El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la contabilidad de Podemos relativa a las elecciones generales del pasado 28 de abril de 2019 (28-A). Concretamente, según expone el organismo fiscalizador, se trataría de 425.000 euros que el partido de Pablo Iglesias no habría justificado correctamente o que, directamente, no tendrían naturaleza electoral pese a que los imputaron como susceptibles de recibir subvención pública durante dicha convocatoria.
Del total, 290.727 euros son los que «no tienen la consideración de gasto electoral» para el Tribunal de Cuentas, que cita el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), donde se establecen las actividades susceptibles de recibir dinero público durante las campañas electorales.
Según el criterio del órgano fiscalizador, Unidas Podemos intentó repercutir como gastos subvencionables varios contratos de asesoramiento y consultoría política, actividades que en ningún caso figuran dentro de los supuestos fijados por la Loreg. La ley determina como gastos imputables al proceso electoral aquellos que van desde las acciones de propaganda o correspondencia electoral, hasta el alquiler de coches, locales para poder celebrar los mítines o la remuneración del personal que los partidos contratan para poder realizar sus actos de campaña.
Unidas Podemos, en sus alegaciones, considera que estos gastos de asesoramiento eran un «servicio imprescindible» al concurrir a los comicios como una coalición de partidos. De igual modo, estima que los gastos de consultoría con los que elaboraron las líneas maestras de su campaña o el análisis de los candidatos también deberían ser subvencionables, a lo que el Tribunal de Cuentas, amparándose en la Loreg, insiste en su negativa: «La elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la Loreg».
Otros 133.100 euros se corresponden, como ha adelantado «El Mundo», con facturas que no fueron debidamente justificadas por parte de Podemos y que hacen referencia a varios contrato con los conceptos de «cobertura gráfica y audiovisual» y «spots publicitarios» realizados durante la campaña. El Tribunal de Cuentas considera en su informe fiscalizador que la contabilidad es incorrecta ya que el partido no especifica al detalle ni los actos en los que se requirieron dichos servicios ni los medios humanos o materiales utilizados en los mismos.
Acto seguido, durante las alegaciones, el tribunal reconoce que Unidas Podemos facilitó el listado de actos donde se emplearon dichos reclamos, pero denuncia que no ha quedado acreditada «la efectiva participación del proveedor en los actos electorales».
Un contrato sospechoso
El Tribunal de Cuentas se detiene, igualmente, en un contrato por valor de 363.000 que le despierta dudas. Durante el proceso de revisión de las cuentas, la institución solicitó al partido de Iglesias que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios contratados y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación.
«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019», explica el organismo fiscalizador. El Tribunal de Cuentas, después de detectar esta anomalía, subraya que dicho contrato no hace una valoración individualizada de los servicios contratos y alerta de que la empresa proveedora de los mismos fue inscrita en el Registro Mercantil sólo unos días antes de sellar el contrato, el día 19 de marzo de 2019. También destaca que el objeto social de dicha empresa «no coincide con las prestaciones contratadas».
El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que este contrato se correspondería con un acuerdo sellado con una empresa de consultoría llamada Neurona, que estaría vinculada con el régimen chavista y a la que Podemos habría recurrido durante la campaña del 28 de abril de 2019.
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Del total, 290.727 euros son los que «no tienen la consideración de gasto electoral» para el Tribunal de Cuentas, que cita el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), donde se establecen las actividades susceptibles de recibir dinero público durante las campañas electorales.
Según el criterio del órgano fiscalizador, Unidas Podemos intentó repercutir como gastos subvencionables varios contratos de asesoramiento y consultoría política, actividades que en ningún caso figuran dentro de los supuestos fijados por la Loreg. La ley determina como gastos imputables al proceso electoral aquellos que van desde las acciones de propaganda o correspondencia electoral, hasta el alquiler de coches, locales para poder celebrar los mítines o la remuneración del personal que los partidos contratan para poder realizar sus actos de campaña.
Unidas Podemos, en sus alegaciones, considera que estos gastos de asesoramiento eran un «servicio imprescindible» al concurrir a los comicios como una coalición de partidos. De igual modo, estima que los gastos de consultoría con los que elaboraron las líneas maestras de su campaña o el análisis de los candidatos también deberían ser subvencionables, a lo que el Tribunal de Cuentas, amparándose en la Loreg, insiste en su negativa: «La elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la Loreg».
Otros 133.100 euros se corresponden, como ha adelantado «El Mundo», con facturas que no fueron debidamente justificadas por parte de Podemos y que hacen referencia a varios contrato con los conceptos de «cobertura gráfica y audiovisual» y «spots publicitarios» realizados durante la campaña. El Tribunal de Cuentas considera en su informe fiscalizador que la contabilidad es incorrecta ya que el partido no especifica al detalle ni los actos en los que se requirieron dichos servicios ni los medios humanos o materiales utilizados en los mismos.
Acto seguido, durante las alegaciones, el tribunal reconoce que Unidas Podemos facilitó el listado de actos donde se emplearon dichos reclamos, pero denuncia que no ha quedado acreditada «la efectiva participación del proveedor en los actos electorales».
Un contrato sospechoso
El Tribunal de Cuentas se detiene, igualmente, en un contrato por valor de 363.000 que le despierta dudas. Durante el proceso de revisión de las cuentas, la institución solicitó al partido de Iglesias que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios contratados y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación.
«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019», explica el organismo fiscalizador. El Tribunal de Cuentas, después de detectar esta anomalía, subraya que dicho contrato no hace una valoración individualizada de los servicios contratos y alerta de que la empresa proveedora de los mismos fue inscrita en el Registro Mercantil sólo unos días antes de sellar el contrato, el día 19 de marzo de 2019. También destaca que el objeto social de dicha empresa «no coincide con las prestaciones contratadas».
El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que este contrato se correspondería con un acuerdo sellado con una empresa de consultoría llamada Neurona, que estaría vinculada con el régimen chavista y a la que Podemos habría recurrido durante la campaña del 28 de abril de 2019.
El Tribunal de Cuentas ve irregularidades por 425.000 euros en la contabilidad de Podemos para el 28-A
El partido de Iglesias intentó incluir gastos de consultoría y asesoría política entre las partidas subvencionables durante el proceso electoral
