El saqueo del AGUA y la Agenda 2030 💧
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Sánchez condena a muerte al embalse madrileño de Torrelodones en plena sequía
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ordenó el pasado mes de diciembre de 2022 la demolición de la presa del embalse de Peñascales. Un procedimiento ante el cual el anterior equipo de gobierno, como figura en la resolución emitida el 2 de diciembre de 2022 ni presentó alegaciones ni concurrió al trámite de audiencia, no presentando tampoco, al ser notificada la resolución el 15 de diciembre de 2022 recurso de alzada, para el cual tenía el plazo de un mes.El anterior equipo de gobierno ocultó esta situación a vecinos, oposición y asociaciones, hurtándoles así el derecho a presentar alegaciones durante el trámite de audiencia pública. La resolución del Ministerio es firme desde principios de 2023. La resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo se basa, entre otras cuestiones, en los años 2018 a 2021 en que no se hizo uso del aprovechamiento de agua para riego.
La presa, en cumplimiento de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, tiene que ser demolida antes de enero de 2025, y a costa del ayuntamiento. Una obra que no solo supondría un desembolso brutal de las arcas municipales, también se perdería gran parte del valor medioambiental de Torrelodones. Para la alcaldesa estamos ante "una dejación de funciones gravísima del anterior equipo de gobierno, que debe de responder por ello. Están inhabilitados para seguir representando a nuestros vecinos".
Comparecencia en el pleno de septiembre
La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado que en el Pleno ordinario de septiembre comparecerán a petición propia los concejales de Urbanismo, Antonio Iraizoz, y de Medio Ambiente, Javier Tato, para que los vecinos de Torrelodones tengan conocimiento de la actuación del anterior equipo de gobierno y las medidas que va a intentar poner en marcha el actual equipo para parar la demolición. Negro ha calificado al anterior equipo de gobierno de "desleal" y los acusa de cometer una grave "dejación de funciones".Además, Negro, ha anunciado su intención de reunirse cuanto antes con las asociaciones de los Peñascales para abordar "de forma conjunta y leal" la problemática y pide "el apoyo de todos los vecinos con conciencia medioambiental de Torrelodones para parar la demolición".
Por otra parte, Negro ha resaltado el "vital" papel que juega el embalse de los Peñascales en la extinción de incendios, teniendo en cuenta que los bambis de los helicópteros de lucha contra incendios toman el agua de dicho embalse.
La alcaldesa de Torrelodones, nada más conocer la situación, solicitó reunión de trabajo urgente con Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Una reunión que tuvo lugar en el día de ayer en la Consejería. Para Negro "es muy de agradecer el interés que se ha tomado la Comunidad de Madrid para ayudarnos a evitar la demolición del embalse. Les hemos solicitado que se proteja ambientalmente de forma especial la zona para que no tengamos que acometer esta barbaridad. Están trabajando en ello. Vamos a intentarlo, aunque la situación que no han dejado es muy complicada".
Acerca del embalse
El embalse de los Peñascales, conocido también como Embalse de Gabriel Enríquez de la Orden, es una propiedad singular ambiental, adquirida por el ayuntamiento de Torrelodones en 2014 en un Pleno municipal que contó con los votos a favor de Vecinos por Torrelodones y el PSOE que no sumaron mayoría.En opinión del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Diego M. García de Jalón Lastra, en informe de evaluación ambiental realizado acerca del embalse, éste cuenta con "una rica vegetación riparia en sus orillas formada por fresnos, sauces y chopos principalmente", que lo convierten en "un hábitat capaz de sustentar poblaciones de mamíferos, aves y peces de gran interés" como el ánade real, la garza real o la nutria. El embalse está incluido en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos con protección integral, la más alta que existe.
Sánchez condena a muerte al embalse madrileño de Torrelodones en plena sequía
La alcaldesa destapa que el anterior equipo de gobierno ocultó una orden de demolición de la presa del embalse de Peñascales de 2022.
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Ecologistas de Cataluña denuncia al director de la Agencia Catalana del Agua por la decisión de reducir los caudales de los ríos
La federación Ecologistas de Cataluña (EdC) ha denunciado al director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La entidad ha tomado la decisión después de que el 16 de enero el Govern acordara reducir los caudales de emergencia de los ríos Llobregat, Muga y Ter ante la situación de sequía.Los responsables de EdC han dicho que este lunes han pedido que se abran diligencias contra Reyes, a quien hacen responsable de la medida, que "atenta contra la biodiversidad".
Han criticado que la propuesta plantee "reducir en un 92% de media los caudales de mantenimiento aprobados" y han alertado que causará importantes afecciones ambientales y sobre la calidad del agua. Además, han calculado que en los tramos afectados hay 48 especies en peligro de extinción.
En una rueda de prensa, el presidente de la entidad en Cataluña, Joan Vàzquez, ha detallado que el acuerdo aprobado por el Govern de acuerdo con las recomendaciones de la ACA es incompatible con el compromiso de este de mantener la vida piscícola y la vegetación de las áreas afectadas.
Por este motivo, ha indicado que solicitarán al fiscal que pida a la dirección general de Políticas Ambientales “los informes que confirmen y avalan que sustrayendo estos caudales de los ríos, estos podrán sobrevivir”. La entidad exige que se pare el acuerdo de gobierno y también pide al fiscal que se dirija al Consejo de Protección de la Naturaleza para saber si tendrían que informar de los efectos ambientales que pueden afectar a los tres espacios naturales referidos y si algún órgano del Gobierno se los ha informado.
Según EdC, los nuevos caudales de emergencia estipulan que en el río Llobregat, entre Sant Joan Despí y la desembocadura -un tramo de 14 kilómetros- el caudal se reduzca de la cifra actual de 4.300 litros por segundo a 250, es decir, un 94%. En el Ter, desde el Pasteral hasta la desembocadura -un tramo de 67 kilómetros- el caudal bajaría de los 5.500 litros por segundo que se consideran por ahora caudal de mantenimiento a 600, un 89% menos. En la Muga, desde Pont de Molins hasta la desembocadura -un tramo de 19 kilómetros- la reducción sería del 96%, de los 1.200 litros por segundo establecidos actualmente como caudal de mantenimiento hasta los 40.
“No hay ningún precedente a la historia hidrográfica del país en que nadie se haya atrevido a aplicar estas reducciones”, ha alertado Vàzquez, que ha recordado que se trata de ríos que pasan por espacios de la Red Natura y que, por lo tanto, están protegidos.
EdC ha recordado que la directiva de aguas vigente considera “prioritarios” los caudales ecológicos sobre el resto de usos, y ha lamentado que en los diferentes ciclos de planificación y especialmente en los planes de sequía, “se prioricen los usos por delante los caudales ecológicos”. En esta misma línea, ha recordado que antes de actuar sobre los ríos, los Estados están obligados a aplicar todos los planes y reducciones previstos.
Ha criticado que el ejecutivo no haya actuado sobre determinados sectores como el de la ganadería y que no haya aplicado restricciones sobre las macrogranjas que, según los ecologistas, hay en las comarcas de Osona, en el Bages o en el Alt Empordà. “Calculamos que en las granjas de estos territorios hay más de dos millones de cerdos”, han apuntado los ecologistas, que han calculado que para atender a estos animales hacen falta cerca de 61 hectómetros cúbicos de agua anuales. “A todo esto hay que sumar el agua que se usa en actividades derivadas como la de los mataderos y que podría llegar hasta los 100 hectómetros cúbicos anuales”, han afirmado.
“Las explotaciones de cerdos representan una cuarta parte del total de Cataluña”, ha apuntado Vàzquez, que ha avisado que para dar cumplimiento a lo que contempla el Plan de sequía cuando se entre en emergencia, habrá que cerrar la mitad de las granjas o prescindir de la mitad de los cerdos.
También ha cargado contra la explotación de acuíferos para usos privados como la que, según los ecologistas, llevan a cabo empresas como la de Coca Cola en Montornès del Vallès (Vallès Occidental) o la planta envasadora de Damm del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
“Ante la crisis de sequía potenciada por el cambio climático, pero también por la carencia de planificación del Govern, lo que tiene que hacer el ejecutivo es adecuar la demanda a la oferta”, ha avisado Vàzquez.
48 especies en peligro de extinción
Por su parte, Elena Mur, responsable del área de Biodiversidad y Estudios Ambientales de la entidad, ha criticado que en Cataluña no haya una Ley de biodiversidad y ha alertado de que en los últimos 20 años se han perdido un 25% de los individuos autóctonos.Ha avisado de que el Llobregat, el Ter y el Muga son tres ríos “importantísimos” para conservar la biodiversidad catalanes y ha apuntado que un total de 48 especies en peligro de extinción viven en los tramos afectados por el acuerdo.
Ecologistas de Cataluña denuncia al director de la Agencia Catalana del Agua por la decisión de reducir los caudales de los ríos
La federación ha acudido a la Fiscalía de Medio Ambiente.
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Moncloa presume de dar 250 millones a Marruecos para su «mayor desaladora» en plena sequía en España
Primero fue el campo francés, ahora le toca al español. Los agricultores se han puesto en pie de guerra y han lanzado su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan, entre otras cosas, de no haber sabido gestionar una sequía que se ha agravado y ahora amenaza sus cultivos. Mientras la sequía se extiende por casi todas las provincias y el Gobierno promete nuevas desaladoras (no antes de 2029), el Consejo de Ministros presumía el pasado mes de diciembre de un desembolso en forma de crédito de 250 millones para construir «la mayor planta desaladora de agua con última tecnología en el norte de África». Está localizada en Marruecos y la construyen empresas directamente vinculadas con el primer ministro marroquí. Los agricultores españoles advierten que estas nuevas instalaciones serán claves para que el campo marroquí adelante al nacional en esta década.Marruecos tiene un plan para duplicar su producción y colocarse en cabeza de los países exportadores de productos agrícolas en 2030. Un plan que, como advierten los agricultores, supone pasar por la derecha al cultivo español. Y para ello, uno de los puntales de su estrategia se basa en el agua desalada, con la construcción de una decena de nuevas plantas de última tecnología para abastecer una producción agrícola enfocada específicamente a la exportación.
Estos planes, legítimos por la parte marroquí, tienen un componente que enciende al campo español: buena parte de esas nuevas infraestructuras se están construyendo con apoyo y dinero público español. Ya sea en forma de subvenciones o de créditos, como el que el Gobierno de Sánchez aprobó el pasado 27 de diciembre en el último Consejo de Ministros del año, en plena Navidad.
Gran desaladora
La referencia de ese acuerdo señala la concesión de un crédito reembolsable «con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)», organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Se otorga a favor de las empresas marroquíes Afriquia Gaz y Green of África (de ambas es CEO Aziz Ajanuch, actual primer ministro de Mohamed VI), que construirán dicha desaladora junto a la española Acciona -su filial Acciona Agua S.A.-.El objetivo de ese desembolso es «financiar el proyecto SALT de diseño, construcción, financiación, puesta en marcha, operación y mantenimiento y traspaso de una planta desaladora». El anuncio en sí no cita explícitamente que la instalación estará ubicada en Marruecos.
«La mayor de África»
Sí entra el Gobierno al detalle en el desarrollo de la referencia del Consejo de Ministros, donde explica que ha «aprobado tres operaciones a cargo del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de proyectos de gran interés para la internacionalización de la economía española». «Contribuirán al desarrollo del continente africano en el marco de la estrategia Horizonte África del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa», explica el Ejecutivo.«La concesión de un crédito reembolsable para la construcción, mantenimiento y transferencia de la mayor planta desaladora de agua con última tecnología en el norte de África. La financiación del FIEM será de un máximo de 250 millones euros para desarrollar una de las infraestructuras de desalación más relevantes en todo África a través de los servicios y suministros de empresas españolas», relata el Gobierno.
El coste total del proyecto supone unos 800 millones de euros. La planta estará situada en la zona de Casablanca, con un importante hub agrícola. Junto a la de Agadir, que también contó con aportación española, y otras previstas en Al Jadida y Safi, Marruecos espera multiplicar casi por diez la capacidad de obtener agua para regadíos de cara a 2030: se pasará de nueve plantas y 147 millones de metros cúbicos anuales a alrededor de veinte con más de 1.000 millones de metros cúbicos.
También afectará al Sáhara, donde las macroplantaciones de tomates marroquíes en Dajla ya rivalizan en el mercado europeo con el español. El reconocimiento del Sáhara por parte del Gobierno ha contribuido a ello.
Marruecos, a por el campo español
El campo español, mientras, tiene claro que todos estos movimientos van orientados a convertir a Marruecos en la huerta de Europa, dejando a un margen a la producción nacional. El ambicioso plan de instalación de desaladoras, que se produce mientras España acrecienta sus problemas con la sequía, «refleja la apuesta por una agricultura de exportación, centrada en frutas y hortalizas», explicaban desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX).El aumento de la producción tendrá como claro efecto la llegada de más frutas y verduras al mercado europeo a un precio inferior. Otro desafío más para el campo español.
Moncloa presume de dar 250 millones a Marruecos para su "mayor desaladora" en plena sequía en España
Sánchez presumía en diciembre de la "mayor desaladora del Norte de África", en Marruecos, se ejecuta con financiación publica española.
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