisitos obligatorios para poder obtener el suicidio asistido y extenderlo a todos los discapacitados, porque «tener una discapacidad es peor que la muerte«.

¿Y el caso de Ontario? En este caso se fomentó el MAID entre las personas no enfermas de cáncer para que puedan «dejar una herencia«, donando sus órganos como si fueran piezas de recambio para la sociedad de los sanos.

¿Y el de Alan Nichols? A los 61 años no tenía ninguna patología que le incapacitara, no era un enfermo terminal, solo sufría de depresión.

¿Y Roger Foley? Afectado por una patología neurodegenerativa, el hospital y el gobierno le dan dos alternativas: pagar más de 1.500 dólares al día por los cuidados que necesita, cifra que no puede permitirse, o «recurrir gratuitamente al suicidio asistido» («Pero yo quiero vivir, no quiero morir»).

¿Y el de la Delta Hospice Society? El gobierno le ha retirado los fondos públicos a esta pequeña realidad que se dedica al cuidado paliativo porque se ha negado a asesinar con eutanasia a sus pacientes: «Estamos conmocionados. Lo hacen por dinero: la eutanasia cuesta menos que nuestros cuidados paliativos«.

Con la nueva ley se ahorran hasta cien millones

Verdad. Según el nuevo presupuesto, publicado el 20 de octubre en aras de la transparencia y la responsabilidad, los costes sanitarios para cuidar de los pacientes en el último año de su vida son «desproporcionadamente altos»: estos pacientes representan solo el 1% de la población, pero del 10 al 20% de los costes sanitarios totales. Ciertamente, advierten los diputados, «este informe no debería sugerir de ningún modo que se use el MAID para reducir los costes sanitarios».

Sin embargo, haciendo una estimación -en base a la ley vigente- sobre los 6465 suicidios asistidos realizados, en 2021 el presupuesto sanitario podría beneficiarse de un ahorro equivalente a 86,9 millones de dólares canadienses. Todo gracias a los muertos.

El ahorro se calcula descontando del presupuesto global (182,1 millones) los costes de los cuidados paliativos de estas 6465 personas (72,8 millones) y los costes necesarios para ayudarlas a morir, una cifra muy inferior (22,3 millones). (Ver tabla de la izquierda.)

Y esto no es todo: la nueva ley que surge del «caso Quebec», que amplía aún más el acceso a la eutanasia, se traducirá en otras 1164 muertes y un ahorro añadido de 62,0 millones, lo que significa un ahorro total de 149,0 millones de dólares canadienses (112,82 millones de dólares USA = 95,93 millones de euros). (Ver tabla de la derecha.)

Costes considerados «irrelevantes» por los diputados. Que están ya listos para volver a convocar la asamblea a fin de retomar el camino de la nueva ley sobre el suicidio asistido bloqueado por la pandemia.

 

El PSOE, sus socios y Ciudadanos pactan una eutanasia 'a domicilio' y con mayor rapidez​

La ley de eutanasia se abre paso en España. PSOE y Podemos pisan el acelerador para convertir el "derecho a morir" en una prestación más de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y pactan una norma que permitirá solicitar la ayuda a domicilio. Y con menos burocracia. Algo que se viene haciendo desde hace décadas en países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Dos días ha llevado a las fuerzas de la coalición de Gobierno y sus socios elaborar el dictamen sobre la norma que despenalizará y regulará la eutanasia, un proceso en el que también ha participado Ciudadanos. PP y Vox rechazaron el documento al completo.

Si el Ejecutivo agilizó los trámites para sacar adelante el texto final de la llamada 'ley Celaá' -que fue aprobado tras debatir más de mil enmiendas en tan solo cinco reuniones-, con la eutanasia apenas han hecho falta 48 horas.

El documento fue aprobado este jueves en la Ponencia del Congreso de los Diputados con 22 votos a favor y 14 en contra. PP y Vox defendieron sin éxito sus respectivas enmiendas a la totalidad. Ahora, tanto el dictamen final como las propuestas para introducir modificaciones serán sometidos a votación en la Comisión de Justicia. Artículo por artículo. Este órgano prevé reunirse en tres semanas.

A través de una enmienda transaccional a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el artículo 14 de la ley -que versa sobre las medidas para garantizar la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud- se introduce la posibilidad de que la práctica de la eutanasia se realice en el domicilio particular. Además de en centros sanitarios.

En domicilios y en residencias​

Aunque el PSOE ya planteaba esta idea en su borrador, en el contenido de ese artículo no se especificaba y ahora lo deja claro. "La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados, o concertados, y en el domicilio particular, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza", señala.

Por otro lado, la mayoría de los grupos apuestan también por que la ayuda a morir pueda prestarse en centros sociosanitarios, es decir, en residencias de ancianos.

Y se añade un nuevo párrafo a la norma inicial: "No podrán intervenir en ninguno de los equipos profesionales quienes incurran en conflictos de intereses, ni quienes resulten beneficiados de la práctica de la eutanasia".

El grueso de las nuevas modificaciones que pretenden incorporarse a la ley son fruto del consenso entre PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu, Más País y Ciudadanos. Y en la mayoría de los casos buscan reducir los trámites burocráticos con los que se pueda encontrar el paciente para poder recibir la eutanasia. Un proceso para el que, de partida, ya se le exigen numerosos requisitos a la hora de solicitarla. El cambio en el rol de las Comisiones de Control y Evaluación son ejemplo de esa reducción de tiempos y papeleo.

Una 'Comisión' por autonomía​

El proyecto socialista contemplaba la creación de una "Comisión de Control y Evaluación" a instancia de cada comunidad autónoma para controlar de forma "tanto previa como posterior" el respeto a la ley. Hablaba de una "valoración cualificada y externa a las personas solicitante y ejecutora, previa y posterior al acto eutanásico".

Es decir, una vez recibida la comunicación médica sobre una solicitud de ayuda a morir, el presidente de esa comisión externa tendría que designar en los dos días siguientes "a dos miembros" de la misma. Con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado, estos deberían comprobar si, a su juicio, concurrían los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a pedir y recibir la prestación de ayuda para morir.

En el plazo máximo de siete días naturales, y una vez evaluado el cumplimiento de la ley, "los miembros" designados elevarían a la Comisión "una propuesta para la aprobación o denegación de la solicitud". Pero, según el proyecto inicial, el contenido de la citada propuesta "no vinculará" el sentido de la resolución definitiva de las comisiones de evaluación.

La resolución definitiva debería ponerse, "en el plazo más breve posible", en conocimiento del médico o médica responsable que realizó la comunicación para realizar la prestación.

Un médico y un jurista 'externos'​

Ahora, tras su paso por la Ponencia del Congreso, y atendiendo a las nuevas enmiendas, estos órganos cambian de nomenclatura y los tiempos se concretan. Se llamarán "Comisiones de Garantía y Evaluación". Las dos personas "designadas" para verificar si se cumple con los requisitos para pedir y recibir la eutanasia tienen nombre y apellidos. Serán un médico y un jurista.

Además, ya no se habla de la mayor brevedad "posible" para las resoluciones finales, si no de "dos días". Los grupos parlamentarios han consensuado concretar los tiempos para no dilatar el proceso. Médico y jurista designados por esas comisiones autonómicas (17 en total) emitirán "un informe" sobre los casos y si la decisión es favorable, el informe emitido sí servirá de resolución a los efectos de la realización de la prestación. No se habla de propuestas no vinculantes.

En caso de que la decisión sea desfavorable a la solicitud planteada, quedará abierta la posibilidad de reclamar. En los casos en que no haya acuerdo entre los dos profesionales, entonces sí, se elevará la verificación al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, que decidirá definitivamente.

"La resolución definitiva deberá ponerse, en el plazo máximo de dos días, en conocimiento del presidente o presidenta, quien a su vez la pondrá en conocimiento del médico o médica responsable que realizó la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda a morir", dice el texto actual.

Médicos y testamentos vitalicios​

Otra de las novedades es que el médico tratante podrá presentar la solicitud de eutanasia con testamento vital y sin familiares de por medio.

"La solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico o médica por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándola del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscrito previamente por el o la paciente", recoge el documento.

En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, añade, el médico tratante podrá presentar la solicitud de eutanasia.

 

El Congreso español aprueba la ley de eutanasia y suicidio asistido con amplia mayoría​

Tras pasar este jueves por el pleno del Congreso, la ley de eutanasia y suicidio asistido fue aprobada por 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. El Senado deberá ratificarla en los primeros meses de 2021. La norma despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse.

Según el texto actual, la ley entrará en vigor tres meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, entonces, aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause "un sufrimiento físico o psíquico intolerable" sin posibilidad de curación o mejoría podrán solicitar ayuda médica para morir en un centro hospitalario o en un domicilio.

Una comisión médica especial se encargará de la revisión de los casos para su aprobación. La prestación se incluirá en el Sistema Nacional de Salud y quiénes asistan al paciente no enfrentarán cargos penales.

Solo cinco países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, han regulado la eutanasia. El suicidio asistido solo es legal en Suiza, Alemania, Japón, así como en cinco estados de Estados Unidos y uno de Australia.