España volverá a las urnas tras cinco meses de bloqueo político

Casi cinco meses después del 28-A, el rey puso ha puesto este martes fin al juego de sombras chinas por el que desde entonces han transitado los partidos políticos. Tras escuchar durante dos días a los 15 portavoces y líderes políticos que pasaron por su ronda de consultas, Felipe VI ha constatado que el ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, no tiene apoyos suficientes para ser investido de nuevo. Por eso, ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su decisión de "no formular una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno".

En consecuencia, el lunes que viene se disolverá automáticamente el Parlamento y, según dicta la Constitución, se convocarán unas nuevas elecciones generales que se celebrarán el 10 de noviembre. Serán los quintos comicios a los que serán llamados a participar los españoles este año –tras las generales del 28-A y las europeas, autonómicas y municipales del 26-M– y las cuartas generales que se convocan en España desde diciembre de 2015, en un periodo en que lo normal habría sido solo una convocatoria.

La decisión del rey cumplió las expectativas del PSOE y del presidente en funciones, que a ojos de sus adversarios políticos se confirmó ayer como el gran responsable de que no haya sido posible la investidura. También, por tanto, de que el país vaya a estar con un Gobierno en funciones al menos hasta enero del año que viene, con una lista de decisiones paralizadas, entre ellas la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2020 dentro de los plazos establecidos.

Sánchez podría haber optado por construir un acuerdo con Unidas Podemos en base a la coalición que ofreció en julio y que esta formación siguió exigiendo hasta el final. En las últimas 24 horas se le presentó otra alternativa y podría haber explorado la posibilidad que le puso sobre la mesa Albert Rivera para pactar la abstención de Ciudadanos a cambio de que convocara una mesa para "planificar" la aplicación del 155 en Cataluña para que se cumpla la ley, que deshiciera el Gobierno en Navarra, constituido gracias a la abstención de Bildu, y se comprometiera a no subir los impuestos a clases medias y autónomos. En conversación telefónica con Rivera y por carta, Sánchez ha insistido este martes en que su Gobierno ya garantizaba estas cuestiones, en una respuesta que Rivera ha calificado de "tomadura de pelo" y que ha hecho que comunicara al rey su voto en contra en una eventual votación de investidura, que no se producirá.

PSOE, PP y Unidas Podemos han coincidido en calificar de "tacticista"y "electoralista" esta última oferta de Rivera, que además, habría necesitado para prosperar que los de Iglesias aceptaran un eventual pacto entre Sánchez y Rivera y mantuvieran su abstención. No obstante, se ha convertido in extremis en una opción a la que el presidente también ha dicho que no.

Dos ofertas

"Tiene dos ofertas encima de la mesa, le pedimos que elija", dijo por la mañana Pablo Iglesias, que tras conocer que el rey no designaba candidato, ha tuiteado que "Sánchez comete un error histórico de enormes dimensiones forzando otras elecciones por una obsesión con acaparar un poder absoluto que los españoles no le han dado".

Una crítica similar le han hecho Rivera y Casado, que han vuelto a escenificar estrategias opuestas con respecto a la investidura y Sánchez. Rivera se lanzó a última hora a un pacto para intentar dejar claro que él no era responsable del "bloqueo" mientras que Casado se ha mantenido en el 'no' para, dijo, además de liderar la oposición, ser "alternativa" de Gobierno. En todo caso, coincidieron en las críticas. "Sánchez ni acepta negociar con sus socios ni una solución de Estado", ha dicho el líder naranja. "Tenemos la sospecha de que no quería formar Gobierno, lo que quería eran unas elecciones. Y todo parece indicar que ya lo ha conseguido. Solo espero que, si se convocan elecciones, no le salga gratis", ha manifestado Casado antes de confirmarse que, efectivamente, el rey no propondría candidato.

Sánchez lo ha intentado "por todos los medios"

Como era de esperar, la lectura de todo lo ocurrido por parte de Sánchez es completamente distinta. En una comparecencia en La Moncloa ha descartado cualquier responsabilidad en la repetición electoral y ha insistido en culpar tanto a PP y Cs como a Unidas Podemos por no haber permitido, con su abstención o su apoyo, la formación de un «gobierno progresista» y "estable". Ha cargado especialmente contra Iglesias, a quien en varias ocasiones ha hecho responsable de impedir, "dos veces en 2016 y otras dos en 2019", un Gobierno progresista. Y ha alejado de sí toda culpa. "Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible", ha dicho

Sánchez ha asumido que la decisión del rey de no designar candidato a la investidura supone pasar definitivamente a la fase preelectoral, a pesar de que dos de los partidos que más perjudicados podrían resultar el 10-N, Cs y Unidas Podemos, estes aún insistían en que que todavía había tiempo para negociar antes del lunes. El presidente ha evaporado toda esperanza  en una comparecencia que le sirvió para hacer su primer mitin electoral, con reparto de culpas, balance de Gobierno, retos por delante y donde hasta hubo una petición indirecta de voto. El 10-N, dijo "pediremos [a los españoles] que digan aún más claro" que quieren un gobierno del PSOE.

 
Las nuevas elecciones costarán cerca de 140 millones con 8 días de campaña y 37 de precampaña

La repetición de las elecciones va a obligar al Gobierno a aprobar una ampliación de crédito para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral, con un presupuesto inicial que se acerca a los 140 millones de euros. Serán así 540 millones los gastados de 2015 a 2019 en las cuatro elecciones generales celebradas.

El procedimiento es el mismo que el de abril, porque tampoco aquellas elecciones estaban previstas. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo una ampliación de crédito por 134,84 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia, fondo que sirve para pagar necesidades imprevistas y que no se pueden aplazar, como es el caso.

En esta ocasión se tendrá que repetir la fórmula. El presupuesto inicial es el mismo que el de las generales de abril, 138.961.516,72 euros, según han confirmado a Europa Press en el Ministerio del Interior, el encargado de la organización. Con ello se paga desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda, hasta la impresión de papeletas y sobres o el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales, que no se incluyen en este presupuesto. El Gobierno deberá aprobar también un decreto fijando las cantidades.

Los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los votos y escaños obtenidos por cada candidatura, en un 30%. De su lado, el límite de los gastos electorales se reducirá en un 50%.

Sin embargo, la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que se reducen estas subvenciones a la mitad asi como se acortan los plazos del procedimiento electoral, con una campaña de 8 días y a una precampaña de 37 días.

180.000 CIUDADANOS EN LAS MESAS

Sólo el trabajo de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.

Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.

También es importante el coste de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encarga una empresa.

La empresa elegida se encarga de distribuir la información del recuento, pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.

El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).

También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).

Asimismo, la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública se reducirá a la mitad del previsto en el baremo de que se establece la LOREG en su artículo 64.

Eso sí, las agrupaciones de electores y los partidos, federaciones y coaliciones que no la última vez lograron representación parlamentaria en las elecciones del pasado 28 de abril no necesitarán recabar de nuevo las firmas que exige la ley.

Es decir, si lograron presentar los avales de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que se presentaron en abril, esas firmas ya les valen para volver a presentar listas en noviembre.

 
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